Informe Final: un abrebocas a la verdad étnica y sus recomendaciones
Crear una Comisión de la Verdad que aborde la memoria histórica de los pueblos étnicos y reglamentar la creación de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (Attis), son dos de las recomendaciones importantes de este capítulo del Informe Final.
Para los indígenas la guerra sí existió. “Hubo valentía de nuestra parte para contar nuestra verdad”, recalca desde Amazonas Álvaro Piranga Cruz, exconsjero de comunicaciones de la ONIC y una de las personas que participó activamente en la construcción del capítulo étnico del Informe Final sobre el conflicto armado, construido por la Comisión de la Verdad.
Desde el pasado 28 de junio la entidad creada por el Acuerdo de Paz ha entregado ocho de los 10 capítulos que constituyen el Informe Final. Este martes, dos de agosto, lanzarán el volumen étnico llamado Resistir no es aguantar, que recoge los hallazgos sobre cómo el conflicto armado impactó a las poblaciones indígenas, afro, raizales y palenqueras, y al pueblo gitano, también llamado Rrom. También contiene las recomendaciones para la no repetición y para que los derechos y la dignidad sean pilares en la vida de las personas étnicas, una de las poblaciones más afectadas por la guerra.
Ese volumen, por sí solo, es un hito: es la primera vez que una de las 51 comisiones de la verdad en el mundo le dedican un apartado completo a relatar los horrores que despojaron física y culturalmente a pueblos étnicos, y a narrar, también, las formas de resistencias colectivas y espirituales. Mientras se publica formalmente este volumen, El Espectador conoció en Leticia (Amazonas), durante la socialización con las poblaciones indígenas, algunos hallazgos y recomendaciones que contienen sus páginas. Conocerlas sirve como un abrebocas, como un abecé, para abordar las claves de la verdad étnica y su relación con el Estado y los grupos insurgentes y paramilitares.
Más allá del Estado-nación
Una de las primeras cosas que hay que tener claras es que la narrativa de las comunidades étnicas sostiene que las afectaciones van más allá de la existencia de Colombia como nación. Es decir, las violencias que han sufrido los indígenas y los afrodescendientes en el conflicto armado tienen como antecedente histórico la esclavitud y los hechos sucedidos en La Colonia.
Como explica el capítulo en mención, fue a partir de esa herencia que se desató un trato racista contra los étnicos y que, de la mano con el modelo extractivista que se instauró en lugares como la Amazonia colombiana y el Pacífico, sirvió de base para las violencias que tuvieron lugar en el conflicto armado entre la exguerrilla de las Farc y el Estado, entre otros grupos armados. Es por esto que si bien el mandato de la Comisión de la Verdad indica que se estudiaría la guerra ocurrida entre 1958 y 2016, en el caso del volumen étnico se reconoce que las afectaciones empezaron desde varios siglos atrás y que dieron como resultado el trato colonial y racista que se dio en la época del conflicto, y que persisten hasta hoy en día.
“Las violencias en la Amazonia no se pueden entender sin la esclavitud, sin la explotación cauchera (un poco antes de la Casa Arana), hechos que desencadenaron en la desaparición de pueblos amazónicos”, explicó a este diario Gabriela Recalde, asesora de diálogo social en la Comisión de la Verdad. La funcionaria agregó que es justo por eso que la Amazonia se “inscribe en formas de violencia de larga duración que se exacerban con el conflicto armado”. Recalde hace énfasis en este territorio por la densidad demográfica de habitantes étnicos y por las particularidades de las economías extractivistas que allí fueron en detrimento del desarrollo propio de la región.
Por eso, dejó sobre la mesa una de las preguntas para el Estado que surge del capítulo territorial sobre lo que pasó en Amazonas, y del volumen étnico: “¿Si el despliegue del Plan Colombia fue tan fuerte en la Amazonia, por qué hoy en día la implementación de la paz no está tan presente?”.
Territorialidad indígena
Entre otras cosas que contendrá de manera amplia la investigación de la Comisión de la Verdad es cómo los actores armados usurparon la territorialidad de las poblaciones étnicas. Después de casi cuatro años de trabajo, la entidad identificó 17 corredores que durante años fueron usados para hacer trueques y llevar a cabo su comercio entre diferentes pueblos. Una vez se instauró el conflicto armado, los actores ilegales traslaparon estos camino para la movilización de tropas o de economías ilegales. Esto sumó a que los indígenas y los afros se vieran involucrados en una guerra que no era suya, ni de sus territorios, pero que tuvo lugar en ellos y en sus cuerpos.
