Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
No fueron pocas las voces que pidieron tramitar el nuevo Código Electoral con calma, sin el mensaje de urgencia que emitió el Gobierno hace un par de semanas que reduce los tiempos de discusión en el Congreso. A pesar de ser una de las prioridades del Gobierno, sobre el proyecto hubo varias críticas no solo por parte de congresistas de diferentes tendencias políticas, sino desde diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Y es que abreviar la discusión de un proyecto de 374 artículos, del que además solo hasta este jueves se radicó la ponencia, no era una opción para varios congresistas que pidieron bajarle la velocidad a la discusión y tomarse el tiempo necesario para tramitar una iniciativa que pretende reformar las reglas de juego de las elecciones y además todo lo relacionado con el registro civil.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Tras el aluvión de críticas, este jueves el ministro del Interior, Alfonso Prada, acogió la sugerencia de retirar el mensaje de urgencia y emitió una carta a Roy Barreras y David Racero, presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, así como al senador Fabio Raúl Amín y el representante Juan Carlos Wills, presidentes de las comisiones primeras en donde se daría la primera discusión del proyecto.
En la carta, Prada solicita el retiro de mensaje de urgencia “teniendo en cuenta la solicitud de varias agrupaciones políticas sobre la necesidad de generar mayor debate en cada una de las etapas del trámite legislativo de este proyecto de Ley”. Según expuso el también portavoz del Gobierno Petro, para sacar adelante esta iniciativa es necesario “generar mayores consensos para obtener un nuevo Código Electoral que modernice nuestras actuales normas electorales”.
>LEA: Reforma al código electoral: ¿un nuevo reto a la unidad de la bancada de gobierno?
Una vez radicó la solicitud de levantamiento del mensaje de urgencia, Prada compareció ante los periodistas que estaban en Capitolio y dijo que tal como lo mencionó el miércoles durante la discusión de reforma política, que superó su tercer debate, le parecen “razonables” los reparos y argumentos que han hecho al proyecto.
“Creemos que bien vale la pena escuchar a la sociedad porque en las audiencias públicas, y en general a través de los medios de comunicación, se han presentado observaciones que ameritan que revisemos”, señaló Prada en referencia al proyecto que no descartó que pueda dividirse en dos proyectos, por un lado todo lo relacionado con el registro civil y la autenticación, y por otro el tema de las reglas electorales.
>LEA: Controversia entre alternativos y oficialismo por afán de aprobar Código Electoral
Sobre los aspectos álgidos del proyecto, Prada se comprometió a revisar algunos como las garantías electorales y los software que se utilizan en las elecciones, que no son de propiedad del Estado y fueron muy cuestionados en los comicios de este año. “Vale la pena dejarlo muy bien redactados”, sostuvo el ministro sobre ambos temas.
Pero, ¿qué efectos prácticos tiene que ya no se discuta con mensaje de urgencia? La respuesta corta es que el proyecto difícilmente aplicará para las elecciones de 2023. Y la explicación un poco más detallada es que solo un milagro hará que el proyecto se apruebe en este periodo legislativo, pues quedan tres semanas de sesiones ordinarias y ya no habrá el trámite exprés al que se procede con el mensaje de urgencia.
>LEA: Congresistas del Pacto Histórico piden “repensar” reforma al Código Electoral
Ahora deberá iniciar la gestión regular, que es la discusión en Comisión Primera de Senado (donde originalmente fue radicado), luego en plenaria de esa corporación, para finalmente ser estudiado en la comisión y plenaria de la Cámara. Prada explicó que “todo depende de la celeridad con la que trabaje el Congreso, pero las condiciones temporales no dan”. Y añadió el ministro que si bien en esta legislatura se podría llegar a dar el primer paso, “el grueso del debate se dará a partir de marzo”.
Las críticas al Código Electoral
O se retiraba el mensaje de urgencia o el proyecto se hundía. Eso al menos eso es lo que se escucha en los pasillos del Congreso, donde se menciona que hay mucha inconformidad con el súbito aumento del articulado de la iniciativa, de 100 artículos a casi 400. De hecho, las desavenencias del Pacto Histórico con el proyecto radicarían en que el registrador Alexánder Vega estaba solicitando apoyos al proyecto, pero no estaba teniendo en cuenta a los congresistas del partido de gobierno.
Eso explicaría la carta que se conoció esta semana, en la que algunos congresistas del Pacto Histórico advirtieron que el proyecto no corresponde a lo que se prometió durante campaña. Mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los congresistas manifestaron que las apuestas de cambio en materia política y electoral que se consignaron en el programa de gobierno “no encuentran salidas” en la iniciativa para actualizar el Código Electoral y le pidieron al Gobierno “repensar” la reforma, retomando la esencia de lo que se expuso en la carrera hacia la Casa de Nariño.
A ese, quizás el revés más importante del proyecto, se suman otros como el que planteó el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, quien durante una audiencia pública sobre el Código Electoral denunció que parte del Congreso está ejerciendo una serie de presiones para nombrar allegados en cargos en la Registraduría a cambio de aprobar la iniciativa.
Según Córdoba, detrás de la reforma hay “una oferta de ampliar de cargos muy jugosos y apetitosos” para “aceitar el trámite en el Congreso”, e incluso expuso un listado de más de 100 cargos en la Registraduría que se han nombrado “gracias a la recomendación o a la cercanía de un parlamentario”.
Y durante la discusión de la reforma política, el miércoles, el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal) criticó que hasta ese momento no se conociera la ponencia de un proyecto que se pretendía discutir esta misma semana. El congresista liberal criticó la discusión en sesiones conjuntas que se derivaba del mensaje de urgencia y aseguró que “no es serio” debatir un proyecto de esta magnitud.
Por su parte la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) criticó que el proyecto es muy similar al que se aprobó en diciembre de 2020, pero que luego hundió la Corte Constitucional que al revisarlo encontró vicios en el trámite.
Juvinao, quien anticipó que “es probable que la Corte Constitucional lo vuelva a tumbar, porque es una ley estatutaria que necesita un debate plural, amplio, profundo y suficiente”, coincidió con Losada en la cantidad de artículos que no podrían estudiar en tan poco tiempo y lanzó quizás la acusación más dura respecto a este proyecto, al cuestionar si el Gobierno “le está haciendo un favor” al registrador Alexander Vega “para pagarle el favor de las elecciones”.
“¿Por qué el mensaje de urgencia si ha reconocido que el Gobierno no tiene ningún afán? Levántenselo y permitan que el Congreso debata esto como tiene que ser”, le dijo Juvinao al ministro Prada, lo que generó indignación entre el Pacto Histórico y fue aprovechado por la oposición para insistir en que hubo irregularidades durante los procesos electorales de este año.
Otros congresistas como Humberto de la Calle (Centro Esperanza) calificaron como un “error del Gobierno” que se esté intentando aprobar “a la fuerza” el Código Electoral a menos de un año de las elecciones locales, en lo que han coincidido desde la Misión de Observación Electoral (MOE), que pidió no realizar modificaciones durante este año al Código Electoral, por lo que le solicitaron al legislativo que no se aprueben reformas al sistema político-electoral, sino que se ratifiquen hasta después de las elecciones.
Lo mismo expresó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, quien destacó que si bien el Código Electoral “es una oportunidad para asegurar mayor deliberación en la legislación de la función electoral, tal como lo ha pedido la Corte Constitucional”, también solicitó “tramitar sin afán este proyecto” para que así se den las “plenas garantías del derecho fundamental de la democracia, la transparencia y del principio democrático”.