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El exsenador Humberto de la Calle, uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz de 2016, expresó su preocupación por la lentitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la emisión de sentencias, advirtiendo que el tribunal ha adoptado procedimientos incluso son más parecidos a los de la justicia ordinaria que de un modelo de justicia transicional.
“La noción que se aplicó bajo la sombrilla de la justicia transicional era una manera de juzgar los macrocasos seleccionando los máximos responsables y priorizando los delitos. Eso no está pasando porque estamos llegando a una situación de juzgamientos individuales a la manera de la justicia ordinaria. Hay una demora sustancial que a mí me parece que no es justificable.”, señaló De la Calle en entrevista con este diario. La JEP ha abierto once macrocasos en los poco más de siete años que lleva operando.
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Precisamente, el exjefe negociador en La Habana subrayó que, tras casi ocho años de funcionamiento, la jurisdicción aún no ha dictado las sanciones propias esperadas, lo que ha generado críticas desde distintos sectores. “Algunas de las quejas que hace Comunes son razonables”, añadió. Los integrantes de Comunes, partido de los excombatientes de las FARC, han insistido en que desde la justicia transicional no se está cumpliendo con lo pactado en Cuba.
El excongresista, quien renunció esta semana a su curul en el Senado y al partido Verde Oxígeno para estar en libertad de cara al panorama electoral del próximo año, recordó que también existía la posibilidad de tomar decisiones de carácter administrativo, no judicial, cuando los comparecientes habían incurrido únicamente en el delito de rebelión. “El llamado es a que la JEP entienda que el tiempo se agota”, insistió.
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Sus declaraciones se suman al debate en medio de un pulso político y jurídico. Esta semana El Espectador reveló las tensiones que enfrentan el gobierno de Gustavo Petro, junto a Comunes y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por la demora en el cierre de procesos relacionados con los comparecientes de las extintas FARC y la Fuerza Pública. A pesar de los esfuerzos por acelerar las sentencias, existen desacuerdos entre las partes involucradas sobre la ampliación de la jurisdicción más allá de los máximos responsables, los lugares donde se deberán pagar las sanciones, entre otros.
De la Calle también hizo referencia a la paz total y señaló que el proyecto requiere “una revisión a fondo”.
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