Un gobierno retórico
Velasco Ibarra, icónico mandatario ecuatoriano del siglo XX, es recordado por la frase “denme un balcón y seré su presidente”. Confrontado por las encuestas de aceptación del mandato y por la percepción adversa de los resultados electorales locales, Gustavo Petro ha dicho en su cuenta que X que si se lanzara, “volvería a ganar la presidencia”.
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En camino a cumplir la primera mitad de su mandato, esta postura acrítica del ejecutivo frente a su gestión revela un gobierno con la capacidad de hacer grandes anuncios discursivos pero cuya materialización se enfrenta con la realidad.
El tiempo empieza a jugar en contra del gobierno y sus puntos más críticos son:
● la agenda interna, en la que destaca la difícil relación con el legislativo; el deterioro de la seguridad y las dificultades con la paz total, y la falta de proyectos propios de infraestructura;
● la agenda internacional,
● y la inexistencia de una estrategia comunicativa.
Una relación en aprietos
La relación del Ejecutivo con el Legislativo es uno de los elementos clave para pensar las capacidades del gobierno. Aunque el gobierno Petro comenzó con una coalición amplia con capacidad de jalonar sus reformas, en menos de un año perdió sustancialmente el apoyo de los legisladores. Además, ha tenido problemas para asegurar la continuidad o disciplina de su mayor socio: la Alianza Verde.
Pese a que era previsible que algunos partidos no apoyaran las reformas complejas como la laboral y la de la salud debido a los costos políticos y a la magnitud de los cambios propuestos, el Ejecutivo ha sido incapaz de construir consensos. A lo que se suma la inexperiencia de los ministerios en el manejo de las bancadas, aun cuando están representados por figuras que pasaron varios años en el Congreso.
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Adicionalmente, la credibilidad del Ejecutivo ha sido golpeada por el hambre de visibilidad mediática de algunas figuras de la coalición, especialmente del Verde y del Pacto Histórico. De otra parte, la baja competitividad local del Pacto y la reorganización del poder subnacional en manos de las casas políticas tradicionales auguran una disminución de los incentivos para la colaboración.
Sin embargo y por ahora, los partidos tradicionales —incluido el Partido de la U— han sabido aprovechar la figura de la independencia para obtener beneficios por votar en favor del Ejecutivo sin asumir el costo de respaldar el gobierno.
En últimas, los más afectados son los socios de coalición: su oportunidad de promover iniciativas propias es escasa incluso cuando resalten por apoyar u oponerse a las reformas. Una oportunidad que se limita todavía más por la falta de impulso del gobierno y de colaboración de los partidos en independencia u oposición. Un ejemplo es la iniciativa de la legalización de la industria cannábica.
Pocos avances en seguridad
En Colombia el secuestro es un crimen asociado con percepciones pasadas de inseguridad, en especial, con el escenario de conflictividad de la década de 1990.
Pese a la disminución de otros fenómenos delictivos o de victimización de la sociedad civil, el aumento del secuestro —como muestran las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación— impacta fuertemente la percepción social de seguridad.
Un contexto en el que la falta de voluntad de la guerrilla del ELN —uno de los responsables del aumento del delito— de incorporar esta discusión sobre la mesa de negociación puede terminar por agotar la débil legitimidad de la salida negociada entre la ciudadanía. Percepción que afecta los avances reales como los ceses al fuego y pone en riesgo la seguridad e integridad de las organizaciones sociales territoriales que han aceptado participar de los mecanismos participativos de la negociación.
De otra parte, el control territorial y la soberanía efectiva del Estado se han enfrentado a la visible presencia territorial del Estado Mayor Central en algunas subregiones del Cauca, del ELN en el Chocó y las disputas de estas organizaciones contra el ‘Clan del Golfo’.
Acciones que presionan para que se inicien procesos de cese al fuego con estas organizaciones, pues se demandan acciones contundentes de seguridad sin crear victimizaciones de la población civil innecesarias o riesgos a la pervivencia de las mesas de negociación existentes.
Por ahora, el nuevo Alto Comisionado para la Paz podría redireccionar los procesos, eliminar suspicacias de la sociedad y combatir las fuentes de financiación ilegal, especialmente la minería ilícita.
