Gobierno radica reforma al Código Penal en el Congreso

El gobierno de Gustavo Petro le madrugó al trámite de sus reformas. Aunque oficialmente las sesiones comienzan a finales de marzo, se espera que este lunes anuncie sesiones extraordinarias desde este martes, 7 de febrero. Como parte de este inicio temprano, el gobierno radicó esta mañana la reforma a la justicia.

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Con la presencia del ministro Néstor Osuna, de Justicia, el ministro Alfonso Prada, del interior, y varios congresistas del Pacto Histórico se radicó en la Cámara el articulado que busca cambiar varios puntos del código penal y racionalizar varios temas que actualmente son considerados delitos y cuya aplicación tiene saturado el sistema penitenciario.

En total, son 41 páginas y más de 83 artículos. Buena parte del articulado está centrado en simplificar el código penal. Desde el Ministerio de Justicia se ha hecho énfasis en que no se aumentarán de ninguna los beneficios penales, sino que se quitarán del cuerpo de delitos varias conductas que tienen saturado al sistema judicial, específicamente el penal, y que pueden ser abordados por otras áreas.

Entre los puntos que eliminaría la reforma están los delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos. También se modificaría los relacionados con la injuria y la calumnia. En este mismo camino se establecería una aclaración en la que se establece que de ninguna manera las conductas que se hagan en medio del marco de la protesta social pueden ser consideradas como “concierto para delinquir”.

En el conjunto de delitos que se derogarían también está la inasistencia alimentaria, pues, a consideración del Ministerio, hay una saturación de noticias criminales en este apartado, y se desatienden conductas más graves. Además, señala que este tipo de delitos no permite que se repare a la víctima, porque igual se mantiene el problema de que no tiene forma de que le otorgue la alimentación.

En este mismo sentido se elimina algunos de los artículos que fueron incluidos tras la reforma constitucional para establecer la cadena perpetua. El Ministerio argumentó que dicho cambio es necesario dado que la Corte Constitucional declaró inexequible este tipo de pena, por lo que sus artículos relacionado no serían necesarios.

El proyecto de gobierno también deroga el delito de incesto, pues desde el Ministerio se considera que ya existen delitos que castigan el acceso carnal abusivo en menores de edad y en mayores, por lo que no es necesario castigar una conducta que ya no tiene que ver con la ausencia de consentimiento, sino que se relaciona con una tema “mal visto por la sociedad”.

En el articulado presentado por la cartera de Osuna se incluyó la eliminación del delito que castiga la alteración del estado civil. De acuerdo con la cartera, esta conducta ya se encuentra penada por el tipo de falsedad en documento público y el delito que persigue no tendría lógica, pues incluso esta conducta sirve para el reconocimiento de menores de edad por parte de lo que se denomina “padre complaciente”.

Además de las múltiples conductas que el articulado elimina como delitos, la iniciativa radicada este lunes pretende hacer ajustes al régimen de beneficios administrativos. Según el Ministerio, estas reformas apuntan a encontrar estrategias que estén “encaminadas a brindar garantías a las personas privadas de la libertad”. Esto se haría con la intención de garantizar un reintegro a la sociedad.

El gobierno de Gustavo Petro le madrugó al trámite de sus reformas. Aunque oficialmente las sesiones comienzan a finales de marzo, se espera que este lunes anuncie sesiones extraordinarias desde este martes, 7 de febrero. Como parte de este inicio temprano, el gobierno radicó esta mañana la reforma a la justicia.

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Con la presencia del ministro Néstor Osuna, de Justicia, el ministro Alfonso Prada, del interior, y varios congresistas del Pacto Histórico se radicó en la Cámara el articulado que busca cambiar varios puntos del código penal y racionalizar varios temas que actualmente son considerados delitos y cuya aplicación tiene saturado el sistema penitenciario.

En total, son 41 páginas y más de 83 artículos. Buena parte del articulado está centrado en simplificar el código penal. Desde el Ministerio de Justicia se ha hecho énfasis en que no se aumentarán de ninguna los beneficios penales, sino que se quitarán del cuerpo de delitos varias conductas que tienen saturado al sistema judicial, específicamente el penal, y que pueden ser abordados por otras áreas.

Entre los puntos que eliminaría la reforma están los delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos. También se modificaría los relacionados con la injuria y la calumnia. En este mismo camino se establecería una aclaración en la que se establece que de ninguna manera las conductas que se hagan en medio del marco de la protesta social pueden ser consideradas como “concierto para delinquir”.

En el conjunto de delitos que se derogarían también está la inasistencia alimentaria, pues, a consideración del Ministerio, hay una saturación de noticias criminales en este apartado, y se desatienden conductas más graves. Además, señala que este tipo de delitos no permite que se repare a la víctima, porque igual se mantiene el problema de que no tiene forma de que le otorgue la alimentación.

En este mismo sentido se elimina algunos de los artículos que fueron incluidos tras la reforma constitucional para establecer la cadena perpetua. El Ministerio argumentó que dicho cambio es necesario dado que la Corte Constitucional declaró inexequible este tipo de pena, por lo que sus artículos relacionado no serían necesarios.

El proyecto de gobierno también deroga el delito de incesto, pues desde el Ministerio se considera que ya existen delitos que castigan el acceso carnal abusivo en menores de edad y en mayores, por lo que no es necesario castigar una conducta que ya no tiene que ver con la ausencia de consentimiento, sino que se relaciona con una tema “mal visto por la sociedad”.

En el articulado presentado por la cartera de Osuna se incluyó la eliminación del delito que castiga la alteración del estado civil. De acuerdo con la cartera, esta conducta ya se encuentra penada por el tipo de falsedad en documento público y el delito que persigue no tendría lógica, pues incluso esta conducta sirve para el reconocimiento de menores de edad por parte de lo que se denomina “padre complaciente”.

Además de las múltiples conductas que el articulado elimina como delitos, la iniciativa radicada este lunes pretende hacer ajustes al régimen de beneficios administrativos. Según el Ministerio, estas reformas apuntan a encontrar estrategias que estén “encaminadas a brindar garantías a las personas privadas de la libertad”. Esto se haría con la intención de garantizar un reintegro a la sociedad.