“Hemos hecho más que lo que hizo el anterior gobierno para implementar la paz”

Tras tres años, ¿qué calificación le daría a su gobierno?

Yo le puedo dar un número, pero nos quedamos en el vacío de ese número. Lo importante es mirar los hechos, el avance en agenda de equidad. Prometí que íbamos a tener educación pública gratuita avanzada en el país. La recibimos en el 8 % y la vamos a dejar prácticamente en el 97 %, con el programa de Matrícula Cero a estratos 1, 2 y 3. Prometimos avanzar en subsidios de vivienda para interés social y somos el Gobierno que más subsidios en esta materia ha entregado en Colombia. Tenemos la transformación energética más grande que ha tenido el país. En seguridad, el año pasado terminamos con la menos tasa de homicidios de los últimos 40 años y la menor en secuestros. Hay retos todavía. La pandemia nos pegó muy duro en la economía, pero creo que si todo sigue como va, este año vamos a cerrar con un crecimiento superior al 7 %, el mayor en el siglo XXI. En infraestructura, cuando empezó el Gobierno teníamos 29 proyectos de cuarta generación y con la estrategia “concluir, concluir, concluir” vamos a entregar 20. Al finalizar nuestro mandato, vamos a dejar además otros 15 proyectos contratados. Siento que hemos cumplido con lo que prometimos.

¿Y en qué cree que se va a incumplir?

Creo que hay que acelerar mucho en lo de la vías terciarias, y eso que tenemos el presupuesto más grande en ese sector que se ha tenido en el país. Pero falta todavía mejorar mucho más, sobre todo con la institucionalidad local. Yo prefiero mirar tema por tema. En lo ambiental, poco se habla de los resultados. Hablamos de transición energética, y le digo: movilidad limpia. Lanzamos la ley de vehículos eléctricos y vamos a cumplir la meta este año de tener 6.000 vehículos eléctricos rodando en el país, la flota de transporte público eléctrica más grande de América Latina, al igual que la flota de transporte corporativo. Nos propusimos llegar a 180 millones de árboles sembrados y vamos a cerrar en diciembre con 120 millones. Y tenemos la meta de llegar a 2030 con una reducción del 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas cosas que para mi satisfacción se están cumpliendo.

La oposición dice que la Colombia que usted retrata es una Colombia irreal. Con esos resultados que muestra, ¿por qué cree que su gestión tenga tan alto índice de desaprobación?

Las encuestas son fotos de un momento. He tenido encuestas buenas y malas. Cuando las encuestas son buenas, hay que trabajar el triple y cuando son malas, igual. Obviamente, en un ambiente como el de la pandemia, los líderes de los países hemos tenido que pagar una factura muy alta. Estamos expuestos a un mundo que es cada vez más polarizado. A mí no me preocupa si una encuesta está buena o mala, sino cómo vamos cumpliendo el plan del gobierno. Colombia no tiene reelección, entonces uno tiene que tomar decisiones que sirvan al país, así sean impopulares. Muchas veces el manejo de la pandemia para proteger la salud o equilibrarla frente a la economía, ha traído rechazos. Frente a eso, hay que obrar con humildad y mi vida todos los días es cumplir con el plan del gobierno.

¿Y qué le diría a la oposición?

La oposición tiene un rol y un papel, pero lo que a mí me parece más importante es mirar la confrontación con la evidencia. En campaña dije: voy a terminar el Túnel de La Línea, que estaba en el 40%, y se entregó. Me dijeron que no iba a ser capaz de entregar el proyecto Cruz del Viso-Palmar de Varela-Puerta de Hierro y lo entregamos hace 15 días. Son retos que se van asumiendo con humildad. Sabemos que en Colombia hay brechas sociales de muchos años, pero, por ejemplo, esperamos cerrar este 2021 con matrícula gratis para los estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Igualmente, seguir con el incentivo para la generación de empleo joven, con un subsidio del 25 %. Y la elección de los consejos municipales de juventud. Son temas que permiten a los jóvenes sentirse partícipes de la construcción de una gran agenda social y este es el proceso electoral más importante después de la Séptima Papeleta.

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¿Cuál ha sido hasta ahora su gran frustración?

La pandemia deja mucho dolor. Cuatro millones de vidas en el planeta, entre ellas más de 115 mil colombianos. Ver los efectos económicos y sociales. Una pandemia no estaba en el libreto de nadie. Frente a eso no hay una carta de navegación clara. La frustración ha sido tener que enfrentarla, pero también con la convicción de que fuimos capaces de sortearla. Otro momento duro ha sido luchar contra los cultivos ilícitos. Estoy convencido de que Colombia será distinta el día que se libere del narcotráfico. Pero enfrentar más de 200 mil hectáreas es complejo. Sí quisiera dejar armado un programa integral para los próximos años, que combine la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo y movilizar mucho a la comunidad internacional, que tiene una gran corresponsabilidad.

¿Cuál espera que sea su legado al término de su mandato?

Para mí es el concepto de equidad, y se lo resumo en logros puntuales: que este país tenga la educación gratuita universitaria, pública, técnica y tecnológica para los estratos 1, 2 y 3. Llegar a más de 200 mil subsidios de vivienda para personas de menos de tres salarios mínimos, con cuota fija pagando menos de lo que pagarían de arriendo. Son conquistas de equidad, así como haber cerrado la brecha en más de un 150 % en electrificación rural o lograr que más de 200 municipios cierren la brecha de acceso a agua potable, o que este país tenga la mayor inversión en vías terciarias, o una agricultura por contrato para que más de 300 mil productores puedan vender sin intermediarios. Mi legado es dejar esa agenda de equidad consolidada y convertida en política de Estado.

Habla de equidad, pero son 22 millones de colombianos en la pobreza y 7,5 millones en pobreza extrema…

Pero si no hubiéramos hecho esta agenda de equidad, serían tal vez el doble o el triple. Y es que hay que mirar el contexto de la pandemia. En Colombia pasamos del 37 al 42 % en pobreza, pero si no hubiéramos tenido Ingreso Solidario o devolución del IVA o los giros extraordinarios, esas cifras hubiesen superado el 55 %. Además, con la Ley de Inversión Social, al extender el Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, más el incentivo de contratación de jóvenes, al tener matrícula gratis y al tener el PAEF hasta diciembre de este año, podremos decir que antes de terminar nuestro gobierno habremos recuperado ese espacio perdido por la pandemia y dejaremos una ruta al país para que esa reducción de la pobreza sea sostenida. Comparados con otros países de América Latina, el aumento en la pobreza nuestro es muchísimo menor.

Usted ha sido el presidente más joven electo popularmente en el país y una de sus banderas de campaña fueron los jóvenes, ¿cómo explicar que sean ellos los que hoy más lo rechacen?

No creo que la palabra sea rechazo. Lo viví en la campaña, el segmento donde tuve menos votación fue entre los 18 y 28 años. Es paradójico, porque somos el Gobierno que más ha invertido en ese sector de la población. Creo que nos toca vencer paradigmas, estigmas e incluso prejuicios. Desafortunadamente hay mucho prejuicio y lo he vivido también en las mesas de jóvenes en las que participo regularmente. Me dicen que no he hecho nada por la educación y estamos haciendo la mayor entrega de aulas educativas en la historia. O lo de la matrícula gratuita que ya mencioné. Además, estamos haciendo la mayor inversión en deporte y la mayor inversión en infraestructura de universidades. Y este es el Gobierno que más ha empoderado a los jóvenes desde la administración pública en la gestión del Estado. Mire por ejemplo, el director de Planeación tiene 35 años; la ministra de Cultura, 31; el ministro del Interior, 38 años. Aquí realmente hemos querido empoderar una nueva generación para que trabaje por el país y yo espero que ello sea reconocido.

¿Por qué hay quienes dicen que a su gobierno le cuesta reconocer los errores y escuchar más?

Los errores se reconocen y hay que seguir escuchando. Cuando a mí me han hecho esos comentarios, lo que digo es que los recibamos con toda la humildad. Hay que estar presente en el territorio y tener la capacidad de entender lo que el otro está reclamando y está pidiendo. Nosotros hicimos 42 talleres “Construyendo País”, escuchando a las comunidades, y de ahí surgieron gran parte de las propuestas que se han venido ejecutando y que están en el Plan de Desarrollo. En plena pandemia hicimos talleres de reactivación. Hemos tenido mesas permanentes con estudiantes desde septiembre de 2018 y participación activa en la Mesa de Concertación Laboral. El espíritu de escuchar y dialogar está, pero también tenemos que entender que nuestro país ha estado inmerso en una gran polarización que tenemos que superar. Eso no quiere decir que seamos unánimes, pero que tengamos la posibilidad de escucharnos y la posibilidad de construir. Hay, por ejemplo, gobernantes locales que muchas personas los definen como antagonistas naturales míos, pero piensan en el porvenir de la ciudadanía y del país, y hemos hecho juntos proyectos que tomaban décadas.

