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Fuentes cercanas a la Consejería para la Estabilización (antes Posconflicto) le confirmaron a El Espectador que el alto consejero, Emilio Archila, le pidió la renuncia a Claudia Salcedo, quien se desempeñaba como directora para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República. La información fue publicada por La Silla Vacía el pasado 11 de marzo en un breve texto, aquí le revelamos el intríngulis detrás de la renuncia de la funcionaria.
El motivo por el que presionaron a Salcedo a dejar el cargo habría sido porque firmó, el pasado 17 de octubre de 2018, la respuesta de un derecho de petición interpuesto por la Cámara de Representantes en el que varios congresistas hicieron 16 preguntas sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito en el país.
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La pregunta 10 de esa solicitud era sobre la relación costo/beneficio entre los métodos que emplea el Gobierno Nacional para la erradicación de cultivos. En ese punto, la respuesta de Salcedo señala: “La utilización de los siguientes datos calcularon la erradicación forzosa, entre el 2005 y 2014, un costó de $23 millones/hectárea cuando fueron erradicadas manualmente y $ 72 millones/hectárea cuando lo fueron por aspersión aérea”.
Según Botero, el costo de asperjar una hectárea se estima en una cuarta parte de lo que puede costar otro tipo de método para erradicar. “Las erradicaciones tienen unos costos, dependiendo de los mecanismos que se utilicen, de entre 4 y 6 millones de pesos, llegando algunas veces hasta 8 millones de pesos. O sea, que, en una cuarta parte, estamos hablando de una suma superior a los 2 millones de pesos”, señaló Botero. Rodríguez lo contradijo, con el documento en la mano: “El argumento de que es menos costoso (la aspersión) no es cierto”.
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Al día siguiente de la audiencia, Archila le pidió a Salcedo su renuncia. Lo más preocupante es que un conocedor de las complejidades de la erradicación le comentó a El Espectador que lo que hubo por parte del ministro de Defensa fue un uso impreciso de la cifra y los funcionarios no corrigieron ni en público ni en privado, por lo que la solución fue presionar la salida de Salcedo.
Botero, señala una fuente que pidió reserva de su nombre, no fue preciso en cuanto al costo de fumigación de una hectárea frente al costo de erradicación. Es decir, es posible que la estimación del precio de fumigar una hectárea de cultivo de uso ilícito (pasar el avión y rociar el herbicida) sea aproximada a los dos millones de pesos, pero para erradicar la hectárea completa se hace necesario hacer esa fumigación, en promedio, unas 30 o 32 veces. Este mismo asunto lo explicó Rodríguez, subdirectora de Dejusticia, durante la audiencia.
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Ahora, ese precio puede aumentar dependiendo de las zonas en las que se vaya a realizar la fumigación, porque toca hacer un operativo completo, por ejemplo, con soldados para asegurar el área y evitar ataques a los aviones. En conclusión, la salida de Salcedo habría sido por entregar una cifra acertada en una respuesta a la Cámara de Representantes que no fue debidamente explicada por el ministro de Defensa y que, en consecuencia, puso al funcionario en el ojo del huracán.
Consultada por El Espectador, la oficina de prensa de la Alta Consejería para la Estabilización expresó que Archila no dará declaraciones al respecto, sin embargo, en el artículo de La Silla Vacía publicado recientemente se reseña que el funcionario del Gobierno Nacional sólo dijo que las funciones de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos pasaron a esa consejería y que obedecía a la reforma en la estructura de toda la Presidencia de la República.
Lea aquí el documento completo con las repuestas de la Dirección paral a Sustitución de Cultivos Ilícitos