En las últimas semanas, a Buenaventura regresó el miedo y la angustia por cuenta de la escalada de violencia entre las bandas criminales. La ruptura de la tregua entre Shottas y Espartanos trajo de vuelta los homicidios, extorsiones y balaceras en las calles del distrito.
En redes sociales circulan videos de varios hombres armados y encapuchados que prometen defender “a sangre y fuego” el territorio de otras organizaciones criminales. Por esta razón, las autoridades de la ciudad y del departamento le solicitaron al Gobierno mayor presencia y un estrategia de choque para frenar las hostilidades.
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Figuras como la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, reclaman una militarización del puerto, mientras que organizaciones sociales señalan que esa no es la solución definitiva, pues lo urgente es recuperar las mesas de diálogo entre las bandas y fortalecer los programas sociales.
El Gobierno respondió con la convocatoria a un consejo extraordinario de seguridad, en el que se plantearía aumentar la presencia de la fuerza pública en la zona, lo cual no implica militarizar todo el distrito. Además, desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz aseguran que en las próximas semanas se retomarán las conversaciones con los voceros de Shottas y Espartanos.
Llegamos a Buenaventura para garantizar la seguridad de los bonaverenses. @petrogustavo@Ivan_Velasquez_@FuerzasMilCol pic.twitter.com/yX9mjhAPrg
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 7, 2023
El presidente Gustavo Petro llegó este viernes a Buenaventura y se espera que, además del consejo de seguridad, encabece una jornada de diálogo social con los líderes del comité de paro cívico y la comunidad en general. En este espacio se hablará de educación, vías, transporte, vivienda, desarrollo económico y participación de las Juntas de Acción Comunal.
Hasta el momento, el Gobierno asegura que no tiene nada que ver con los pactos entre bandas criminales y que la fuerza pública no interrumpirá sus labores por este tipo de acuerdo. Sin embargo, aclara que su apuesta es el sometimiento de esas organizaciones, para lo cual necesitará que el Congreso apruebe una ley que siente las bases jurídicas del proceso y establezca las reglas de juego para la entrega de armas, la reparación de las víctimas y el pago de penas en prisión o como parte de un servicio social.
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