Gobierno Petro pone a andar Jóvenes en Paz con un contrato de $38.000 millones

Además del lanzamiento oficial en Manrique, la comuna 3 de Medellín, las entidades encargadas de ejecutar el programa firmaron el primer contrato que le da forma a la apuesta que busca evitar que los jóvenes vulnerables ingresen a la delincuencia o a la guerra. Se trata de un convenio de $38.000 millones entre el Ministerio de la Igualdad, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además del lanzamiento oficial en Manrique, la comuna 3 de Medellín, las entidades encargadas de ejecutar el programa firmaron el primer contrato que le da forma a la apuesta que busca evitar que los jóvenes vulnerables ingresen a la delincuencia o a la guerra. Se trata de un convenio de $38.000 millones entre el Ministerio de la Igualdad, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Del monto total, el Fondo Paz le entregará $19.000 millones al PNUD, que los ejecutará con un aporte del mismo valor, pero en especie; es decir, herramientas, acompañamiento técnico, metodologías y modelos de intervención. Por su parte, el Ministerio de la Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez y del viceministro Gareth Sella, pondrá a disposición del convenio un equipo de monitoreo.

Así las cosas, esta es la primera inversión del Gobierno con la que, desde enero de 2024, buscará impactar positivamente a unos 100.000 jóvenes entre 14 y 28 años, iniciando con cerca de 6.300 que están en situación de riesgo en Bogotá, Medellín, Buenaventura, Quibdó, Guachené y Puerto Tejada; estos dos últimos municipios del Cauca.

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Las tres etapas claves del programa

Jóvenes en Paz arrancará con una fase de preparación en la que los recursos de este contrato se destinarán, en primer lugar, a la focalización territorial a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En este punto se llevará a cabo el reconocimiento del territorio, la conformación de 53 equipos y el alistamiento de infraestructura, espacios y soporte tecnológico.

Las partes acordaron que en cada equipo, que atenderá a 120 jóvenes, habrá cinco especialistas (dos pedagogos, dos expertos en temas psicosociales y un profesional en corresponsabilidad), quienes acompañarán a los participantes en tres componentes: educación, salud mental y trabajo comunitario. Además, habrá dos gestores sociales encargados de la parte operativa.

Así mismo, habrá coordinadores territoriales que manejarán los equipos e implementarán las “acciones pertinentes para dinamizar los territorios para la vinculación, permanencia y seguimiento de los y las jóvenes del programa”. Esta etapa durará seis meses, durante los cuales trabajarán 383 personas en los 53 equipos mencionados.

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La segunda fase es la del ingreso de los beneficiarios, que consiste en una estrategia de información y posteriormente en la verificación de los requisitos para ser parte del proyecto: tener entre 14 y 28 años, portar un documento de identidad válido, estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad; residir en zonas rurales o tener riesgo de ser víctimas de explotación sexual, criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.

Una vez los jóvenes entren formalmente al programa, tendrán que cumplir con una serie de componentes para garantizar su permanencia, los cuales también definirán quiénes serán los que podrán acceder a las transferencias mensuales de hasta $1 millón para cubrir sus necesidades básicas.

Reglas para transferencias monetarias

Como lo ha dicho la vicepresidenta y ministra Francia Márquez en varias oportunidades, Jóvenes en Paz pretende ser mucho más que un subsidio económico, pues su objetivo central sería desarrollar “el potencial de nuestra juventud”. Así las cosas, la transferencia, polémica porque a mitad de año el presidente Petro la resumió con la frase “pagar por no matar”, estará condicionada.

Lo primero que deberán hacer los jóvenes es entrar a una inducción llamada “Pedagogías para la vida y la paz”, en la que deberán construir un plan educativo individual y, según sea el caso, seguir una ruta de educación básica, superior, complementaria o enfocada en el trabajo.

Luego deberán involucrarse en un trabajo social para su comunidad o municipio, con el objetivo de impulsar la construcción de paz y fortalecer sus capacidades como “agentes transformadores”. “La corresponsabilidad estará orientada a la reconstrucción del tejido social afectado por la violencia y el conflicto armado, la prevención del reclutamiento y la generación de vínculos entre las y los jóvenes y comunidades que han sido históricamente marginadas y excluidas”, especifica el convenio.

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El paso a seguir es el proyecto de emprendimiento o la búsqueda de empleo, proceso en el que contarán con orientación y asesoría para el fortalecimiento de sus capacidades de ideación, creación, validación de modelos de negocios y creación de empresas; lo anterior desde la visión de la economía social, solidaria, familiar o circular.

Durante todo este proceso, los jóvenes contarán con atención integral en salud, con énfasis en salud mental. En este punto entrarán a jugar un papel clave las secretarías de salud de los municipios, para ayudar a identificar factores de riesgo y activar una oferta institucional adecuada.

Cumplir con el plan de formación educativa y el trabajo social en territorio son condiciones indispensables para el acceso a la transferencia monetaria de hasta $1 millón mensual durante 12 meses.

Por último, cabe destacar que habrá un acompañamiento socio jurídico para aquellos jóvenes que tengan posibles procesos penales en su contra. “Se pretende que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado y se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas”, dijo al respecto el Ministerio de la Igualdad.

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La nueva cartera también ha sido enfática en señalar que los jóvenes que ya integran bandas o estructuras criminales no podrán beneficiarse de Jóvenes en Paz, ya que el camino para ellos es el sometimiento a la justicia, que, a propósito, aún no tiene un marco regulatorio vigente.

Todo este proceso estará vigilado por un comité de gestión que conformarán la ministra de la Igualdad, Francia Márquez; el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño; y el director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Pablo Francisco Pardo. Ellos o sus delegados deberán reunirse una vez al mes para evaluar la ejecución del programa y el contrato.

Según Márquez, con el programa se acabará “la condena de muerte a la que estaban destinados los jóvenes marginados en Colombia. Que ellos sepan que tienen un Gobierno que los respalda a seguir construyendo oportunidades con esperanza”. La vicepresidenta y ministra agregó que durante el proceso se involucrarán otras entidades como el ICBF, Prosperidad Social y los ministerios de Ciencias y Transporte.

Con la luz verde para este contrato, el Gobierno también abre otro frente para su apuesta de paz total. Los resultados del programa serán determinantes para la relación de Petro con los jóvenes, quienes lo ayudaron a llegar a la Casa de Nariño, pero que también, durante los 16 meses de administración, han hecho más de un reparo.

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