Informe sobre corrupción ve con inquietud la concentración de poder del Ejecutivo

Este miércoles, el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presentó el Informe de seguimiento al cumplimiento del compromiso de Lima, “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, que suscribió Colombia en la VIII Cumbre de las Américas en 2018.

El informe se basó en el estudio del marco normativo del Estado y las prácticas y cumplimientos a las leyes y jurisprudencia con relación al tema de la lucha frontal contra la corrupción. Sobre estos, la OCC destacó que el país cuenta con “un marco amplio que aborda temas como la promoción de la integridad en la función pública, la transparencia y el acceso a la información pública y la rendición de cuentas del financiamiento de las campañas”.

Lea aquí más noticias sobre procesos de corrupción y lucha anticorrupción.

Sin embargo, el análisis encontró que hay problemas con este marco normativo, en tanto se encontraron brechas en las reglamentación e implementación de las mismas leyes. Preocupa en el informe, además, el acaparamiento de poder del Ejecutivo.

“La actual coyuntura en Colombia se ha visto marcada por la pandemia del COVID-19, la cual ha significado la profundización de la desigualdad en el país, a la vez que ha coincidido con desafíos para el sistema de pesos y contrapesos del sistema democrático. Un ejemplo de esto es la marcada concentración de poder en cabeza del Ejecutivo, la disminución en los controles sobre la contratación pública de los recursos destinados para la atención de la pandemia, y el deterioro en la independencia de las instituciones y órganos de control”, se lee como resumen.

En el contexto sobre el informe, también se resalta el estallido social y las razones por las cuales las personas salieron a las calles, en pleno pico del COVID-19. “En el marco de esta movilización, se evidencia la necesidad de avanzar en medidas para la rendición de cuentas y acceso a la información pública sobre situaciones que constituyan violación de derechos humanos, la revisión del equilibrio de poderes e independencia de los órganos de control e investigación, la protección a los grupos en condición de vulnerabilidad en un contexto agravado por la pandemia, y la investigación y la reparación de los hechos de corrupción”.

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

En este ítem se evaluaron temas como la autonomía e independencia del sistema judicial, la promoción de la equidad de género en las políticas anticorrupción y enfoques diferenciales sobre poblaciones vulnerables, transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de funcionarios, medidas para la prevención de conflictos de intereses y códigos de conducta para servidores.

Los puntos peor calificados son los del enfoque diferencial para poblaciones vulnerables, perspectiva de género y la independencia del sistema judicial. “Aunque la protección de los grupos en condición de vulnerabilidad es un principio constitucional, mediante este ejercicio de seguimiento no se identificaron normas que específicamente dispongan o creen un mecanismo para incorporar a estos en la definición de las medidas anticorrupción. La importancia de priorizar estos enfoques diferenciales en la lucha contra la corrupción radica en que permite, por una parte, abordar el fenómeno desde una perspectiva amplia, comprendiendo el rango de daños y vulneración de derechos que causa. Y, por otra, contribuye al seguimiento de otros compromisos asumidos para el país, como, por ejemplo, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Sobre la rendición de datos sobre conflicto de intereses, el documento destaca la reciente ley que le exige a los funcionarios hacerla pública, pero se evidenció como falencia la información incompleta o desactualizada.

Transparencia, acceso a la información y protección de denunciantes

Para estos temas, las calificaciones fueron mejores que el de gobernabilidad democrática. Sin embargo, el informe puso alerta en el ítem de protección a denunciantes y los vacíos de las entidades del Estado, que no cuentan con datos abiertos para la promoción de la transparencia.

Así mismo, otro limitante para el acceso a información es el tema de conectividad. “Según el informe de Digital 2021, cerca del 30% de la población colombiana no tiene acceso a internet, lo cual genera una limitación directa en temas de acceso a la información”, resalta el documento.

Sobre la protección de denunciantes, el informe lamenta la falta de voluntad política para sacar adelante leyes que llenen los vacíos actuales, que solo concibe como denunciante al servidor público. Por ejemplo, el proyecto que cursa trámite en el Congreso sobre el tema no ha tenido el mayor despliegue y se le han retirado puntos esenciales, como las medidas de protección a quejosos, denunciantes o a quienes informes casos de corrupción.

Más: “La corrupción está enquistada en Colombia”: secretaria de Transparencia.

“La falta de conocimiento de los canales de denuncia y de eficiencia de las autoridades en adelantar los debidos procesos de investigación, así como el poco respaldo político que han tenido las propuestas de proyecto de ley, son obstáculos visibles para el cumplimiento de este compromiso en el país”, se lee en el informe.

