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Este lunes, sobre las 11:00 de la mañana, las comisiones primeras conjuntas del Congreso retomarán la discusión del proyecto de ley que determina las competencias de la Jurisdicción Agraria. Se trata de una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro para poner en marcha una reforma agraria y cumplir con el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016.
El Gobierno necesita que los primeros dos debates de la iniciativa queden resueltos hoy, esto con el fin de darle el trámite final la próxima semana, incluso en sesiones extraordinarias, las cuales podrían ir hasta el 20 de diciembre. Sin embargo, en el camino deberá enfrentarse a los duros cuestionamientos de la oposición.
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La semana pasada el proyecto se destrabó y varios artículos recibieron el visto bueno; sin embargo, hasta el momento no se han tocado los temas más sensibles y se espera que estos generen una fuerte tensión entre oficialismo y oposición. Sobre la mesa aún siguen los señalamientos contra el Ejecutivo sobre la aparente inclusión de mecanismos para facilitar la expropiación exprés.
Este mismo lunes, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó varios aspectos del articulado. “El Gobierno Petro quiere aprovechar el proyecto de jurisdicción agraria para eliminar la fase judicial de los procesos agrarios relacionados con baldíos. En un país donde el 36 % de la tierra rural tiene problemas de títulos y puede ser baldío, eso dejaría sin garantías a las personas que compraron predios de buena fe durante los últimos 90 años”, aseguró la congresista.
El Gobierno Petro quiere aprovechar el PL de jurisdicción agraria para eliminar la fase judicial de los procesos agrarios relacionados con baldíos.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 9, 2024
En un país donde el 36% de la tierra rural tiene problemas de títulos y puede ser baldío, eso dejaría sin garantías a las personas… pic.twitter.com/t2s8IGnw3B
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Según ella, con esas condiciones la ANT podría “apoderarse” de miles de predios pasando por encima de los jueces. “¿Por qué la ANT no adjudica los predios que ya están en el Fondo en vez de comprar predios nuevos o perseguir predios que el Estado abandonó hace 90 años?”, cuestionó Valencia.
A la discusión se sumaron algunos líderes ambientales que hablaron de posibles efectos adversos de la ley. “Con este proyecto convertido en ley se generaría el mayor debilitamiento de la normatividad ambiental en su historia. No solamente se desconocen la Constitución Ecológica, el Código de Recursos Naturales y la conformación del Sistema Nacional Ambiental, sino que se someten a una visión agraria prevalente, la función ecológica de la propiedad y en general la protección de la naturaleza”, señalaron en una carta.
En diálogo con este diario, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que “quisiéramos tener en el próximo año la designación de jueces y tribunales agrarios en la implementación”. La Jurisdicción Agraria se debate justo en el momento que el gobierno Petro también tiene en juego sus reformas laboral, de la salud, política y la ley de financiamiento para el presupuesto de 2025.
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