Además de esto, la Comisión de la Verdad indicó que la configuración territorial del Estado no ha tenido en cuenta las realidades territoriales de los pueblos étnicos, pues son grupos de personas que muchas veces no se inscriben en su totalidad en un mismo lugar, sino que por sus antecedentes históricos se han ubicado en más de un departamento. Por lo tanto, la entidad manifestó que el capítulo étnico contiene que si bien la división geográfica tradicional no ha tenido en consideración la división étnica, es necesario reconocer y pensar una política regional mucho más amplia para incluir la gobernanza autónoma de estas poblaciones, pero que estén en diálogo con la estructura del Estado.
Una de las recomendaciones desde el enfoque étnico es reglamentar las Entidades Territoriales Indígenas (Etis). Las Etis “son el espacio político y jurídico que tienen los pueblos indígenas en Colombia para desarrollar, diseñar e implementar nuevas estructuras de gobierno propio para sus pueblos. Son la oportunidad histórica para eludir la imposición de formas administrativas ajenas implementadas por la sociedad mayoritaria”, explica Biviany Rojas. Fueron creadas en la Constitución de 1991, en su artículo 286, no obstante, no han sido reglamentadas por el Congreso de la República, por lo que la Comisión de la Verdad insiste en su urgencia. Asimismo, aconsejan la reglamentación de los artículos 2, 7,10, 40, 246, 286, y 330 de la Constitución.
Una Comisión para los étnicos
Finalmente, entre los temas más relevantes de este capítulo está la propuesta de crear una Comisión de la Verdad únicamente enfocada en consolidar la memoria histórica de los pueblos étnicos, incluyendo la gente Rrom. En Colombia, ellos representan menos del 1 % de la población, pero también tiene relatos sobre los estragos que la guerra hizo en la cultura gitana. Además, la entidad considera que tener una entidad dedicada solo a este trabajo es una respuesta en vía a atender dignamente a las víctimas étnicas del conflicto armado.
Las recomendaciones del Informe Final sobre los indígenas, afros, raizales, palenqueros y el pueblo Rrom no son novedosas necesariamente. “Son recomendaciones que se pudieron hacer en otras oportunidades por parte del gobierno, o por parte de organizaciones sociales, de asociaciones de alcaldes, personeros municipales, pero que no han sido atendidas por el Estado. Este es un ejercicio de recoger las recomendaciones, de depurarlas y organizarlas en bloques temáticos porque le da herramientas a las víctimas, a las organizaciones civiles, a los políticos, de poder exigirle al Estado el cumplimiento de estas obligaciones para transitar a una paz grande”, concluyó Gabriela Recalde, asesora de diálogo social de la Comisión de la Verdad.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Para los indígenas la guerra sí existió. “Hubo valentía de nuestra parte para contar nuestra verdad”, recalca desde Amazonas Álvaro Piranga Cruz, exconsjero de comunicaciones de la ONIC y una de las personas que participó activamente en la construcción del capítulo étnico del Informe Final sobre el conflicto armado, construido por la Comisión de la Verdad.
Desde el pasado 28 de junio la entidad creada por el Acuerdo de Paz ha entregado ocho de los 10 capítulos que constituyen el Informe Final. Este martes, dos de agosto, lanzarán el volumen étnico llamado Resistir no es aguantar, que recoge los hallazgos sobre cómo el conflicto armado impactó a las poblaciones indígenas, afro, raizales y palenqueras, y al pueblo gitano, también llamado Rrom. También contiene las recomendaciones para la no repetición y para que los derechos y la dignidad sean pilares en la vida de las personas étnicas, una de las poblaciones más afectadas por la guerra.
Ese volumen, por sí solo, es un hito: es la primera vez que una de las 51 comisiones de la verdad en el mundo le dedican un apartado completo a relatar los horrores que despojaron física y culturalmente a pueblos étnicos, y a narrar, también, las formas de resistencias colectivas y espirituales. Mientras se publica formalmente este volumen, El Espectador conoció en Leticia (Amazonas), durante la socialización con las poblaciones indígenas, algunos hallazgos y recomendaciones que contienen sus páginas. Conocerlas sirve como un abrebocas, como un abecé, para abordar las claves de la verdad étnica y su relación con el Estado y los grupos insurgentes y paramilitares.
Más allá del Estado-nación
Una de las primeras cosas que hay que tener claras es que la narrativa de las comunidades étnicas sostiene que las afectaciones van más allá de la existencia de Colombia como nación. Es decir, las violencias que han sufrido los indígenas y los afrodescendientes en el conflicto armado tienen como antecedente histórico la esclavitud y los hechos sucedidos en La Colonia.