Sin embargo, el margen de maniobra del ejecutivo dependerá de enviar un mensaje más claro sobre las expectativas de los resultados de las mesas a corto plazo. Además, el gobierno deberá llevar a cabo agenda de seguridad más contundente en temas sensibles como el secuestro o la seguridad urbana.
¿Gobierno sin infraestructura?
El cambio en las prioridades de infraestructura es otra de las agendas que no se ha materializado.
El gobierno ha anunciado el interés por reconstruir de la red férrea nacional. Pero la ciudadanía no ve las grandes iniciativas de reconfiguración del sector del transporte en Colombia más allá de las disputas por la definición del modelo de metro de Bogotá.
A pesar de la promesa de mejorar la conectividad entre las regiones del país, la agenda de interconectividad vial o multimodal no ha arrancado; sin grandes licitaciones a la vista sigue en deuda la materialización de estas transformaciones.
Quizá la mayor concentración de actividades del gobierno ha sido el apoyo a las comunidades rurales. Se creó una institucionalidad destinada a la provisión autogestionada de infraestructura para caminos terciarios, lo cual es una gran noticia.
También lo ha sido el aumento de la titulación y la entrega de tierra a las víctimas. Lamentablemente, en un país en donde la ruralidad se encuentra tan distante cultural y geográficamente de los centros poblados, estos cambios siguen pasando desapercibidos o son considerados insuficientes por las mayorías nacionales.
Buscando un lugar en el mundo
A diferencia de la tradición diplomática colombiana, Petro se ha apersonado de la agenda internacional del país. La inserción en la agenda internacional de mitigación y adaptación al cambio climático, la apertura democrática en Venezuela y la búsqueda de la asociación con las naciones del Pacífico son algunos de los nuevos elementos de la agenda internacional de Colombia.
La participación en la definición de una nueva estrategia de prevención de las migraciones y la participación de Colombia en diversas instancias binacionales o multilaterales con gobiernos de corte progresista en la región también se han convertido en los ejes de una nueva agenda gubernamental de relaciones internacionales.
Si bien la conexión entre las posturas ideológicas del gobierno y la agenda internacional son una tradición del Estado colombiano, el hecho de contar con un gobierno con dos líneas ideológicas claras —el progresismo o la nueva izquierda y la prevención del cambio climático— significa un cambio en las dinámicas internacionales de Colombia.
De estas agendas, destacan los intentos por convertir a Colombia en un espacio de debate regional sobre la apertura democrática en Venezuela y/o la prevención y protección de la deforestación de la Amazonía por medio de conferencias internacionales. No obstante, dichos roles aún no se materializan en hechos concretos o significativos más allá de actos políticos.
También destaca la búsqueda de una agenda multipolar estable: las visitas oficiales de la vicepresidencia a diversas naciones e instituciones del continente africano; la visita a China; la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas; la dura postura colombiana frente al conflicto Israel-Palestina; la reactivación de la UNASUR como foro regional, y los acercamientos culturales, económicos y políticos a Venezuela y Cuba son expresiones de la búsqueda de un lugar en la discusión sur- sur.
Estas posiciones deben ser matizadas ante las constantes búsquedas de vínculos con la Unión Europea y con Estados Unidos. Vínculo que no han trascendido hacia agendas disruptivas y horizontales, como lo podrían ser la renegociación de los tratados de libre comercio o la modificación sustancial de los estatus migratorios de las poblaciones radicadas en tales estados.
‘Diplomacia’ a través de X
De otra parte, la personalización ha marcado la agenda internacional debido a que el presidente Petro hace un uso indiscriminado de su cuenta personal de X (antes Twitter). Este es su escenario predilecto para expresar opiniones sobre variados asuntos que en la mayoría de los casos derivan en acciones para el cuerpo diplomático.
El mandatario busca tener un lugar y vocería en la discusión de las agendas progresistas de la región y el mundo, pero el impacto de este tipo de argumentos suele ser incierto en la opinión pública internacional.
Las innecesarias repercusiones, la molestia del gobierno panameño en el marco del diálogo ante la crisis migratoria de la región binacional del Darién o la falta de una estrategia diplomática clara para la condena al Estado de Israel demandan de una clara conexión entre los mensajes personales y la agenda de la Cancillería. De lo contrario, esta institución seguirá condenada a servir de intérprete de las voluntades del mandatario.
