Hablando del aborto con perspectiva feminista desde el Congreso

Aunque en el actual Congreso no se han presentado iniciativas legislativas para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo (ive), este viernes se convocó a una audiencia pública sobre el tema por parte de la representante Ángela María Robledo, en el marco de un próximo encuentro convocado por la Corte Constitucional que estudia la demanda para despenalizar el aborto del Código Penal.

La audiencia fue convocada inicialmente para escuchar a las organizaciones sociales y feministas que apoyan a mujer que deciden acceder al ive o que están en búsqueda de información sobre educación sexual y reproductiva de las mujeres. Para ampliar el debate democrático, se incluyeron otras voces en contraposición para así mismo escuchar sus argumentos.

Le puede interesar: Aborto legal, ¿por Congreso o por vía judicial?

Desde un principio, Robledo fue enfática de cuál es su postura con relación al tema. “Yo nunca he ocultado que estoy a favor de las mujeres y de un aborto libre”, dijo en más de una vez durante la audiencia, a la vez de alentando a sus compañeros en contra del ive a citar una de la misma naturaleza para que ellos presidieran, bajo sus reglas, una audiencia.

Ante esta advertencia, en el último bloque de la audiencia, en el que le correspondía hablar a los autollamados grupos “provida”, y que para las feministas son grupos “antiderechos”, la discusión se centró, principalmente, en el poco tiempo que les dieron a los participantes, con relación a otras voces, y en denunciar una “sororidad selectiva” por parte de la representante, que fue enfática en cómo se pactaron las reglas de la audiencia, en cómo se asignó el tiempo y en su libertad a la hora de presidir el encuentro.

Sobre este hecho, la representante manifestó en sus redes que “la bancada anti-derechos quiso sabotear la audiencia sobre la ive. Aunque nadie más convoca sobre estos temas, se abrió el espacio para 15 de sus organizaciones”.

Estas organizaciones hablaron y defendieron su postura de reconocer la vida desde la concepción, de proteger la vida como derecho fundamental de la Constitución, por encima de otros, de brindar alternativas diferentes al aborto y de promover la adopción. Y obviamente, declarar esta práctica, cobijada por la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional en tres causales, como un delito, un crimen y un asesinato.

Más: Así votaría el Senado la despenalización del aborto.

Del otro lado, las representantes de organizaciones feministas reiteraron que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y que el aborto es el último mecanismo que se ofrece a las mujeres del esquema de la educación sexual. Para ello insisten en el lema de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no prevenir y aborto para no morir”.

En ese sentido, enfocaron sus intervenciones en las dificultades de las mujeres para el acceso al ive, protegido por la Corte Constitucional, y los riesgos de las barreras que persisten para recibir dicho servicio, que desencadena, muchas veces, en que se acudan a centros clandestinos, donde la salud corre riesgos por la falta de equipos, condiciones de salubridad, y personal capacitado.

“El modelo tiene unas limitaciones y genera múltiples barreras de acceso que impide el pleno desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, insistió Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y las Mujeres.

Esto se refleja, según compartió, en que en 2011 solo el 1% de los abortos se dieron de forma legal y segura. Por lo general, aquellas que pueden acceder al servicio son mujeres con capacidad económica, por lo que se reconoce la discriminación y el incumplimiento de los derechos a la igualdad de niñas y mujeres vulnerables.

El problema redunda, también, en que, pese a que está permitido el aborto en tres causales, su práctica sigue penalizada en el Código Penal. “Acceder al aborto se convierte en un tema excepcional o una situación de emergencia, porque se limita su acceso. Y la Corte y el Ministerio de Salud terminan determinando el grado de libertad de las mujeres sobre sus cuerpos”, apuntó por otro lado Castro.

Y las limitaciones no son solamente lo que dispongan las autoridades, según dijo Castro, sino los mismos trámites que determinan las EPS para dilatar la prestación oportuna del servicio.

También desde Católicas por el Derecho a Decidir develaron cifras que demuestran la imposiciones de valores religiosos con relación al aborto. “El 80% de los ateos y agnósticos están de acuerdo con el aborto. Y un 24% de católicos dijeron estar de acuerdo. Es decir, un 76% de católicos está en contra y eso demuestra que el pensamiento religioso sigue siendo una imposición para que las mujeres accedan al aborto”, comentó Aura Carolina Arteaga.

La preocupación crece, como señaló Arteaga, en cuanto a la proliferación de movimientos políticos religiosos, que además reciben financiación del Estado para hacer campañas y promover iniciativas legislativas contra la autonomía de las mujeres.

Vea ¿Se va a despenalizar este año el aborto en Colombia?

El llamado en conjunto de todas las participantes y defensoras del ive, es que la Corte despenalice la práctica, para eliminar las barreras jurídicas con las que muchas mujeres son intimidadas y perseguidas para que no aborten o para buscar un castigo para que lo hagan.

Por el mensaje de todas las voces intervinientes se resumen en lo dicho por Florence Thomas: “nunca obligaremos a ninguna mujer a abortar, que puedan optar de manera autónoma, decidiendo por sí mismas. Esto se trata de restaurar una idea de justicia”. Por ello, el movimiento que promueve la despenalización del ive se bautizó como “Causa Justa”.