Polarización que alimenta su mismo partido y que se acentúa cuando, por ejemplo, usted no se queda a escuchar a la oposición tras la instalación del Congreso…

Fui congresista tres años y ocho meses, y logré sacar adelante seis leyes, no solo con el respaldo de mi partido, que en ese entonces era minoría, sino de otros partidos. Fueron ejercicios de concertación y de apertura. Ahora, uno de los de los debates más polémicos que tuvo el país y que dejó una gran fractura fue el del plebiscito por la paz. Fui defensor del ‘No’ porque creía que se podía lograr un mejor acuerdo, pero nunca hice un ataque personal y siempre me referí a los temas puramente programáticos. Después de los resultados de las elecciones, siempre hablé de la construcción de un acuerdo nacional. Le doy un ejemplo: las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, fueron a seis artículos de 159. Si se hubiera podido llegar a un acuerdo en uno, dos o tres, hubiera sido también un gran triunfo de unidad en torno a entender una institucionalidad nueva y no quedarnos en esa fractura. Como presidente, lo que ha buscado siempre es tener canales de entendimiento, tanto así que he sancionado leyes que son de iniciativa de la oposición. Ahora, el Gobierno sí estuvo presente para escuchar a la oposición, a través de un decreto del Ministerio del Interior. Siempre hemos tenido la voluntad de escuchar. Estoy convencido de que si tenemos un espíritu dialogante, eso nos ayuda a ser una mejor democracia.

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¿Y entonces por qué no escuchar al expresidente Juan Manuel Santos cuando dice que está en disposición de tenderle una mano para ayudarlo a sortear situaciones difíciles durante su gobierno?

Valoro todos esos gestos. A mí me dicen que genero polarización, pero empecemos a desmitificar eso. La mitad de mi gabinete votó por el ‘Sí’ en el referendo por la paz y la otra mitad por el ‘No’. Es la posibilidad del reencuentro nacional y si tuviera estigmas con respecto a la administración anterior, no tendría funcionarios que trabajaron en ella. Lo que me interesa es construir y busco funcionarios que tengan espíritu de colaborar por el país. A esas voces que lo que quieren es tratar de distanciar, creo que los hechos son más contundentes. Me han dicho, por ejemplo, que soy homofóbico y este es el primer gobierno en Colombia que ha tenido un ministro hombre abiertamente perteneciente a la comunidad LGBTI. Cuando uno trasciende a los hechos y no a la percepción, ello nos permite entender la real dimensión de lo que nosotros queremos alcanzar como gobierno. Y siempre he querido unir al país en torno a muchos propósitos. No ha sido fácil por esas heridas de la polarización, pero nadie puede decir que mi lenguaje, mi actitud o mi obra de gobierno polarizan.

Está sobre la mesa una nueva reforma tributaria y ya tiene muchos críticos, ¿cuál es su esencia?

Esta es la reforma tributaria más grande en materia de recaudo, 1,5 del PIB. Nadie puede decir que no sea ambiciosa. Es una reforma orientada a acompañar una gran agenda social transformadora. Este es un país que va a entregar Ingreso Solidario prácticamente todo el año 2020, más 12 meses de 2022. Seremos el país de América Latina que más apoyo social ha dado a los afectados en un momento de transición. En muchos municipios de Colombia, lo que ha mantenido viva la economía local ante la pandemia ha sido la capacidad adquisitiva que han generado los programas sociales. En ninguna crisis, Colombia había subsidiado el 40 o 50 % del salario mínimo legal mensual de los trabajadores. En ningún momento de nuestra historia se había creado un esquema de transferencia no condicionada, que en tres semanas superará el número de beneficiarios que tiene en 20 años el programa de Familias en Acción. Sí hay muchas diferencias frente a la propuesta de reforma anterior, y hay que ser humilde y escuchar. De pronto queríamos dejar resueltos muchos problemas fiscales para los próximos dos o tres gobiernos, pero ello no se entendió. Hoy estamos logrando varios propósitos. Estamos estabilizando las finanzas públicas y logrando la mayor reforma en términos de recaudo de los últimos 30 años, además de una gran agenda social para beneficiar a más de 11 millones de hogares en el país.

¿Y por qué cree que no se entendió la anterior reforma tributaria? ¿No será que fue una propuesta muy cerrada, que faltó concertación?

¿De dónde salen los recursos de la actual reforma propuesta? De mantener el descuento del ICA en el 50%, es decir, no se pierde lo ganado en competitividad tributaria y fiscal, pero nos genera un mayor recaudo al no llevarlo al 100%. Se había bajado la tasa efectiva de renta, del 37 al 32%, y de manera consensuada con el sector privado se está llevando a 35%, o sea que se sigue manteniendo la competitividad, pero se hace un gran esfuerzo para enfrentar esta situación extraordinaria en medio del COVID-19. Se mantiene también el impuesto de normalización y una sobretasa al sector financiero, aceptada por este. Todo esto nos lleva a $15 billones en ingresos, sumados al plan de austeridad y a la profundización de la factura electrónica para enfrentar con mayores bríos el proceso de fiscalización y así saldar deudas históricas en el país. Esas tarifas empiezan a aplicarse a partir de 2022, es decir, que el recaudo mayor se empezará a sentir a partir de 2023, acompañando el proceso de reactivación con certezas de mediano plazo respecto a los ingresos. La reforma anterior no fue una reforma encerrada, duramos muchos meses de conversaciones, pero la mayor polémica estuvo en que muchas personas dicen que en Colombia hay que aprobar las exenciones sin una clara diferenciación entre bienes exentos y excluidos, y así se ha perpetuado por muchas décadas. Quisimos hacer esa modificación para generar mayor ingreso y tener la posibilidad de erradicar la pobreza extrema en cuestión de 36 meses, pero tal vez la lectura que se dio al eliminar la condición de exentos, y que eso llevaba al aumento en los precios en algunos productos, generó una mala interpretación sobre el propósito final. Ahora estamos presentando una reforma que la consensuamos con el sector privado y los partidos políticos. Eso sí, el país, en las próximas décadas, si quiere seguir cerrando brechas sociales, va a tener que discutir que no podemos seguir con solo el 4% de la población pagando impuesto de renta y además hay unas exenciones que no deberían existir. Espero que esa discusión se pueda dar alguna vez con mayor sensatez.

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Uno de los puntos clave tiene que ver con el empleo, tan golpeado por la pandemia, ¿qué balance hace de su gobierno en esta materia?

Colombia ha tenido una alta informalidad laboral desde hace muchos años y mi obsesión ha sido generar empleos formales. Veníamos desarrollando una política en el área rural con créditos, agricultura por contrato, transformación productiva y apertura de nuevos mercados. Pero llegó la pandemia. Ya hemos recuperado cerca de 3,6 millones de empleos y nuestro reto es, en los próximos seis meses, tratar de recuperar dos millones más con incentivos correctos. Tenemos también el subsidio para el empleo joven, que no será temporal y llega para quedarse. Estamos dándole al empleador un empujón para la contratación de los jóvenes. El programa no financia la sustitución laboral. No es para salir de los que son mayores en las empresas y contratar jóvenes para recibir el subsidio. No se puede sacar a nadie a la calle, pero sí se puede contratar. Dicen también que Colombia es un país minero-energético, pero ese no es el sector donde se genera el empleo. El gran empleo está en la micro, mediada y pequeña empresa, que provee más del 89%. Entonces, tenemos que recuperar esas empresas y eso solo se hace detonando crecimiento. En el primer trimestre crecimos al 1,1%, Chile creció al 0,3%, México al 0,6% y nosotros lo hicimos por encima de las expectativas. Seguimos con esta senda y tenemos la perspectiva de una Colombia muy dinámica de cara a 2002 y en los próximos años. Tenemos que seguir motivando más inversión extranjera y más transformación productiva.

Hablando de la pandemia, hay quienes dicen que fue un error abrir el país en pleno pico, cuando los contagios y las muertes crecían, ¿usted qué cree?

¿Hubiéramos podido tener este nivel de apertura en marzo o abril de 2020? Claramente no, porque el manejo integral de la pandemia tiene que combinar una multiplicidad de elementos. El país pasó de 5 mil unidades de cuidados intensivos a más de 12 mil. El país logró desarrollar esas UCI en un sistema de traslados o de remisiones, que permitió que no hubiera un colapso aun en el peor pico. Y si miramos lo que ha pasado en la última semana, la presión sobre las UCI viene cayendo de manera sostenida y el número de muertos tiene la misma tendencia, lo mismo que los casos activos. Por otro lado, los niveles de vacunación en el país están creciendo a una gran velocidad. Es posible que para finales de julio estemos llegando a la meta de 25 millones de vacunados. Hay que entender que con la pandemia vamos a tener que convivir mucho más tiempo que el que todos esperamos. Algunos dicen que se puede volver una enfermedad endémica. Otros piensan que vamos a convivir con ella como si fuera una influenza. Y con el tiempo que llevamos, está claro que no hay ninguna dicotomía entre salud y empleo o salud y crecimiento económico. Tenemos que lograr armonía y equilibrio en estos dos factores, por lo tanto, el tapabocas y otras medidas llegó para quedarse, con un país que avanza en la vacunación al ritmo que a todos sorprende. Llegar a 25 millones de vacunados es un logro, además, con el nivel de conocimiento que ya tenemos, no podemos como sociedad seguir contemplando la posibilidad de un cierre. En el mundo cada vez hay más resistencia a ello. La única forma de impedirlo es combinando las medidas farmacológicas y un gran sentido de responsabilidad. Si miramos las personas que están llegando a las UCI en los últimos días, la gran mayoría son las que no se han vacunado.

