Ley de “paz total” pasó en Cámara: a conciliación y sanción
La Plenaria de Cámara de Representantes dijo “sí” al proyecto que prorroga y modifica la ley 418: va a conciliación y a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
El Gobierno Petro dio un gran salto para profundizar en su política de “paz total”: fue aprobado en su último debate el proyecto que busca dar prórroga y modificar la ley 418 de 1997, que permite adelantar diálogos con actores armados al margen de la ley.
La Plenaria de Cámara de Representantes aprobó la iniciativa gobiernista con 125 votos a favor y 13 en contra, luego de un debate que se alargó por dos sesiones: tras más de ocho horas de discusión ayer martes y otras tres horas este miércoles, la “paz total” de Gustavo Petro será política de Estado.
“Muchas gracias, es el inicio hacia la profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para para pasar la página definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos, del retraso al que nos somete el conflicto armado, que nos debe conducir hacia la paz total, donde la vida sea digna y podamos vivir sabroso, en paz y dignamente”, dijo el ministro de Interior, Alfonso Prada.
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Con el visto bueno de la Cámara y del Senado, al proyecto solo le falta ir a conciliación de textos, entre otras cosas, por las diferencias respecto al “servicio social para la paz” (art. 10 y 11), que si bien fue aprobado por la cámara baja, había sido eliminado el lunes por la Plenaria de Senado.
Luego de eso, ya podrá ir a sanción presidencial y convertirse en ley de la República, con lo que el Gobierno estará habilitado para iniciar las negociones de paz con varios grupos. Si bien se deberá presentar un proyecto para determinar la forma en la que grupos no políticos se acogerán a la justicia, ya tendrá los mecanismos para hacer las negociaciones efectivas.
Los puntos más fuertes de discusión fueron la creación del “servicio social para la paz”, los aportes de recursos propios de departamentos y municipios para garantizar la seguridad y, una proposición del representante Julio César Triana (Partido Liberal), para definir si sería posible o no negociar con desertores del Acuerdo de Paz de 2016.
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Triana quería impedir que se pudieran establecer “diálogos de carácter político con los denominados desertores, entendidos como aquellos miembros de las organizaciones que habiendo suscrito un acuerdo de paz decidieron abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes”.
Al respecto, el debate giró alrededor de las disidencias de las FARC-EP y de personajes como Iván Márquez. Sin embargo, esa proposición no fue votada de forma positiva por lo que quedó abierta la puerta para dialogar con esos actores.
“No nos parece que en fundamento de un hombre que traicionó el Acuerdo de Paz, debamos negarnos a desarmar estructuras de base que hoy están matando a los colombianos en los territorios”, señaló Prada.
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¿Cuáles son los puntos clave de la ley de “paz total?
Con la aprobación de la prórroga de la ley 418, el Gobierno Petro podrá dar inicio a su objetivo de “paz total”, teniendo la posibilidad de reabrir diálogos con grupos al margen de la ley.
“Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, podrán realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas”, dice el texto (art. 5).
Por otro lado, esa ley dará los mecanismos para hacer viables esos procesos; por ejemplo, la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, con el que, quienes de manera voluntaria se acojan a ello, recibirán incentivos como el anonimato en la entrega, la ausencia de responsabilidad penal por el porte de armas, entre otros. (art. 14)
Al respecto, también fue aprobado que las organizaciones humanitarias imparciales, con presencia registrada en Colombia, podrán sostener contacto con grupos armados organizados con de asistencia y acción humanitaria, destinada a las personas civiles necesitadas. (art. 9)
Igualmente, quedaron aprobadas las “Regiones de Paz”, espacios en los que se adelantarían diálogos de paz con autorización del presidente. Se priorizará su conformación para que comisionados de paz regionales dialoguen con la comunidad y faciliten la consolidación de los acuerdos alcanzados. El texto aclara que esas “Regiones de Paz” no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública.
Otra de las nuevas figuras será el “Gabinete de Paz”, en donde cada uno de los Ministerios deberá definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su competencia.
(Lea: “El nariñense Raúl Delgado, nuevo director de Agencia de Renovación del Territorio”)
¿Qué es el servicio social para la paz?
Esta propuesta busca dar una alternativa a los jóvenes respecto al Servicio Militar Obligatorio. El “servicio social para la paz” tendría una duración de doce meses, “al término del cual se recibirá una certificación que será equivalente a la libreta militar, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar”, dice el texto que fue aprobado.
Podrá prestarse en modalidades como promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, en el trabajo con víctimas del conflicto armado, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, el trabajo con víctimas de violencia sexual, entre otros.
Entre otras cosas, fue por el “servicio social para la paz” que los textos deberán ir a comisión especial de conciliación, pues, mientras en Senado fueron eliminados los artículos al respecto, en Cámara fueron aprobados.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
¿Qué es la conciliación de textos durante el proceso legislativo?
Cuando hay discrepancias respecto a los textos que quedaron como resultado de los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, se crea una comisión accidental de conciliación, para superar las diferencias respecto a “las aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”.
