El gobierno de Gustavo Petro estudia la posibilidad de que las organizaciones criminales, con las que se realizan acercamientos desde hace algunos unos meses, se sometan a la justicia ordinaria a través del régimen de Justicia y Paz, que en el pasado cobijó a los paramilitares.
Aunque la idea no convence totalmente al ministro de Justicia, Néstor Osuna, debido a que él considera que dicho sistema está pensado para sujeciones individuales y no de las bandas en su totalidad, la voz del presidente en esos temas la tiene el comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien junto a algunos congresistas ha pedido revisar el tema.
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“Yo lo que hago es intentar darle la estructura jurídica a las ideas que me trae el comisionado de Paz, no hablo con esas estructuras. A partir de los retos que él nos presenta, decidimos de qué manera nos podemos articular”, dijo el ministro Osuna al respecto.
Por esta razón, el próximo 20 de julio, fecha en la que el Congreso retoma sus labores, el Gobierno no radicará su proyecto de ley de sometimiento, el cual terminó archivado en la pasada legislatura por falta de debate.
Al respecto, el ministro reconoció que hubo una agenda legislativa “muy ambiciosa” y que la discusión se centró en la reforma a la salud, lo que terminó afectando proyectos como el de sometimiento a la justicia y el de humanización carcelaria, liderados por su cartera. Éste último sí volverá al Legislativo en la próxima legislatura, pero esta vez sin mensaje de urgencia.
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Por ahora, el Gobierno revisará ambas propuestas y espera tener una solución definitiva a mas tardar en septiembre. Osuna asegura que el proceso estará marcado por la variedad de las estructuras criminales y por las distintas velocidades de aproximación, pero insiste en que lo más conveniente sería diseñar un régimen jurídico uniforme.
La propuesta inicial del Gobierno ha generado un intenso debate político y académico, especialmente por los beneficios que obtendrían algunas organizaciones en el marco de los acercamientos. Según el proyecto radicado y posteriormente hundido en el Congreso, los integrantes de las bandas pagarían máximo ocho años de cárcel y podrían conservar hasta un 6 % de su patrimonio. Quienes tengan delitos no violentos tendrían acceso a un principio de oportunidad, mecanismo con el cual no pagarían un solo día de prisión.
Uno de los más críticos frente a la iniciativa es el fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que ésta limita las formulaciones de imputación y otorga los beneficios del principio de oportunidad sin las garantías de verdad y colaboración efectiva. “No se regala la zanahoria hasta tanto no se cumpla el compromiso de restauración porque si uno da la zanahoria, pues se la comen antes. Entonces hay que dar la zanahoria, pero parcialmente”, dijo Barbosa.
La procuradora general, Margarita Cabello, también ha cuestionado la propuesta. “El proyecto tiene que ser en favor de las víctimas y no de los victimarios (...) ya está más que suficiente lo que se les está dando, me parece que el 6 % ya es darles demasiados beneficios”, dijo Cabello, haciendo referencia al tema del patrimonio de las organizaciones.
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