Gobierno se opone de manera conjunta a informe sobre el 9S
En diferentes espacios, el Ejecutivo descalificó el informe en el que queda mal parada la Policía en su acción durante la movilización social. El argumento principal es que uno de los líderes del informe es el exdefensor Carlos Negret, ahora candidato al Senado.
El informe encargado de forma independiente por la alcaldía de Bogotá sobre el 9 de septiembre de 2020 no cayó bien en el gobierno nacional. La Policía queda mal parada y hasta hay señalamientos directos de que cometió una “masacre” en su respuesta en contra de las protestas. Por eso, tres miembros diferentes del Ejecutivo salieron este martes a presentar sus objeciones al informe.
Uno de los primeros en hacerlo fue Diego Molano, ministro de Defensa, cartera en la que está afiliada la Policía. En entrevista con Blu Radio, Molano reconoció que es importante saber lo que pasó en las jornadas de protestas tras la muerte de Javier Ordóñez, pero de inmediato rechazó las conclusiones del informe. “El 9 de septiembre la ciudad estuvo bajo ataque. No se puede decir que hubo una masacre de la Policía. Eso es inaceptable”, dijo Molano.
Para el responsable de la cartera de la Defensa, el informe sobrepasa sus competencias y comienza a invadir el campo de acción de la rama judicial. “Corresponde a las autoridades judiciales otro proceso para señalar los responsables. Es inaceptable que se califique como una masacre de la Policía . Los policías tienen derecho al debido proceso”, expresó uno de los cercanos del presidente Iván Duque, al mismo tiempo que expresó que muchas de las conclusiones del informe realmente le correspondían a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Puede leer: “Fue una masacre policial”: relatoría sobre las protestas del 9-S de 2020
Otro de los que se pronunció fue el ministro del Interior, Daniel Palacios. Curiosamente, varias de las propuestas de reforma de la Policía incluyen que esta pase a depender de la cartera que lidera Palacios. En una entrevista con Semana TV, el ministro del Interior descalificó el informe por múltiples razones, pero sobre todo, porque Carlos Alfonso Negret fue uno de los que lideró la investigación.
El Gobierno usó como caballito de batalla que este fue anunciado como candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo de forma simultánea a la presentación del informe. Precisamente Negret no pudo asistir al evento político debido a que se encontraba en la entrega del informe junto con la alcaldesa Claudia López.
“Más allá de las capacidades, creería que no es apropiado salir con un informe que quiere hablar de independencia el mismo día que se anuncia la candidatura. Uno no puede llenar un documento de total independencia cuando existe una motivación política de alguien que está aspirando y que hará parte de su campaña”, dijo Palacios, que repitió de forma vehemente que estaba seguro que Negret usaría el texto como parte de su estrategia electoral.
Lea también: ¿En qué van las investigaciones judiciales por el 9-S en Bogotá y Soacha?
A renglón seguido, Palacios señaló que el informe tenía la misma validez que la de cualquier contratista, pero “no puede quedar como la verdad revelada y última comprobada por la justicia cuando no hay fallo alguno”. También criticó que el informe diga que se cometió una masacre.
La última en unirse a las críticas del informe fue Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller. Esta se fue lanza en ristre por la participación de la representación en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Según la canciller, tanto la asesoría como la participación en el evento de socialización del informe implicaban un desconocimiento de las instancias diplomáticas y del conducto regular.
“El Gobierno colombiano expresa su preocupación por su presencia en el evento mediático organizado para presentar el referido informe, dada la representación que Usted ostenta. En sus declaraciones, Usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional”, declaró la encargada de las relaciones internacionales y la segunda en el gobierno a través de una carta.
En la misma forma, llamó la atención “sobre los efectos desafortunados que su participación en el evento genera, no sólo por el mensaje que se transmite a la opinión pública sino a las propias instituciones del Estado. Al proceder de esa manera, se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la oficina”.
