Gobierno Petro se pronuncia frente asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz

Este martes, distintos ministerios del Gobierno y la oficina del Alto Comisionado para la Paz sacaron un comunicado en el que se refirieron al asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. En la misiva, los ministros enfatizaron en que es una problemática de alta importancia dentro de la búsqueda de paz de este Gobierno.

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“Lamentamos y rechazamos categóricamente los asesinatos de ocho excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz del Teatro Colón desde el pasado 7 de agosto hasta la fecha”, escribieron en la carta. Asimismo, recordaron que el más reciente asesinato sobre el que se tiene registro ocurrió en Corinto (Cauca) el pasado 25 de diciembre. En esa oportunidad, Jonh Janer Palacios Velasco, “murió a manos de un grupo armado que opera y recluta en las inmediaciones de El Palo (Cauca), según los primeros indicios que arrojó la investigación extrajudicial”, dice la carta.

También así, recordaron que desde el 1 de enero de 2022, hasta la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, fueron asesinados 31 firmantes del Acuerdo. Según los ministerios de Defensa, del Interior, Alto Comisionado para la Paz y la Unidad Nacional de Protección (UNP), es “un fenómeno alarmante y lamentable que, pese no haberse detenido por completo, sí mostró una reducción porcentual a partir de la implementación de medidas especiales por parte del actual Gobierno”.

Según dijeron en la carta, “a partir del inicio de este Gobierno se escucharon y se adoptaron las medidas para la protección de la vida propuestas por plataformas de derechos humanos”. Con esto así, dice la administración Nacional, “se desarrolló una campaña nacional en contra de la estigmatización de excombatientes y líderes, y se instalaron más de 200 Puestos de Mando Unificado por la Vida”.

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Los firmantes de esta misiva dicen que “durante la fase de acercamientos con grupos armados en el marco de la política de Paz Total del Gobierno, varias de estas agrupaciones se han comprometido a un cese el fuego unilateral que necesariamente implica el respeto por la vida y la integridad de toda la población colombiana”. Aunado a esto, señalan que “este compromiso es elemental para que los armados demuestren su voluntad de paz y para que el Gobierno autorice el inicio de una fase formal de diálogos con cada grupo”.

Otro de los temas que se abordaron en el documento, fue la reestructuración de la UNP, ya que, según señalan, la entidad “ha diligenciado con prontitud casi la totalidad de las solicitudes que le han remitido firmantes de paz en situación de riesgo”. Asimismo, aseguran que la UNP “es consciente de la gran responsabilidad que significa tener a su cargo la protección de la vida de este grupo poblacional”.

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El rol de las Fuerzas Militares, dice el documento, ha sido desplegar más capacidades para salvaguardar la vid de los firmantes del Acuerdo. “El enfoque de la seguridad humana pretende brindar las garantías necesarias, no solamente para la vida y la integridad de los firmantes del Acuerdo del Teatro Colón, sino también para el ejercicio pleno de su actividad política”, señala el escrito.

Finalmente, el Gobierno asegura que tiene un compromiso claro sobre la protección de estas personas, pero argumenta que “por más que exista la plena voluntad política, cinco meses son insuficientes para resolver las violencias enquistadas desde siempre en las dinámicas de la política nacional”.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

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También así, recordaron que desde el 1 de enero de 2022, hasta la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, fueron asesinados 31 firmantes del Acuerdo. Según los ministerios de Defensa, del Interior, Alto Comisionado para la Paz y la Unidad Nacional de Protección (UNP), es “un fenómeno alarmante y lamentable que, pese no haberse detenido por completo, sí mostró una reducción porcentual a partir de la implementación de medidas especiales por parte del actual Gobierno”.

Según dijeron en la carta, “a partir del inicio de este Gobierno se escucharon y se adoptaron las medidas para la protección de la vida propuestas por plataformas de derechos humanos”. Con esto así, dice la administración Nacional, “se desarrolló una campaña nacional en contra de la estigmatización de excombatientes y líderes, y se instalaron más de 200 Puestos de Mando Unificado por la Vida”.

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