Los movimientos y las personas antivacunas son una talanquera, ¿se podría llegar a pensar en tomar medidas como las de Francia, que exige vacunación para ingresar a cines, restaurantes u otros sitios?

Tengo una claridad conceptual sobre la libertad, pero sí veo con preocupación que en algunos sectores se comportan más lentos que otros. Lo de Francia tiene una racionalidad, y es que si ya hemos llegado al tope de la vacunación y es gratis, y hay personas que no se están vacunando y ponen en riesgo a toda la sociedad, pues la sociedad también puede imponer una serie de medidas que pueden venir incluso del sector privado. Por ejemplo: no entra nadie a El Espectador si no está vacunado. O si quiere entrar a cine, tiene que estar vacunado. Es una racionalidad entendible, pero quiero que demos un gran esfuerzo como país de avanzar con persuasión. No hay justificación para no hacerlo. Es gratis, es rápido, es sencillo, tiene la tecnología, el reporte y el registro, y no hacerlo es una inconsciencia frente a la salud de toda la sociedad.

Queda la sensación, sin embargo de que esa apertura se dio en un momento crítico, incluso con líos en la obtención de recursos para enfrentar la pandemia…

No nos podemos circunscribir a un análisis desde el tercer pico, tenemos que mirar la película completa. El primer pico fuerte lo empezamos a vivir en septiembre del año pasado y ya estábamos en un nivel de apertura de más del 85 % y lo transitamos bien. En diciembre hicimos la advertencia con el ministro de Salud, mucho cuidado con las aglomeraciones, pero nos relajamos y vino el segundo pico en febrero. Vino la Semana Santa y también advertimos: ojo con las aglomeraciones. Pero mucha gente se relajó y entonces vino el tercer pico. Hoy el mundo tiene evidencia de cómo se puede manejar el transporte público con los protocolos de bioseguridad, ya hay experiencias de cómo manejar espacios de entretenimiento con esos mismos paradigmas, pero nosotros vimos en el país lo que ocurrió en mayo y eso desafortunadamente trajo una factura. Y no lo digo yo, dejémoslo a los epidemiólogos. Prefiero sentirme satisfecho de ver a la población colombiana comprometida con la vacunación. En cuanto a los recursos médicos, no es un tema de escasez nacional, es que la lucha por el oxígeno ha sido feroz, pero logramos mantener el sistema general de salud. Hubo países desarrollados con mayores ingresos que los nuestros, que les colapsó el sistema. No estamos en el paraíso terrenal y tenemos que seguir mejorando, pero pasaron cosas importantes, la telemedicina, la historia clínica en línea, la ley del residente o la bonificación económica al personal de primera línea.

Hablaba usted de lo complejo de la lucha contra el narcotráfico, ¿ello ratifica su insistencia en el uso del glifosato para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos, pese a los múltiples reparos?

Colombia llegó a tener 188 mil hectáreas de coca cuando empezó el Plan Colombia y entre el año 2000 y 2014 se pasó a menos de 50 mil con la combinación de muchas herramientas: aspersión, erradicación y desarrollo alternativo. A partir de 2014, se dijo no más aspersión, y desde entonces, hasta 2018, pasamos a más de 200 mil hectáreas. Nosotros lanzamos la política “Ruta Futuro”, y dijimos esta no es la bala de plata para acabar con el hombre lobo. Tiene que haber una combinación de herramientas. Dijimos sí a la erradicación manual, sí a la interdicción, sí a romper las cadenas de suministros y de precursores químicos, sí a la destrucción de laboratorios y también, donde se requiera, aspersión con precisión, basados con los protocolos dados por la Corte Constitucional. Hemos tenido algunas diferencias con EE. UU. y estamos haciendo una mesa técnica de monitoreo. Pero lo cierto es que Colombia tiene que seguir bajando esos cultivos con multiplicidad de herramientas. ¿Nos podemos dar el lujo de no utilizar la aspersión en algunos casos donde se requiera? Diría que no. Tenemos territorios que están minados o tienen francotiradores o tienen cultivos industrializados al servicio de carteles, y debemos que tener capacidad para llegar. Es que no se pueden dejar de ver a lo que está sometido el país, porque mucho se habla del daño ambiental causado por el glifosato, pero muy poco del daño ecológico que causa la coca. Nadie dice que por una hectárea de coca se destruyen dos de selva tropical, ni menciona los vertimientos de químicos en las áreas de los laboratorios. Lo claro es que no rechazamos ninguna herramienta y cada una tiene su ocasión y funcionalidad.

¿Por qué rechazó los mecanismos de seguimiento de la CIDH, pero sí pidió seguimiento en Cuba y Nicaragua?

Colombia es un país fundador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando miramos el reporte, primero dije que hay que recibirlo de manera constructiva, pues la gran mayoría de él es de cosas que ya se están haciendo en Colombia, por vocación propia del Estado y hay otros temas en los que tengo discrepancias. Por ejemplo, a la necesidad de tener una instancia adicional de observación, pues Colombia tiene un sistema de protección y tutelaje de los derechos fundamentales que no tienen otros países. Hay una Defensoría del Pueblo, una Procuraduría y a nivel territorial existen personerías, es decir, una institucionalidad robusta. Por eso, tener una instancia que pretenda sustituir esas funciones, no estoy de acuerdo. Segundo reparo: estoy en desacuerdo en llamar a los bloqueos cortes de ruta, porque lo que son es una violación a los derechos colectivos de la sociedad. No tenemos por qué aceptar que se aplaquen derechos de la sociedad para imponer los propios. Y nuestro Código Penal, en el artículo 353, es diáfano. Además no se analizó el contexto histórico en la propuesta de pasar la Policía al Ministerio del Interior. La Policía, que tiene 130 años, de los cuales pasó 60 en el Ministerio de Gobierno y a este país le costó mucha sangre tenerla politizada, donde los rangos, el personal en territorio o las investigaciones estaban sujetas a los directorios políticos. Además, las observaciones de la CIDH no son vinculantes y son debates que también los tuvo Chile, los ha tenido México y nosotros tenemos una democracia lo suficientemente madura para decir que muchas cosas ya la estamos haciendo y podemos tener reparos.

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Hasta hoy van 278 firmantes de paz asesinados y los críticos dicen que su gobierno le ha puesto freno a la implementación del Acuerdo de Paz, ¿qué les responde?

Soy el primero en rechazar esos crímenes, pero empecemos por mirar quiénes fueron los firmantes. ¿Dónde está Iván Márquez, que era el jefe negociador? ¿Dónde están Santrich, que se paseó por el mundo diciendo ‘quizás, quizás, quizás’ y después se fue al terrorismo? ¿El Paisa, Gentil Duarte, Guacho, Iván Mordisco, Romaña, Grannobles? La lista es larga. Muchos de esos bandidos han matado a muchos de esos 278 firmantes, no puedo decir que a todos, pero a muchos los han matado esas disidencias y hay que reconocerlo, no para eludir responsabilidades, ni protección, pero la realidad es dura. Cuando me posesioné, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se acababan, iban a desaparecer, y los revisamos porque esas personas no podían quedar al garete. Hicimos adquisición de predios, estamos haciendo titulación de tierras y vamos a empezar a entregar 50 casas de 350 previstas este año para excombatientes. Además, autorizamos un pago adicional y programas de protección, y he estado en por lo menos nueve reuniones para dar garantías de seguridad. Recibí cero procesos productivos colectivos, los hemos multiplicado el 800 %. Los proyectos productivos individuales los hemos cuadruplicado. Las emisoras de capacitación comunitaria fueron entregadas. El catastro multipropósito ha empezado en este gobierno. Por eso, decir que no hay compromiso ante la desmovilización es falso ante las evidencias y que, por razones políticas, no se les pueda conceder a Duque algunos avances, por una bandera electoral, eso es otra cosa. Mi conclusión es que nuestro gobierno ha hecho mucho más que lo que hizo en 20 meses el gobierno anterior para la implementación del Acuerdo.

¿Cuál es su postura frente a las decisiones de la justicia transicional en los temas de secuestro y falsos positivos?

Los dos delitos son abominables. Frente al secuestro, este gobierno hizo una reforma constitucional y ahora ni este ni el narcotráfico pueden ser delitos conexos al delito político y por eso no son amnistiables. Frente a los falsos positivos, siempre he tenido una conducta de cero tolerancia. Que se hagan las imputaciones basadas en hechos y evidencias, como debe ser la justicia. Pero lo que sí es importante, y es lo que todos los colombianos queremos saber, es cuáles van a ser las sanciones. A mí me parece muy poca reparación que los victimarios ostenten poder a sus víctimas y que sigan manteniendo privilegios por encima del resto de la sociedad. Que no vayan a la cárcel, pues eso fue lo que se acordó. Pero de ahí a que puedan mantener una representación política ostentada a sus víctimas, me parece que antes que reparar es una revictimización.

O sea, ¿que las Farc no estén en el Congreso?

No las Farc, sino las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y lo digo por un concepto de equidad. En Colombia una persona que haya cometido cualquier delito no puede pisar el Congreso y no puede haber una diferenciación para que sí lo puedan hacer quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Y respecto a las curules para las víctimas, lo importante es que sea realmente para las víctimas, porque muchas organizaciones de víctimas han expresado sus dudas de que esas curules no las llenen ellos sino personas permeadas por una u otra ideología.

