Gobierno radicó proyecto de ley de sometimiento a la justicia

"La ficha que le faltaba a la paz total", así se refirió a este proyecto el presidente de la Cámara, David Racero.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A poco más de tres meses de que el presidente Petro hubiese sancionado la ley de “paz total” o ley Ley 2272 de 2022 -que dio los mecanismos para entablar conversaciones con grupos armados- el Gobierno Nacional dio otro paso este miércoles 15 de marzo. Fue presentado en el Congreso el proyecto de ley que establece los mecanismos para la sujeción a la justicia de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, es decir, grupos de que no poseen carácter político.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, este proyecto “tiene como finalidad contribuir a la paz total. Tenemos una oferta generosa a esas estructuras criminales de alto impacto que se entreguen, confiesen sus delitos, entreguen sus bienes, información, sus patrones criminales y además, reparen a las víctimas”. Esas sería las condiciones del Gobierno para abrir la concertación.

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Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que “no se trata de una negociación de paz porque estamos ante organizaciones que se mueven en la economía ilegal. El Gobierno no está abriendo diálogos con el narcotráfico. Aquí simplemente hay una ley para definir las condiciones para negociar un procedimiento de tipo penal, que terminará con las decisiones de los jueces”.

Ahora que se ha radicado el proyecto de ley, los mecanismos para negociar con grupos criminales quedarán a disposición del poder legislativo. La iniciativa se tramitará por las comisiones primeras y el presidente del Congreso, Roy Barreras, ya anunció que se tramitará con mensaje de urgencia “para que la incertidumbre sea menor”, dijo. Esa intención también tendrá que radicarla el Gobierno ante la Secretaría General del Senado.

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El proyecto de ley consta de siete capítulos, que establecen el tratamiento penal que se aplicará a las estructuras que cumplan las condiciones. Consiste en penas sustitutivas con dos componentes: uno, de privación de la libertad en establecimiento carcelario (de 6 a 8 años, según el grado de responsabilidad individual) y, otro, un componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo de 4 años, así como las condiciones para que puedan acceder a él y mantenerlo.

Así las cosas, de conseguir su aprobación, esta ley le permitiría al Gobierno negociar la desestructuración a cambio de beneficios judiciales con grupos como el Clan del Golfo o las disidencias del EPL, conocidas como Los Pelusos. Mientras tanto, en negociaciones de paz estarían exclusivamente el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con quien ya se avanza en la mesa de diálogo, y las disidencias de las Farc.

“Con la colaboración de la Fiscalía, ya les dimos la noticia de que se van suspender las capturas de las disidencias de las Farc para empezar la mesa de diálogo. Son esas dos las que tienen carácter político”, señaló el ministro Prada.

El desmantelamiento propuesto por el Gobierno prevé que cuando el grupo decida acogerse al mecanismo, se suspenderá y posteriormente se renunciará a la persecución penal, una vez cumplido el período de prueba de 4 años, en el que “se debe participar de programas de justicia restaurativa y de reintegración efectiva”.

Al principio de oportunidad no podrán acceder los jefes de la estructura ni quienes tratándose del delito de concierto para delinquir agravado hayan participado en hechos graves sobre los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

En la elaboración de la iniciativa participaron el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el senador Iván Cepeda; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exvicefiscal Jorge Perdomo y los congresistas Roy Barreras, Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Ariel Ávila (Alianza Verde). Se presume que estos dos últimos sean ponentes y estén a cargo del debate, así como también lo hicieron en el caso de la ley de “paz total”.

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