Una estrategia comunicativa errada
Gracias a su constancia y contacto directo en las plataformas de microblogging como X y Facebook, Gustavo Petro construyó una impresionante comunidad que funciona como una estructura de difusión mediática débil pero propia. Esta experiencia ha llevado a que el presidente no dé la suficiente importancia a la construcción de un equipo de comunicaciones o, al menos, a definir una estrategia de comunicación clara.
El éxito personal de comunicaciones —funcional para un candidato formado en la necesidad de figuración personalista del Congreso— es impráctico para la complejidad de tareas de la presidencia que representa el Estado y gobierno.
De manera similar a otros mandatarios de izquierda de la región y en un contexto en el que la oposición está desarticulada, la situación empeora cuando los medios suelen ubicarse en una tensa frontera entre el activismo, el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de opinión.
Aunque se han cambiado a algunos responsables de la secretaría de prensa de la presidencia, el tono suele ser reactivo. Incluso en momento en que su funcionamiento interno ha sido cuestionado, como ocurrió con el breve escándalo respecto a la terminación de contratos del equipo de contratistas de la unidad.
Tampoco se observa un trabajo limpio en la comunicación de la agenda presidencial, asunto de constante escrutinio por la prensa y la opinión. La falta de información sobre la agenda permite que las cancelaciones o reprogramaciones alimenten las especulaciones y narrativas que caracterizan al presidente como un mandatario errático, irresponsable o imprevisible.
Narrativas que invisibilizan la conexión del mandatario con las bases sociales afines a su proyecto, especialmente las comunidades rurales. Además, conllevan a que la sociedad civil comprenda de manera superficial, limitada y/o distorsionada la importancia de las intensas agendas internacionales del mandatario.
Una situación parecida ocurre con la vicepresidenta, cuya intensa labor en la región pacífica permanece invisible para el gran público, quien apenas conoce de las acciones de Francia Márquez debido al excesivo cubrimiento sobre sus medios de desplazamiento y ahora sobre su solicitud de un crédito de vivienda. Esa matriz comunicativa busca enmarcar la acción de la dirigente como arribista, derrochadora; centrada en sus necesidades personales y no en el liderazgo colectivo.
A este panorama se suma una doble tensión para el gobierno. Por un lado, la información en los medios —particularmente contenidos virtuales o multimedia— se caracteriza por la espectacularización y no por el análisis. De esta manera, propuestas como la regulación del aumento del impuesto o la eliminación de los decomisos de dosis personales son estigmatizadas de entrada, sin mayor análisis, y enmarcadas como contrarias a la seguridad económica y física de las personas.
En lugar de preparar estrategias pedagógicas que prevengan las lecturas erradas de las medidas, el gobierno responde de manera desordenada y reactiva, principalmente el presidente en su cuenta de X seguido por los responsables de las carteras, quienes difunden mensajes creados por las áreas de comunicación propias de sus instituciones.
Por otra parte, aunque las redes sociales deberían cumplir un rol de espacio público, se han convertido en espacios de circulación intensa de desinformación acerca del gobierno. También han impulsado la creación de complejas e intensas redes de circulación de opiniones opositoras pero lejanas a la discusión democrática.
Frente a esto, las herramientas con las que cuenta el gobierno en el espacio virtual no pasan por una cadena articulada de producción de información pública sino por una pléyade de influenciadores y creadores de contenido cercanos al gobierno, que se convierten en fuentes de información —o de desinformación— para la ciudadanía.
Dadas las dinámicas de cada red social, se corre el riesgo de que el mensaje oficial dependa de personalismos dependientes de las formas de visibilidad de cada red, lo que quita seriedad al mensaje o expone la afinidad de opiniones como actos públicos.
Tiempo para actuar
El gobierno aún tiene la oportunidad de construir un legado efectivo y duradero para la valoración histórica de los cambios aportados por la izquierda al país.
Las ideas del mandatario, expresadas en sus alocuciones o a través de sus redes, muestran a un ejecutivo con el deseo de pasar a la historia gracias a sus acciones, incluso asumiendo costos que otros políticos no estarían dispuestos a asumir. Pero el tiempo apremia y las ideas por ahora poco se cristalizan en transformaciones visibles para las mayorías.
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*Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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