En este mismo punto, se analizó la independencia de los órganos de control superior, tema en el cual se encontró coincidencia en la elección de personas cercanas al Gobierno, como son los casos del defensor del Pueblo, la procuradora y el contralor. “Esto es percibido de manera negativa por la sociedad civil, ya que puede desembocar en la ausencia de control e investigación de presuntos actos de corrupción. La misma situación se replica en el nivel local”.

Financiación de partidos y campañas electorales

El informe destaca la plataforma Cuentas Claras, sin embargo, advierte de las dificultades de la ciudadanía para entender la información y la falta de sanciones ejemplarizantes a los casos de financiación ilegal.

Prevención de la corrupción

En este punto se resalta el compromiso del Estado por promocionar los sistemas electrónicos de compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas, así como las leyes recientes en materia de publicidad de las etapas de contratación en el Secop y los pliegos tipos, para evitar los contratos sastres, que son los que se adjudican pensando en un solo licitante.

“En el análisis de Secop, se identificaron algunos problemas relacionados con la calidad de los datos registrados, los tiempos de publicación y la actualización de la plataforma”, alerta también el informe.

En este, se pone además el foco en las cláusulas excepcionales para la suspensión de contratos por temas de corrupción. “Si bien el país cuenta con la Ley 80 de 1993, la cual reglamenta de manera amplia la contratación pública y aborda las cláusulas excepcionales por medio de las cuales el Estado puede finalizar el contrato, estas no contemplan para su aplicación razones basadas en actos de corrupción”.

Le puede interesar: ¿Qué tan eficiente es la lucha contra la corrupción en Colombia?

Y por último, en este ítem se ponen de precedente que los compromisos anticorrupción que adoptan los licitantes terminan por no ser vinculantes.

Cooperación jurídica

El Observatorio señala que el Grupo de Expertos en Corrupción etiqueta las acciones en cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, soborno internacional, crimen organizado y lavado de activos, así como la recuperación de activos como esenciales para la lucha contra la corrupción.

En el caso de Colombia, lo que más se le destaca es en las medidas que ha dispuesto el Estado para el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos de la corrupción.

No obstante, el informe recalca que lo peor calificado es lo relacionado a la cooperación judicial. “A pesar de que en la indagación de la formación en torno a estas acciones se encontraron avances en el desarrollo de convenios interadministrativos para fomentar la cooperación, la judicialización y sanciones a los actos de corrupción dependen en gran medida de la presión mediática y ciudadana”, dice.

Lo que destaca el informe

- La creación del Código de Conducta del Funcionario Público.

- La eliminación de trámites innecesarios.

- La obligatoriedad de la publicación de la declaración de renta y conflicto de intereses de los funcionarios.

- La política pública anticorrupción, que se encuentra en construcción.

Falencias y debilidades

“En términos de retroceso, se observa una baja implementación de las medidas, así como la ausencia de un enfoque de género y de poblaciones en situación de vulnerabilidad en las políticas para combatir la corrupción”, destacó Sandra Martínez, directora programática de Iniciativas con Actores Estatales y Políticos.

El informe profundiza lo señalado por Martínez: “Al analizar de manera más detenida su reglamentación y puesta en práctica, se encuentra que en buena parte de los compromisos observados cuentan con un bajo desarrollo práctico en términos de mecanismos, canales, o políticas públicas que sustenten lo dispuesto en la norma. Así las cosas, se entiende que, si bien la existencia de desarrollos normativos amplios es fundamental para enfrentar este fenómeno, en la práctica falta avanzar en la puesta en marcha de medidas para su debido cumplimiento”.

Se hace manifiesto también todo lo relacionado con la concentración de poder por parte del Ejecutivo. En ese sentido, el Gobierno se convierte en la institución con menos percepción de confiabilidad, según la encuesta Edelman Trust Barometer 2021. “La institución en la que más desconfían los colombianos continúa siendo el Gobierno. Colombia se ubica en el cuarto lugar como una de las naciones con mayor desconfianza en esta institución, con 20 puntos por debajo del promedio global que se encuentra en 53%”, se lee en el sondeo compartido por el informe.

Los otros temas que preocuparon fueron el de la protección a denunciantes y el de la vulneración a derechos humanos y corrupción. “Partiendo del hecho de que la corrupción afecta el acceso y goce efectivo de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, se concluye que corrupción y la ausencia de respuestas efectivas por parte de las entidades gubernamentales generan un descontento ciudadano, con particular énfasis en los grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, indígenas y jóvenes”, se explica en el texto.

“Dentro del informe se hacen algunos llamados a la acción, como promover mayores escenarios de participación de la ciudadanía y la construcción y discusión de las medidas anticorrupción, la creación y difusión de estadísticas que permitan hacer un balance del efecto de las medidas anticorrupción, garantizar la inclusión de género y de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad y definir rutas de acción para las políticas anticorrupción que tengan en cuenta los diferentes contextos sociales, culturales a nivel nacional y territorial”, concluyó Martínez.

