Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La semana pasada se presentó una confrontación entre el presidente Petro y la Corte Suprema por la protesta de grupos de manifestantes frente al Palacio de Justicia para exigir la pronta elección de fiscal general. ¿Cómo están las relaciones del Ejecutivo con el alto tribunal? ¿Existe algún tipo de interlocución entre la Corte y el Gobierno o la comunicación se interrumpió?
No existe ninguna ruptura. En cuanto a las decisiones judiciales, siempre las hemos obedecido y acatado, y lo seguiremos haciendo, cualquiera que sea su sentido. En cuanto a la comunicación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, ha sido y sigue siendo fluida y franca. Los magistrados saben, además, que el Gobierno está comprometido con la protección personal de cada uno de ellos y que jamás incurriríamos en prácticas que se vieron en tiempos pasados, como interceptaciones, seguimientos, montajes o actos similares. Este marco de reconocimiento facilita las relaciones institucionales. Así que, más allá de los comunicados y las manifestaciones públicas, existe una interlocución directa, personal, sin dificultades entre el presidente junto con los restantes miembros del Gobierno con esta y todas las cortes.
Discúlpeme, pero no parece ser fluida después del jueves 8 de febrero: al menos tres veces el presidente de la Corte Suprema ha salido públicamente a reclamar que se ha minimizado lo que para los magistrados fue grave. Habló incluso de “riesgos a la vida” de ellos. Como si fuera poco, el presidente de la Corte Constitucional propuso suspender la elección de fiscal si hay nuevas manifestaciones…
En esos momentos, tanto la Corte Suprema como el Gobierno nacional expresaron, con espontaneidad, sus percepciones. Pero el país puede estar seguro de que, de parte de la administración gubernamental, hay absoluta transparencia en sus relaciones y respeto por los altos tribunales y por toda la rama Judicial. Como le dije, en el pasado prevalecían unas relaciones oficiales hipócritas: mientras públicamente se hablaba de armonía, se seguía, de manera subrepticia e ilegal, a los magistrados para atacarlos. Repito, eso nunca pasará en este Gobierno. En ese sentido, creo que la sensibilidad de la Corte Suprema, de hoy, no necesariamente refleja la coyuntura presente, sino más bien el acumulado histórico que carga.
Entiendo, pero como esa movilización fue convocada por el mandatario y el plantón se extendió varias horas, derivando, en una parte de los participantes, en actos agresivos, la oposición política y los togados responsabilizaron al Gobierno por lo sucedido. ¿Le cabe culpa a la Casa de Nariño por tal convocatoria?
Es importante reafirmar que el derecho de manifestación pública está garantizado y es deber de las autoridades protegerlo en todos los casos. Así que, aunque las marchas del 8 de febrero no fueron convocadas por el presidente de la República sino por Fecode, solo le cabría responsabilidad al Gobierno si las hubiera impedido u obstaculizado. De otra parte, la responsabilidad por la conducta de algunos violentos que estaban frente al Palacio de Justicia, debe ser esclarecida objetivamente. Es evidente que un grupo de personas bloqueó unas puertas de la sede judicial, acto que es ilegal y causó zozobra, pero también lo es que 69 de las 71 manifestaciones que hubo ese día en todo el país, con el mismo motivo relacionado con la elección de fiscal, fueron totalmente pacíficas.
Si bien es cierto que Fecode convocó a las marchas, el presidente también lo hizo, a su modo, en redes. Usted, desde luego, no puede ordenarle nada al jefe de Estado, pero, si estuviera en su lugar, ¿trinaría menos sobre asuntos de trascendencia como la elección de fiscal para evitar disturbios como los del 8 de febrero?
No solo en este sino en cualquier caso, soy muy malo para trinar o intervenir en redes. Pero permítame añadir algo que es relevante: la fuerza pública estuvo siempre a disposición de la Corte Suprema. Tan es así que el director general de la Policía Nacional fue al Palacio de Justicia y conversó, durante esas horas, con el presidente de la Corte. Y, además, cuando se convino en utilizar la fuerza para desbloquear las puertas del edificio, el operativo fue breve y exitoso, sin derramamiento de una gota de sangre. Y, por último, también hay que reparar que en redes sociales y en algunos medios de comunicación se narraron historias que nunca ocurrieron, como la supuesta evacuación de magistrados en helicóptero, o se hicieron comparaciones descabelladas y tremendistas, como la de comparar estas manifestaciones con la toma del Palacio ocurrida en noviembre de 1985.
