Se revelan detalles de la crisis con carros de la UNP y las disidencias en Antioquia

Horas antes de que “Iván Mordisco” reapareciera para anunciar la conformación de una nueva disidencia bajo el mismo nombre de Estado Mayor Central (EMC), el Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se presentaron este martes ante el Congreso para rendir cuentas. Los funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro tuvieron que responder por el traslado frustrado en un transporte aéreo del Gobierno para movilizar a los delegados de las disidencias de alias Calarcá, tras una situación crítica de seguridad en el departamento de Antioquia, y en medio de una división entre el grupo armado ilegal que ha dejado a un solo bloque en la mesa de negociación.

Horas antes de que “Iván Mordisco” reapareciera para anunciar la conformación de una nueva disidencia bajo el mismo nombre de Estado Mayor Central (EMC), el Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se presentaron este martes ante el Congreso para rendir cuentas. Los funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro tuvieron que responder por el traslado frustrado en un transporte aéreo del Gobierno para movilizar a los delegados de las disidencias de alias Calarcá, tras una situación crítica de seguridad en el departamento de Antioquia, y en medio de una división entre el grupo armado ilegal que ha dejado a un solo bloque en la mesa de negociación.

Rodríguez— quien tiene una queja disciplinaria en su contra en la Procuraduría por este caso— y Patiño revelaron tres puntos clave del escándalo que puso el foco en la gestión de los esquemas de protección a los delegados de las disidencias en la mesa de negociación con el Gobierno: la naturaleza del esquema de seguridad que no pudo impedir que más personas se subieran en los vehículos, la responsabilidad que recayó sobre las disidencias por romper los protocolos y la medida que se evalúa para evitar que un evento así vuelva a ocurrir.

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En un llamado de cuentas en la Comisión Segunda de Senado, los funcionarios atendieron los cuestionamientos hechos por los senadores Gloria Flórez (Pacto Histórico), Nicolás Echeverry y Mauricio Giraldo (ambos del Partido Conservador). Una semana después de lo ocurrido, y con otro cese al fuego con el ELN cuya fecha límite es este 3 de agosto, respondieron por la polémica situación que se presentó con 14 combatientes, que se movilizaron en vehículos de la UNP, rompiendo el protocolo y abriendo una grieta que generó un cuestionamiento sobre el compromiso de las disidencias con la paz.

Un contrato tercerizado: sin despidos ni renuncias

La primera revelación que resultó de las respuestas de los funcionarios fue que el suministro de los esquemas de seguridad que entrega la UNP se da a través de contratos tercerizados. De acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, la protección a un individuo se solicita ante este órgano y los mecanismos de control sobre los vehículos o escoltas asignados son competencia de este, pero Rodríguez explicó que quienes integran los esquemas de seguridad no tienen las autorizaciones que sí tiene la policía judicial. En ese sentido, quienes protegían a Calarcá no tenían forma de hacer una requisa, pedir documentos de identidad, ni evitar el ingreso de aquellos que no fueran la persona protegida.

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“Estas personas son tercerizadas, hacen parte de las uniones temporales que nos suministra el personal a nosotros y se portaron profesionalmente”, respondió Rodríguez cuando fue cuestionado por los esquemas de seguridad de los protegidos y negó que haya habido renuncias o despidos.

El protocolo no funcionó como fue acordado

La respuesta entregada por Patiño a la comisión, obtenida por El Espectador, explicó los cinco pasos requeridos para los desplazamientos de los negociadores de los grupos armados ilegales mediante los esquemas asignados y en cumplimiento de las actividades del acuerdo de paz. Primero se debe establecer un recorrido con un plan de seguridad que incluya la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), posterior a eso, la Consejería Comisionada de Paz se encarga de informar a la UNP el recorrido, especificando fechas, nombres de los representantes que se trasladarán, junto con las resoluciones presidenciales que los nombraron como delegados y las que suspenden sus órdenes de captura, de la Fiscalía.

Con 72 horas de anticipación, la Consejería debe enviar la misma información al Ministerio de Defensa, solicitando además el acompañamiento de la Unipep (que corresponde al segundo anillo de seguridad), para que este pueda realizar la coordinación con la Fuerza Pública. Después de eso, los delegados del Gobierno hacen una coordinación con garantes y acompañamientos de la Mesa de Diálogo para que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP OEA) escolten el desplazamiento. Finalmente, en todo el recorrido se deben recibir “reportes periódicos del desplazamiento”.

En estos carros pueden desplazarse únicamente los protegidos y, en casos excepcionales, sus familiares “cuando las medidas sean extensivas al núcleo familiar”. De acuerdo con el Manual de Uso, Manejo y Recomendación de Medidas de Prevención y Protección, es “responsabilidad exclusiva del beneficiario el riesgo que asuman las personas que se transporten junto a éste, dentro del vehículo del esquema”.

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Sumado a eso, el Decreto 1066 de 2015 establece que para el procedimiento ordinario del programa de protección es un “requisito sine qua non para que el caso pueda ser tramitado y se puedan asignar medidas de protección”. Pero, según la UNP, “en el marco de la promoción de los diálogos de paz, el deber del Estado de facilitar espacios sociales de resolución de conflictos, no se realizó estudio del nivel del riesgo al señor Alexander Díaz Mendoza [alias Calarcá], aún más cuando tiene un papel especial dentro del proceso de transición política que atraviesa el país y por ende se encuentra sometido a una mayor amenaza”.

