Igualdad y participación política: el balance para las mujeres en el Congreso

El nuevo Congreso, posesionado el 20 de julio de este año, cerró un primer periodo positivo para las mujeres. Avanzaron varios proyectos que buscan profundizar en sus derechos y en la erradicación de las violencias por razones de género. Igualmente, incrementó la representación femenina: se posesionaron 86 mujeres congresistas, que representan el 29,15% del Legislativo. De acuerdo con la Corporación Sisma Mujer hubo un incremento de nueve puntos con respecto a las elecciones de 2018-2022, en las que el porcentaje de mujeres fue solo del 19,71%.

El nuevo Congreso, posesionado el 20 de julio de este año, cerró un primer periodo positivo para las mujeres. Avanzaron varios proyectos que buscan profundizar en sus derechos y en la erradicación de las violencias por razones de género. Igualmente, incrementó la representación femenina: se posesionaron 86 mujeres congresistas, que representan el 29,15% del Legislativo. De acuerdo con la Corporación Sisma Mujer hubo un incremento de nueve puntos con respecto a las elecciones de 2018-2022, en las que el porcentaje de mujeres fue solo del 19,71%.

Entre las iniciativas radicadas en favor de las mujeres, ninguna ha terminado su trámite, pero, varias continuarán en el próximo periodo, que retomará el 16 de marzo tras el receso legislativo. Entre esas, hubo dos proyectos presentados por el gobierno Petro: la creación del Ministerio de la Igualdad, que ya fue aprobada y le falta sanción presidencial, por otro lado, la reforma política, que propone en su articulado la implementación de listas cerradas, bloqueadas y paritarias para cargos en corporaciones públicas de elección popular.

“Al Congreso llegaron mujeres que quieren renovar la política. Junto a ellas logramos algunos avances como la creación del Ministerio de la Igualdad, que tiene un enfoque de género bastante importante”, explica la representante a la Cámara y activista por los derechos de las mujeres, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico). La creación de ese ministerio, para la representante Luz María Munera, del partido oficialista, es clave para hacerle seguimiento al gasto público para los programas sociales. “Hay que tener los recursos en un solo lugar, para que sea medible y cuantificable. La plata se está sacando de todos lados”, dice.

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Por otro lado, la reforma política terminó su primera vuelta este periodo, es decir, avanzó en sus primeros cuatro debates. Durante las discusiones en el Senado y en la Cámara fueron polémicos varios puntos, entre esos, uno que favorecería la representación de las mujeres: se trata de las listas cerradas y paritarias, que siguen causando dudas. Para organizaciones feministas, la propuesta es positiva, sin embargo, recomiendan no descuidar los mecanismos de democracia interna, cosa que también han advertido otros congresistas.

“Es peligroso que no existan mecanismos de democracia en los partidos políticos”, dice Juliana Hernández, directora ejecutiva de la organización Artemisas -que trabaja en el congreso en la construcción de agendas feministas-. Por su parte, Carrascal complementa que la democracia interna es “muy importante para que las listas cerradas puedan ser garantía de la participación de las mujeres. Así como, que estén integradas por mujeres y hombres que verdaderamente representen a los distintos sectores de la sociedad”. No obstante, asegura que la alternancia sí incrementaría la cantidad de mujeres participando en política: “no es el único elemento, pero, sí es una medida importante. Somos el 52% de la población y, esa misma proporción debería verse en reflejada en las corporaciones y cargos de elección popular”.

Otros proyectos que hacen trámite

La sororidad ante la violencia política y los comportamientos machistas se destacó en este primer periodo, pues, varias congresistas trabajaron juntas para sacar adelante debates, agendas y proyectos, pese a sus diferencias ideológicas o partidos políticos. Por ejemplo, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (CLEM) quedó integrada por 23 legisladoras, tanto del partido de gobierno como de oposición. María José Pizarro es la presidenta de la comisión, pero, la conforman Aida Avella (Pacto Histórico), María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Andrea Padilla, Carolina Giraldo (Alianza Verde), Marelen Castillo (LIGA), entre otras.

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Precisamente, uno de los proyectos que más avanzó en su trámite fue el que busca establecer medidas para la prevención, atención, rechazo y sanción de la violencia contra las mujeres en la política, liderado por María José Pizarro. Esa iniciativa fue acumulada con otras dos: de Piedad Cordoba (Pacto Histórico) y de las senadoras Nadia Blel (Partido Conservador) y Angélica Lozano (Alianza Verde), y, en la ponencia también participó la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático). “Es muy importante que entendamos que más allá de las diferencias políticas, de los colores o los partidos, a absolutamente todas las mujeres que participamos nos atraviesan una cantidad muy diversa de violencias”, dice Carrascal.

