El Gobierno cumple un año de actividades. En este tiempo, ¿los medios, han dispuesto de libertad informativa y de opinión o ha sido restringida por la Casa de Nariño?
En pocas palabras, sí: hay libertad informativa. Y sí, también: hay un ambiente más tenso que puede llevar a la autocensura. Ese clima está siendo propiciado por el presidente: no lo creo solo yo, sino decenas y decenas de periodistas y directores de medios que se lo han expresado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (de la CIDH).
¿El ambiente más tenso, como usted lo llama, corre solo por cuenta del presidente —que tiene, desde luego, responsabilidad en la forma como tramita sus diferencias con la prensa— o son corresponsables algunos medios y periodistas por la forma como desarrollan su función informativa frente a la actual administración?
Hay que admitir que el presidente Petro no tuvo ni tiene el pararrayos con que contaron otros mandatarios. Ese escrutinio minucioso que se ha hecho sobre su administración y sobre sí mismo, muy seguramente, ha sido entendido por el mandatario y su círculo como un ataque en su contra. No obstante, la manera como informan los medios no le da licencia al jefe de Estado para graduar de enemigos o adversarios a los periodistas, porque esas calificaciones impactan negativamente el principio constitucional de libertad de información y prensa, dado el enorme poder que tiene el jefe de Estado.
Las críticas de Petro se han dirigido, puntualmente, a dos o tres medios o periodistas muy caracterizados por sus tendencias ideológicas contrarias a las del Gobierno. Sin asumir la defensa del mandatario —lo que no me corresponde—, sí debo decirle que parece exagerado afirmar que hay “decenas y decenas” de periodistas afectados por la confrontación con el mandatario...
Insisto en lo que dije sobre las quejas que ha recibido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: en junio pasado, sus voceros se reunieron con 35 periodistas de medios regionales y nacionales, entre ellos varios directores y reporteros, que transmitieron la percepción de que están ejerciendo sus tareas en un escenario difícil, el de los enfrentamientos del presidente con ciertas publicaciones, y con mayor presión. Probablemente él no se dé cuenta y no sea su intención, pero lo que dice sobre unos comunicadores impacta a todos.
¿De qué manera se han deteriorado las condiciones de trabajo de periodistas o medios a consecuencia de los trinos del presidente o de sus críticas verbales?
No es sano, bajo ninguna circunstancia, ni resulta normal que el jefe de Estado sostenga que un medio busca “derribar a mi gobierno” o que otro tiene “actitud de sedición”. No pongamos en juego el nombre de Gustavo Petro: si lo dice cualquier alto funcionario que nos represente, es igualmente reprochable porque las formas terminan distorsionando el fondo. Es fundamental debatir asuntos importantes de la prensa, como la propiedad y la concentración de los medios; el impacto de la publicidad oficial en las líneas editoriales o la calidad periodística. Pero esas reflexiones y sus posibles soluciones no pueden iniciarse ni desarrollarse si el presidente gradúa a un sector de los medios como su enemigo.
Cuando un medio o periodista publica una noticia de graves consecuencias para el jefe de Estado o cualquier otro servidor oficial, y resulta que no tiene soporte de sus afirmaciones, ¿cuál responsabilidad es exigible a la prensa y cómo debe enfrentarla el afectado para que no sea mal recibido?
Ante una información falsa hecha con premeditación o que resulte mal intencionada, existen sanciones civiles y penales que afectan al medio de comunicación. Esa conducta no se puede defender por cuanto el principio de veracidad es condición sine qua non en el recto ejercicio periodístico y es la base de la protección constitucional con que cuenta. El afectado, quien quiera que sea, debe tramitar sus reclamos usando las herramientas legales que existen, pero no puede actuar bajo supuestos ni generalizaciones, ni con mensajes en las redes sociales, porque degrada y distrae el debate.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que usted dirige ha terciado en las discusiones en defensa de los medios llamándole la atención al presidente. A su vez, el presidente los ha confrontado a ustedes. ¿La FLIP está sufriendo algún tipo de persecución oficial?
Hace unos días, un funcionario del Gobierno me dijo que la situación entre la FLIP y el presidente le recordaba la que vivió el CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) en gobiernos anteriores. La defensa de la libertad de expresión no debe interpretarse como una posición de derecha o de izquierda. Cuando el presidente relaciona a la FLIP en sus peleas con algún medio, hay grupos, en las redes sociales, que empiezan a atacarnos de manera sistemática y coordinada.
La persecución del gobierno Uribe al Colectivo de Abogados fue delictiva: se demostraron seguimientos ilegales a sus miembros, incluso en el exterior; el presidente los llamó “terroristas” y “abogados al servicio de las FARC”; los acusó de robar el computador de la directora del DAS, organismo que hizo carpetas con denuncias falsas contra varios de ellos, etc. ¿Sostiene usted que el actual mandatario hace lo mismo con los miembros de la FLIP?
