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El presidente Iván Duque le pidió al Congreso que en la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio, saque adelante un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo. Lo dijo este miércoles durante la ceremonia de ascenso del general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía, a quien le impuso el cuarto sol, en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá.
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En ese espacio, y de cara a la Fuerza Pública, Duque expresó que dicho proyecto tendría el objetivo de rechazar la violencia que ha tenido lugar en las protestas, más recientemente en el marco del Paro Nacional y en las últimas manifestaciones que se han dado en la capital. Así las cosas, sería una iniciativa del Gobierno para la que, agregó, espera que se trabaje en conjunto con el legislativo.
En el evento, aseguró que el ejecutivo le exige completamente a la Policía un comportamiento ético, moral, e institucionalidad, cosa que, agregó, también se le debería exigir a la ciudadanía. “Así como se hace esa exigencia a los miembros de la Fuerza Pública y de nuestra Policía, también como sociedad debemos hacer una clara exigencia en que ningún ciudadano tiene el derecho a agredir a la institucionalidad, de agredir a quien protege a la ciudadanía, de agredir a quien defiende los derechos de los ciudadanos”, dijo.
También, manifestó que si bien el país debe rechazar la estigmatización de la protesta, hay que “llamar por su nombre a quien transgrede la ley y a quien atenta contra la ley”. Enfatizó que la protesta debe estar exenta de violencia, vandalismo y bloqueos porque, según el mandatario, la protesta pacífica no debe afectar los derechos colectivos.
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“Por eso, es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”, indicó, siguiendo el discurso oficial que han centrado en afirmar que las acciones violentas son “terrorismo de baja intensidad”.
Duque añadió que los gobernadores y alcaldes también tienen la responsabilidad de hacerle frente a las acciones violentas: “La defensa del orden público es una especie de pirámide institucional, que empieza desde lo local hasta el comandante supremo, pero donde ninguno puede relativizar nuestra competencia y nuestro deber de proteger la vida, honra, derechos y libertades”.