Ese proyecto pretende garantizar las condiciones de igualdad en todos los espacios de la vida política y, avanzó en su tercer debate, por lo que le queda solo uno para ser ley. A esa propuesta se suman otras diez que tienen el visto bueno de la plataforma Colectiva (para la deliberación y construcción de iniciativas para las mujeres y diversidades), de la organización Artemisas. “Es el primer espacio que existe para que los proyectos de ley que se vayan a tramitar tengan una perspectiva de género”, cuenta Hernández.

Así las cosas, destaca un proyecto de Angélica Lozano para incrementar del 30% al 50% la participación de mujeres en los cargos de máximo poder y, en otros niveles decisorios. Por otra parte, con el propósito de reducir la desigualdad, hay dos proyectos liderados por María Fernanda Carrascal sobre la flexibilidad laboral y los derechos de mujeres cuidadoras y madres comunitarias, ambos van en su segundo debate. Igualmente, en noviembre, Carrascal presentó otra propuesta para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas, que aún no ha sido agendado.

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Sobre los derechos sexuales y reproductivos de personas gestantes hay otros dos en trámite: uno sobre el cuidado durante el embarazo y la primera infancia, de María José Pizarro (está en primer debate) y, otro para garantizar los derechos menstruales, de la senadora Soledad Tamayo (Partido Conservador). Sin embargo, ese último está en riesgo de hundirse pues proviene de legislatura anterior (2021 – 2022) y tiene dos discusiones pendientes, por lo que solo tendría hasta junio de 2023 para ser agendado.

Este periodo también dejó la primera audiencia pública sobre la sentencia 055 de 2022 de la Corte Constitucional -para modificar el artículo 122 del Código Penal- que despenalizó el aborto antes de la semana 24 de gestación. “Esa sentencia nos da el mandato para crear la política pública de atención a la interrupción voluntaria del embarazo. Lideramos esa audiencia con múltiples organizaciones de la sociedad civil, feministas, hombre trans y personas no binarias. Entre esas el movimiento Causa Justa”, dice Carrascal.

No se puede olvidar la iniciativa radicada en noviembre por la senadora Clara López (Pacto Histórico), para regular el acoso en internet y la violencia de género digital. De aprobarse, supondría penas de cárcel de hasta 100 meses a quienes cometan delitos digitales. “Surge a partir de la sentencia de la Corte tras una tutela de una mujer que fue grabada en un baño público. El video fue difundido en WhatsApp y el alto tribunal sentenció que hubo violencia de género”, señala Hernández. Por otra parte, fue radicada otra vez la iniciativa para prohibir las “terapias de conversión” y atender a quienes han padecido estas prácticas: la representante Carolina Giraldo (Alianza Verde) heredó la propuesta del ex representante Mauricio Toro.

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¿Qué queda para el próximo año?

Juliana Hernández enumera cinco puntos importantes para las mujeres en el siguiente periodo: primero, avanzar en la construcción de un congreso abierto para que las iniciativas que se están presentando tengan las recomendaciones de sociedad civil; segundo, la reforma política; tercero, el Plan Nacional de Desarrollo, que incluya los resultados de los Diálogos Regionales Vinculantes, de la CLEM y de organizaciones sociales; cuarto, la reforma laboral, pensional, a la salud, entre otras, que deberían tener enfoque de género; y, quinto, la construcción de un protocolo para atender las violencias de género en el Congreso.

Por ejemplo, para Carrascal “es muy importante que la reforma a la salud tenga un componente de género. Las cifras de mortalidad materna tienen una correlación con las necesidades básicas insatisfechas y los territorios más pobres tienen los índices más altos. Se mueren más mujeres en Chocó, Vaupés o La Guajira por la deficiencia de los servicios de salud”.

Por ultimo, hay que tener en cuenta la creación del Sistema Naciona del Cuidado, una de las propuestas del presidente Petro en campaña. “Que reconozca, recompense, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado feminizado a través de instrumentos de política pública que integren esfuerzos del Estado, el sector privado y la comunidad en articulación con la economía popular. Este partirá de los territorios, las experiencias públicas y comunitarias ya adelantadas y las vivencias diversas de las mujeres”, proponía el programa de Petro.