Deudas con el sistema carcelario acechan el plan del Gobierno para reubicar La Modelo

Una estrategia que se ha desarrollado detrás del telón pretende concretar el plan para reubicar una de las cárceles más peligrosas del país, La Modelo. Pero sellar una propuesta que fue hecha hace 20 años no será sencillo, como lo ha demostrado la demora en materializarla, e involucra unos pendientes que tiene el Gobierno, la Rama Judicial y el mismo Congreso con la historia de violencia que perdura en el centro y la crisis carcelaria que deja cifras de más del 30 % en materia de hacinamiento en el lugar que esperaría recibir a los reclusos.

Una estrategia que se ha desarrollado detrás del telón pretende concretar el plan para reubicar una de las cárceles más peligrosas del país, La Modelo. Pero sellar una propuesta que fue hecha hace 20 años no será sencillo, como lo ha demostrado la demora en materializarla, e involucra unos pendientes que tiene el Gobierno, la Rama Judicial y el mismo Congreso con la historia de violencia que perdura en el centro y la crisis carcelaria que deja cifras de más del 30 % en materia de hacinamiento en el lugar que esperaría recibir a los reclusos.

Como lo reveló El Espectador, los hilos que se mueven para poder concretar la estrategia incluyen privados, que ya hicieron manifiesto su interés en ese terreno que abarca cerca de 70.000 metros cuadrados. De por sí, la zona tiene un gran potencial de renovación urbana como parte de la actuación estratégica de Montevideo, aunque hace falta que se terminen de afianzar los diálogos entre la Alcaldía de Carlos Fernando Galán y el Ejecutivo de Gustavo Petro, de por sí fragmentados por roces constantes, para ese cometido.

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“Es donde mayor potencial veo yo de tener más velocidad en renovación urbana, porque esa es la antigua zona industrial de la ciudad. Es una zona que ha tenido siempre un bloqueo para hacer vivienda y con estas normas se va a empezar a destrabar. Se planeó para industria, entonces tiene muy buenos anchos de vía, y hay todo un legado patrimonial de fachadas industriales muy bonitas que se pueden reconvertir”, aseveró Carlos Felipe Reyes, el gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo).

Pero pasar de una cárcel a un terreno listo para comenzar a licitar o construir no es tarea fácil, e involucra la reubicación de las 3.987 personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran recluidas en el centro, que enfrenta un hacinamiento del 37 %, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Pero ahí no acaba el problema, pues bajo la responsabilidad del Estado no están únicamente quienes están recluidos en ese predio, sino también aquellos con penas que involucran restricciones de libertad por fuera del centro penitenciario, y el número no es menor. Además de la población de casi 4.000 personas, se le suman 1.899 por domiciliaria y 466 por vigilancia electrónica: en total, la penitenciaría tiene bajo su responsabilidad a 6.352 personas.

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Esa cifra había sido evaluada por los varios personajes que ha involucrado esta estrategia, que ya había dilucidado una primera opción para trasladar, al menos, a quienes estaban recluidos. Reuniones entre la administración de Iván Duque, en cabeza de su ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y la Alcaldía de Claudia López, con el entonces secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, al mando, habían analizado la posibilidad de que estas personas llegaran a un anexo que se construiría en el terreno de La Picota.

Incluso, un informe la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos con fecha de agosto de 2021 que evaluaba el cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional detalló ese pacto. En ese texto se explicó que, en los alcances del Convenio Interadministrativo 1127 de 2021 entre el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Gobierno Nacional y el Distrito, se había acordado el traslado de ese centro al predio ubicado en el sur de la ciudad y vecino del Batallón de Artillería de Usme.

“En días pasados recibimos el anuncio, por parte del ministro de Justicia y del Derecho, de la demolición de la cárcel La Modelo y del Establecimiento de Reclusión de Mujeres ‘El Buen Pastor’ en la ciudad de Bogotá, los cuales serán reubicados en zonas aledañas a la cárcel La Picota, en esta misma ciudad”, se lee en documento.

Pero esto también tendría sus propios problemas. Aunque en el predio de la penitenciaría sí habría el espacio suficiente para construir el anexo, al que se le resta, de todas formas, el terreno que prometió el Estado al Distrito en esa ubicación para construir la Cárcel Distrital 2, dentro del centro existen problemas de hacinamiento que se tendrían que solucionar con esa construcción.

La Picota, con capacidad de 6.181 cupos, tiene una población de 7.238, con un hacinamiento del 17,1 %. Si se le suma que El Buen Pastor tiene en su interior a 1.736 personas privadas de la libertad (con un hacinamiento que asciende al 39,3 %), ese anexo tendría que tener abarcar 6.780 cupos para poder, verdaderamente, incidir en las cifras.

Justamente bajo esta posibilidad, se realizó un viaje a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Acacías el pasado mayo. De acuerdo con Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, de allí se habrían sacado las “herramientas” para poder plantear una idea para construir el nuevo establecimiento.