El director de la Policía dijo que le propuso a la Corte disolver, con sus hombres, la manifestación y que, dos veces, el magistrado Chaverra aseguró que no era necesario. ¿Al presidente de la Corte también le ha faltado calma en sus declaraciones, misma que, con toda razón, se le exige al jefe de Estado, y que él no valoró la presencia del Salamanca y del secretario de Presidencia, Carlos Ramón González, en el Palacio de Justicia en ese momento?
La presencia de los dos altos funcionarios en el Palacio de Justicia, en el momento de las manifestaciones, no debe ser minimizada. Todo el país observó cuando ellos llegaron y entraron, en gesto de respaldo a la Corte. Su actitud oficial y la conversación que mantuvieron tanto el general Salamanca como el doctor González con el presidente Chaverra y otros magistrados es una muestra fehaciente de colaboración y respeto entre ambos poderes, y habla mucho más sobre lo que realmente pasó que lo que dijeron los comunicados divulgados al respecto.
El magistrado Chaverra, recién nombrado presidente de la Corte Suprema, no declaró ante los micrófonos una sola vez sino dos y hasta tres, reiterando su gran molestia con el Gobierno. Se nota en expresiones como la de que “se afectó gravemente el derecho de locomoción”, la de que “es inaceptable que se llegue a sitiar a los jueces” y la gravísima de que “la democracia quedó en vilo”. ¿Qué le responde como ministro de Justicia del Gobierno, a lo que él se refiere?
Tengo profundo respeto y consideración por el presidente de la Corte y estoy convencido de que si lo expresó con esas palabras es porque así lo percibía, al calor de los acontecimientos del día; pero también insisto en que, probablemente, en su ánimo incidió la carga histórica de tantos episodios del pasado cuando los jueces fueron no solo abandonados sino perseguidos. En todo caso, lo cierto es que los sucesos del 8 de febrero se resolvieron mediante el funcionamiento —ajustado a derecho— de todas las instituciones, que la democracia sigue vigente y que los magistrados pudieron salir ese día hacia sus destinos y volver al Palacio al día siguiente.
La carga histórica, como usted la llama, cuenta, por supuesto, debido al antecedente de las “chuzadas” del DAS y a la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla, aunque nadie parece acordarse ahora de que en esa misma fecha dramática la retoma militar produjo muchas víctimas, incluso magistrados asesinados y desaparecidos. Pero ¿no cree que la exhibición de banderas del M-19 fue un desatino y un desafío doloroso para la Corte?
De nuevo, estoy convencido de que esas actitudes fueron espontáneas y no eran dirigidas por nadie en particular, mucho menos vinculado con el Ejecutivo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como juez que fui y que trabajé en el mismo Palacio de Justicia, como lo hicieron muchos, recuerdo las decenas de manifestaciones que se presentaban, con frecuencia, en frente de esa edificación cada vez que se iba a discutir en las cortes un asunto sensible y polémico. Por ponerle un ejemplo, cuando se iba a decidir sobre temas relacionados con el aborto, llegaban decenas de personas interesadas en expresarse legítimamente, aunque a veces lo hacían con gritos e imágenes muy chocantes.
José Fernando Reyes, también recién posesionado presidente de la Corte Constitucional, no fue menos locuaz en sus juicios contra la Casa de Nariño. Aseguró que el país asistió “a una posible incursión violenta de las instalaciones de la Corte Suprema” y preguntó públicamente si “se necesita que maten a un magistrado” para que el Gobierno acepte su responsabilidad. Primera pregunta: ¿usted recuerda alguna vez que algún presidente de la Constitucional haya polemizado, en público, con el jefe de Estado?
