La Registraduría vería disminuido, en teoría, de manera significativa su presupuesto de 2025 tanto para inversión como para funcionamiento. Así quedó registrado en la ponencia para el presupuesto del año entrante que se radicó este lunes en la noche. Es de aclarar que la reducción no es de vigencia a vigencia, sino entre la ponencia radicada en julio y la nueva. Es decir, la reducción no es de 2024 a 2025.
“Se reducen $3,09 billones para ser distribuidos desde el Ministerio de Hacienda durante la ejecución de la vigencia respectiva, para gastos relativos a procesos electorales tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como al Consejo Nacional Electoral”, se explica en el documento en el segmento que se refiere a la plata de la entidad electoral.
Lo anterior significa que la Registraduría no recibirá esos tres billones, sino que la cartera que dirige Ricardo Bonilla reservará ese monto para destinarlo a los procesos electorales, que su organización empezará desde el año entrante.
Para el CNE, indica la ponencia, “se consideran recursos para atender lo concerniente a la implementación de la Ley 1909 de 2018, en lo relacionado con medios de comunicación, una vez sean definidos los mecanismos y costos relacionados”.
La senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta (de temas presupuestales), alertó: “El 2025 en el proyecto radicado tuvo $3,2 billones pues debe contratar las elecciones que empiezan el 8 de marzo. Mágicamente anoche bajó a $700 mil millones”.
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Y agregó: “Le quitaron los recursos a la Registraduría para organizar las elecciones del 2026″. En todo caso, si se compara entre vigencias, también se disminuiría sustancialmente el presupuesto de la entidad, pues en 2024 fue de $1,2 billones, esto es, una caída en $500 mil millones.
Parte de la partida presupuestal, deberá dirigirse a inversión en “procesos (de) cédula digital; censo y gestión electoral (2026); identificación población vulnerable y víctima ($341.000 millones)”.
Por su parte, Hernán Penagos, actual registrador, también se refirió al tema asegurando que “uno de los principales riesgos en los procesos electorales en Latinoamérica está relacionado con la autonomía presupuestal de las autoridades electorales”.
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“Esa autonomía se ha perdido un poco, en esencia, por el tema presupuestal. En la medida en que todavía los órganos electorales en Latinoamérica deriven sus presupuestos de un diálogo con congresos o con parlamentos, deriven sus presupuestos de una exigencia, solicitud o persuasión con el Ejecutivo, sin lugar a duda, esas autoridades electorales ven, de alguna manera, comprometida su tarea de ser el árbitro de la democracia”.
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