¿Qué puede contarnos que no se sepa sobre el atentado en su contra?

No me gusta hablar de la muerte. Lo que ocurrió fue grave y estamos vivos de milagro. Fue un acto cobarde, terrorista, pero vamos a seguir enfrentándolo. Le dije al ministro de Defensa: vamos a trabajar con la Fiscalía y hasta que haya absoluta certeza sobre los actores materiales e intelectuales se habla del tema. Las autoridades encontraron todas las pruebas, los videos, las llamadas, las compras, y todo está vinculado con el GAOR 33, con John Mechas, que está en Venezuela, con Darwin, que está en Venezuela. Ellos mantienen su línea de trabajo con Gentil Duarte, con Iván Mordisco y trabajan con carteles mexicanos en esas zonas de frontera. El Estado una vez más muestra su fortaleza y vamos a seguir enfrentando esos bandidos donde estén. Ellos lo planearon en Venezuela, porque están protegidos en ese país por el cartel de los soles, vinculado al cartel de Sinaloa.

Llama la atención que haya un excapitán del Ejército vinculado a ese atentado, más lo sucedido con los exmilitares en el asesinato del presidente de Haití. ¿Se han abandonado a los militares retirados?

El capitán no es un militar retirado, es un bandido. Que haya estado en las Fuerzas Militares, sí, pero es bandido porque es bandido. Y está vinculado en el atentado contra mi persona y contra la brigada 30. Es un bandido y es un terrorista. En el caso de Haití, por la información que se ha venido conociendo, todos fueron responsables, en mayor o menor grado, no hay atenuantes. Fueron llevados unos con la idea de prestar seguridad, otros sabían que iban a participar en algo oscuro como la captura del presidente, y estando allá cambiaron todos los planes, pero al final ellos sabían en lo que se metían. Son 23 y en Colombia en los últimos diez años se han retirado 80 mil soldados profesionales. Esto no es un patrón, pero son presuntos bandidos. Y hacen eso no porque estuvieron en las fuerzas. Lo hicieron porque fueron contratados para cometer un acto criminal. En Colombia hay algo que se llama la ruta de retiro, que empieza un año antes trabajando con el soldado y que lleva varios gobiernos. Claro que me preocupa lo que pasó en Haití. Tenemos que indagar mucho más hasta saber qué fue lo que realmente pasó. Eso fue una conspiración y los 23 colombianos estaban al servicio de alguien, políticos muy grandes en ese país. Eso tiene que ser develado y que en Colombia podamos ver qué se puede hacer para evitar que este tipo de fenómenos ocurra. Y le digo esto: ninguno tenía antecedentes penales y eso muestra la frialdad con la cual fueron buscados, contratados y llevados.

¿Por cierto, cuál será la tarea de la misión de la Cancillería que irá a Haití?

Garantizar los derechos humanos, como lo hacemos en cualquier país donde tenemos representación consular. En Haití tenemos un consulado honorario. Sabemos que los señores están implicados, sabemos lo que se conoce por la investigación, pero hay que garantizarles sus derechos humanos y un proceso justo. Y hay que ver en el tratamiento humanitario, mensajes que quieran enviarles a las familias, avanzar en la repatriación de los cadáveres.

Uno de los mayores cuestionamientos que se le hacen es que la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría son apéndices de su gobierno y que no le gustan los contrapesos…

Aquí lo que se ha hecho es cumplir con la Constitución. Terné a tres personas para la Fiscalía y por primera vez en la Constitución de 1991, la Corte Suprema de Justicia eligió unánimemente a un fiscal. Cuando yo me posesioné, el fiscal venía de ser ministro de la Presidencia del gobierno anterior. En la Procuraduría, terné uno y el Congreso elige una mujer que venía de ser ministra de Justicia y de haber trasegado por la Rama Judicial durante 45 años. ¿En serio creen que eligieron a la procuradora por ser ministra de Duque o por su trayectoria? ¿Quién era el procurador que yo recibí como presidente? Exembajador en España del gobierno anterior, ex director de la Agencia de Defensa del Estado y exministro del Interior. En la Defensoría terné al presidente de la Federación de Departamentos pensando en una entidad conectada con los territorios. ¿Pero quién era el defensor cuando yo posesioné? El secretario general del partido del gobierno anterior. Entonces pongamos el racero donde debe estar. No reprocho ninguna de las ternas que haya hecho el gobierno anterior. Se eligieron conforme a la Constitución, al igual que las nuestras, y están sujetos al escrutinio y la valoración del pueblo colombiano

Usted habla del respeto a la protesta social, pero las cifras de abuso policial distan mucho de ello. Son más de 2.000 las víctimas en las manifestaciones y al menos 44 muertos. ¿No cree que la reforma a la Policía debe ir más allá del cambio en el color del uniforme?

La protesta pacífica es un derecho que tenemos que proteger, pero no el vandalismo, ni la destrucción de la infraestructura pública. El mayor enemigo de la protesta pacífica es la violencia, y por eso la protesta pacífica se defiende y la violencia y el vandalismo se enfrentan con la ley, con el más alto estándar de derechos humanos. Claro que hay denuncias de abusos, pero cuántos procedimientos policiales se hacen al año en Colombia. El año pasado fueron 32 millones, ¿y cuántas denuncias? 4.000 o 5.000. Claro que hay que ir al fondo, pero lo que se demuestra es que hay un nivel de elevado compromiso por cumplir con la función policial y por eso he sido el primero en pedir las investigaciones. Por eso se requiere la transformación de la Policía, que no es solamente el uniforme, es la creación de la División de Derechos Humanos en la institución, el cambio del Código de Disciplina Policial, el mejoramiento del Estatuto de Carrera, el body cam o el sistema de expediente en línea. La idea es acercar la Policía a la comunidad, porque hay confrontaciones, pero la población colombiana acoge la labor que esta cumple. Pero así como se les respalda se les exige, por eso esta es la reforma integral más importante en 130 años.

Es claro el rechazo frente a la violencia por toda la sociedad, ¿pero no cree que la respuesta del Gobierno frente a la razones de la protesta está siendo muy débil?

No creo y tengo claro que la protesta pacífica hay que escucharla siempre. Recuerdo que cuando empezó mi gobierno, no había cumplido ni 60 días, ya tenía un paro de estudiantes, que reclamaban más recursos para la educación, algo que nunca hicieron en los ocho años anteriores. Sin duda era una deuda histórica y una reivindicación válida. Nos sentamos a dialogar y logramos un acuerdo que fue firmado en la Casa de Nariño con los liderazgos estudiantiles. Con los sectores sindicales, el aumentó de 2018 se hizo por concertación, al igual que el pacto por el trabajo decente. Con los sectores de minorías étnicas, por primera vez se incluyó un capítulo en el Plan de Desarrollo, también en concertación. Entonces, frente a una protesta pacífica de justas reivindicaciones, toda la apertura para escuchar, pero frente a los actos de violencia, tiene que actuar la Fuerza Pública. Acá la función del orden público es como una escalera. Es muy fácil, y a veces hasta me da risa, cuando capturan a una banda de apartamento y aparecen los alcaldes locales, pero cuando tienen algo que les sale mal, como una protesta, entonces la responsabilidad es del presidente. Si un alcalde me dice: estamos en situación difícil, tengo que decretar toque queda, lo acompañó y cuando hemos tenido que dar instrucciones y órdenes conforme a la Constitución, se han impartido. Pero es muy importante que nadie eluda las responsabilidades.

¿No cree que es retador y hasta algo soberbio decir que lo que hay en Colombia es un estallido de emprendimiento y no un estallido social?

Las cosas en su contexto. Yo estaba en el SENA y ese día había jóvenes que podrían estar también con las mismas angustias de muchos de los que estaban en las calles, pero que estaban mostrando sus emprendimientos. Era una convocatoria que ya tiene más de 800 mil solicitantes para formarse en temas de robótica, de mecatrónica. Y lo que dije es que mientras hay algunos que solamente quieren generar estallidos de odio y de fractura, esta es la oportunidad para que tengamos un estallido de emprendimiento y de creatividad. Soy una perdona convencida, y no es soberbia, de que cuando uno logra conducir sentimientos de angustia, desesperación, de reclamo, hacia oportunidades de transformación de una sociedad, gana más la sociedad. Hoy con lo de la matrícula gratis vamos a ver un gran estallido de equidad, porque es la reivindicación del clamor de muchas generaciones. Yo espero que este año veamos un gran estallido de empleo juvenil con este incentivo, espero ver un gran estallido democrático de los jóvenes en noviembre participando en la elección de los consejos municipales de juventud. Y yo quiero ver un estallido de crecimiento económico, que es la única forma de cerrar las brechas, porque a mí de lo que no me van a poder convencer es que, en un país que viene sufriendo una pandemia, la mejor manera de enfrentarla es quitándole empleos a la gente, quitándole movilidad, quitándole oxígeno, quitándole muchísimas cosas a través de bloqueos. Los que se pronuncian pacíficamente se escuchan, trabajamos con ellos y por eso también gran parte de las respuestas sociales, porque son deudas acumuladas por años, pero la mejor forma de cerrar las brechas en este momento es vacunación masiva, reactivación segura, cerrar las brechas sociales y empoderar a los jóvenes de Colombia.