No, claro que no. Lo que padeció el Colectivo de Abogados fue persecución ilegal y el símil que recordé resulta exagerado: no tenemos ningún indicio de que esas prácticas se estén aplicando en contra de los miembros de la FLIP. Sin embargo, hemos sentido que hay ataques coordinados en las redes en nuestra contra, como ya dije. Se trata de grupos abiertos o anónimos de seguidores del presidente, aun cuando no sean dirigidos por el mandatario. De todos modos, responden a la confrontación del presidente con nosotros de manera muy agresiva.
¿Es la primera vez que las posiciones de la FLIP son cuestionadas por un presidente? ¿Ha repercutido esa discusión en el desarrollo rutinario de las labores de la fundación?
También fuimos cuestionados, y mucho, durante el gobierno de Iván Duque: nos atacaron sus asesores más cercanos, y el ministro Diego Molano nunca asumió su responsabilidad en la información, falsa e inventada con su conocimiento, sobre un supuesto ciberataque a las páginas institucionales de las Fuerzas Armadas con el que pretendían justificar el monitoreo de las actividades, en redes, de manifestantes activos en el paro nacional. La relación de la FLIP con el presidente Álvaro Uribe fue muy tensa: en esa época varios periodistas se exiliaron y otros fueron asesinados. La confrontación con Uribe también estuvo marcada por las actividades ilegales del DAS, organismo de inteligencia que convirtieron en aparato estatal de vigilancia para espiar y torturar a periodistas y a otros colombianos. Fueron años sumamente difíciles.
Entonces, la confrontación con el actual presidente ha resultado, a la larga, menos traumática...
Las formas como se ha desarrollado el debate con él no han sido las ideales. No obstante, admito que podríamos tener coincidencias conceptuales con el presidente en cuanto al ambiente que necesitan los periodistas para desempeñar su oficio. Sucede que no hemos tenido manera de dialogar directamente con él, pese a que lo hemos solicitado.
Por experiencia propia, sé que los presidentes, en todos los gobiernos, enfrentan a la prensa, según su estilo: Petro, abierta y públicamente; Duque, de manera soterrada y excluyente; Santos, de modo silencioso y privado; Uribe, con persecución directa, seguimientos y espionaje a unos periodistas y medios. ¿Cuál de esos métodos es menos nocivo para el ejercicio profesional y cuál genera más riesgos para la vida de los reporteros?
Hace poco le escuché una frase a la periodista Martha Ruiz, que me parece un buen resumen de la realidad: “En Colombia no hay censura, tampoco hay libertad de expresión”. Todos los ataques que usted describe y que ocurrieron en los últimos veinte años han manoseado, apretado y herido a un periodismo ya muy frágil. Se olvida que en Colombia han sido asesinados 165 periodistas en los últimos 45 años. El periodismo regional está herido de muerte en varios municipios. Ojalá la pregunta que se hicieron los presidentes que usted mencionó no hubiera sido cómo me voy a defender o cómo voy a atacar a los medios, sino cómo voy a apoyar a los periodistas.
¿Los debates en la FLIP se han agudizado? Es obvio que un sector de la prensa representada en su junta tiene posiciones encontradas sobre el ejercicio periodístico que otros sectores practican en Colombia.
La junta actual lleva solo cinco meses en ejercicio. A esta característica se le suman las controversias de coyuntura y las posiciones que cada uno de los 14 miembros tiene frente al ejercicio periodístico como se está practicando en el período de este gobierno, que ha sido muy diferente de los anteriores.
En uno de sus pronunciamientos recientes, la FLIP señaló que “la obligación constitucional del jefe de Estado es ser garante de la libertad de expresión absteniéndose de estigmatizar a la prensa”. Por su parte, Petro contestó que “el presidente, como ciudadano, goza de derechos fundamentales igual que los demás”, añadiendo que “uno de esos derechos es el de buen nombre”. ¿Quién tiene la razón?
El presidente tiene derecho a la réplica y a proteger su buen nombre. Y cuenta con herramientas jurídicas para lograrlo. Eso nunca ha estado en duda. Pero no tiene el mismo grado de libertad de expresión que el resto de ciudadanos, aunque sea una premisa difícil de comprender. La jurisprudencia constitucional ha dicho que, dado que los servidores públicos deben garantizar los derechos de todas las personas, su propio derecho a la libertad de expresión está sometido a cargas especiales y mayores restricciones. Cuando un funcionario emite una opinión o entrega una información, más que el simple ejercicio de una libertad, está ejerciendo un poder-deber de comunicación con la ciudadanía. Las afirmaciones de un jefe de Estado tienen mayores consecuencias que las que haga un periodista o un ciudadano común; eso es claro.
Hay diferencias del presidente con la FLIP, que tienen repercusiones en todo el gremio periodístico, ¿se pueden conciliar las posiciones?
