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Con la presencia del presidente Iván Duque Márquez y entidades como la Fiscalía, el Consejo de Estado, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), entre otros, el Gobierno Nacional lanzó este lunes el Plan Ágora, que será la estrategia a través de la que se intentará garantizar la seguridad y la transparencia en las elecciones regionales del próximo octubre.
Según la ministra el Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se ha identificado que el mayor riesgo para las elecciones está en la "captura del Estado" por parte de los grupos armados organizados que se hacen presentes a través de la financiación ilegal de campañas o la violencia política en contra de líderes sociales.
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De acuerdo con la cartera política, estos riesgos estarían mayormente presentes en 130 municipios focalizados y que coincidirían con las zonas de expansión de cultivos de uso ilícito, de economías ilegales y de corredores de droga en el país y en donde hay en riesgo unos 15 billones de pesos del presupuesto público.
En ese sentido, el Plan Ágora está compuesto de cuatro ejes, que son la focalización de las zonas más críticas; la ejecución del plan de manera interagencial, es decir, que haya participación de la totalidad de las entidades del Estado; la participación ciudadana de la mano de organizaciones sociales y partidos políticos; y la visibilización de todas estas acciones con información abierta para todos los ciudadanos.
Con el Plan Ágora, el Gobierno propone la creación de un Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE), que tendrá las facultades de inteligencia e investigación criminal, con articulación con la Fiscalía General de la Nacional. "Estamos convocando a una sinergia institucional. El Estado tiene cómo dar respuesta", dijo Gutiérrez.
En ese mismo sentido, afirmó que las tareas inmediatas por parte del Estado de cara a las elecciones de octubre son la puesta en marcha del GRIE; la articulación con el Plan Democracia, que esta en cabeza del ministerio de Defensa; la protección de candidatos de los partidos políticos, con refuerzo especial a los aspirantes del partido FARC; y la promoción social de estas acciones.