Tras tres años, ¿qué calificación le daría a su gobierno?

Yo le puedo dar un número, pero nos quedamos en el vacío de ese número. Lo importante es mirar los hechos, el avance en agenda de equidad. Prometí que íbamos a tener educación pública gratuita avanzada en el país. La recibimos en el 8 % y la vamos a dejar prácticamente en el 97 %, con el programa de Matrícula Cero a estratos 1, 2 y 3. Prometimos avanzar en subsidios de vivienda para interés social y somos el Gobierno que más subsidios en esta materia ha entregado en Colombia. Tenemos la transformación energética más grande que ha tenido el país. En seguridad, el año pasado terminamos con la menos tasa de homicidios de los últimos 40 años y la menor en secuestros. Hay retos todavía. La pandemia nos pegó muy duro en la economía, pero creo que si todo sigue como va, este año vamos a cerrar con un crecimiento superior al 7 %, el mayor en el siglo XXI. En infraestructura, cuando empezó el Gobierno teníamos 29 proyectos de cuarta generación y con la estrategia “concluir, concluir, concluir” vamos a entregar 20. Al finalizar nuestro mandato, vamos a dejar además otros 15 proyectos contratados. Siento que hemos cumplido con lo que prometimos.

¿Y en qué cree que se va a incumplir?

Creo que hay que acelerar mucho en lo de la vías terciarias, y eso que tenemos el presupuesto más grande en ese sector que se ha tenido en el país. Pero falta todavía mejorar mucho más, sobre todo con la institucionalidad local. Yo prefiero mirar tema por tema. En lo ambiental, poco se habla de los resultados. Hablamos de transición energética, y le digo: movilidad limpia. Lanzamos la ley de vehículos eléctricos y vamos a cumplir la meta este año de tener 6.000 vehículos eléctricos rodando en el país, la flota de transporte público eléctrica más grande de América Latina, al igual que la flota de transporte corporativo. Nos propusimos llegar a 180 millones de árboles sembrados y vamos a cerrar en diciembre con 120 millones. Y tenemos la meta de llegar a 2030 con una reducción del 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas cosas que para mi satisfacción se están cumpliendo.

La oposición dice que la Colombia que usted retrata es una Colombia irreal. Con esos resultados que muestra, ¿por qué cree que su gestión tenga tan alto índice de desaprobación?

Las encuestas son fotos de un momento. He tenido encuestas buenas y malas. Cuando las encuestas son buenas, hay que trabajar el triple y cuando son malas, igual. Obviamente, en un ambiente como el de la pandemia, los líderes de los países hemos tenido que pagar una factura muy alta. Estamos expuestos a un mundo que es cada vez más polarizado. A mí no me preocupa si una encuesta está buena o mala, sino cómo vamos cumpliendo el plan del gobierno. Colombia no tiene reelección, entonces uno tiene que tomar decisiones que sirvan al país, así sean impopulares. Muchas veces el manejo de la pandemia para proteger la salud o equilibrarla frente a la economía, ha traído rechazos. Frente a eso, hay que obrar con humildad y mi vida todos los días es cumplir con el plan del gobierno.

¿Y qué le diría a la oposición?

La oposición tiene un rol y un papel, pero lo que a mí me parece más importante es mirar la confrontación con la evidencia. En campaña dije: voy a terminar el Túnel de La Línea, que estaba en el 40%, y se entregó. Me dijeron que no iba a ser capaz de entregar el proyecto Cruz del Viso-Palmar de Varela-Puerta de Hierro y lo entregamos hace 15 días. Son retos que se van asumiendo con humildad. Sabemos que en Colombia hay brechas sociales de muchos años, pero, por ejemplo, esperamos cerrar este 2021 con matrícula gratis para los estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Igualmente, seguir con el incentivo para la generación de empleo joven, con un subsidio del 25 %. Y la elección de los consejos municipales de juventud. Son temas que permiten a los jóvenes sentirse partícipes de la construcción de una gran agenda social y este es el proceso electoral más importante después de la Séptima Papeleta.

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¿Cuál ha sido hasta ahora su gran frustración?

La pandemia deja mucho dolor. Cuatro millones de vidas en el planeta, entre ellas más de 115 mil colombianos. Ver los efectos económicos y sociales. Una pandemia no estaba en el libreto de nadie. Frente a eso no hay una carta de navegación clara. La frustración ha sido tener que enfrentarla, pero también con la convicción de que fuimos capaces de sortearla. Otro momento duro ha sido luchar contra los cultivos ilícitos. Estoy convencido de que Colombia será distinta el día que se libere del narcotráfico. Pero enfrentar más de 200 mil hectáreas es complejo. Sí quisiera dejar armado un programa integral para los próximos años, que combine la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo y movilizar mucho a la comunidad internacional, que tiene una gran corresponsabilidad.

¿Cuál espera que sea su legado al término de su mandato?

Para mí es el concepto de equidad, y se lo resumo en logros puntuales: que este país tenga la educación gratuita universitaria, pública, técnica y tecnológica para los estratos 1, 2 y 3. Llegar a más de 200 mil subsidios de vivienda para personas de menos de tres salarios mínimos, con cuota fija pagando menos de lo que pagarían de arriendo. Son conquistas de equidad, así como haber cerrado la brecha en más de un 150 % en electrificación rural o lograr que más de 200 municipios cierren la brecha de acceso a agua potable, o que este país tenga la mayor inversión en vías terciarias, o una agricultura por contrato para que más de 300 mil productores puedan vender sin intermediarios. Mi legado es dejar esa agenda de equidad consolidada y convertida en política de Estado.

Habla de equidad, pero son 22 millones de colombianos en la pobreza y 7,5 millones en pobreza extrema…

Pero si no hubiéramos hecho esta agenda de equidad, serían tal vez el doble o el triple. Y es que hay que mirar el contexto de la pandemia. En Colombia pasamos del 37 al 42 % en pobreza, pero si no hubiéramos tenido Ingreso Solidario o devolución del IVA o los giros extraordinarios, esas cifras hubiesen superado el 55 %. Además, con la Ley de Inversión Social, al extender el Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, más el incentivo de contratación de jóvenes, al tener matrícula gratis y al tener el PAEF hasta diciembre de este año, podremos decir que antes de terminar nuestro gobierno habremos recuperado ese espacio perdido por la pandemia y dejaremos una ruta al país para que esa reducción de la pobreza sea sostenida. Comparados con otros países de América Latina, el aumento en la pobreza nuestro es muchísimo menor.

Usted ha sido el presidente más joven electo popularmente en el país y una de sus banderas de campaña fueron los jóvenes, ¿cómo explicar que sean ellos los que hoy más lo rechacen?

No creo que la palabra sea rechazo. Lo viví en la campaña, el segmento donde tuve menos votación fue entre los 18 y 28 años. Es paradójico, porque somos el Gobierno que más ha invertido en ese sector de la población. Creo que nos toca vencer paradigmas, estigmas e incluso prejuicios. Desafortunadamente hay mucho prejuicio y lo he vivido también en las mesas de jóvenes en las que participo regularmente. Me dicen que no he hecho nada por la educación y estamos haciendo la mayor entrega de aulas educativas en la historia. O lo de la matrícula gratuita que ya mencioné. Además, estamos haciendo la mayor inversión en deporte y la mayor inversión en infraestructura de universidades. Y este es el Gobierno que más ha empoderado a los jóvenes desde la administración pública en la gestión del Estado. Mire por ejemplo, el director de Planeación tiene 35 años; la ministra de Cultura, 31; el ministro del Interior, 38 años. Aquí realmente hemos querido empoderar una nueva generación para que trabaje por el país y yo espero que ello sea reconocido.

¿Por qué hay quienes dicen que a su gobierno le cuesta reconocer los errores y escuchar más?

Los errores se reconocen y hay que seguir escuchando. Cuando a mí me han hecho esos comentarios, lo que digo es que los recibamos con toda la humildad. Hay que estar presente en el territorio y tener la capacidad de entender lo que el otro está reclamando y está pidiendo. Nosotros hicimos 42 talleres “Construyendo País”, escuchando a las comunidades, y de ahí surgieron gran parte de las propuestas que se han venido ejecutando y que están en el Plan de Desarrollo. En plena pandemia hicimos talleres de reactivación. Hemos tenido mesas permanentes con estudiantes desde septiembre de 2018 y participación activa en la Mesa de Concertación Laboral. El espíritu de escuchar y dialogar está, pero también tenemos que entender que nuestro país ha estado inmerso en una gran polarización que tenemos que superar. Eso no quiere decir que seamos unánimes, pero que tengamos la posibilidad de escucharnos y la posibilidad de construir. Hay, por ejemplo, gobernantes locales que muchas personas los definen como antagonistas naturales míos, pero piensan en el porvenir de la ciudadanía y del país, y hemos hecho juntos proyectos que tomaban décadas.