Ese 23 de julio, el protocolo no se siguió. Según lo descrito por la respuesta de Patiño, ese día, los miembros representantes del grupo criminal informaron al Gobierno “sobre una situación de alto riesgo de confrontación con otro grupo armado, frente a lo cual la delegación del Gobierno inició las gestiones para su desplazamiento vía aérea”, siguiendo el paso a paso indicado. El documento, sin embargo, enfatiza en que “los miembros representantes de la organización comenzaron el desplazamiento de manera inmediata, sin respetar el protocolo e imposibilitando su normal desarrollo, incluyendo el correspondiente acompañamiento por la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz y de la comunidad internacional”.

“Los protegidos rompieron los protocolos que deben tener al momento de asumir un proceso especial”, afirmó Rodríguez. Y añadió que “abusando del protocolo que fue pactado, subieron a esas personas y ante la situación en el territorio, los escoltas no tenían la posibilidad física de [retirarlos]”.

Pero aún con este problema de procedimiento, la delegación del Ejecutivo “mantuvo comunicación con los miembros representantes del grupo armado para la Mesa de Diálogos hasta 20 minutos antes del lugar en el que sucedieron los hechos, donde fueron requeridos por un retén policial”. Aunque en ese retén no hubo novedad alguna, fue en el posterior, en el que estaban uniformados de la Fuerza Pública, que tuvieron que comenzar el conducto regular para comenzar a revisar a las 14 personas que se desplazaban en las camionetas. La UNP aseguró que “no conocía que el señor Alexander Díaz Mendoza [alias Calarcá] y los demás protegidos tendrían acompañantes dentro de los vehículos”.

“Muy profesionalmente se portaron los miembros del Ejército y la Policía al no forzar a que se bajaran las personas y hacer requisa en un sitio diferente, [en el batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia]. El protocolo dice que cuando hay protegidos dentro de los vehículos solo se pueden requisar en una guarnición militar y exigirles una identificación”, señaló Rodríguez.

En la misma línea en la que Rodríguez habló de un dilema en el que tenían “la labor de protegerlos, pero también de lamentar que se estuvieran robando los vehículos”, el comisionado Patiño aseveró que en algunas situaciones les correspondía “defenderlos a ellos mismos [refiriéndose a los integrantes del EMC] de sus propias costumbres” de ilegalidad.

“En ningún momento se puede entender que los vehículos de la UNP son excusa para no ser requisados para las autoridades”, dijo Patiño. “No estamos dispuestos a ser tolerantes frente a los delitos que se pueden cometer”.

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La UNP incluirá uniformados en el primer anillo del esquema de seguridad

Lo que viene ahora es un cambio en el protocolo. Aunque habían evitado incluir a uniformados en el primer anillo de seguridad, en parte porque los representantes del EMC se negaban a tener efectivos junto a ellos, Rodríguez afirmó que evalúan incluir a la Unipep para evitar situaciones similares en el futuro. Esta unidad, creada a través de la resolución 1710 de 2016, se encargó de proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP.

“Esa Policía se ha mejorado muchísimo en este Gobierno y se ha profesionalizado. De tal manera que se ha ganado la confianza, no solamente de los firmantes del acuerdo de paz, sino de las poblaciones de estas personas que hoy han iniciado el proceso [de negociaciones de paz]”, declaró Rodríguez. “Nosotros, con el comisionado, en la reunión que tuvimos, hemos pensado en involucrarlas en los esquemas de protección para que esa policía pueda requisar, para que pueda exigir las identidades de las personas que se puedan subir a esos vehículos”.

Aun con los dos funcionarios citados en la mesa para responder por sus órganos, no todas las preguntas fueron resueltas. Específicamente, dos. La primera en lo concerniente a cuántos esquemas de seguridad maneja la UNP con delegados del grupo criminal. Mientras la respuesta de Patiño señaló que se trata de cuatro esquemas individuales y dos colectivos, la de Rodríguez indica que en realidad son tres esquemas compartidos y cuatro individuales. Otra información que no fue revelada, en este caso por temas de reserva, fue “cuántos vehículos y personas de protección se encuentran asignados al esquema de [alias Calarcá], así como el costo mensual de estas”.

Lo cierto es que la polémica puso en evidencia las fallas en el procedimiento y en los controles que se ejercen sobre los delegados de la estructura criminal. Aunque se mantuvieron los diálogos, los hechos resultaron en la captura de cuatro personas, entre las que estaban un combatiente con una orden de captura vigente. Además, en el carro iban unos “paquetes”, como los llamó el mismo director de la UNP, que contenían armas, documentos falsos y altas sumas de dinero—que podían ascender hasta los 90 millones—, e iba con ellos un menor de edad reclutado a la fuerza hace algunos años. El origen de los que estaba en esos paquetes es desconocido para los funcionarios, aunque reconocieron que tuvieron que haber sido de procedencia ilegal.

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Lo ocurrido ese martes 23 de julio reveló la falta de coordinación en el Gobierno y volvió a poner en duda el compromiso de los grupos armados con la mesa de negociación. Con una fragmentación en el interior del EMC, que, según Patiño, ya “no existe” en términos de un grupo bajo un mismo mando, los esfuerzos del Ejecutivo para concretar un acuerdo de paz son señalados de alentar a las disidencias a fortalecerse y expandirse, mientras la población sufre los estragos de la violencia.

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