La reforma tributaria que busca el gobierno de Gustavo Petro atraviesa un accidentado proceso en el cual constantemente se agregan y eliminan puntos del documento original. La iniciativa gubernamental se discute en el Congreso, donde, por ahora, el mandatario nacional tiene mayoría parlamentaria. Aún así, hay un punto que ha dividido notablemente las opiniones dentro del Capitolio: el impuesto a las iglesias. Argumentos jurídicos, sociales, económicos y de fe, entre otros, llegan a la discusión. ¿Qué se comenta sobre esto?
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La propuesta de que las iglesias en Colombia tributen no es algo nuevo, pues es una discusión que salta a la agenda nacional cada vez que un gobierno propone una reforma tributaria, pero esta vez ha ido tomando fuerza, sobre todo, por quienes se oponen a ella. La representante a la Cámara, Katherine Miranda, es quien ha tomado la batuta para que el cobro a las entidades religiosas sea una realidad y su propuesta contempla no que se cobre por las actividades religiosas, sino por otras ajenas a estas que lucren a las iglesias.
El artículo reza que las iglesias quedarían gravadas con un impuesto del 20%, a menos que, como lo señala el texto, sean “reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, respecto a los ingresos provenientes de actividades asociadas al oficio religioso, al culto, al rito, a prácticas que promuevan el apego de los sentimientos religiosos en el cuerpo social, o actividades de educación o beneficencia”.
Para la representante de la Alianza Verde, muchas entidades religiosas se han convertido en un negocio redondo en donde ganan mucho, pero no tributan de acuerdo con sus ingresos. “Qué hace una iglesia en la comercialización de ganado bufalino y bovino, realizando obras de ingeniería civil, transporte de carga, telecomunicación satelital, limpieza de edificios e instalaciones industriales”, señala la congresista en los argumentos con los que presentó el artículo que habla sobre la tributación de este sector. La legisladora se vale de los datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la que encontró que actividades comerciales similares a las religiosas pagan impuestos que estas no.
Aunque Miranda resalta aspectos que pueden llegar a ser cuestionables, cobrar a las iglesias sigue moviendo fibras más profundas que las alianzas políticas gestadas. Tanto es así que el Partido Liberal, declarado oficialista en este gobierno, dijo que no apoyará el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria, argumentando que “como defensores de la libertad de cultos y de la labor social que desarrollan en las comunidades” se oponen a los nuevos impuestos que se les quieren asignar a esas entidades. La propuesta de iniciar el cobro ha sido tildada incluso como “persecución religiosa” por figuras de ese gremio.
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El artículo no es del todo claro y la ambigüedad puede causar mucho daño, dice la senadora de Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, quien además fue directora de Asuntos Religiosos de Colombia por ocho años. Además, sostiene que el mayor problema del artículo que busca que las iglesias tributen, es que hay un gran desconocimiento del tema. “La primera claridad es que las entidades religiosas, desde el momento en el que tiene personería jurídica de tipo especial que se las da el Ministerio del Interior y no la Cámara de Comercio, deben pagar IVA, ICA, parafiscales, empleados, si tiene predios distintos al lugar de culto paga predial, si tiene vehículos paga sus impuestos”, asegura la congresista.
“Lo que genera la confusión es que se ha mostrado como si las iglesias no pagaran impuestos, cuando si lo hacen. Lo que corre ahora en el Congreso es algo que el gobierno sabe que es inviable y lo que están planteando los legisladores en la reforma afecta directamente el núcleo del derecho fundamental a la libertad religiosa, porque cataloga todo lo que hacen las iglesias fuera comercial, porque no lo deja claro”, asegura Ríos. Al igual que Miranda, Ríos recurrió a la DIAN quien respondió que de los 13.418 inscritos en el RUT como actividades religiosas, solo 9.176 declaran renta.
A pesar de esto, la DIAN asegura en su respuesta a la senadora que tiene los mecanismos suficientes para hacer el seguimiento a estas entidades y saber cuánto reciben realmente. No obstante, la congresista Ríos señala que la idea que haya que pagar un tributo por actividades no es del todo descabellada, pero que así como marcha en el Capitolio sí está mal y apunta a que hay un problema estructural de ignorancia sobre el rol de las iglesias en el país. “La DIAN tampoco lo tiene claro. En conversatorios que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión que hay que tener claridad frente a las actividades definitivas que realizan las entidades religiosas y ver cuáles se gravan y cuáles no. Todo está revuelto”, concluye”