También usó el argumento del anuncio de Negret como candidato para quitarle validez al informe. Para Ramírez, este informe es de un consultor político que “está haciendo campaña política”. Esto, a su consideración, le quitaría autoridad al texto ya que “las campañas políticas no se hacen descalificando al Estado ni la institucionalidad que tenemos. Nosotros trabajamos todos los días para fortalecer las instituciones y para que tengan toda la legitimidad”.
El informe encargado de forma independiente por la alcaldía de Bogotá sobre el 9 de septiembre de 2020 no cayó bien en el gobierno nacional. La Policía queda mal parada y hasta hay señalamientos directos de que cometió una “masacre” en su respuesta en contra de las protestas. Por eso, tres miembros diferentes del Ejecutivo salieron este martes a presentar sus objeciones al informe.
Uno de los primeros en hacerlo fue Diego Molano, ministro de Defensa, cartera en la que está afiliada la Policía. En entrevista con Blu Radio, Molano reconoció que es importante saber lo que pasó en las jornadas de protestas tras la muerte de Javier Ordóñez, pero de inmediato rechazó las conclusiones del informe. “El 9 de septiembre la ciudad estuvo bajo ataque. No se puede decir que hubo una masacre de la Policía. Eso es inaceptable”, dijo Molano.
Para el responsable de la cartera de la Defensa, el informe sobrepasa sus competencias y comienza a invadir el campo de acción de la rama judicial. “Corresponde a las autoridades judiciales otro proceso para señalar los responsables. Es inaceptable que se califique como una masacre de la Policía . Los policías tienen derecho al debido proceso”, expresó uno de los cercanos del presidente Iván Duque, al mismo tiempo que expresó que muchas de las conclusiones del informe realmente le correspondían a la Fiscalía y a la Procuraduría.
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Otro de los que se pronunció fue el ministro del Interior, Daniel Palacios. Curiosamente, varias de las propuestas de reforma de la Policía incluyen que esta pase a depender de la cartera que lidera Palacios. En una entrevista con Semana TV, el ministro del Interior descalificó el informe por múltiples razones, pero sobre todo, porque Carlos Alfonso Negret fue uno de los que lideró la investigación.
El Gobierno usó como caballito de batalla que este fue anunciado como candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo de forma simultánea a la presentación del informe. Precisamente Negret no pudo asistir al evento político debido a que se encontraba en la entrega del informe junto con la alcaldesa Claudia López.
“Más allá de las capacidades, creería que no es apropiado salir con un informe que quiere hablar de independencia el mismo día que se anuncia la candidatura. Uno no puede llenar un documento de total independencia cuando existe una motivación política de alguien que está aspirando y que hará parte de su campaña”, dijo Palacios, que repitió de forma vehemente que estaba seguro que Negret usaría el texto como parte de su estrategia electoral.
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A renglón seguido, Palacios señaló que el informe tenía la misma validez que la de cualquier contratista, pero “no puede quedar como la verdad revelada y última comprobada por la justicia cuando no hay fallo alguno”. También criticó que el informe diga que se cometió una masacre.
La última en unirse a las críticas del informe fue Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller. Esta se fue lanza en ristre por la participación de la representación en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Según la canciller, tanto la asesoría como la participación en el evento de socialización del informe implicaban un desconocimiento de las instancias diplomáticas y del conducto regular.
“El Gobierno colombiano expresa su preocupación por su presencia en el evento mediático organizado para presentar el referido informe, dada la representación que Usted ostenta. En sus declaraciones, Usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional”, declaró la encargada de las relaciones internacionales y la segunda en el gobierno a través de una carta.
En la misma forma, llamó la atención “sobre los efectos desafortunados que su participación en el evento genera, no sólo por el mensaje que se transmite a la opinión pública sino a las propias instituciones del Estado. Al proceder de esa manera, se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la oficina”.
También usó el argumento del anuncio de Negret como candidato para quitarle validez al informe. Para Ramírez, este informe es de un consultor político que “está haciendo campaña política”. Esto, a su consideración, le quitaría autoridad al texto ya que “las campañas políticas no se hacen descalificando al Estado ni la institucionalidad que tenemos. Nosotros trabajamos todos los días para fortalecer las instituciones y para que tengan toda la legitimidad”.