La FLIP no está planteando, en ningún momento, un enfrentamiento con el presidente, ni más faltaba. Lo respetamos y respetamos su Gobierno y por eso le hemos planteado varias reuniones, como le conté. Esperamos lograrlo más adelante. Además me parece positivo que el presidente haya anunciado, públicamente, la intención de iniciar una mesa técnica con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre estos temas y, además, que haya dicho que acata las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantes del ejercicio libre del periodismo. Por otro lado, me parece clave que haya otras voces oficiales que estén en la misma línea del presidente como se vio, esta semana, con el abogado de la administración, Eduardo Noriega, quien no solo fue muy claro cuando argumentó en contra de un informe de Noticias Caracol que este canal publicó hace poco, sino que intervino haciéndolo siempre con corrección.
Petro parece que no cederá por lo que dijo: “Cada vez que sea calumniado, no me callaré, pediré la rectificación y en caso contrario usaré los otros procedimientos que la ley colombiana permite”. ¿Qué piensa de esa advertencia sobre posibles demandas legales?
Es importante reiterar que no se trata de que el presidente no pueda defender su buen nombre: lo puede hacer por varias vías que empiezan con solicitudes de rectificación y pueden continuar, incluso, con acciones civiles. Sin embargo, judicializar el debate no es el camino más adecuado, porque ahonda el fenómeno de acoso judicial a los periodistas, que usted misma ha vivido, por ejemplo, por parte del abogado Abelardo de la Espriella. Se trata de un mecanismo conocido como acoso judicial mediante el cual se busca intimidar o callar a los periodistas, desestimulando el debate de temas públicos.
Entonces para la FLIP, ¿cómo debería un alto funcionario estatal tramitar sus reclamos ante la prensa?
Partiendo de dos presupuestos: 1. Que la libertad de expresión es tan importante en las democracias que, por eso, se le otorga protección especial. 2. Que quien, voluntariamente, ingresa a la actividad política y a la vida pública acepta que sus derechos se limitan y sus obligaciones aumentan. Dicho lo anterior, el presidente o cualquier otro alto funcionario deben saber que sus pretensiones no siempre van a ser resueltas a su favor. Es fundamental que establezcan, de manera precisa, los hechos para poder determinar si existen posibles afectaciones y si existe un riesgo cierto y objetivo de violación de derechos. También es necesario ponderar el daño producido por la alegada afectación de un derecho individual frente al alto valor social que tiene el ejercicio de la libertad de expresión, la cual, no en vano, cuenta con protección especial. La tensión entre los dos extremos ha sido revisada y resuelta muchas veces por la Corte Constitucional en favor de la libertad de expresión.
Póngame un ejemplo.
Un ejemplo notable surgió cuando la Corte revisó la controversia planteada por el expresidente Uribe con la serie Matarife, que tiene un contenido muy fuerte en contra del exmandatario. En resumen, el tribunal constitucional sentenció que la serie no cumple con estándares periodísticos y que la veracidad de sus afirmaciones está en entredicho; sin embargo, protegió su contenido en cuanto lo consideró como una construcción colectiva sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, lo que era relevante en el ámbito de la expresión libre. En conclusión, la Corte negó la pretensión del exmandatario, que consistía en la eliminación total de la serie.
“No recuerdo que el gremio (de periodistas) haya estado tan dividido”
¿Cuáles son las exigencias mínimas que debe cumplir un medio o un periodista antes de publicar informaciones que comprometen la honra y nombre de las personas que serán mencionadas en las noticias?
La exigencia de veracidad a un medio de comunicación es indispensable y siempre es exigible, además de los requisitos universales que debe cumplir el buen periodismo. A propósito de este tema, me gustaría mencionar dos factores adicionales: el primero, que la confrontación entre los periodistas colombianos es muy fuerte. No recuerdo que el gremio haya estado, antes, tan dividido como ahora. El segundo factor es que, hoy, no existe un espacio de respeto en el que se pueda desarrollar una crítica abierta sobre el ejercicio periodístico, garantizando el uso de buenos argumentos en lugar de insultos. Me parece lamentable, por ejemplo, que la Revista Semana use la estrategia de atacar personalmente a sus críticos. Menciono a Semana pero no es el único medio intolerante. La pregunta para todos, propietarios de los medios, directores y periodistas, es ¿cuál es el compromiso que tienen ustedes con la autorregulación y con la crítica de los demás?
Discusiones en la FLIP por su posición en defensa de unos medios y periodistas
Internamente, en la FLIP, ¿es cierto que algunos de sus pronunciamientos y comunicados han suscitado diferencias entre unos miembros de la junta directiva con respecto a otros?
Hay debates y posiciones diferentes, desde luego. Sobre el pilar de la defensa de la libertad de prensa que es nuestra misión principal, las discusiones se refieren, sobre todo, a si la FLIP debe ampliar su rol al de la valoración de los contenidos periodísticos de los medios. La junta es, afortunadamente, muy diversa lo que enriquece los puntos de vista. Por ejemplo, contamos con Ignacio Gómez, un emblema de la fundación; Santiago Rivas, que trabaja en un medio público; Juan Esteban Lewin, editor del periódico El País, de España; Claudia Báez, cofundadora de Cuestión Pública; Laura Ardila, quien acaba de sufrir los efectos de la censura y Ana Cristina Restrepo, nuestra presidenta que tiene muy claro cuáles son los parámetros innegociables del periodismo.