A esta pregunta le respondo, con sinceridad, que no recuerdo unas declaraciones como las que usted señala dichas por algún presidente de la Corte Constitucional en todos estos años. Me resulta particularmente doloroso que el actual presidente de ese alto tribunal considere que el Gobierno pueda tener, entre sus cálculos, la muerte de algún magistrado. Nuestro Gobierno no es de esa índole, se lo aseguro.
Segunda pregunta sobre el magistrado José Fernando Reyes, de la Corte Constitucional: si el presidente Petro le pidiera a usted que, como ministro de Justicia, respondiera a las afirmaciones de Reyes ¿qué le diría?
Aunque el presidente me lo pida de modo explícito o no, le diría que le garantizo a la Corte Constitucional que está frente a un Gobierno que respeta y protege la independencia judicial, que expresa con franqueza sus posturas, que le apuesta a la vida y que está empeñado en la profundización de la democracia y el Estado social de derecho. Le garantizaría, además, que, pese a la dureza y el tono de sus palabras, estas no lograrán, en ningún caso, cambiar nuestras convicciones.
Entonces, ¿sí hay una molestia institucional, al menos momentánea, entre el Gobierno y las cortes?
Después de una semana, considero que es un hecho superado. Y, al margen de la discusión actual, también estoy firmemente convencido de que la comunicación entre el Gobierno y los jueces debe ser apenas la necesaria para cumplir con el principio de colaboración armónica entre los poderes. Una estrecha amistad o exceso de intercambios de opiniones o encuentros podrían interpretarse como intentos de presión o interferencias indebidas en las funciones que corresponden a cada uno.
Este embrollo se produjo por la indefinición de la Corte Suprema en cuanto a elección de la nueva fiscal general de la Nación, aunque el presidente Petro envió la terna de candidatas desde comienzos de agosto, hace seis meses. Teniendo en cuenta los tiempos, ¿se justificaba el plantón de manifestantes frente a la Corte?
Nunca percibí que las manifestaciones del 8 de febrero hubieran sido contra la Corte Suprema de Justicia. Más bien reflejaban un clamor de protesta contra la Fiscalía General de la Nación.
La mayoría de los analistas coinciden en que si bien la situación, ese día no pasó a mayores, hubiera podido derivar en un caso muy grave y responsabilizan al presidente. Pero, del otro lado, los defensores del Gobierno insisten en que la Corte ha demorado innecesariamente el proceso de elección de nueva fiscal. ¿Cuál es su opinión?
Reitero que las marchas de ese día fueron convocadas por Fecode, no por el presidente. Y que su detonante fue una inspección-allanamiento practicado por la Fiscalía a la sede de esa organización sindical, días antes. Este hecho puntual canalizó una insatisfacción nutrida en contra de quienes dirigían la Fiscalía. Los manifestantes, simultáneamente, reclamaban la pronta elección de la nueva titular de ese órgano. La causa de esas marchas se encuentra en los actos de la Fiscalía, no en la Corte ni en el Gobierno.
Entonces, ¿usted está entre quienes opinan que el hoy exfiscal Barbosa fungió más como opositor político que como director de las investigaciones criminales, función constitucional de la Fiscalía?
Sí observé un sesgo político en las declaraciones del exfiscal. Lamento que eso haya ocurrido en la Fiscalía General.
Supongo que tiene alguna indicación del presidente en el sentido de adelantar acercamientos con las cortes por el puente quebrado entre las dos instituciones. ¿Cómo y cuándo lo hará?
No hay puentes rotos, se lo aseguro de nuevo. Lo que sí hay es titulares tremendistas y ánimo de polarización entre algunos actores políticos. Pero ni los titulares ni la polarización han impedido la colaboración armónica entre los dos poderes, Judicial y Ejecutivo, como manda la Constitución, ni tampoco el anhelo compartido de construir un país más justo.
Cambiando de tema y puesto que usted representó a Colombia en el acto de perdón a la familia de Guillermo Cano por no haber protegido su vida y por la falta de conclusiones judiciales del crimen, podría contestar ¿por qué el Estado tardó 37 años en reconocer sus fallas?