Polarización que alimenta su mismo partido y que se acentúa cuando, por ejemplo, usted no se queda a escuchar a la oposición tras la instalación del Congreso…

Fui congresista tres años y ocho meses, y logré sacar adelante seis leyes, no solo con el respaldo de mi partido, que en ese entonces era minoría, sino de otros partidos. Fueron ejercicios de concertación y de apertura. Ahora, uno de los de los debates más polémicos que tuvo el país y que dejó una gran fractura fue el del plebiscito por la paz. Fui defensor del ‘No’ porque creía que se podía lograr un mejor acuerdo, pero nunca hice un ataque personal y siempre me referí a los temas puramente programáticos. Después de los resultados de las elecciones, siempre hablé de la construcción de un acuerdo nacional. Le doy un ejemplo: las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, fueron a seis artículos de 159. Si se hubiera podido llegar a un acuerdo en uno, dos o tres, hubiera sido también un gran triunfo de unidad en torno a entender una institucionalidad nueva y no quedarnos en esa fractura. Como presidente, lo que ha buscado siempre es tener canales de entendimiento, tanto así que he sancionado leyes que son de iniciativa de la oposición. Ahora, el Gobierno sí estuvo presente para escuchar a la oposición, a través de un decreto del Ministerio del Interior. Siempre hemos tenido la voluntad de escuchar. Estoy convencido de que si tenemos un espíritu dialogante, eso nos ayuda a ser una mejor democracia.

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¿Y entonces por qué no escuchar al expresidente Juan Manuel Santos cuando dice que está en disposición de tenderle una mano para ayudarlo a sortear situaciones difíciles durante su gobierno?

Valoro todos esos gestos. A mí me dicen que genero polarización, pero empecemos a desmitificar eso. La mitad de mi gabinete votó por el ‘Sí’ en el referendo por la paz y la otra mitad por el ‘No’. Es la posibilidad del reencuentro nacional y si tuviera estigmas con respecto a la administración anterior, no tendría funcionarios que trabajaron en ella. Lo que me interesa es construir y busco funcionarios que tengan espíritu de colaborar por el país. A esas voces que lo que quieren es tratar de distanciar, creo que los hechos son más contundentes. Me han dicho, por ejemplo, que soy homofóbico y este es el primer gobierno en Colombia que ha tenido un ministro hombre abiertamente perteneciente a la comunidad LGBTI. Cuando uno trasciende a los hechos y no a la percepción, ello nos permite entender la real dimensión de lo que nosotros queremos alcanzar como gobierno. Y siempre he querido unir al país en torno a muchos propósitos. No ha sido fácil por esas heridas de la polarización, pero nadie puede decir que mi lenguaje, mi actitud o mi obra de gobierno polarizan.

Está sobre la mesa una nueva reforma tributaria y ya tiene muchos críticos, ¿cuál es su esencia?

Esta es la reforma tributaria más grande en materia de recaudo, 1,5 del PIB. Nadie puede decir que no sea ambiciosa. Es una reforma orientada a acompañar una gran agenda social transformadora. Este es un país que va a entregar Ingreso Solidario prácticamente todo el año 2020, más 12 meses de 2022. Seremos el país de América Latina que más apoyo social ha dado a los afectados en un momento de transición. En muchos municipios de Colombia, lo que ha mantenido viva la economía local ante la pandemia ha sido la capacidad adquisitiva que han generado los programas sociales. En ninguna crisis, Colombia había subsidiado el 40 o 50 % del salario mínimo legal mensual de los trabajadores. En ningún momento de nuestra historia se había creado un esquema de transferencia no condicionada, que en tres semanas superará el número de beneficiarios que tiene en 20 años el programa de Familias en Acción. Sí hay muchas diferencias frente a la propuesta de reforma anterior, y hay que ser humilde y escuchar. De pronto queríamos dejar resueltos muchos problemas fiscales para los próximos dos o tres gobiernos, pero ello no se entendió. Hoy estamos logrando varios propósitos. Estamos estabilizando las finanzas públicas y logrando la mayor reforma en términos de recaudo de los últimos 30 años, además de una gran agenda social para beneficiar a más de 11 millones de hogares en el país.

¿Y por qué cree que no se entendió la anterior reforma tributaria? ¿No será que fue una propuesta muy cerrada, que faltó concertación?

¿De dónde salen los recursos de la actual reforma propuesta? De mantener el descuento del ICA en el 50%, es decir, no se pierde lo ganado en competitividad tributaria y fiscal, pero nos genera un mayor recaudo al no llevarlo al 100%. Se había bajado la tasa efectiva de renta, del 37 al 32%, y de manera consensuada con el sector privado se está llevando a 35%, o sea que se sigue manteniendo la competitividad, pero se hace un gran esfuerzo para enfrentar esta situación extraordinaria en medio del COVID-19. Se mantiene también el impuesto de normalización y una sobretasa al sector financiero, aceptada por este. Todo esto nos lleva a $15 billones en ingresos, sumados al plan de austeridad y a la profundización de la factura electrónica para enfrentar con mayores bríos el proceso de fiscalización y así saldar deudas históricas en el país. Esas tarifas empiezan a aplicarse a partir de 2022, es decir, que el recaudo mayor se empezará a sentir a partir de 2023, acompañando el proceso de reactivación con certezas de mediano plazo respecto a los ingresos. La reforma anterior no fue una reforma encerrada, duramos muchos meses de conversaciones, pero la mayor polémica estuvo en que muchas personas dicen que en Colombia hay que aprobar las exenciones sin una clara diferenciación entre bienes exentos y excluidos, y así se ha perpetuado por muchas décadas. Quisimos hacer esa modificación para generar mayor ingreso y tener la posibilidad de erradicar la pobreza extrema en cuestión de 36 meses, pero tal vez la lectura que se dio al eliminar la condición de exentos, y que eso llevaba al aumento en los precios en algunos productos, generó una mala interpretación sobre el propósito final. Ahora estamos presentando una reforma que la consensuamos con el sector privado y los partidos políticos. Eso sí, el país, en las próximas décadas, si quiere seguir cerrando brechas sociales, va a tener que discutir que no podemos seguir con solo el 4% de la población pagando impuesto de renta y además hay unas exenciones que no deberían existir. Espero que esa discusión se pueda dar alguna vez con mayor sensatez.

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Uno de los puntos clave tiene que ver con el empleo, tan golpeado por la pandemia, ¿qué balance hace de su gobierno en esta materia?

Colombia ha tenido una alta informalidad laboral desde hace muchos años y mi obsesión ha sido generar empleos formales. Veníamos desarrollando una política en el área rural con créditos, agricultura por contrato, transformación productiva y apertura de nuevos mercados. Pero llegó la pandemia. Ya hemos recuperado cerca de 3,6 millones de empleos y nuestro reto es, en los próximos seis meses, tratar de recuperar dos millones más con incentivos correctos. Tenemos también el subsidio para el empleo joven, que no será temporal y llega para quedarse. Estamos dándole al empleador un empujón para la contratación de los jóvenes. El programa no financia la sustitución laboral. No es para salir de los que son mayores en las empresas y contratar jóvenes para recibir el subsidio. No se puede sacar a nadie a la calle, pero sí se puede contratar. Dicen también que Colombia es un país minero-energético, pero ese no es el sector donde se genera el empleo. El gran empleo está en la micro, mediada y pequeña empresa, que provee más del 89%. Entonces, tenemos que recuperar esas empresas y eso solo se hace detonando crecimiento. En el primer trimestre crecimos al 1,1%, Chile creció al 0,3%, México al 0,6% y nosotros lo hicimos por encima de las expectativas. Seguimos con esta senda y tenemos la perspectiva de una Colombia muy dinámica de cara a 2002 y en los próximos años. Tenemos que seguir motivando más inversión extranjera y más transformación productiva.

Hablando de la pandemia, hay quienes dicen que fue un error abrir el país en pleno pico, cuando los contagios y las muertes crecían, ¿usted qué cree?

¿Hubiéramos podido tener este nivel de apertura en marzo o abril de 2020? Claramente no, porque el manejo integral de la pandemia tiene que combinar una multiplicidad de elementos. El país pasó de 5 mil unidades de cuidados intensivos a más de 12 mil. El país logró desarrollar esas UCI en un sistema de traslados o de remisiones, que permitió que no hubiera un colapso aun en el peor pico. Y si miramos lo que ha pasado en la última semana, la presión sobre las UCI viene cayendo de manera sostenida y el número de muertos tiene la misma tendencia, lo mismo que los casos activos. Por otro lado, los niveles de vacunación en el país están creciendo a una gran velocidad. Es posible que para finales de julio estemos llegando a la meta de 25 millones de vacunados. Hay que entender que con la pandemia vamos a tener que convivir mucho más tiempo que el que todos esperamos. Algunos dicen que se puede volver una enfermedad endémica. Otros piensan que vamos a convivir con ella como si fuera una influenza. Y con el tiempo que llevamos, está claro que no hay ninguna dicotomía entre salud y empleo o salud y crecimiento económico. Tenemos que lograr armonía y equilibrio en estos dos factores, por lo tanto, el tapabocas y otras medidas llegó para quedarse, con un país que avanza en la vacunación al ritmo que a todos sorprende. Llegar a 25 millones de vacunados es un logro, además, con el nivel de conocimiento que ya tenemos, no podemos como sociedad seguir contemplando la posibilidad de un cierre. En el mundo cada vez hay más resistencia a ello. La única forma de impedirlo es combinando las medidas farmacológicas y un gran sentido de responsabilidad. Si miramos las personas que están llegando a las UCI en los últimos días, la gran mayoría son las que no se han vacunado.

