Decreto para acelerar compra de tierras revivió fantasma de expropiación exprés

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está alistando sus capacidades para echar a andar un proceso exprés de compra de terrenos, con el fin de que todos los tiempos se reduzcan de siete a solo dos meses y así se le pueda dar celeridad a la implementación de la reforma agraria. Y aunque la cirugía a estos procedimientos está ahora mismo en la fase de consulta de un borrador de decreto que establece los nuevos mecanismos, el fantasma de que todo se use para revivir la expropiación con mayor celeridad volvió a rondar.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está alistando sus capacidades para echar a andar un proceso exprés de compra de terrenos, con el fin de que todos los tiempos se reduzcan de siete a solo dos meses y así se le pueda dar celeridad a la implementación de la reforma agraria. Y aunque la cirugía a estos procedimientos está ahora mismo en la fase de consulta de un borrador de decreto que establece los nuevos mecanismos, el fantasma de que todo se use para revivir la expropiación con mayor celeridad volvió a rondar.

El documento, conocido en su integridad por El Espectador y cuya elaboración también incluyó al Ministerio de Agricultura, busca hacer frente a la crítica que cada tanto esgrime el presidente Gustavo Petro sobre lo que calificó como una engorrosa red burocrática que hace lentos estos procesos. De hecho, su Gobierno dijo que el grueso de la reforma agraria está frenado, pese a ser una política del corazón del primer gobierno de izquierda.

La polémica está servida. Mientras que la oposición alertó que en el borrador de decreto sí se revive la expropiación exprés, mecanismo que la Corte Constitucional tumbó del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la ANT, Felipe Harman, defendieron la propuesta y negaron que se quiera resucitar esa figura administrativa. Incluso, advirtieron que la nuez es que el Estado tenga más herramientas para acelerar la adquisición de las tierras que considere necesarias para su reforma agraria.

El objeto del documento en poder de este diario es “definir criterios y parámetros para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) impulse, dé celeridad y simplifique los procesos y procedimientos para la adquisición de predios en suelo rural”. Los terrenos con los que se aplicaría serían los que están en “los municipios que hacen parte de los núcleos de reforma agraria y áreas de protección para la producción de alimentos”.

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Eso esperan hacerlo reduciendo sustancialmente procedimientos como la oferta para comprar un predio: sería de 10 días hábiles. Para que el propietario rechace o acepte la propuesta tendrá el mismo lapso. Luego, si hace observaciones, la ANT tendrá seis días para resolverlas. Y si se acepta, la escritura pública deberá perfeccionarse, máximo, en cinco días hábiles. Al hacer las cuentas, serían alrededor de 44 días.

Además, con el decreto –si lo termina firmando Petro– también se acelera el trámite para que, por vía judicial, se decrete la expropiación: “Agotado el procedimiento de negociación directa, el director de la ANT, mediante resolución motivada, ordenará que se pretenda inmediatamente ante el juez competente la expropiación del predio y de los demás derechos reales constituidos sobre el mismo”.

Y es ahí donde surge la preocupación de varios sectores, porque con esa potestad otorgada al director de la ANT (hoy Harman) se abriría otra vez la puerta a la expropiación exprés.

De hecho, en el primer gran examen de la paz de Juan Manuel Santos en el Gobierno de Petro, revelado por El Espectador, se califica explícitamente esa figura como un elemento clave para darle fuerza a la reforma agraria. En el informe de la Casa de Nariño se advirtió que se debe “impulsar la reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express (sic) de tierras, y una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos”.

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En todo caso, la ministra Carvajalino negó de tajo, en una respuesta escrita a El Espectador, que eso pase con el decreto que está en ciernes. “Lo propuesto no realiza cambios en las reglas vigentes del procedimiento administrativo de expropiación y ratifica el interés principal del Gobierno de utilizar como instrumento prevalente la compra voluntaria con oferta de la ANT o del propietario, facilitando el uso efectivo y eficaz de lo dispuesto en la materia por el Plan Nacional de Desarrollo”, dijo la funcionaria, quien asumió el cargo en julio pasado.

Y Harman, por su parte, recordó que en la legislación nacional no existe la figura de la expropiación exprés, como tampoco se contempla implementarla a través del documento que ahora revela este diario. “Lo que establece es que nosotros, por ejemplo, viabilicemos más rápido la consecución de predios, tengamos elementos de referencia para negociar los precios, fortalezcamos la posibilidad de darle mucha firmeza a los avalúos que nos presentan los propietarios y que de alguna manera podamos sanear de una forma más fácil y expedita los precios antes de la compra, que ha sido parte de la ruta crítica para la compra voluntaria”, precisó.

Y agregó: “Sacar un predio adelante por compra voluntaria dura 7 meses y en cualquier momento el propietario se va y no hay compra. Entonces, se puede llegar hasta el último día de la oferta y no considerarlo viable. Nosotros para comprar 10.000 hectáreas tenemos que ofertar casi 30.000; o sea, realmente es una tarea titánica”.

Esto lo complementó Carvajalino, quien esgrimió que, con la agilización de la compra de tierras, se busca cumplir el punto uno del acuerdo de paz de 2016 con las extintas FARC.

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De cualquier forma, las críticas no son solo a la expropiación exprés, sino a la compra. Así lo plantearon congresistas de la Comisión Primera del Senado, que en las próximas semanas votarán el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, cuyos ejes principales se conectan con este borrador de decreto.

Paloma Valencia, del opositor Centro Democrático, consideró que el Gobierno debería “apostarle a gastar sus recursos para garantizar un futuro a tono con la revolución de la automatización de la inteligencia artificial. Seguimos hablando de ser una potencia agraria, algo que difícilmente pasará”.

Pero también dijo que el Ejecutivo no debería “decidir quién tiene más derecho a ser propietario. Eso lesiona gravemente el derecho a la propiedad, porque decide sobre el interés de una persona frente al de otra”.

Incluso, desde el petrismo hay críticas. La senadora Clara López, del Pacto Histórico, cuestionó la velocidad en la que avanza la compra de tierras, al aseverar que la concentración de esta ha aumentado en las últimas décadas para uso en ganadería o para no utilizarse. Como un ejemplo, al hablar de entregas recientes de hectáreas como las de El Aro, en Antioquia, aseguró que son, sobre todo, “casos emblemáticos que muestran la necesidad de la reforma agraria”.

Sobre el decreto para agilizar la compra de tierras aseguró que, aunque no lo conoce, daría respuesta a lo que, a su juicio, es el principal problema: “Mientras tengamos esta estructura normativa tan restrictiva creo que vamos a tener muchas ambiciones y no suficientes ejecutorias, es decir, hay que acelerar los mecanismos de compra”.

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En todo caso, con el decreto, que está en etapa de consulta pública, se busca establecer la punta de lanza para que, en año y medio, el Gobierno de Gustavo Petro le meta el acelerador a la reforma agraria y se cumpla la ambiciosa meta de obtener tres millones de hectáreas para la reforma agraria. Sin embargo, no será un proceso fácil, pues además de tocar fibras del sector privado, el fantasma de la expropiación exprés se encuentra con una oposición que arreciará a medida que avance la campaña política de cara a las presidenciales del 2026.

Este es el borrador del decreto sobre compra de tierras:

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