Aunque en el actual Congreso no se han presentado iniciativas legislativas para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo (ive), este viernes se convocó a una audiencia pública sobre el tema por parte de la representante Ángela María Robledo, en el marco de un próximo encuentro convocado por la Corte Constitucional que estudia la demanda para despenalizar el aborto del Código Penal.

La audiencia fue convocada inicialmente para escuchar a las organizaciones sociales y feministas que apoyan a mujer que deciden acceder al ive o que están en búsqueda de información sobre educación sexual y reproductiva de las mujeres. Para ampliar el debate democrático, se incluyeron otras voces en contraposición para así mismo escuchar sus argumentos.

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Desde un principio, Robledo fue enfática de cuál es su postura con relación al tema. “Yo nunca he ocultado que estoy a favor de las mujeres y de un aborto libre”, dijo en más de una vez durante la audiencia, a la vez de alentando a sus compañeros en contra del ive a citar una de la misma naturaleza para que ellos presidieran, bajo sus reglas, una audiencia.

Ante esta advertencia, en el último bloque de la audiencia, en el que le correspondía hablar a los autollamados grupos “provida”, y que para las feministas son grupos “antiderechos”, la discusión se centró, principalmente, en el poco tiempo que les dieron a los participantes, con relación a otras voces, y en denunciar una “sororidad selectiva” por parte de la representante, que fue enfática en cómo se pactaron las reglas de la audiencia, en cómo se asignó el tiempo y en su libertad a la hora de presidir el encuentro.

Sobre este hecho, la representante manifestó en sus redes que “la bancada anti-derechos quiso sabotear la audiencia sobre la ive. Aunque nadie más convoca sobre estos temas, se abrió el espacio para 15 de sus organizaciones”.

Estas organizaciones hablaron y defendieron su postura de reconocer la vida desde la concepción, de proteger la vida como derecho fundamental de la Constitución, por encima de otros, de brindar alternativas diferentes al aborto y de promover la adopción. Y obviamente, declarar esta práctica, cobijada por la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional en tres causales, como un delito, un crimen y un asesinato.

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Del otro lado, las representantes de organizaciones feministas reiteraron que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y que el aborto es el último mecanismo que se ofrece a las mujeres del esquema de la educación sexual. Para ello insisten en el lema de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no prevenir y aborto para no morir”.

En ese sentido, enfocaron sus intervenciones en las dificultades de las mujeres para el acceso al ive, protegido por la Corte Constitucional, y los riesgos de las barreras que persisten para recibir dicho servicio, que desencadena, muchas veces, en que se acudan a centros clandestinos, donde la salud corre riesgos por la falta de equipos, condiciones de salubridad, y personal capacitado.

“El modelo tiene unas limitaciones y genera múltiples barreras de acceso que impide el pleno desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, insistió Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y las Mujeres.

Esto se refleja, según compartió, en que en 2011 solo el 1% de los abortos se dieron de forma legal y segura. Por lo general, aquellas que pueden acceder al servicio son mujeres con capacidad económica, por lo que se reconoce la discriminación y el incumplimiento de los derechos a la igualdad de niñas y mujeres vulnerables.

El problema redunda, también, en que, pese a que está permitido el aborto en tres causales, su práctica sigue penalizada en el Código Penal. “Acceder al aborto se convierte en un tema excepcional o una situación de emergencia, porque se limita su acceso. Y la Corte y el Ministerio de Salud terminan determinando el grado de libertad de las mujeres sobre sus cuerpos”, apuntó por otro lado Castro.

Y las limitaciones no son solamente lo que dispongan las autoridades, según dijo Castro, sino los mismos trámites que determinan las EPS para dilatar la prestación oportuna del servicio.

También desde Católicas por el Derecho a Decidir develaron cifras que demuestran la imposiciones de valores religiosos con relación al aborto. “El 80% de los ateos y agnósticos están de acuerdo con el aborto. Y un 24% de católicos dijeron estar de acuerdo. Es decir, un 76% de católicos está en contra y eso demuestra que el pensamiento religioso sigue siendo una imposición para que las mujeres accedan al aborto”, comentó Aura Carolina Arteaga.

La preocupación crece, como señaló Arteaga, en cuanto a la proliferación de movimientos políticos religiosos, que además reciben financiación del Estado para hacer campañas y promover iniciativas legislativas contra la autonomía de las mujeres.

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El llamado en conjunto de todas las participantes y defensoras del ive, es que la Corte despenalice la práctica, para eliminar las barreras jurídicas con las que muchas mujeres son intimidadas y perseguidas para que no aborten o para buscar un castigo para que lo hagan.

Por el mensaje de todas las voces intervinientes se resumen en lo dicho por Florence Thomas: “nunca obligaremos a ninguna mujer a abortar, que puedan optar de manera autónoma, decidiendo por sí mismas. Esto se trata de restaurar una idea de justicia”. Por ello, el movimiento que promueve la despenalización del ive se bautizó como “Causa Justa”.