Los movimientos y las personas antivacunas son una talanquera, ¿se podría llegar a pensar en tomar medidas como las de Francia, que exige vacunación para ingresar a cines, restaurantes u otros sitios?

Tengo una claridad conceptual sobre la libertad, pero sí veo con preocupación que en algunos sectores se comportan más lentos que otros. Lo de Francia tiene una racionalidad, y es que si ya hemos llegado al tope de la vacunación y es gratis, y hay personas que no se están vacunando y ponen en riesgo a toda la sociedad, pues la sociedad también puede imponer una serie de medidas que pueden venir incluso del sector privado. Por ejemplo: no entra nadie a El Espectador si no está vacunado. O si quiere entrar a cine, tiene que estar vacunado. Es una racionalidad entendible, pero quiero que demos un gran esfuerzo como país de avanzar con persuasión. No hay justificación para no hacerlo. Es gratis, es rápido, es sencillo, tiene la tecnología, el reporte y el registro, y no hacerlo es una inconsciencia frente a la salud de toda la sociedad.

Queda la sensación, sin embargo de que esa apertura se dio en un momento crítico, incluso con líos en la obtención de recursos para enfrentar la pandemia…

No nos podemos circunscribir a un análisis desde el tercer pico, tenemos que mirar la película completa. El primer pico fuerte lo empezamos a vivir en septiembre del año pasado y ya estábamos en un nivel de apertura de más del 85 % y lo transitamos bien. En diciembre hicimos la advertencia con el ministro de Salud, mucho cuidado con las aglomeraciones, pero nos relajamos y vino el segundo pico en febrero. Vino la Semana Santa y también advertimos: ojo con las aglomeraciones. Pero mucha gente se relajó y entonces vino el tercer pico. Hoy el mundo tiene evidencia de cómo se puede manejar el transporte público con los protocolos de bioseguridad, ya hay experiencias de cómo manejar espacios de entretenimiento con esos mismos paradigmas, pero nosotros vimos en el país lo que ocurrió en mayo y eso desafortunadamente trajo una factura. Y no lo digo yo, dejémoslo a los epidemiólogos. Prefiero sentirme satisfecho de ver a la población colombiana comprometida con la vacunación. En cuanto a los recursos médicos, no es un tema de escasez nacional, es que la lucha por el oxígeno ha sido feroz, pero logramos mantener el sistema general de salud. Hubo países desarrollados con mayores ingresos que los nuestros, que les colapsó el sistema. No estamos en el paraíso terrenal y tenemos que seguir mejorando, pero pasaron cosas importantes, la telemedicina, la historia clínica en línea, la ley del residente o la bonificación económica al personal de primera línea.

Hablaba usted de lo complejo de la lucha contra el narcotráfico, ¿ello ratifica su insistencia en el uso del glifosato para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos, pese a los múltiples reparos?

Colombia llegó a tener 188 mil hectáreas de coca cuando empezó el Plan Colombia y entre el año 2000 y 2014 se pasó a menos de 50 mil con la combinación de muchas herramientas: aspersión, erradicación y desarrollo alternativo. A partir de 2014, se dijo no más aspersión, y desde entonces, hasta 2018, pasamos a más de 200 mil hectáreas. Nosotros lanzamos la política “Ruta Futuro”, y dijimos esta no es la bala de plata para acabar con el hombre lobo. Tiene que haber una combinación de herramientas. Dijimos sí a la erradicación manual, sí a la interdicción, sí a romper las cadenas de suministros y de precursores químicos, sí a la destrucción de laboratorios y también, donde se requiera, aspersión con precisión, basados con los protocolos dados por la Corte Constitucional. Hemos tenido algunas diferencias con EE. UU. y estamos haciendo una mesa técnica de monitoreo. Pero lo cierto es que Colombia tiene que seguir bajando esos cultivos con multiplicidad de herramientas. ¿Nos podemos dar el lujo de no utilizar la aspersión en algunos casos donde se requiera? Diría que no. Tenemos territorios que están minados o tienen francotiradores o tienen cultivos industrializados al servicio de carteles, y debemos que tener capacidad para llegar. Es que no se pueden dejar de ver a lo que está sometido el país, porque mucho se habla del daño ambiental causado por el glifosato, pero muy poco del daño ecológico que causa la coca. Nadie dice que por una hectárea de coca se destruyen dos de selva tropical, ni menciona los vertimientos de químicos en las áreas de los laboratorios. Lo claro es que no rechazamos ninguna herramienta y cada una tiene su ocasión y funcionalidad.

¿Por qué rechazó los mecanismos de seguimiento de la CIDH, pero sí pidió seguimiento en Cuba y Nicaragua?

Colombia es un país fundador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando miramos el reporte, primero dije que hay que recibirlo de manera constructiva, pues la gran mayoría de él es de cosas que ya se están haciendo en Colombia, por vocación propia del Estado y hay otros temas en los que tengo discrepancias. Por ejemplo, a la necesidad de tener una instancia adicional de observación, pues Colombia tiene un sistema de protección y tutelaje de los derechos fundamentales que no tienen otros países. Hay una Defensoría del Pueblo, una Procuraduría y a nivel territorial existen personerías, es decir, una institucionalidad robusta. Por eso, tener una instancia que pretenda sustituir esas funciones, no estoy de acuerdo. Segundo reparo: estoy en desacuerdo en llamar a los bloqueos cortes de ruta, porque lo que son es una violación a los derechos colectivos de la sociedad. No tenemos por qué aceptar que se aplaquen derechos de la sociedad para imponer los propios. Y nuestro Código Penal, en el artículo 353, es diáfano. Además no se analizó el contexto histórico en la propuesta de pasar la Policía al Ministerio del Interior. La Policía, que tiene 130 años, de los cuales pasó 60 en el Ministerio de Gobierno y a este país le costó mucha sangre tenerla politizada, donde los rangos, el personal en territorio o las investigaciones estaban sujetas a los directorios políticos. Además, las observaciones de la CIDH no son vinculantes y son debates que también los tuvo Chile, los ha tenido México y nosotros tenemos una democracia lo suficientemente madura para decir que muchas cosas ya la estamos haciendo y podemos tener reparos.

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Hasta hoy van 278 firmantes de paz asesinados y los críticos dicen que su gobierno le ha puesto freno a la implementación del Acuerdo de Paz, ¿qué les responde?

Soy el primero en rechazar esos crímenes, pero empecemos por mirar quiénes fueron los firmantes. ¿Dónde está Iván Márquez, que era el jefe negociador? ¿Dónde están Santrich, que se paseó por el mundo diciendo ‘quizás, quizás, quizás’ y después se fue al terrorismo? ¿El Paisa, Gentil Duarte, Guacho, Iván Mordisco, Romaña, Grannobles? La lista es larga. Muchos de esos bandidos han matado a muchos de esos 278 firmantes, no puedo decir que a todos, pero a muchos los han matado esas disidencias y hay que reconocerlo, no para eludir responsabilidades, ni protección, pero la realidad es dura. Cuando me posesioné, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se acababan, iban a desaparecer, y los revisamos porque esas personas no podían quedar al garete. Hicimos adquisición de predios, estamos haciendo titulación de tierras y vamos a empezar a entregar 50 casas de 350 previstas este año para excombatientes. Además, autorizamos un pago adicional y programas de protección, y he estado en por lo menos nueve reuniones para dar garantías de seguridad. Recibí cero procesos productivos colectivos, los hemos multiplicado el 800 %. Los proyectos productivos individuales los hemos cuadruplicado. Las emisoras de capacitación comunitaria fueron entregadas. El catastro multipropósito ha empezado en este gobierno. Por eso, decir que no hay compromiso ante la desmovilización es falso ante las evidencias y que, por razones políticas, no se les pueda conceder a Duque algunos avances, por una bandera electoral, eso es otra cosa. Mi conclusión es que nuestro gobierno ha hecho mucho más que lo que hizo en 20 meses el gobierno anterior para la implementación del Acuerdo.

¿Cuál es su postura frente a las decisiones de la justicia transicional en los temas de secuestro y falsos positivos?

Los dos delitos son abominables. Frente al secuestro, este gobierno hizo una reforma constitucional y ahora ni este ni el narcotráfico pueden ser delitos conexos al delito político y por eso no son amnistiables. Frente a los falsos positivos, siempre he tenido una conducta de cero tolerancia. Que se hagan las imputaciones basadas en hechos y evidencias, como debe ser la justicia. Pero lo que sí es importante, y es lo que todos los colombianos queremos saber, es cuáles van a ser las sanciones. A mí me parece muy poca reparación que los victimarios ostenten poder a sus víctimas y que sigan manteniendo privilegios por encima del resto de la sociedad. Que no vayan a la cárcel, pues eso fue lo que se acordó. Pero de ahí a que puedan mantener una representación política ostentada a sus víctimas, me parece que antes que reparar es una revictimización.

O sea, ¿que las Farc no estén en el Congreso?

No las Farc, sino las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, y lo digo por un concepto de equidad. En Colombia una persona que haya cometido cualquier delito no puede pisar el Congreso y no puede haber una diferenciación para que sí lo puedan hacer quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Y respecto a las curules para las víctimas, lo importante es que sea realmente para las víctimas, porque muchas organizaciones de víctimas han expresado sus dudas de que esas curules no las llenen ellos sino personas permeadas por una u otra ideología.

