El presidente Petro y el fiscal Barbosa durante un encuentro que tuvieron en meses pasados en la Casa de Nariño.
Foto: Presidencia
La radicación de la terna para elegir al próximo Fiscal General que hizo el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 2 de agosto, que fue leída como una forma de darle celeridad a un proceso clave para el futuro de varios expedientes judiciales durante el segundo año de la primera administración de izquierda, acaba de ponerse entredicho. Y no precisamente desde la Corte Suprema de Justicia –que debe pronunciarse de fondo sobre las ternadas–, sino desde el propio Ejecutivo que abrió la puerta para hacerle ajustes.