Presidencia dio 10 días a entidades para reportar posibles casos de corrupción
Laura Sarabia, la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, y Andrés Idárraga, el secretario de Transparencia, lideraron la primera mesa técnica, conformada después de que se conociera el escándalo en la Unidad de Gestión del Riesgo, para definir líneas de acción nacional en la lucha contra la corrupción.
Este jueves se dio inicio a la Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha Contra la Corrupción, liderada por Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de Presidencia, y Andrés Idárraga, el secretario de Transparencia. Este órgano fue convocado por el Ejecutivo después de que se diera a conocer el entramado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Estos encuentros buscan “definir un plan de acción para articular esfuerzos gubernamentales contra la corrupción, incluyendo exigencias a entidades nacionales para reportar irregularidades”. En este, Sarabia afirmó que existe la “necesidad de garantizar mayor transparencia y acceso a la información en los procesos de contratación de las entidades con régimen especial”.
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Una de las acciones que pedirá la mesa a más de 236 entidades estatales es que en un plazo de 10 días entreguen “cualquier alerta o hallazgo relacionado con corrupción en los últimos seis años”. La orden fue para aquellas que estén bajo la dependencia del presidente Gustavo Petro y tendrán que informar sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En esa misma línea, el Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá que entregar un diagnóstico sobre “el cumplimiento de la obligación de realizar la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses por parte de todas las entidades”. Sumado a eso, se emitirán directrices para asegurarse de que todos los funcionarios cumplan con los requisitos.
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El escándalo de la Ungrd sacudió al gobierno Petro por la presunta implicación de algunos de sus funcionarios. Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, salió de su puesto tras haber sido señalada de participar en el entramado. Otros de los supuestos involucrados en la red son el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien ya renunció a su puesto, aunque no ha dejado sus funciones. Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, también habría sido salpicado.
Incluso, César Manrique, el jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública, y el mismo Idárraga fueron señalados de estar involucrados.
El 3 de mayo de este año, la Presidencia publicó un comunicado en el que anunciaban que el jefe de Estado había ordenado “la formación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos”. En ese momento, se esperaba que las reuniones contaran con la presencia de la Procuraduría General y la Contraloría General, “para garantizar la independencia y competencia en la supervisión y control de las actuaciones gubernamentales”. Sin embargo, estas no estuvieron presentes.
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“La mesa técnica también se encargará de que el Gobierno nacional adopte un esquema de buenas prácticas de integridad corporativa. Se garantizará el cumplimiento de los más altos estándares éticos y la colaboración plena con las autoridades competentes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del Gobierno. El objetivo no es otro que asegurar procedimientos de verificación interna honestos y genuinos, con respuestas claras y categóricas frente a la corrupción”, se lee en el comunicado.
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Este jueves se dio inicio a la Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha Contra la Corrupción, liderada por Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de Presidencia, y Andrés Idárraga, el secretario de Transparencia. Este órgano fue convocado por el Ejecutivo después de que se diera a conocer el entramado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Estos encuentros buscan “definir un plan de acción para articular esfuerzos gubernamentales contra la corrupción, incluyendo exigencias a entidades nacionales para reportar irregularidades”. En este, Sarabia afirmó que existe la “necesidad de garantizar mayor transparencia y acceso a la información en los procesos de contratación de las entidades con régimen especial”.
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En esa misma línea, el Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá que entregar un diagnóstico sobre “el cumplimiento de la obligación de realizar la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses por parte de todas las entidades”. Sumado a eso, se emitirán directrices para asegurarse de que todos los funcionarios cumplan con los requisitos.
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Incluso, César Manrique, el jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública, y el mismo Idárraga fueron señalados de estar involucrados.
El 3 de mayo de este año, la Presidencia publicó un comunicado en el que anunciaban que el jefe de Estado había ordenado “la formación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos”. En ese momento, se esperaba que las reuniones contaran con la presencia de la Procuraduría General y la Contraloría General, “para garantizar la independencia y competencia en la supervisión y control de las actuaciones gubernamentales”. Sin embargo, estas no estuvieron presentes.
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