“Es un error decir que la paz no está por encima de la Constitución”: Petro
El presidente le respondió a la procuradora Margarita Cabello cuando la funcionaria respaldó la decisión del fiscal de no levantar órdenes de captura contra integrantes de bandas criminales.
Continúa el choque público protagonizado por la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno nacional. ¿La razón? la petición que el ejecutivo le hizo al ente investigador para que levantara las órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo y de Los Pachencas en el marco de la paz total. Ya eran conocidas las declaraciones del fiscal general Francisco Barbosa y de la procuradora Margarita Cabello, pero este miércoles el presidente Gustavo Petro les respondió.
¿Qué pasó?
Todo empezó cuando el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, pidió a la Fiscalía dirigida por Barbosa que levantara las órdenes de captura contra 16 integrantes de ambas bandas criminales para avanzar en acercamientos por la paz. De tajo, Barbosa se negó a hacerlo.
““No voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, afirmó el fiscal en Blu Radio.
A ello agregó que se niega a hacerlo porque “no existen condicionales constitucionales” con relación a los jefes de estos grupos al margen de la ley. “No fue por un capricho del fiscal Francisco Barbosa”, sostuvo.
A su turno, la procuradora Cabello Blanco se pronunció respaldando al fiscal. Cabello dijo que los decretos expedidos por el Gobierno que exponen el cese al fuego con cuatro organizaciones (en las que se encuentra el Clan del Golfo) “no tienen incluida la suspensión de las órdenes de captura proferidas por jueces de la República, y por estar vigentes, los miembros de la Fuerza Pública tiene el deber ineludible de hacerlas efectivas”.
“La paz no puede estar por encima de la constitución”, fue el mensaje inicial del video de la procuradora, quien además señaló que su intervención y la decisión del fiscal hacen parte de la separación natural de los poderes del Estado.
¿Qué respondió el presidente?
Desde Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, el jefe de Estado respondió en los entretiempos de las reuniones. “Hay un enorme error en decir que la paz no está por encima de la Constitución”, replicó Petro a Cabello Blanco.
“En realidad la constituciones se hacen para que la sociedades convivan en paz. Las constituciones son tratados de paz decía Norberto Bobbio. El artículo número 22 de nuestra Constitución nos ordena hacer la paz. Si el artículo 22 dice que la paz es un derecho fundamental, entonces todo servidor público debe guiar su actuación en función de hacer la paz. Que no nos acostumbremos al discurso de odio y de guerra, eso si es profundamente inconstitucional”, expuso.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero, Alfonso Prada, ministro del Interior y portavoz del Gobierno en este tema, reiteró que la ley 2272 de 2022, conocida como norma de la paz total y aprobada en el segundo semestre del año pasado por el Congreso, otorga al presidente facultades para levantar las órdenes de captura con miras a pactar la paz con este tipo de grupos.
“La única manera de tener la paz total es avanzar en el desmonte de las organizaciones que tienen tanto estatus político como las que no lo tienen; unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen; son dos cosas completamente diferentes”, indicó Prada.
Agregó entonces que este proceso requiere “instrumentos y caminos para poder conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz, que terminen en acuerdos de paz, y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de Derecho”.
Así las cosas, el choque entre la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno está relacionada con el piso jurídico que, según la interpretación de los funcionarios, tienen o no este tipo de procedimientos que navegan entre las búsquedas políticas y las posibilidades jurídicas.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Continúa el choque público protagonizado por la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno nacional. ¿La razón? la petición que el ejecutivo le hizo al ente investigador para que levantara las órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo y de Los Pachencas en el marco de la paz total. Ya eran conocidas las declaraciones del fiscal general Francisco Barbosa y de la procuradora Margarita Cabello, pero este miércoles el presidente Gustavo Petro les respondió.
¿Qué pasó?
Todo empezó cuando el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, pidió a la Fiscalía dirigida por Barbosa que levantara las órdenes de captura contra 16 integrantes de ambas bandas criminales para avanzar en acercamientos por la paz. De tajo, Barbosa se negó a hacerlo.
““No voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, afirmó el fiscal en Blu Radio.
A ello agregó que se niega a hacerlo porque “no existen condicionales constitucionales” con relación a los jefes de estos grupos al margen de la ley. “No fue por un capricho del fiscal Francisco Barbosa”, sostuvo.
A su turno, la procuradora Cabello Blanco se pronunció respaldando al fiscal. Cabello dijo que los decretos expedidos por el Gobierno que exponen el cese al fuego con cuatro organizaciones (en las que se encuentra el Clan del Golfo) “no tienen incluida la suspensión de las órdenes de captura proferidas por jueces de la República, y por estar vigentes, los miembros de la Fuerza Pública tiene el deber ineludible de hacerlas efectivas”.
“La paz no puede estar por encima de la constitución”, fue el mensaje inicial del video de la procuradora, quien además señaló que su intervención y la decisión del fiscal hacen parte de la separación natural de los poderes del Estado.
¿Qué respondió el presidente?
Desde Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, el jefe de Estado respondió en los entretiempos de las reuniones. “Hay un enorme error en decir que la paz no está por encima de la Constitución”, replicó Petro a Cabello Blanco.
“En realidad la constituciones se hacen para que la sociedades convivan en paz. Las constituciones son tratados de paz decía Norberto Bobbio. El artículo número 22 de nuestra Constitución nos ordena hacer la paz. Si el artículo 22 dice que la paz es un derecho fundamental, entonces todo servidor público debe guiar su actuación en función de hacer la paz. Que no nos acostumbremos al discurso de odio y de guerra, eso si es profundamente inconstitucional”, expuso.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero, Alfonso Prada, ministro del Interior y portavoz del Gobierno en este tema, reiteró que la ley 2272 de 2022, conocida como norma de la paz total y aprobada en el segundo semestre del año pasado por el Congreso, otorga al presidente facultades para levantar las órdenes de captura con miras a pactar la paz con este tipo de grupos.
“La única manera de tener la paz total es avanzar en el desmonte de las organizaciones que tienen tanto estatus político como las que no lo tienen; unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen; son dos cosas completamente diferentes”, indicó Prada.
Agregó entonces que este proceso requiere “instrumentos y caminos para poder conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz, que terminen en acuerdos de paz, y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de Derecho”.
Así las cosas, el choque entre la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno está relacionada con el piso jurídico que, según la interpretación de los funcionarios, tienen o no este tipo de procedimientos que navegan entre las búsquedas políticas y las posibilidades jurídicas.
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