Esa comisión debe estar integrada por los congresistas que participaron en la discusión de los proyectos, sus autores y ponentes, así como quienes hayan formulado reparos, observaciones o propuestas en las plenarias, pues son justamente estos miembros del congreso quienes tienen un mejor conocimiento de la materia debatida
El Gobierno Petro dio un gran salto para profundizar en su política de “paz total”: fue aprobado en su último debate el proyecto que busca dar prórroga y modificar la ley 418 de 1997, que permite adelantar diálogos con actores armados al margen de la ley.
La Plenaria de Cámara de Representantes aprobó la iniciativa gobiernista con 125 votos a favor y 13 en contra, luego de un debate que se alargó por dos sesiones: tras más de ocho horas de discusión ayer martes y otras tres horas este miércoles, la “paz total” de Gustavo Petro será política de Estado.
“Muchas gracias, es el inicio hacia la profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para para pasar la página definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos, del retraso al que nos somete el conflicto armado, que nos debe conducir hacia la paz total, donde la vida sea digna y podamos vivir sabroso, en paz y dignamente”, dijo el ministro de Interior, Alfonso Prada.
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Con el visto bueno de la Cámara y del Senado, al proyecto solo le falta ir a conciliación de textos, entre otras cosas, por las diferencias respecto al “servicio social para la paz” (art. 10 y 11), que si bien fue aprobado por la cámara baja, había sido eliminado el lunes por la Plenaria de Senado.
Luego de eso, ya podrá ir a sanción presidencial y convertirse en ley de la República, con lo que el Gobierno estará habilitado para iniciar las negociones de paz con varios grupos. Si bien se deberá presentar un proyecto para determinar la forma en la que grupos no políticos se acogerán a la justicia, ya tendrá los mecanismos para hacer las negociaciones efectivas.
Los puntos más fuertes de discusión fueron la creación del “servicio social para la paz”, los aportes de recursos propios de departamentos y municipios para garantizar la seguridad y, una proposición del representante Julio César Triana (Partido Liberal), para definir si sería posible o no negociar con desertores del Acuerdo de Paz de 2016.
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Triana quería impedir que se pudieran establecer “diálogos de carácter político con los denominados desertores, entendidos como aquellos miembros de las organizaciones que habiendo suscrito un acuerdo de paz decidieron abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes”.
Al respecto, el debate giró alrededor de las disidencias de las FARC-EP y de personajes como Iván Márquez. Sin embargo, esa proposición no fue votada de forma positiva por lo que quedó abierta la puerta para dialogar con esos actores.
“No nos parece que en fundamento de un hombre que traicionó el Acuerdo de Paz, debamos negarnos a desarmar estructuras de base que hoy están matando a los colombianos en los territorios”, señaló Prada.
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¿Cuáles son los puntos clave de la ley de “paz total?
Con la aprobación de la prórroga de la ley 418, el Gobierno Petro podrá dar inicio a su objetivo de “paz total”, teniendo la posibilidad de reabrir diálogos con grupos al margen de la ley.
“Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, podrán realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas”, dice el texto (art. 5).
Por otro lado, esa ley dará los mecanismos para hacer viables esos procesos; por ejemplo, la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, con el que, quienes de manera voluntaria se acojan a ello, recibirán incentivos como el anonimato en la entrega, la ausencia de responsabilidad penal por el porte de armas, entre otros. (art. 14)
Al respecto, también fue aprobado que las organizaciones humanitarias imparciales, con presencia registrada en Colombia, podrán sostener contacto con grupos armados organizados con de asistencia y acción humanitaria, destinada a las personas civiles necesitadas. (art. 9)
Igualmente, quedaron aprobadas las “Regiones de Paz”, espacios en los que se adelantarían diálogos de paz con autorización del presidente. Se priorizará su conformación para que comisionados de paz regionales dialoguen con la comunidad y faciliten la consolidación de los acuerdos alcanzados. El texto aclara que esas “Regiones de Paz” no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública.
Otra de las nuevas figuras será el “Gabinete de Paz”, en donde cada uno de los Ministerios deberá definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su competencia.
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¿Qué es el servicio social para la paz?
Esta propuesta busca dar una alternativa a los jóvenes respecto al Servicio Militar Obligatorio. El “servicio social para la paz” tendría una duración de doce meses, “al término del cual se recibirá una certificación que será equivalente a la libreta militar, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar”, dice el texto que fue aprobado.
Podrá prestarse en modalidades como promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, en el trabajo con víctimas del conflicto armado, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, el trabajo con víctimas de violencia sexual, entre otros.
Entre otras cosas, fue por el “servicio social para la paz” que los textos deberán ir a comisión especial de conciliación, pues, mientras en Senado fueron eliminados los artículos al respecto, en Cámara fueron aprobados.
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¿Qué es la conciliación de textos durante el proceso legislativo?
Cuando hay discrepancias respecto a los textos que quedaron como resultado de los debates en el Senado y la Cámara de Representantes, se crea una comisión accidental de conciliación, para superar las diferencias respecto a “las aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”.
Esa comisión debe estar integrada por los congresistas que participaron en la discusión de los proyectos, sus autores y ponentes, así como quienes hayan formulado reparos, observaciones o propuestas en las plenarias, pues son justamente estos miembros del congreso quienes tienen un mejor conocimiento de la materia debatida