Como explica el capítulo en mención, fue a partir de esa herencia que se desató un trato racista contra los étnicos y que, de la mano con el modelo extractivista que se instauró en lugares como la Amazonia colombiana y el Pacífico, sirvió de base para las violencias que tuvieron lugar en el conflicto armado entre la exguerrilla de las Farc y el Estado, entre otros grupos armados. Es por esto que si bien el mandato de la Comisión de la Verdad indica que se estudiaría la guerra ocurrida entre 1958 y 2016, en el caso del volumen étnico se reconoce que las afectaciones empezaron desde varios siglos atrás y que dieron como resultado el trato colonial y racista que se dio en la época del conflicto, y que persisten hasta hoy en día.
“Las violencias en la Amazonia no se pueden entender sin la esclavitud, sin la explotación cauchera (un poco antes de la Casa Arana), hechos que desencadenaron en la desaparición de pueblos amazónicos”, explicó a este diario Gabriela Recalde, asesora de diálogo social en la Comisión de la Verdad. La funcionaria agregó que es justo por eso que la Amazonia se “inscribe en formas de violencia de larga duración que se exacerban con el conflicto armado”. Recalde hace énfasis en este territorio por la densidad demográfica de habitantes étnicos y por las particularidades de las economías extractivistas que allí fueron en detrimento del desarrollo propio de la región.
Por eso, dejó sobre la mesa una de las preguntas para el Estado que surge del capítulo territorial sobre lo que pasó en Amazonas, y del volumen étnico: “¿Si el despliegue del Plan Colombia fue tan fuerte en la Amazonia, por qué hoy en día la implementación de la paz no está tan presente?”.
Territorialidad indígena
Entre otras cosas que contendrá de manera amplia la investigación de la Comisión de la Verdad es cómo los actores armados usurparon la territorialidad de las poblaciones étnicas. Después de casi cuatro años de trabajo, la entidad identificó 17 corredores que durante años fueron usados para hacer trueques y llevar a cabo su comercio entre diferentes pueblos. Una vez se instauró el conflicto armado, los actores ilegales traslaparon estos camino para la movilización de tropas o de economías ilegales. Esto sumó a que los indígenas y los afros se vieran involucrados en una guerra que no era suya, ni de sus territorios, pero que tuvo lugar en ellos y en sus cuerpos.
Además de esto, la Comisión de la Verdad indicó que la configuración territorial del Estado no ha tenido en cuenta las realidades territoriales de los pueblos étnicos, pues son grupos de personas que muchas veces no se inscriben en su totalidad en un mismo lugar, sino que por sus antecedentes históricos se han ubicado en más de un departamento. Por lo tanto, la entidad manifestó que el capítulo étnico contiene que si bien la división geográfica tradicional no ha tenido en consideración la división étnica, es necesario reconocer y pensar una política regional mucho más amplia para incluir la gobernanza autónoma de estas poblaciones, pero que estén en diálogo con la estructura del Estado.
Una de las recomendaciones desde el enfoque étnico es reglamentar las Entidades Territoriales Indígenas (Etis). Las Etis “son el espacio político y jurídico que tienen los pueblos indígenas en Colombia para desarrollar, diseñar e implementar nuevas estructuras de gobierno propio para sus pueblos. Son la oportunidad histórica para eludir la imposición de formas administrativas ajenas implementadas por la sociedad mayoritaria”, explica Biviany Rojas. Fueron creadas en la Constitución de 1991, en su artículo 286, no obstante, no han sido reglamentadas por el Congreso de la República, por lo que la Comisión de la Verdad insiste en su urgencia. Asimismo, aconsejan la reglamentación de los artículos 2, 7,10, 40, 246, 286, y 330 de la Constitución.
Una Comisión para los étnicos
Finalmente, entre los temas más relevantes de este capítulo está la propuesta de crear una Comisión de la Verdad únicamente enfocada en consolidar la memoria histórica de los pueblos étnicos, incluyendo la gente Rrom. En Colombia, ellos representan menos del 1 % de la población, pero también tiene relatos sobre los estragos que la guerra hizo en la cultura gitana. Además, la entidad considera que tener una entidad dedicada solo a este trabajo es una respuesta en vía a atender dignamente a las víctimas étnicas del conflicto armado.
Las recomendaciones del Informe Final sobre los indígenas, afros, raizales, palenqueros y el pueblo Rrom no son novedosas necesariamente. “Son recomendaciones que se pudieron hacer en otras oportunidades por parte del gobierno, o por parte de organizaciones sociales, de asociaciones de alcaldes, personeros municipales, pero que no han sido atendidas por el Estado. Este es un ejercicio de recoger las recomendaciones, de depurarlas y organizarlas en bloques temáticos porque le da herramientas a las víctimas, a las organizaciones civiles, a los políticos, de poder exigirle al Estado el cumplimiento de estas obligaciones para transitar a una paz grande”, concluyó Gabriela Recalde, asesora de diálogo social de la Comisión de la Verdad.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político