Gobierno Petro tendrá semana crucial en el Congreso para el futuro de sus reformas
Además del inicio del cuarto y último debate de la reforma pensional, el Ejecutivo pondrá en juego la ley estatutaria de educación y la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Este martes, el Congreso de la República iniciará la primera de las tres semanas que le quedan a su segunda legislatura, en las cuales el Ejecutivo tendrá que aprobar varios de sus proyectos bandera o reformas sociales. La lista la encabeza la reforma pensional, que se ha convertido en la prioridad del Gobierno tras el hundimiento de la reforma a la salud y el estancamiento de la laboral.
El proyecto, que ya superó tres debates, tendrá su prueba final en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde algunas voces de la oposición y la independencia ya anunciaron que pedirán cambios en el texto. Por ejemplo, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, anunció que radicará una proposición para cambiar la entrada en vigencia del proyecto, pasando del 1 de julio de 2025, como propone el gobierno, al 1 de enero de 2027, que según ella es la recomendación de los expertos.
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“Es inviable e irresponsable creer que una reforma que requiere de la reglamentación previa de 14 artículos por parte del Gobierno Nacional, y que incluyen 25 diferentes nuevos procesos, pueda entrar en operación a mediados del otro año. Un tránsito del actual modelo a un sistema de pilares es un paso en la dirección correcta, pero con la planificación y organización adecuadas”, dijo Juvinao.
Por otra parte, congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical han lanzado varias movidas para retrasar el debate y hacer que la reforma se hunda por falta de tiempo. Una de estas fue la presentación de cinco mociones de censura contra igual número de ministros de Petro en la plenaria de Cámara, esto con el fin de congestionar el debate, ya de por sí enredado porque la oposición también pedirá tres sesiones que le corresponden por ley y porque está pendiente la elección de contralor.
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Un panorama similar se vive en la Comisión Primera del Senado, donde el Gobierno tiene en juego la ley estatutaria de educación y la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria. Aunque ambos proyectos fueron aprobados en Cámara por las mayorías, en esta etapa se encontraron con las críticas y estrategias de reconocidas figuras de la oposición como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, David Luna, entre otros.
En el caso de la ley de educación, los ponentes del Gobierno y quienes piden cambios, entre ellos Valencia y Luna, se reunirán este martes para buscar un acuerdo. El Gobierno intentará minimizar los cambios estructurales, pero la oposición insistirá en que no tienen los votos para exigir, por lo que esperan modificar varios de los puntos claves del texto original.
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En cuanto a la Jurisdicción Agraria y Rural, también impulsada por el Ejecutivo, siguen las dudas sobre su estructura, funcionamiento y competencias, razón por la cual la oposición, los gremios e incluso de la Corte Suprema de Justicia han pedido modificar el proyecto. Por ahora, esta iniciativa es la más enredada, lo que causa preocupación en el Congreso, ya que el propio presidente Gustavo Petro ha dicho que es pieza fundamental de su reforma agraria.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
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Este martes, el Congreso de la República iniciará la primera de las tres semanas que le quedan a su segunda legislatura, en las cuales el Ejecutivo tendrá que aprobar varios de sus proyectos bandera o reformas sociales. La lista la encabeza la reforma pensional, que se ha convertido en la prioridad del Gobierno tras el hundimiento de la reforma a la salud y el estancamiento de la laboral.
El proyecto, que ya superó tres debates, tendrá su prueba final en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde algunas voces de la oposición y la independencia ya anunciaron que pedirán cambios en el texto. Por ejemplo, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, anunció que radicará una proposición para cambiar la entrada en vigencia del proyecto, pasando del 1 de julio de 2025, como propone el gobierno, al 1 de enero de 2027, que según ella es la recomendación de los expertos.
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