“Gobierno sigue empeñado en no garantizar protección a la manifestación pacífica”: Comité del Paro
Diógenes Orjuela, secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), una de las organizaciones con asiento en el Comité, sostuvo que, pese a los anuncios del Gobierno, persistirán en dialogar y negociar.
Una tensa calma en vísperas de la cuarta jornada de paro nacional contra el Gobierno se vive este martes en Colombia luego de que el presidente Iván Duque ordenó a la Fuerza Pública levantar los bloqueos de vías con los que los manifestantes impiden el abastecimiento en varias regiones del país.
Lea también: Duque ordena máxima capacidad operacional para desbloquear vías en el país
“La gran movilización de este miércoles ya estaba programada, pero el Gobierno sigue empeñado en no garantizar la protección a la manifestación pacífica y manda al Ejército a reprimirlas”, dijo a Efe el secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.
Y es que luego de 20 días de protestas que dejan más de 40 muertos, la mayoría de ellos atribuidos a la brutalidad policial, el presidente Duque, en una declaración que dio anoche ordenó a la Fuerza Pública desplegar su “máxima capacidad operacional” para desbloquear las vías taponadas por los manifestantes.
La orden debe ser, según el jefe del Estado, convenida con los alcaldes y gobernadores para que “dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, les permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar”.
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Las garantías que el Comité Nacional de Paro exige al Gobierno para los manifestantes se ha convertido en el principal escollo para que las partes instalen una mesa de negociaciones con el fin de buscar salidas a una crisis que se arrastra por 20 días.
El pasado 28 de abril se iniciaron las protestas en Colombia en las que miles de personas han salido a las calles para exigir la ya retirada reforma fiscal del Gobierno. Con el paso de los días los manifestantes pasaron a exigir al Gobierno el cese de la brutalidad policial a la que organizaciones sociales como Temblores achacan 43 homicidios “presuntamente por parte de la Policía”.
Claman, igualmente, por el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones; el fortalecimiento de una vacunación masiva y renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.
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“Se sabe que el tema principal (antes de instalar formalmente la mesa de negociaciones) es el tema de las garantías que no se han dado”, sostiene Orjuela quien dice que el Gobierno ha respondido con lo que llamó un “discurso difuso”.
El dirigente sindical alega que las señales que envía Duque, como ocurrió con la declaración de anoche, son equivocadas porque supuestamente ordena la salida del Ejército a las calles y no menciona “para nada” que durante las protestas han “muerto personas, hay numerosos heridos, mutilados y abuso sexual”.
Pese a las supuestas señales equivocadas del Gobierno, el Comité de Paro dice que persistirán en dialogar y negociar con el Ejecutivo.
En esa dirección, Orjuela aseguró que aunque el Gobierno está “lanzando petardos” a la instalación de la mesa de diálogo y negociación “asistiremos a cuanta reunión haya que ir” porque dicen estar seguros que la salida a la situación es “hablar” y “negociar”.
Argumenta además que el camino no será fácil pues además hay “otros sectores” -a los que no se refirió en específico- pero de los que dijo tienen “posiciones extremas y no quieren que haya negociación”.
Sin embargo, confió en que con la mediación de la Iglesia, de la ONU y de la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, se podrán superar las diferencias para avanzar.
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A diferencia de lo que hace el Gobierno, que según Orjuela no condena la brutalidad policial ni reconoce la violencia contra los manifestantes, el Comité de Paro “siempre, siempre” ha rechazado “todos los actos vandálicos y de violencia”. “Nuestras convocatorias siempre han sido y serán pacíficas, coloridas, con las medidas de bioseguridad por la pandemia”, insiste Orjuela.
El próximo encuentro entre las partes está pactado para el jueves, un día después del nuevo “paro nacional”, el cuarto que se realiza en las protestas. Hasta el momento las partes han tenido dos encuentros, pero no ha salido humo blanco para instalar la mesa de negociación.
El Gobierno colombiano calcula que desde que comenzaron las protestas las pérdidas para la economía del país son de alrededor de 6,5 billones de pesos. Por eso insiste en que se deben desbloquear las vías porque, según Duque, “no existe en Colombia ningún derecho a obstaculizar vías, ningún derecho a afectar los derechos de los demás, ningún derecho a limitar la alimentación, el abastecimiento y el bienestar de nuestras familias”.
Por su parte, la Alcaldía de Bogotá informó hoy que en tres semanas de protestas han sido dañados por vándalos 139 estaciones de Transmilenio y más de mil buses del transporte público de la capital.
“Esto no es un daño menor. Lo que hemos visto a lo largo de estos días es un proceso de destrucción de la infraestructura del sistema de transporte masivo de Bogotá, que no puede ser entendido como una forma de protesta”, dijo el alcalde encargado de Bogotá, Alejandro Gómez, quien reemplaza a la alcaldesa Claudia López, que se recupera del coronavirus.
