Gobierno Petro dice ante la OEA que hay una posible intención de frenar su mandato
El embajador Vargas aseguró que hay sectores con ese propósito en Colombia. La oposición también acudirá a organismos internacionales.
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, dijo en una sesión extraordinaria del organismo multilateral, que hay una posible intención de frenar el mandato del presidente Gustavo Petro.
Vargas habló retomando la narrativa del presidente Petro, quien ha dicho que, presuntamente, sectores de la sociedad quieren evitar que termine su periodo hasta 2026. La narrativa ha sido alrededor de la investigación del CNE a los topes de su campaña. Es de aclarar, que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para destituir al presidente y que su investigación es de carácter administrativo.
Según Vargas, habría “una serie de acciones sistemáticas para derrocar al presidente Gustavo Petro y silenciar la expresión libre”.
“En Colombia, pese las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún hoy se expiden actos administrativos que suspenden derechos políticos, con especial sesgo contra los congresistas de la coalición de gobierno”, afirmó Vargas. Y aseguró que hay “investigaciones postelectorales extemporáneas, carentes de imparcialidad”.
Es de anotar que, en un reciente fallo, el Consejo de Estado determinó que el CNE sí tiene dientes para investigar, de manera administrativa, los topes de la campaña. Y reafirmó que, por el fuero presidencial, a Petro solo podría juzgarlo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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“Estas acciones persiguen el objetivo final de cercenar los derechos políticos de un gobierno elegido democráticamente y de los millones de ciudadanos que lo eligieron. No podemos permitir que la institucionalidad y el derecho colombiano se modifiquen a la medida de los intereses de algunos actores políticos”, afirmó Vargas.
El discurso de Luis Fernando Vargas ante la OEA llega en una fecha simbólica: el aniversario del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende, presidente chileno que sufrió un golpe de Estado. El presidente Petro, en las últimas semanas, ha optado por citar a Allende como un personaje en su relato de las supuestas fuerzas en su contra. “En esta misma fecha hace 51 años, se quebrantó la democracia y se violaron los derechos humanos de millones de personas, con un execrable golpe de Estado en Chile”, dijo Vargas.
Oposición acudirá a organismos internacionales
Luego del pronunciamiento, precisamente la oposición dijo que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, presentó una denuncia ante lo que calificó como “amenazas y chantajes ejercidos por parte del presidente de la República a instituciones”.
Según Cadavid, quien hace parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones, Petro, con la narrativa de los intentos de frenar su administración, ha hecho afirmaciones en las que se niega a aceptar el control del CNE.
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A juicio del parlamentario, esto supone “una grave amenaza al Estado de Derecho en Colombia. El CNE, como órgano encargado de la transparencia electoral, tiene la autoridad de investigar posibles irregularidades en las campañas presidenciales. Los ataques del presidente a estas instituciones son una interferencia directa en los mecanismos de control establecidos por la Constitución”.
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El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, dijo en una sesión extraordinaria del organismo multilateral, que hay una posible intención de frenar el mandato del presidente Gustavo Petro.
Vargas habló retomando la narrativa del presidente Petro, quien ha dicho que, presuntamente, sectores de la sociedad quieren evitar que termine su periodo hasta 2026. La narrativa ha sido alrededor de la investigación del CNE a los topes de su campaña. Es de aclarar, que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para destituir al presidente y que su investigación es de carácter administrativo.
Según Vargas, habría “una serie de acciones sistemáticas para derrocar al presidente Gustavo Petro y silenciar la expresión libre”.
“En Colombia, pese las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún hoy se expiden actos administrativos que suspenden derechos políticos, con especial sesgo contra los congresistas de la coalición de gobierno”, afirmó Vargas. Y aseguró que hay “investigaciones postelectorales extemporáneas, carentes de imparcialidad”.
Es de anotar que, en un reciente fallo, el Consejo de Estado determinó que el CNE sí tiene dientes para investigar, de manera administrativa, los topes de la campaña. Y reafirmó que, por el fuero presidencial, a Petro solo podría juzgarlo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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El discurso de Luis Fernando Vargas ante la OEA llega en una fecha simbólica: el aniversario del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende, presidente chileno que sufrió un golpe de Estado. El presidente Petro, en las últimas semanas, ha optado por citar a Allende como un personaje en su relato de las supuestas fuerzas en su contra. “En esta misma fecha hace 51 años, se quebrantó la democracia y se violaron los derechos humanos de millones de personas, con un execrable golpe de Estado en Chile”, dijo Vargas.
Oposición acudirá a organismos internacionales
Luego del pronunciamiento, precisamente la oposición dijo que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, presentó una denuncia ante lo que calificó como “amenazas y chantajes ejercidos por parte del presidente de la República a instituciones”.
Según Cadavid, quien hace parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones, Petro, con la narrativa de los intentos de frenar su administración, ha hecho afirmaciones en las que se niega a aceptar el control del CNE.
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A juicio del parlamentario, esto supone “una grave amenaza al Estado de Derecho en Colombia. El CNE, como órgano encargado de la transparencia electoral, tiene la autoridad de investigar posibles irregularidades en las campañas presidenciales. Los ataques del presidente a estas instituciones son una interferencia directa en los mecanismos de control establecidos por la Constitución”.
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