Hernando Herrera: crear otra sala en Corte Suprema es peligroso y desconsiderado

Hace más de seis meses, en plena efervescencia por la campaña presidencial que llevó al poder a Gustavo Petro, a la Fundación Pares y el Instituto Anticorrupción se les ocurrió que en Colombia debería hacerse un juicio nacional contra la corrupción con miras a establecer los alcances de ese flagelo en el país y adelantar una investigación especial sobre los más grandes casos, incluidos los asociados a graves violaciones de derechos humanos.

Hace más de seis meses, en plena efervescencia por la campaña presidencial que llevó al poder a Gustavo Petro, a la Fundación Pares y el Instituto Anticorrupción se les ocurrió que en Colombia debería hacerse un juicio nacional contra la corrupción con miras a establecer los alcances de ese flagelo en el país y adelantar una investigación especial sobre los más grandes casos, incluidos los asociados a graves violaciones de derechos humanos.

Contemplaron la experiencia de otros países, la necesidad de respaldo internacional, las alternativas para darle viabilidad jurídica al tema, los resultados de investigaciones que sobre ese problema ya hizo la justicia colombiana y hasta la necesidad de un abordaje que incluya a tres actores: las estructuras políticas, las estructurales delincuenciales (incluso las de grupos armados) y las estructuras de grandes contratistas. Involucraron al senador Ariel Ávila (exfuncionario de Pares) y socializaron la propuesta con congresistas como Iván Cepeda.

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Concluyeron que la mejor forma de sacar adelante la idea era promoviendo un acuerdo con la ONU para que el país acepte una Comisión de Investigación contra la corrupción (muy parecida a la que funcionó en Guatemala) y creando una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia para que investigue durante tres años el tema de la corrupción. A pesar de que la idea se filtró, y generó revuelo político y judicial, los congresistas y las entidades promotoras la presentarán al país mañana 23 de febrero.

Entre tanto, expertos como Camilo Enciso, exdirector y fundador del Instituto Anticorrupción, advirtieron sobre los riesgos que creen que se derivan de la propuesta de Pares y que fue ambientada con el mismo Instituto.

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Una de las voces que con más ahínco se ha pronunciado en contra de la propuesta es la del director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera. El reconocido abogado y catedrático universitario sostiene que la idea es peligrosa, que irrespeta el trabajo de la Corte Suprema y de la justicia en el país (no solo esa Corte tiene que ver con los procesos sobre corrupción) y que hasta alteraría el equilibrio de poderes y la conformación de mayorías para tomar decisiones de sala plena.

¿Por qué dice usted que la idea de crear la sala anticorrupción en la Corte Suprema es desconsiderada?

Porque lo es. Es una propuesta que no tiene en cuenta ni la estadística de los resultados, ni el papel histórico de la Corte.

La propuesta de crear esa sala parte de la idea de que al país le hace falta conocer la verdad sobre los alcances de este flagelo. Usted dice que la justicia sí ha dado resultados ¿Cuáles son?

El Consejo de Estado ha proferido más de 80 sentencias de pérdida de investidura contra congresistas por hechos relacionados con corrupción. La Corte Suprema de Justicia tiene más de 124 sentencias contra funcionarios públicos de alto nivel por asuntos semejantes. Y los fiscales y jueces del país han trabajado muy duro en materia penal en estos asuntos. No se nos puede olvidar que quien ha purgado la política y la función pública es la Corte Suprema, que puso el pecho para desenmascarar y castigar a los culpables en casos tan sonados como los de la Farcpolítica, la narcopolítica o el proceso 8000.

Decía usted que crear más salas en la Corte Suprema atenta, además, contra el principio de economía en la administración de justicia. ¿No vale la pena si de lo que se trata es de acabar con la corrupción?

Élber, donde se requieren más funcionarios judiciales es en la base. La recomendación sería en civil, en familia, en materia penal, crear más juzgados, pero no en la cúpula, esa no es la solución.

Me llama la atención esa afirmación suya de que la idea atenta contra la independencia de las cortes. ¿A qué se refiere?

Esta propuesta atenta contra la autonomía e independencia de las altas cortes en lo que se refiere al proceso de escogencia de los magistrados. Estaríamos ante un caso en el cual la selección se puede dar por militancia política y no por solidez jurídica o credenciales en el ejercicio profesional.

¿Y de dónde cree que viene la idea de la necesidad de crear una CICIC y una sala alterna en la Corte Suprema?

Es un embeleco que en el pasado patrocinó el actual ministro de Defensa. Sorprende que algunos sectores analíticos piensen que acá hay impunidad. Y en lo que hace al tema del conflicto se les olvida que acá hay una jurisdicción de paz que está trabajando y se apresta a dar sus resultados.

En conclusión, no la ve necesaria y le encuentra más problemas que ventajas.

Es que no se nos ha dicho la razón de una reforma de esta naturaleza, que quebranta la autonomía judicial. Esto es peligrosísimo para el país. Asesta un golpe de Estado a la rama judicial, para ponerlo sin ambages. No solo se busca variar funciones, sino implementar una Corte paralela. Eso socava los pilares de la justicia. Aquí ha habido pacto tácito de preservar la institucionalidad judicial y una propuesta como aquella por la que usted me pregunta amenaza con romper esa tradición.

Pero los autores de la idea no dicen que quieran crear una corte paralela, sino que hablan de una nueva sala dentro de la misma Corte Suprema de Justicia.

Es una sala dentro de la misma Corte, Élber, pero articulando un órgano que es anómalo. Eso cercena a sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa propuesta tiende a equiparar a la Corte con un número semejante al de los magistrados que tiene, con lo cual los temas de sala plena se resolverán con la mayoría que les apliquen esos nuevos magistrados. Es un caballo de troya. Por ese camino van a terminar infiltrando la Corte.

Los promotores de la idea también dicen que se debe instalar, en acuerdo con la ONU, una comisión de investigación sobre corrupción, parecida a la CICIG (de Guatemala) que logró procesar a tres presidentes y con cuyas pesquisas condenaron hace cuatro meses a uno de ellos. Curiosamente, fue dirigida por el hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez.

No somos Guatemala. Al contrario Colombia puede demostrar resultados en la lucha contra la corrupción. El desmonte del carrusel de la contratación de Bogotá es un ejemplo que habla con elocuencia sobre la labor de la justicia para establecer los alcances de un sonado caso de corrupción en Colombia y evitar que quedara en la impunidad. Hay condenas frente a todos actores por parte de justicia. En casos como los de los robos a salud o los PAE hay personas condenadas, en clara demostración del trabajo de la justicia.

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