Gobierno prorrogó por un año la situación de desastre en San Andrés y Providencia

El Gobierno nacional expidió esta semana un decreto con el que prorrogó la situación de desastre en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, que fue declarada hace un año luego un recorrido que hizo el presidente Iván Duque a Providencia, en el que constató que hubo afectaciones en más del 95 % de la isla y que el paso del huracán Iota había dejado graves daños en los servicios básicos y la infraestructura de unas 2.000 viviendas. Asimismo, los vientos de hasta 259 km/h derivaron en afectaciones a la infraestructura hospitalaria, educativa, de comercio y otros daños ambientales, que llevaron al Gobierno a declarar la situación de desastre en la isla.

Además de prorrogar esa situación de desastre por el término de doce meses, el Gobierno decretó la continuación del Plan de Acción Específico descrito en el decreto de hace un año, pero con la posibilidad de ajustarse según las necesidades y situaciones que se presenten durante su ejecución. Según ese Plan de Acción Especifico, está en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las gobernación de San Andrés y Providencia y la alcaldía de San Andrés elaborar el programa para rehabilitar y reconstruir las áreas afectadas.

Entre los lineamientos para el manejo de la situación de desastre el decreto indica la asistencia humanitaria a las familias afectadas, mediante alimentación, elementos de dormitorio, aseo y cocina, no solo mientras dura la emergencia sino también un tiempo adicional necesario en el proceso de recuperación.

Además de eso ordena otros temas como la administración de albergues y/o subsidios de arrendamiento temporal, para las familias que evacuaron sus viviendas; agua potable y saneamiento básico; salud integral, control y vigilancia epidemiológica; recuperación y/o construcción de viviendas damnificadas; reactivación económica y social de la zona; ordenamiento territorial; alertas tempranas; obras de emergencias, de prevención y mitigación en la zona, y la continuidad de la prestación de los servicios públicos y de telecomunicaciones.

La prórroga de la situación de desastre se da en medio de las denuncias sobre retrasos en la reconstrucción de la isla. Esta semana, la Corporación Transparencia por Colombia evidenció varias irregularidades en ese proceso, como falta de información pública y pocos espacios de diálogos con la comunidad, además de evidentes demoras que se han presentado por parte de las instituciones que le hacen seguimiento a esta situación.

Por esa razón, Transparencia por Colombia solicitó información a los entes encargados de la reconstrucción y en una visita en la primera semana de noviembre buscó corroborar los datos recopilados, para así identificar los riesgos de corrupción asociados al proceso de reconstrucción y fortalecer los ejercicios de control social de la población isleña, especialmente la comunidad raizal.

A eso se suman los reclamos de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia, que junto a organizaciones internacionales exigieron respuestas y acciones para solventar los retrasos de las obras con las que se había comprometido el gobierno. De acuerdo con la organización Raizal Diáspora, la devastación por el paso del huracán Iota se ve todavía en muchas familias, “ya que sus hogares y el hospital no han sido reconstruidos incluso después que el gobierno prometiera hacerlo en 100 días”.

Según denunciaron las comunidades, las respuestas de la institucionalidad no solucionan las necesidades estructurales que enfrentan San Andrés y Providencia desde hace años, mientras que Transparencia por Colombia evidenció que, de 50 entidades comprometidas con la reconstrucción de la isla a las que le solicitó información, por medio de derechos de petición, solo 30 respondieron.

Asimismo, según la corporación, de las 369 acciones que contiene Plan de Acción Específico que prorrogó el Gobierno, apenas hay información de 215, es decir del 58 % de todos los compromisos asumidos. “Esta situación no permite tener un balance real del avance en la reconstrucción”, concluyó Transparencia por Colombia.

El Gobierno nacional expidió esta semana un decreto con el que prorrogó la situación de desastre en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, que fue declarada hace un año luego un recorrido que hizo el presidente Iván Duque a Providencia, en el que constató que hubo afectaciones en más del 95 % de la isla y que el paso del huracán Iota había dejado graves daños en los servicios básicos y la infraestructura de unas 2.000 viviendas. Asimismo, los vientos de hasta 259 km/h derivaron en afectaciones a la infraestructura hospitalaria, educativa, de comercio y otros daños ambientales, que llevaron al Gobierno a declarar la situación de desastre en la isla.

Además de prorrogar esa situación de desastre por el término de doce meses, el Gobierno decretó la continuación del Plan de Acción Específico descrito en el decreto de hace un año, pero con la posibilidad de ajustarse según las necesidades y situaciones que se presenten durante su ejecución. Según ese Plan de Acción Especifico, está en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las gobernación de San Andrés y Providencia y la alcaldía de San Andrés elaborar el programa para rehabilitar y reconstruir las áreas afectadas.

Entre los lineamientos para el manejo de la situación de desastre el decreto indica la asistencia humanitaria a las familias afectadas, mediante alimentación, elementos de dormitorio, aseo y cocina, no solo mientras dura la emergencia sino también un tiempo adicional necesario en el proceso de recuperación.

Además de eso ordena otros temas como la administración de albergues y/o subsidios de arrendamiento temporal, para las familias que evacuaron sus viviendas; agua potable y saneamiento básico; salud integral, control y vigilancia epidemiológica; recuperación y/o construcción de viviendas damnificadas; reactivación económica y social de la zona; ordenamiento territorial; alertas tempranas; obras de emergencias, de prevención y mitigación en la zona, y la continuidad de la prestación de los servicios públicos y de telecomunicaciones.

La prórroga de la situación de desastre se da en medio de las denuncias sobre retrasos en la reconstrucción de la isla. Esta semana, la Corporación Transparencia por Colombia evidenció varias irregularidades en ese proceso, como falta de información pública y pocos espacios de diálogos con la comunidad, además de evidentes demoras que se han presentado por parte de las instituciones que le hacen seguimiento a esta situación.

Por esa razón, Transparencia por Colombia solicitó información a los entes encargados de la reconstrucción y en una visita en la primera semana de noviembre buscó corroborar los datos recopilados, para así identificar los riesgos de corrupción asociados al proceso de reconstrucción y fortalecer los ejercicios de control social de la población isleña, especialmente la comunidad raizal.

A eso se suman los reclamos de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia, que junto a organizaciones internacionales exigieron respuestas y acciones para solventar los retrasos de las obras con las que se había comprometido el gobierno. De acuerdo con la organización Raizal Diáspora, la devastación por el paso del huracán Iota se ve todavía en muchas familias, “ya que sus hogares y el hospital no han sido reconstruidos incluso después que el gobierno prometiera hacerlo en 100 días”.

Según denunciaron las comunidades, las respuestas de la institucionalidad no solucionan las necesidades estructurales que enfrentan San Andrés y Providencia desde hace años, mientras que Transparencia por Colombia evidenció que, de 50 entidades comprometidas con la reconstrucción de la isla a las que le solicitó información, por medio de derechos de petición, solo 30 respondieron.

Asimismo, según la corporación, de las 369 acciones que contiene Plan de Acción Específico que prorrogó el Gobierno, apenas hay información de 215, es decir del 58 % de todos los compromisos asumidos. “Esta situación no permite tener un balance real del avance en la reconstrucción”, concluyó Transparencia por Colombia.