Gobierno propone equiparar armas traumáticas con las de fuego

La jornada de paro dejó escabrosas imágenes de civiles disparándole a manifestantes. Algunos de estos agresores fueron identificados y salieron a justificar su actuar bajo la premisa de que no estaban disparando armas de fuego, sino traumáticas. Por eso, desde el Gobierno, se entró a reglamentar la situación de este tipo de armamento, que no estaba tipificado en la ley.

Para este fin, desde el Ejecutivo se emitirá un decreto que entrará a regularizar este tipo de armas. Como parte de este proceso, el Gobierno, a través de la Consejería para la Seguridad Nacional, envió al Misterio de Defensa la propuesta del decreto para que sea esta cartera la que, finalmente, determine cómo será la regulación para este tipo de armas.

Puede ver: “Las armas traumáticas son armas de fuego”: así sería su regulación en Colombia

Tal como lo anticipó El Espectador, este documento deja ver que la intención de la administración de Iván Duque es equipararlas con la clasificación de armas de fuego, incluso, llega a incluirlas en el apartado de armas para la defensa personal. Debido a esta clasificación, el decreto contempla que se otorgue un periodo de dos meses a sus portadores para que entren a regularizar la situación de este tipo de armas.

Esta regulación va en dos líneas. La más simple es la entrega del arma y sus proveedores y cartucho al comando de brigada más cercano. Por otro lado, el decreto abre la ventana para registrar el arma. En este segundo caso, se pide al dueño del arma traumática que se registre el arma con un procedimiento que comienza con “un formulario de registro de armas”.

Este formulario permite registrar el arma para que entre a aspirar a obtener un permiso para la tenencia o porte. Asimismo, se entrega un certificado descargable para que la tenencia del arma sea legal por un periodo de seis meses mientras está en trámite el permiso definitivo.

“El Ministerio de Defensa establecerá una base de datos, a la cual podrán acceder las autoridades competentes para verificar en todo momento la veracidad del permiso temporal para tenencia”, reza el borrador del decreto, que estipula que el permiso de tenencia del arma se dará en los seis meses siguientes a la fecha en la que se presentó la solicitud de regularización de la tenencia del arma.

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Por otro lado, el permiso de porte se resolverá en el año siguiente a la solicitud. Sin embargo, vale señalar que actualmente el porte de armas en el país está prohibido por orden presidencial y las únicas excepciones son las empresas de vigilancia, esquemas de seguridad del sector público y los ciudadanos que demuestren que el porte de un arma es la única forma de preservar su seguridad.

El borrador presentado por el Ejecutivo ya ha tenido sus primeros detractores, entre los que está el representante de la bancada de Gobierno Christian Garcés, que radicó este semestre un proyecto para flexibilizar las prohibiciones para el porte de armas de fuego. “No contento con prohibir el porte legal de fuego, el Consejero Rafael Guarín busca restringir las traumáticas. Presidente, ¿queremos una ciudadanía indefensa ante los violentos? La realidad del país requiere reglamentación, no prohibición”, expresó Garcés.

La jornada de paro dejó escabrosas imágenes de civiles disparándole a manifestantes. Algunos de estos agresores fueron identificados y salieron a justificar su actuar bajo la premisa de que no estaban disparando armas de fuego, sino traumáticas. Por eso, desde el Gobierno, se entró a reglamentar la situación de este tipo de armamento, que no estaba tipificado en la ley.

Para este fin, desde el Ejecutivo se emitirá un decreto que entrará a regularizar este tipo de armas. Como parte de este proceso, el Gobierno, a través de la Consejería para la Seguridad Nacional, envió al Misterio de Defensa la propuesta del decreto para que sea esta cartera la que, finalmente, determine cómo será la regulación para este tipo de armas.

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Tal como lo anticipó El Espectador, este documento deja ver que la intención de la administración de Iván Duque es equipararlas con la clasificación de armas de fuego, incluso, llega a incluirlas en el apartado de armas para la defensa personal. Debido a esta clasificación, el decreto contempla que se otorgue un periodo de dos meses a sus portadores para que entren a regularizar la situación de este tipo de armas.

Esta regulación va en dos líneas. La más simple es la entrega del arma y sus proveedores y cartucho al comando de brigada más cercano. Por otro lado, el decreto abre la ventana para registrar el arma. En este segundo caso, se pide al dueño del arma traumática que se registre el arma con un procedimiento que comienza con “un formulario de registro de armas”.

Este formulario permite registrar el arma para que entre a aspirar a obtener un permiso para la tenencia o porte. Asimismo, se entrega un certificado descargable para que la tenencia del arma sea legal por un periodo de seis meses mientras está en trámite el permiso definitivo.

“El Ministerio de Defensa establecerá una base de datos, a la cual podrán acceder las autoridades competentes para verificar en todo momento la veracidad del permiso temporal para tenencia”, reza el borrador del decreto, que estipula que el permiso de tenencia del arma se dará en los seis meses siguientes a la fecha en la que se presentó la solicitud de regularización de la tenencia del arma.

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Por otro lado, el permiso de porte se resolverá en el año siguiente a la solicitud. Sin embargo, vale señalar que actualmente el porte de armas en el país está prohibido por orden presidencial y las únicas excepciones son las empresas de vigilancia, esquemas de seguridad del sector público y los ciudadanos que demuestren que el porte de un arma es la única forma de preservar su seguridad.

El borrador presentado por el Ejecutivo ya ha tenido sus primeros detractores, entre los que está el representante de la bancada de Gobierno Christian Garcés, que radicó este semestre un proyecto para flexibilizar las prohibiciones para el porte de armas de fuego. “No contento con prohibir el porte legal de fuego, el Consejero Rafael Guarín busca restringir las traumáticas. Presidente, ¿queremos una ciudadanía indefensa ante los violentos? La realidad del país requiere reglamentación, no prohibición”, expresó Garcés.