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Ese centro, además de integrar un pabellón de mujeres, ya había surtido un proceso de ampliación y pasó de una capacidad de 1.600 cupos a 2.532 con una nueva infraestructura. De acuerdo con cifras del Inpec, esta no reporta hacinamiento y tiene una población de 2.471.

En ese viaje, tanto el Ministerio de Justicia como la CCB anunciaron que estaban buscando la inversión de privados para ampliar las actividades productivas por las que era conocido el centro. La penitenciaría de Acacías es conocida por tener como norte la resocialización de los recluidos a través de una colonia agrícola que, además, permite la reducción de penas.

“Vamos a mirar cómo podemos mejorar las condiciones de productividad, así como las financieras y locativas para que este modelo tenga un crecimiento de carácter empresarial; y cómo este modelo podría replicarse en otros sitios de Cundinamarca”, afirmó Claros en ese viaje.

De allí, también había sido analizada la posibilidad de trasladar las personas privadas de la libertad a Acacías, que se ha tanteado en varias ocasiones, por tratarse de un lugar que cuenta con la ventaja de estar alejado del casco urbano. Pero el trabajo no sería tan simple.

El abogado Óscar Ramírez, presidente del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que trabaja desde 1973 con centros penitenciarios en Colombia, señaló que un traslado como este es un problema logístico y administrativo, pero también humano. Explicó que algo tan sencillo como una visita, que de por sí en Bogotá cuenta con ciertos problemas por temas de transporte y trabajo que impiden que se haga de forma regular, podría complicarse por temas de lejanía, especialmente si es de carácter conyugal o si tiene hijos.

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“Desde el punto de vista jurídico, es un problema si necesita hablar con su abogado para poderse defender; si necesita, en caso de estar condenado, que le manden los certificados de estudio, trabajo y redención a un juez de discusión de penas y medidas para que, al menos, le rediman la pena. Si estamos todos en cárceles alejadas, pero además hacinadas, pues va a ser imposible el tratamiento penitenciario”, aseguró Ramírez.

Junto con eso, el historial violento de la cárcel, que el pasado 16 de mayo reportó el asesinato de su director, el coronel en retiro Elmer Fernández en Barrios Unidos, tras varios meses de denuncias de amenazas en su contra, y cuya masacre más reciente fue el 21 de marzo de 2020, ha dejado a su paso preguntas sin responder. Las cifras oficiales dejaron 23 personas asesinadas, todas con arma de fuego, y 107 heridos, pero ese número podría ser más alto, de acuerdo con familiares de personas que estuvieron allí recluidas.

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No sería la primera vez que algo así ocurre. También han quedado pendientes los números que den cuenta de cuántos cuerpos han sido enterrados en el terreno y en las paredes, y los que fueron desaparecidos a través de alcantarillas o basuras, según lo narraron internos de la cárcel en un testimonio a la Fiscalía en los casos contra el mayor William Gacharná Castro, exdirector de La Modelo quien reconoció haber participado y colaborado en los crímenes cometidos en la cárcel entre 1999 y 2003, y los exparamilitares Juan Carlos Cadavid Vélez y José William Parra Arroyabe.

“Es un reto para las autoridades lograr determinar qué partes de la cárcel son las que tendrían restos óseos de personas allí desaparecidas y tomar unas medidas cautelares contra esos sitios de la cárcel, deshacinarla y evacuar una gran cantidad de procedimientos administrativos”, indicó Ramírez.

Las deudas con el sistema carcelario, especialmente uno con masacres, desmembramientos y torturas reportados en su interior, se suman y todavía queda pendiente para el Gobierno superar el estado de cosas inconstitucional que se decretó en algunos de esos centros. El Gobierno Petro lo intentó, pero no tuvo el recibimiento esperado.

En febrero de 2023, Osuna y el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, presentaron ante el Congreso el proyecto de ley de la reforma penitenciaria, “por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”. El articulado buscaba, además de reformar el marco normativo y apostar por la justicia restaurativa, reducir el hacinamiento que hay en las cárceles y, en palabras del mismo Osuna, evitar que los centros penitenciarios sigan siendo “escuelas del crimen”. Aun con mensaje de urgencia, esta fue archivada por el tránsito de legislatura.

Lo cierto es que, aunque los privados sean los que tengan el ojo puesto en la estrategia, el Gobierno Petro tendrá que enfrentar un largo camino para poder poner la primera firma en ese traslado. No solo se enfrenta a un “round” rocoso con su reforma a la justicia, que desde ya es objeto de polémicas por proponer rebajas de penas para delitos graves contra niños, niñas y adolescentes, sino también por una relación llena de fricciones con el Legislativo y un año preelectoral que, como suele ser el caso, no tiene muy en cuenta a las personas sindicadas y condenadas en los centros penitenciarios.

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