Este miércoles, el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) presentó el Informe de seguimiento al cumplimiento del compromiso de Lima, “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, que suscribió Colombia en la VIII Cumbre de las Américas en 2018.

El informe se basó en el estudio del marco normativo del Estado y las prácticas y cumplimientos a las leyes y jurisprudencia con relación al tema de la lucha frontal contra la corrupción. Sobre estos, la OCC destacó que el país cuenta con “un marco amplio que aborda temas como la promoción de la integridad en la función pública, la transparencia y el acceso a la información pública y la rendición de cuentas del financiamiento de las campañas”.

Lea aquí más noticias sobre procesos de corrupción y lucha anticorrupción.

Sin embargo, el análisis encontró que hay problemas con este marco normativo, en tanto se encontraron brechas en las reglamentación e implementación de las mismas leyes. Preocupa en el informe, además, el acaparamiento de poder del Ejecutivo.

“La actual coyuntura en Colombia se ha visto marcada por la pandemia del COVID-19, la cual ha significado la profundización de la desigualdad en el país, a la vez que ha coincidido con desafíos para el sistema de pesos y contrapesos del sistema democrático. Un ejemplo de esto es la marcada concentración de poder en cabeza del Ejecutivo, la disminución en los controles sobre la contratación pública de los recursos destinados para la atención de la pandemia, y el deterioro en la independencia de las instituciones y órganos de control”, se lee como resumen.

En el contexto sobre el informe, también se resalta el estallido social y las razones por las cuales las personas salieron a las calles, en pleno pico del COVID-19. “En el marco de esta movilización, se evidencia la necesidad de avanzar en medidas para la rendición de cuentas y acceso a la información pública sobre situaciones que constituyan violación de derechos humanos, la revisión del equilibrio de poderes e independencia de los órganos de control e investigación, la protección a los grupos en condición de vulnerabilidad en un contexto agravado por la pandemia, y la investigación y la reparación de los hechos de corrupción”.

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

En este ítem se evaluaron temas como la autonomía e independencia del sistema judicial, la promoción de la equidad de género en las políticas anticorrupción y enfoques diferenciales sobre poblaciones vulnerables, transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de funcionarios, medidas para la prevención de conflictos de intereses y códigos de conducta para servidores.

Los puntos peor calificados son los del enfoque diferencial para poblaciones vulnerables, perspectiva de género y la independencia del sistema judicial. “Aunque la protección de los grupos en condición de vulnerabilidad es un principio constitucional, mediante este ejercicio de seguimiento no se identificaron normas que específicamente dispongan o creen un mecanismo para incorporar a estos en la definición de las medidas anticorrupción. La importancia de priorizar estos enfoques diferenciales en la lucha contra la corrupción radica en que permite, por una parte, abordar el fenómeno desde una perspectiva amplia, comprendiendo el rango de daños y vulneración de derechos que causa. Y, por otra, contribuye al seguimiento de otros compromisos asumidos para el país, como, por ejemplo, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Sobre la rendición de datos sobre conflicto de intereses, el documento destaca la reciente ley que le exige a los funcionarios hacerla pública, pero se evidenció como falencia la información incompleta o desactualizada.

Transparencia, acceso a la información y protección de denunciantes

Para estos temas, las calificaciones fueron mejores que el de gobernabilidad democrática. Sin embargo, el informe puso alerta en el ítem de protección a denunciantes y los vacíos de las entidades del Estado, que no cuentan con datos abiertos para la promoción de la transparencia.

Así mismo, otro limitante para el acceso a información es el tema de conectividad. “Según el informe de Digital 2021, cerca del 30% de la población colombiana no tiene acceso a internet, lo cual genera una limitación directa en temas de acceso a la información”, resalta el documento.

Sobre la protección de denunciantes, el informe lamenta la falta de voluntad política para sacar adelante leyes que llenen los vacíos actuales, que solo concibe como denunciante al servidor público. Por ejemplo, el proyecto que cursa trámite en el Congreso sobre el tema no ha tenido el mayor despliegue y se le han retirado puntos esenciales, como las medidas de protección a quejosos, denunciantes o a quienes informes casos de corrupción.

Más: “La corrupción está enquistada en Colombia”: secretaria de Transparencia.

“La falta de conocimiento de los canales de denuncia y de eficiencia de las autoridades en adelantar los debidos procesos de investigación, así como el poco respaldo político que han tenido las propuestas de proyecto de ley, son obstáculos visibles para el cumplimiento de este compromiso en el país”, se lee en el informe.