El asesinato de Guillermo Cano fue un crimen atroz ejecutado de acuerdo con los planes de las mafias del narcotráfico de finales del siglo pasado de doblegar al Estado colombiano y dominar a la sociedad. Liquidando a El Espectador, calculaban que amedrentarían a todos los medios nacionales y que podían obtener una opinión obsecuente con los negocios, intereses y pretensiones de los carteles de las drogas. De modo paralelo, avanzaba la toma política de la institucionalidad por esas estructuras criminales. Creo que superar esa situación ha sido mucho más complejo y dilatado que, simplemente, acabar con la era de Pablo Escobar. Eso puede explicar tantos años de quietud y zigzagueos de los expedientes judiciales, así como la indolencia y el desprecio de sucesivos gobiernos ante esos hechos dramáticos que ensombrecen nuestra civilidad.
En su condición de ministro del ramo, usted se comprometió a “esclarecer los hechos y buscar justicia” en el caso Cano. ¿Significa que, a instancias del actual Gobierno, se reiniciarán la investigaciones?
Me temo que a estas alturas lo mejor que podemos hacer es centrar las investigaciones en esclarecer la verdad de lo ocurrido, pues la posibilidad de asignación de responsabilidades penales puede haberse desvanecido por el paso del tiempo. Es muy probable que los autores y determinadores del asesinato de Guillermo Cano ya hayan muerto. No obstante, el hecho de que se haya declarado delito de lesa humanidad habilita la continuación de las investigaciones hasta cuando se llegue a conclusiones certeras. En la medida de sus atribuciones, el Ministerio de Justicia impulsará y rodeará esas investigaciones.
“Una propuesta (de la oposición) estridente y carente de juicio”
La CIDH, la OEA y la oficina de la ONU en Colombia han instado a la Corte Suprema a elegir, prontamente, nueva fiscal general. La oposición reaccionó calificando esos pronunciamientos como interferencia indebida en los asuntos internos del país y ha pedido retirar al Estado de los convenios supranacionales ¿Está de acuerdo con el aislamiento del país?
Primero, permítame decirle que no me extraña la preocupación de las instancias internacionales en la elección pronta de fiscal general en Colombia porque, hace tiempo, la criminalidad dejó de ser un fenómeno doméstico para convertirse en uno trasnacional. La lucha contra el crimen requiere de colaboración articulada entre Estados democráticos. Las declaraciones de esos organismos, en lugar de constituir una interferencia, significan la reiteración de su confianza en las instituciones judiciales de Colombia como un Estado que hace parte de la comunidad internacional y que no le resulta indiferente a ella. En segundo lugar, y en cuanto a la propuesta de retirarse de organismos como la CIDH y la OEA o de denunciar los tratados correspondientes, simplemente lo considero un exabrupto y estridencia carente de juicio.
“El Estado se acobardó ante el poder de los carteles”
En sus palabras de aceptación de responsabilidad del Estado por el asesinato de Guillermo Cano, usted aseguró que Colombia “miró para otro lado, indolente, acobardado, cómplice...” ¿Por qué acobardado, y cómplice de quiénes?
Indolente porque no protegió a Guillermo Cano a sabiendas de las amenazas que se cernían sobre él, así como tampoco lo hizo con los sucesivos fiscales y jueces a los que les correspondió investigar el caso y quienes fueron asesinados o tuvieron que exiliarse, ni con tantos periodistas que fueron víctimas inermes del terror. Acobardado porque, a pesar de valerosas excepciones personales, el establecimiento temblaba ante el poder fáctico de los carteles de drogas; y cómplice porque no pocos personajes permitieron, a cambio de enriquecimiento ilícito, que las mafias ocuparan muchos espacios políticos.
Hay quienes piensan que todavía existen intereses mafiosos en algunas instituciones oficiales locales ¿Usted también lo cree?
Sí, es una lucha que no ha terminado. Tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo en Tuluá con la banda criminal que se hace llamar La Inmaculada. Las denuncias valientes del alcalde recién posesionado así lo indican. El Gobierno lo está apoyando con toda la fuerza del Estado.