Astrid Cáceres será la nueva subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En la mañana de este martes, Presidencia confirmó que el primer mandatario, Gustavo Petro, la designó para el cargo y que su primera función será supervisar las denuncias sobre supuestos abusos sexuales contra menores de edad en Guaviare.
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Cáceres es una vieja conocida de Gustavo Petro, pues en su tiempo como alcalde de Bogotá, ella fungió como subdirectora de primera infancia en la Secretaría de Integración Social. Asimismo, desde la entidad afirman que la funcionaria lideró la investigación que hizo el ICBF en Guaviare sobre las presuntas violaciones.
Se espera que la funcionaria quede posesionada esta misma tarde e inicie su trabajo enfocado, inicialmente, en supervisar el trabajo respecto de las denuncias del Guaviare. Desde el Instituto dicen que el informe sobre la investigación ya fue presentado al Gobierno, y daría cuenta de casos de abuso sexual y uso de sustancias en menores.
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Cáceres, quien también hizo parte del equipo de Petro para el empalme de Presidencia, llega al ICBF en medio de una ola de críticas por el manejo que le ha dado al Instituto, Concepción Baracaldo como directora, a quien se le ha cuestionado por su falta de preparación para atender temas relacionados con la niñez. En cuanto a los casos de presunto abuso, ya avanzan algunas investigaciones disciplinarias.
El fiscal general, Francisco Barbosa, niega que hayan existido violaciones contra menores en Guaviare; sin embargo, la Procuraduría tiene en la mira al director del ICBF en el departamento, Joaquín Mendieta Silguero. Según el Ministerio Público, Mendieta sería responsable de no haber investigado posibles casos de abuso y violencia sexual cometidos por parte de uniformados de las Fuerzas Militares contra indígenas menores de edad.
Por su parte, el mismo presidente Gustavo Petro se ha referido a los presuntos casos en varias oportunidades. El jefe de Estado aseguró que hay al menos 118 militares investigados por abuso sexual de menores de edad y también calificó como “un etnocidio” y como una “violación sistemática” los presuntos casos de abuso contra menores indígenas.
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