Desde su posesión, el presidente Gustavo Petro ha venido hablando sobre la destinación de los bienes incautados a las mafias. Ante la posibilidad de que existan irregularidades en el manejo de estos bienes, el mandatario le pidió a la Fiscalía reconstruir el inventario de propiedades que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Tras esa petición el fiscal Francisco Barbosa, el presidente Gustavo Petro y el director de la SAE, Daniel Rojas, ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron del manejo de estos bienes y anunciaron la entrega de más de 60.000 hectáreas de tierra fértil con derechos de cambio de uso.
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Teniendo en cuenta la preocupación que desde hace varias semanas manifestó el presidente Petro, el fiscal Barbosa destacó que el adelanto de una trazabilidad de bienes entregados a la institución que dirige, que según dijo son “bienes que se le han incautado y se le han impuesto medidas cautelares a la mafia”, por lo que su uso es “para beneficio de la gente”. En un primer ejercicio, destacó el fiscal, se han entregado 19.587 bienes entre rurales, urbanos, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio, dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves y embarcaciones.
El fiscal destacó además que mensualmente se entregará, a través de la dirección especializada de extinción de dominio, la información para realizar comités de trabajo conjunto y anunció la instalación de una mesa técnica entre la Fiscalía y la SAE con el objetivo de determinar posibles irregularidades en la información existente y los requerimientos que haga la SAE por bienes entregados por otras administraciones de la Fiscalía a la SAE.
“Si encontramos circunstancias que impliquen inicio de procesos penales por algún tipo de hecho que sea constitutivo de delito, nosotros adelantaremos esto en el marco este grupo especial de investigación”, manifestó el fiscal, quien estimó en $25,7 billones el monto de los bienes incautados, por lo que lamentó “que no podamos monetizar esos recursos rápidamente” y no utilizarlos para los fines que ha planteado el presidente Petro, quien desde su discurso de posesión viene reiterando que estos bienes deberían tener una función social.
Desde el Gobierno, por su parte, hicieron énfasis en las preocupaciones sobre la actualización del inventario de la SAE, sobre todo en lo referente a la transición de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a dicha entidad. Así las cosas, el director de la SAE se mostró dispuesto a participar de la mesa técnica que anunció la Fiscalía y solicitó la conformación de un canal de comunicación para tener información oportuna sobre los procesos de extinción de dominio.
“Cuando el inventario se nos convierte en un cuello de botella para converger en los propósitos del Gobierno no es óbice ni talanquera para articularnos a los propósitos particularmente de política agraria del presidente Petro”, añadió Rojas al anunciar la entrega mediante derechos de cambio de uso en tierra fértil de más de 60.000 hectáreas, particularmente en el Caribe, antes de que se cumplan los primeros 100 días del Gobierno.
El presidente Petro al concluir la rueda de prensa señaló que la actualización del inventario de bienes es sinónimo del incumplimiento de leyes. “Eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad que yo creo deben ser investigadas. Está en las manos del señor fiscal, porque el incumplimiento de la ley es evidente”, dijo Petro sobre el posible dolo que existe en evitar que el Estado cuente con información sobre bienes en extinción de dominio.
Sobre esas posibles irregularidades que se esperan resolver en la mesa técnica que anunció la Fiscalía, el presidente destacó que es “el preámbulo y con los indicios terribles de quizás uno de los hechos más dolorosos desde el punto de vista de la transparencia pública y del erario y del patrimonio nacional de la historia”, debido a la enorme cuantía de dinero de bienes que “hoy no sabemos dónde están”.
Finalmente, sobre la necesidad de actualizar el inventario de bienes, el mandatario aseguró que se debe hacer “una especie de actividad arqueológica”, casi tanto como una actividad forense para encontrar todos los bienes. Como sugerencia, Petro planteó la necesidad de tener una relación de todos los computadores que pertenecieron al DNE y que pasaron a la SAE.
En caso de que los computadores se hayan desaparecido, aseguró que si es necesario ”contratar entidades internacionales especializadas en eso, hacerlo” o usar la tecnología actual, pero lo claro es que existe la necesidad de entregarle “a la sociedad colombiana la actualización del inventario total, tal como ordena la ley”.