Una tensa calma en vísperas de la cuarta jornada de paro nacional contra el Gobierno se vive este martes en Colombia luego de que el presidente Iván Duque ordenó a la Fuerza Pública levantar los bloqueos de vías con los que los manifestantes impiden el abastecimiento en varias regiones del país.
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“La gran movilización de este miércoles ya estaba programada, pero el Gobierno sigue empeñado en no garantizar la protección a la manifestación pacífica y manda al Ejército a reprimirlas”, dijo a Efe el secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.
Y es que luego de 20 días de protestas que dejan más de 40 muertos, la mayoría de ellos atribuidos a la brutalidad policial, el presidente Duque, en una declaración que dio anoche ordenó a la Fuerza Pública desplegar su “máxima capacidad operacional” para desbloquear las vías taponadas por los manifestantes.
La orden debe ser, según el jefe del Estado, convenida con los alcaldes y gobernadores para que “dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, les permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar”.
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Las garantías que el Comité Nacional de Paro exige al Gobierno para los manifestantes se ha convertido en el principal escollo para que las partes instalen una mesa de negociaciones con el fin de buscar salidas a una crisis que se arrastra por 20 días.
El pasado 28 de abril se iniciaron las protestas en Colombia en las que miles de personas han salido a las calles para exigir la ya retirada reforma fiscal del Gobierno. Con el paso de los días los manifestantes pasaron a exigir al Gobierno el cese de la brutalidad policial a la que organizaciones sociales como Temblores achacan 43 homicidios “presuntamente por parte de la Policía”.
Claman, igualmente, por el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones; el fortalecimiento de una vacunación masiva y renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.
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“Se sabe que el tema principal (antes de instalar formalmente la mesa de negociaciones) es el tema de las garantías que no se han dado”, sostiene Orjuela quien dice que el Gobierno ha respondido con lo que llamó un “discurso difuso”.
El dirigente sindical alega que las señales que envía Duque, como ocurrió con la declaración de anoche, son equivocadas porque supuestamente ordena la salida del Ejército a las calles y no menciona “para nada” que durante las protestas han “muerto personas, hay numerosos heridos, mutilados y abuso sexual”.
Pese a las supuestas señales equivocadas del Gobierno, el Comité de Paro dice que persistirán en dialogar y negociar con el Ejecutivo.
En esa dirección, Orjuela aseguró que aunque el Gobierno está “lanzando petardos” a la instalación de la mesa de diálogo y negociación “asistiremos a cuanta reunión haya que ir” porque dicen estar seguros que la salida a la situación es “hablar” y “negociar”.
Argumenta además que el camino no será fácil pues además hay “otros sectores” -a los que no se refirió en específico- pero de los que dijo tienen “posiciones extremas y no quieren que haya negociación”.
Sin embargo, confió en que con la mediación de la Iglesia, de la ONU y de la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, se podrán superar las diferencias para avanzar.
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A diferencia de lo que hace el Gobierno, que según Orjuela no condena la brutalidad policial ni reconoce la violencia contra los manifestantes, el Comité de Paro “siempre, siempre” ha rechazado “todos los actos vandálicos y de violencia”. “Nuestras convocatorias siempre han sido y serán pacíficas, coloridas, con las medidas de bioseguridad por la pandemia”, insiste Orjuela.
El próximo encuentro entre las partes está pactado para el jueves, un día después del nuevo “paro nacional”, el cuarto que se realiza en las protestas. Hasta el momento las partes han tenido dos encuentros, pero no ha salido humo blanco para instalar la mesa de negociación.
El Gobierno colombiano calcula que desde que comenzaron las protestas las pérdidas para la economía del país son de alrededor de 6,5 billones de pesos. Por eso insiste en que se deben desbloquear las vías porque, según Duque, “no existe en Colombia ningún derecho a obstaculizar vías, ningún derecho a afectar los derechos de los demás, ningún derecho a limitar la alimentación, el abastecimiento y el bienestar de nuestras familias”.
Por su parte, la Alcaldía de Bogotá informó hoy que en tres semanas de protestas han sido dañados por vándalos 139 estaciones de Transmilenio y más de mil buses del transporte público de la capital.
“Esto no es un daño menor. Lo que hemos visto a lo largo de estos días es un proceso de destrucción de la infraestructura del sistema de transporte masivo de Bogotá, que no puede ser entendido como una forma de protesta”, dijo el alcalde encargado de Bogotá, Alejandro Gómez, quien reemplaza a la alcaldesa Claudia López, que se recupera del coronavirus.