¿Qué puede contarnos que no se sepa sobre el atentado en su contra?

No me gusta hablar de la muerte. Lo que ocurrió fue grave y estamos vivos de milagro. Fue un acto cobarde, terrorista, pero vamos a seguir enfrentándolo. Le dije al ministro de Defensa: vamos a trabajar con la Fiscalía y hasta que haya absoluta certeza sobre los actores materiales e intelectuales se habla del tema. Las autoridades encontraron todas las pruebas, los videos, las llamadas, las compras, y todo está vinculado con el GAOR 33, con John Mechas, que está en Venezuela, con Darwin, que está en Venezuela. Ellos mantienen su línea de trabajo con Gentil Duarte, con Iván Mordisco y trabajan con carteles mexicanos en esas zonas de frontera. El Estado una vez más muestra su fortaleza y vamos a seguir enfrentando esos bandidos donde estén. Ellos lo planearon en Venezuela, porque están protegidos en ese país por el cartel de los soles, vinculado al cartel de Sinaloa.

Llama la atención que haya un excapitán del Ejército vinculado a ese atentado, más lo sucedido con los exmilitares en el asesinato del presidente de Haití. ¿Se han abandonado a los militares retirados?

El capitán no es un militar retirado, es un bandido. Que haya estado en las Fuerzas Militares, sí, pero es bandido porque es bandido. Y está vinculado en el atentado contra mi persona y contra la brigada 30. Es un bandido y es un terrorista. En el caso de Haití, por la información que se ha venido conociendo, todos fueron responsables, en mayor o menor grado, no hay atenuantes. Fueron llevados unos con la idea de prestar seguridad, otros sabían que iban a participar en algo oscuro como la captura del presidente, y estando allá cambiaron todos los planes, pero al final ellos sabían en lo que se metían. Son 23 y en Colombia en los últimos diez años se han retirado 80 mil soldados profesionales. Esto no es un patrón, pero son presuntos bandidos. Y hacen eso no porque estuvieron en las fuerzas. Lo hicieron porque fueron contratados para cometer un acto criminal. En Colombia hay algo que se llama la ruta de retiro, que empieza un año antes trabajando con el soldado y que lleva varios gobiernos. Claro que me preocupa lo que pasó en Haití. Tenemos que indagar mucho más hasta saber qué fue lo que realmente pasó. Eso fue una conspiración y los 23 colombianos estaban al servicio de alguien, políticos muy grandes en ese país. Eso tiene que ser develado y que en Colombia podamos ver qué se puede hacer para evitar que este tipo de fenómenos ocurra. Y le digo esto: ninguno tenía antecedentes penales y eso muestra la frialdad con la cual fueron buscados, contratados y llevados.

¿Por cierto, cuál será la tarea de la misión de la Cancillería que irá a Haití?

Garantizar los derechos humanos, como lo hacemos en cualquier país donde tenemos representación consular. En Haití tenemos un consulado honorario. Sabemos que los señores están implicados, sabemos lo que se conoce por la investigación, pero hay que garantizarles sus derechos humanos y un proceso justo. Y hay que ver en el tratamiento humanitario, mensajes que quieran enviarles a las familias, avanzar en la repatriación de los cadáveres.

Uno de los mayores cuestionamientos que se le hacen es que la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría son apéndices de su gobierno y que no le gustan los contrapesos…

Aquí lo que se ha hecho es cumplir con la Constitución. Terné a tres personas para la Fiscalía y por primera vez en la Constitución de 1991, la Corte Suprema de Justicia eligió unánimemente a un fiscal. Cuando yo me posesioné, el fiscal venía de ser ministro de la Presidencia del gobierno anterior. En la Procuraduría, terné uno y el Congreso elige una mujer que venía de ser ministra de Justicia y de haber trasegado por la Rama Judicial durante 45 años. ¿En serio creen que eligieron a la procuradora por ser ministra de Duque o por su trayectoria? ¿Quién era el procurador que yo recibí como presidente? Exembajador en España del gobierno anterior, ex director de la Agencia de Defensa del Estado y exministro del Interior. En la Defensoría terné al presidente de la Federación de Departamentos pensando en una entidad conectada con los territorios. ¿Pero quién era el defensor cuando yo posesioné? El secretario general del partido del gobierno anterior. Entonces pongamos el racero donde debe estar. No reprocho ninguna de las ternas que haya hecho el gobierno anterior. Se eligieron conforme a la Constitución, al igual que las nuestras, y están sujetos al escrutinio y la valoración del pueblo colombiano

Usted habla del respeto a la protesta social, pero las cifras de abuso policial distan mucho de ello. Son más de 2.000 las víctimas en las manifestaciones y al menos 44 muertos. ¿No cree que la reforma a la Policía debe ir más allá del cambio en el color del uniforme?

La protesta pacífica es un derecho que tenemos que proteger, pero no el vandalismo, ni la destrucción de la infraestructura pública. El mayor enemigo de la protesta pacífica es la violencia, y por eso la protesta pacífica se defiende y la violencia y el vandalismo se enfrentan con la ley, con el más alto estándar de derechos humanos. Claro que hay denuncias de abusos, pero cuántos procedimientos policiales se hacen al año en Colombia. El año pasado fueron 32 millones, ¿y cuántas denuncias? 4.000 o 5.000. Claro que hay que ir al fondo, pero lo que se demuestra es que hay un nivel de elevado compromiso por cumplir con la función policial y por eso he sido el primero en pedir las investigaciones. Por eso se requiere la transformación de la Policía, que no es solamente el uniforme, es la creación de la División de Derechos Humanos en la institución, el cambio del Código de Disciplina Policial, el mejoramiento del Estatuto de Carrera, el body cam o el sistema de expediente en línea. La idea es acercar la Policía a la comunidad, porque hay confrontaciones, pero la población colombiana acoge la labor que esta cumple. Pero así como se les respalda se les exige, por eso esta es la reforma integral más importante en 130 años.

Es claro el rechazo frente a la violencia por toda la sociedad, ¿pero no cree que la respuesta del Gobierno frente a la razones de la protesta está siendo muy débil?

No creo y tengo claro que la protesta pacífica hay que escucharla siempre. Recuerdo que cuando empezó mi gobierno, no había cumplido ni 60 días, ya tenía un paro de estudiantes, que reclamaban más recursos para la educación, algo que nunca hicieron en los ocho años anteriores. Sin duda era una deuda histórica y una reivindicación válida. Nos sentamos a dialogar y logramos un acuerdo que fue firmado en la Casa de Nariño con los liderazgos estudiantiles. Con los sectores sindicales, el aumentó de 2018 se hizo por concertación, al igual que el pacto por el trabajo decente. Con los sectores de minorías étnicas, por primera vez se incluyó un capítulo en el Plan de Desarrollo, también en concertación. Entonces, frente a una protesta pacífica de justas reivindicaciones, toda la apertura para escuchar, pero frente a los actos de violencia, tiene que actuar la Fuerza Pública. Acá la función del orden público es como una escalera. Es muy fácil, y a veces hasta me da risa, cuando capturan a una banda de apartamento y aparecen los alcaldes locales, pero cuando tienen algo que les sale mal, como una protesta, entonces la responsabilidad es del presidente. Si un alcalde me dice: estamos en situación difícil, tengo que decretar toque queda, lo acompañó y cuando hemos tenido que dar instrucciones y órdenes conforme a la Constitución, se han impartido. Pero es muy importante que nadie eluda las responsabilidades.

¿No cree que es retador y hasta algo soberbio decir que lo que hay en Colombia es un estallido de emprendimiento y no un estallido social?

Las cosas en su contexto. Yo estaba en el SENA y ese día había jóvenes que podrían estar también con las mismas angustias de muchos de los que estaban en las calles, pero que estaban mostrando sus emprendimientos. Era una convocatoria que ya tiene más de 800 mil solicitantes para formarse en temas de robótica, de mecatrónica. Y lo que dije es que mientras hay algunos que solamente quieren generar estallidos de odio y de fractura, esta es la oportunidad para que tengamos un estallido de emprendimiento y de creatividad. Soy una perdona convencida, y no es soberbia, de que cuando uno logra conducir sentimientos de angustia, desesperación, de reclamo, hacia oportunidades de transformación de una sociedad, gana más la sociedad. Hoy con lo de la matrícula gratis vamos a ver un gran estallido de equidad, porque es la reivindicación del clamor de muchas generaciones. Yo espero que este año veamos un gran estallido de empleo juvenil con este incentivo, espero ver un gran estallido democrático de los jóvenes en noviembre participando en la elección de los consejos municipales de juventud. Y yo quiero ver un estallido de crecimiento económico, que es la única forma de cerrar las brechas, porque a mí de lo que no me van a poder convencer es que, en un país que viene sufriendo una pandemia, la mejor manera de enfrentarla es quitándole empleos a la gente, quitándole movilidad, quitándole oxígeno, quitándole muchísimas cosas a través de bloqueos. Los que se pronuncian pacíficamente se escuchan, trabajamos con ellos y por eso también gran parte de las respuestas sociales, porque son deudas acumuladas por años, pero la mejor forma de cerrar las brechas en este momento es vacunación masiva, reactivación segura, cerrar las brechas sociales y empoderar a los jóvenes de Colombia.