“Gobierno se opone a derogar decreto que amplía respuesta de derechos de petición”: Goebertus

“Es muy preocupante”. Así calificó Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, al riesgo de que no prospere el proyecto que busca derogar dos artículo (el cinco y el seis) del decreto 491 de 2020 con el que se amplió el tiempo para que las entidades estatales respondan los derechos de petición durante la pandemia. Según la congresista, el Gobierno se opone a la iniciativa de su autoría y esto pondría a tambalear su trámite en el legislativo. Está ad portas de su segundo debate en la plenaria de la Cámara.

“El Gobierno nos ha anunciado que se va a oponer a nuestro proyecto de ley que deroga dos artículos del decreto ley, a través del cual hace más de un año el Ejecutivo prorrogó por el doble del tiempo ordinario la respuesta de los derechos de petición”, manifestó Goebertus. La propuesta resalta que antes de la crisis por el coronavirus, el Estado tenía 15 días para responder peticiones, 10 días para la solicitud de documentos e información y hasta 30 días para que las autoridades contestaran consultas sobre materias a su cargo. Pero, con el decreto 491, estos tiempos se ampliaron a 30 días para replicar peticiones generales, 20 días para documentación y hasta 35 días, a partir del día de recepción de la petición, para que las autoridades resuelvan consultas sobre sus materias.

Al respecto, Goebertus aseguró que la medida tuvo sentido al principio de la pandemia. Según las justificación del proyecto, “la ampliación de los términos de los que hablan los artículos 5 y 6 del decreto obedece a que tanto las entidades públicas, como las privadas pudieran adecuarse a los retos logísticos y técnicos que implica la implementación del paradigma virtual para la efectiva comunicación con los ciudadanos”. Sin embargo, expone el documento, dichos artículos resultan “desproporcionados” porque ya hubo “tiempo suficiente para la adecuación de las entidades a la virtualidad”.

“Asimismo, resultan ser perjudiciales al hacer la comunicación entre los ciudadanos y las entidades públicas y privadas más lenta e ineficaz. El artículo 5 Decreto Legislativo 491 de 2020 que extiende los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones (fijados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011) se adoptó bajo la consideración de que los términos establecidos en el precitado artículo resultaban insuficientes dadas las medidas de aislamiento social tomadas por el Gobierno durante la emergencia y las insuficientes capacidades técnicas y logísticas de las entidades para garantizar a los ciudadanos una respuesta efectiva mediante el trabajo en casa de sus funcionarios”, se lee en el proyecto de ley.

En ese sentido, la representante manifestó que la medida actualmente “restringe significativamente el acceso a la información pública, vulnera las veedurías ciudadanas, el periodismo investigativo, la posibilidad de hacer un control político serio desde el Congreso”, dijo. Además, si bien su primer debate no tuvo votos en contra (se aprobó de forma unánime), en esta ocasión reposa en la secretaría de la Cámara una proposición de aplazamiento de su discusión en segundo debate, de autoría del representante uribista Gabriel Jaime Vallejo. “Se hace necesario escuchar al Gobierno Nacional y adicionalmente es importante tener presente que actualmente nos encontramos en el tercer pico de la pandemia causada por el COVID-19″, justificó Vallejo.

Por ello, Goebertus reiteró que le asombró el cambio de posición del Gobierno y su partido :” Nos tomó por sorpresa que el Gobierno se vaya a oponer a un proyecto que busca garantizar que la pandemia no afecte nuestra democracia como tristemente lo ha venido haciendo en varios países alrededor del mundo”, expuso.

“Es muy preocupante”. Así calificó Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, al riesgo de que no prospere el proyecto que busca derogar dos artículo (el cinco y el seis) del decreto 491 de 2020 con el que se amplió el tiempo para que las entidades estatales respondan los derechos de petición durante la pandemia. Según la congresista, el Gobierno se opone a la iniciativa de su autoría y esto pondría a tambalear su trámite en el legislativo. Está ad portas de su segundo debate en la plenaria de la Cámara.

“El Gobierno nos ha anunciado que se va a oponer a nuestro proyecto de ley que deroga dos artículos del decreto ley, a través del cual hace más de un año el Ejecutivo prorrogó por el doble del tiempo ordinario la respuesta de los derechos de petición”, manifestó Goebertus. La propuesta resalta que antes de la crisis por el coronavirus, el Estado tenía 15 días para responder peticiones, 10 días para la solicitud de documentos e información y hasta 30 días para que las autoridades contestaran consultas sobre materias a su cargo. Pero, con el decreto 491, estos tiempos se ampliaron a 30 días para replicar peticiones generales, 20 días para documentación y hasta 35 días, a partir del día de recepción de la petición, para que las autoridades resuelvan consultas sobre sus materias.

Al respecto, Goebertus aseguró que la medida tuvo sentido al principio de la pandemia. Según las justificación del proyecto, “la ampliación de los términos de los que hablan los artículos 5 y 6 del decreto obedece a que tanto las entidades públicas, como las privadas pudieran adecuarse a los retos logísticos y técnicos que implica la implementación del paradigma virtual para la efectiva comunicación con los ciudadanos”. Sin embargo, expone el documento, dichos artículos resultan “desproporcionados” porque ya hubo “tiempo suficiente para la adecuación de las entidades a la virtualidad”.

“Asimismo, resultan ser perjudiciales al hacer la comunicación entre los ciudadanos y las entidades públicas y privadas más lenta e ineficaz. El artículo 5 Decreto Legislativo 491 de 2020 que extiende los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones (fijados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011) se adoptó bajo la consideración de que los términos establecidos en el precitado artículo resultaban insuficientes dadas las medidas de aislamiento social tomadas por el Gobierno durante la emergencia y las insuficientes capacidades técnicas y logísticas de las entidades para garantizar a los ciudadanos una respuesta efectiva mediante el trabajo en casa de sus funcionarios”, se lee en el proyecto de ley.

En ese sentido, la representante manifestó que la medida actualmente “restringe significativamente el acceso a la información pública, vulnera las veedurías ciudadanas, el periodismo investigativo, la posibilidad de hacer un control político serio desde el Congreso”, dijo. Además, si bien su primer debate no tuvo votos en contra (se aprobó de forma unánime), en esta ocasión reposa en la secretaría de la Cámara una proposición de aplazamiento de su discusión en segundo debate, de autoría del representante uribista Gabriel Jaime Vallejo. “Se hace necesario escuchar al Gobierno Nacional y adicionalmente es importante tener presente que actualmente nos encontramos en el tercer pico de la pandemia causada por el COVID-19″, justificó Vallejo.

Por ello, Goebertus reiteró que le asombró el cambio de posición del Gobierno y su partido :” Nos tomó por sorpresa que el Gobierno se vaya a oponer a un proyecto que busca garantizar que la pandemia no afecte nuestra democracia como tristemente lo ha venido haciendo en varios países alrededor del mundo”, expuso.