Intento de reformar Justicia y Paz y ampliarla cinco años aún no seduce al Gobierno

Después de varios intentos fallidos, diversas conversaciones e incluso reuniones entre actores del Ejecutivo, el Legislativo y voces ligadas a la guerra, en la mañana de este martes se tiene previsto radicar en el Congreso un proyecto para extender el período de la Ley de Justicia y Paz, que le abrió el camino a los paramilitares para su desmovilización y cuya vigencia termina en 2025. Además, se buscaría que “terceros” ingresen a a jurisdicción de manera individual o colectiva.

Después de varios intentos fallidos, diversas conversaciones e incluso reuniones entre actores del Ejecutivo, el Legislativo y voces ligadas a la guerra, en la mañana de este martes se tiene previsto radicar en el Congreso un proyecto para extender el período de la Ley de Justicia y Paz, que le abrió el camino a los paramilitares para su desmovilización y cuya vigencia termina en 2025. Además, se buscaría que “terceros” ingresen a a jurisdicción de manera individual o colectiva.

Sin embargo, y pese a los puentes que se han intentado tender, el escenario para su aprobación no es fácil y aún hay dudas en todos los sectores.

La iniciativa es del senador del Partido de la U Antonio José Correa, quien ha ganado despliegue y simpatía en el gobierno del presidente Gustavo Petro por el apoyo que le ha dado a las iniciativas de la Casa de Nariño, reflejado en sus votos y los pronunciamientos en sus redes. También por liderar el más reciente debate de control político por la supuesta compra del software espía Pegasus en la comisión que preside, la de Inteligencia y Contrainteligencia.

El articulado del proyecto, a cuyo borrador accedió El Espectador, promete dar de qué hablar. Primero, porque le abriría las puertas a bandas criminales para postulaciones colectivas y también a “terceros” que formaron parte de organizaciones criminales o contribuyeron de manera directa en la comisión de delitos, pero que no pudieron acceder a procesos de desmovilización bajo la Ley 975 de 2005.

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“Atendiendo las circunstancias particulares estaría dirigida en principio a resolver situaciones personales, a menos de que exista una desmovilización colectiva que se encuentre bajo alguna de las circunstancias que menciona el proyecto”, dijo Correa sobre la negociación con bandas.

De aprobarse la iniciativa, que comenzará a discutirse formalmente en las próximas semanas en la Comisión Primera del Senado, la vigencia de Justicia y Paz se extendería por cinco años, es decir, iría hasta 2030. Un período sería para darle cierre a todos los expedientes abiertos de antiguos paramilitares y guerrilleros postulados y otro para el inicio de nuevos procesos. La apertura o no de estos últimos sería responsabilidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que entraría a revisar las hojas de vida de quienes ahora busquen cupo.

Además, en el artículo 12 quedó plasmado que desde que se expedida la ley, si supera el debate legislativo, la Fiscalía tendría tres meses para cerrar definitivamente las versiones libres e imputar a las personas que se encuentran postuladas bajo la anterior vigencia, la que nació en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Hay aproximadamente 10.000 postulados.

Y los nuevos procesos deberán realizarse con celeridad, según el proyecto, que establece, por ejemplo, que las audiencias podrán adelantarse sin la presencia de la totalidad de los magistrados de Justicia y Paz.

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Correa, quien hace unos años sorteó los cuestionamientos por su presunto vínculo con la red criminal de la fallecida Enilce López, alias La Gata, espera el apoyo del gobierno Petro: “Que yo crea en las ideas del presidente no significa que mis proyectos sean apoyados. Igualmente, espero que el proyecto sea del agrado del Gobierno y del Congreso, que es finalmente el que vota”.

Pero los antecedentes frente a este tipo de proyectos no son los mejores, pues no es la primera vez que durante el actual gobierno la discusión se pone en el centro de la mesa. La Casa de Nariño, por ejemplo, intentó sacar adelante una iniciativa de sometimiento a la justicia que no pasó ni un solo debate en el Legislativo. Y Correa ya venía trabajando en textos similares y enviando copias al Ministerio de Justicia y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que no terminaron en nada.

De hecho, a finales del año pasado, Correa tuvo listo un proyecto para reformar Justicia y Paz y extender su vigencia por 10 años, hasta el 2035. Pero luego de que este diario reveló el contenido de esa iniciativa, finalmente no se radicó por falta de firmas y tras la petición del Gobierno de darle una espera para su revisión.

Para esta ocasión todo indicaría que las firmas de apoyo tampoco abundan, ni siquiera desde el mismo Pacto Histórico, que tiene cinco puestos en la Comisión Primera del Senado y ocho en la de Cámara; o desde el Partido de la U, con dos curules en la de Senado y tres en la Cámara. Además, el proyecto tendrá que abrirse espacio en medio de la apretada agenda legislativa y entre varias apuestas del Ejecutivo que pasan por las mismas células legislativas, como la reforma política, la reforma a la justicia y la jurisdicción agraria.

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Y nuevamente es incierto el apoyo del Gobierno Nacional. Aunque desde el Ministerio de Justicia confirman que ha habido reuniones con Correa, aún no definen su postura. De otro lado, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, le confirmó a El Espectador que no participó en la redacción del texto, como algunos lo han afirmado: “Me simpatiza el senador, pero no conozco el proyecto”.

En todo caso, en el Gobierno sí hay cierto interés en reformar Justicia y Paz, pero también se ha hablado de presentar una ley desde cero, que nazca en el actual mandato para no darle largas a la aprobada durante la administración de Uribe, férreo opositor del actual jefe de Estado.

Por otro lado, hay quienes reconocen que la fuerza del Ejecutivo en el Congreso ya no alcanzaría para esto, todavía menos cuando la discusión arranca en la Comisión Primera, que se ha mostrado reacia hacia algunos proyectos gubernamentales. En dicha comisión (Senado y Cámara), la representación de los partidos está con 10 liberales, 9 conservadores, cinco verdes, cinco de la U, siete de Cambio Radical, cuatro del Centro Democrático y 13 del Pacto.

La iniciativa puede ser trascendental, pues incluso se plantea como un posible futuro marco jurídico para la paz total del Gobierno que acaba de cumplir un año sin muchos resultados y en medio de frustradas mesas de diálogo con grupos armados al margen de la ley.

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Al parecer, es pronto para algunos congresistas dar un punto de vista y esperan este mismo martes conocer el proyecto y darse una idea. Lo cierto es que anteriores intentos no fueron del agrado de la mayoría legislativa por la posibilidad de negociar con bandas criminales. Las actuales disputas entre Gobierno, oposición, e incluso partidos independientes y entre la misma coalición, podrían costarle en su tránsito a este proyecto.

Lea el borrador del proyecto completo

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