En este mismo punto, se analizó la independencia de los órganos de control superior, tema en el cual se encontró coincidencia en la elección de personas cercanas al Gobierno, como son los casos del defensor del Pueblo, la procuradora y el contralor. “Esto es percibido de manera negativa por la sociedad civil, ya que puede desembocar en la ausencia de control e investigación de presuntos actos de corrupción. La misma situación se replica en el nivel local”.

Financiación de partidos y campañas electorales

El informe destaca la plataforma Cuentas Claras, sin embargo, advierte de las dificultades de la ciudadanía para entender la información y la falta de sanciones ejemplarizantes a los casos de financiación ilegal.

Prevención de la corrupción

En este punto se resalta el compromiso del Estado por promocionar los sistemas electrónicos de compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas, así como las leyes recientes en materia de publicidad de las etapas de contratación en el Secop y los pliegos tipos, para evitar los contratos sastres, que son los que se adjudican pensando en un solo licitante.

“En el análisis de Secop, se identificaron algunos problemas relacionados con la calidad de los datos registrados, los tiempos de publicación y la actualización de la plataforma”, alerta también el informe.

En este, se pone además el foco en las cláusulas excepcionales para la suspensión de contratos por temas de corrupción. “Si bien el país cuenta con la Ley 80 de 1993, la cual reglamenta de manera amplia la contratación pública y aborda las cláusulas excepcionales por medio de las cuales el Estado puede finalizar el contrato, estas no contemplan para su aplicación razones basadas en actos de corrupción”.

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Y por último, en este ítem se ponen de precedente que los compromisos anticorrupción que adoptan los licitantes terminan por no ser vinculantes.

Cooperación jurídica

El Observatorio señala que el Grupo de Expertos en Corrupción etiqueta las acciones en cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, soborno internacional, crimen organizado y lavado de activos, así como la recuperación de activos como esenciales para la lucha contra la corrupción.

En el caso de Colombia, lo que más se le destaca es en las medidas que ha dispuesto el Estado para el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos de la corrupción.

No obstante, el informe recalca que lo peor calificado es lo relacionado a la cooperación judicial. “A pesar de que en la indagación de la formación en torno a estas acciones se encontraron avances en el desarrollo de convenios interadministrativos para fomentar la cooperación, la judicialización y sanciones a los actos de corrupción dependen en gran medida de la presión mediática y ciudadana”, dice.

Lo que destaca el informe

- La creación del Código de Conducta del Funcionario Público.

- La eliminación de trámites innecesarios.

- La obligatoriedad de la publicación de la declaración de renta y conflicto de intereses de los funcionarios.

- La política pública anticorrupción, que se encuentra en construcción.

Falencias y debilidades

“En términos de retroceso, se observa una baja implementación de las medidas, así como la ausencia de un enfoque de género y de poblaciones en situación de vulnerabilidad en las políticas para combatir la corrupción”, destacó Sandra Martínez, directora programática de Iniciativas con Actores Estatales y Políticos.

El informe profundiza lo señalado por Martínez: “Al analizar de manera más detenida su reglamentación y puesta en práctica, se encuentra que en buena parte de los compromisos observados cuentan con un bajo desarrollo práctico en términos de mecanismos, canales, o políticas públicas que sustenten lo dispuesto en la norma. Así las cosas, se entiende que, si bien la existencia de desarrollos normativos amplios es fundamental para enfrentar este fenómeno, en la práctica falta avanzar en la puesta en marcha de medidas para su debido cumplimiento”.

Se hace manifiesto también todo lo relacionado con la concentración de poder por parte del Ejecutivo. En ese sentido, el Gobierno se convierte en la institución con menos percepción de confiabilidad, según la encuesta Edelman Trust Barometer 2021. “La institución en la que más desconfían los colombianos continúa siendo el Gobierno. Colombia se ubica en el cuarto lugar como una de las naciones con mayor desconfianza en esta institución, con 20 puntos por debajo del promedio global que se encuentra en 53%”, se lee en el sondeo compartido por el informe.

Los otros temas que preocuparon fueron el de la protección a denunciantes y el de la vulneración a derechos humanos y corrupción. “Partiendo del hecho de que la corrupción afecta el acceso y goce efectivo de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, se concluye que corrupción y la ausencia de respuestas efectivas por parte de las entidades gubernamentales generan un descontento ciudadano, con particular énfasis en los grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, indígenas y jóvenes”, se explica en el texto.

“Dentro del informe se hacen algunos llamados a la acción, como promover mayores escenarios de participación de la ciudadanía y la construcción y discusión de las medidas anticorrupción, la creación y difusión de estadísticas que permitan hacer un balance del efecto de las medidas anticorrupción, garantizar la inclusión de género y de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad y definir rutas de acción para las políticas anticorrupción que tengan en cuenta los diferentes contextos sociales, culturales a nivel nacional y territorial”, concluyó Martínez.