¿Instigar a la violencia? La responsabilidad del discurso político durante la protesta

Las cifras de muertos durante el paro varían según el ente, oficial o independiente. Las estadísticas más conservadoras hablan de 24 muertos, mientras organizaciones no gubernamentales aseguran que son poco menos de 40. La violencia que se ha vivido en las calles también ha sido trasplantada a las redes sociales, donde los discursos beligerantes pululan desde distintos sectores.

En medio de este tenso clima, la voz de líderes de opinión, políticos y mandatarios han tomado una mayor resonancia. Un bando señala a otro como el responsable de la violencia y la respuesta viene cargada con las mismas acusaciones. Los ejemplos en redes sociales y en los registros de prensa sobreabundan.

Nadie se ha librado de esta confrontación, incluso funcionarios se han metido directamente en esta. Tan solo en la noche de este miércoles, Diego Molano, ministro de Defensa -un funcionario-, usó su cuenta verificada de Twitter para irse lanza en ristre en contra del senador Gustavo Petro -uno de los líderes de oposición- por sus críticas a la Policía.

Puede ver: Los comentarios del ministro Molano en contra de Gustavo Petro

“Un día los mandas a atacar y al otro día los mandas a abrazar. A los policías y soldados se les respeta y admira todos los días”, fue el mensaje de Molano, que a renglón seguido fue respondido por Petro: “Desde que firmé la paz, en 1989, jamás, oiga bien, jamás he insinuado que se ataque a un solo miembro de la Fuerza Pública. Usted, en cambio, permite que se asesinen a civiles desarmados. Es usted el que se pone fuera de la ley”.

Además de estos mensajes, hay otras comunicaciones que han sido señaladas de favorecer o hasta incitar actos de violencia directamente. Es el caso del trino del expresidente Álvaro Uribe que fue retirado por la propia red social por “glorificación de la violencia”. En la comunicación, el líder del Centro Democrático dijo: “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Pero este no es el único trino de Uribe que ha sido cuestionado en medio de las manifestaciones. Hace uno días, el expresidente y exsenador compartió un video de una camioneta con la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y aseguró que se trataba de un símbolo del Eln. Aunque después corrigió, los líderes indígenas consideraron el gesto como un acto de estigmatización del que habrían sido víctimas por parte de la cabeza del partido de Gobierno.

Esta no es la única comunicación señalada de incitar a la violencia. En la noche del miércoles, luego de que desconocidos abalearan a Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño en el viaducto de Pereira, se recordó el llamado del alcalde de la capital de Risaralda para que se hiciera un “frente común” de gremios, seguridad privada y Fuerza Pública para recuperar el orden en la ciudad.

Carlos Maya rechazó los señalamientos, “esa pretensión nunca ha buscado para que los particulares se armen y defiendan sus propios intereses”, y pidió disculpas si llegó a malinterpretarse sus declaraciones. No obstante, para muchos fue muy tarde las aclaraciones y la evidencia era los dos jóvenes que actualmente se encuentran en clínicas de Pereira luchando por su vida.

También: Álvaro Uribe trina contra el CRIC, borra el mensaje y culpa a sus ayudantes

Se podrían agregar más hechos a este listado que deja en el aire un claro cuestionamiento: ¿Hasta dónde va la responsabilidad de los funcionarios y otros actores políticos en las declaraciones y mensajes que emiten? ¿Cuál es el impacto de este discurso en las acciones violentas que se han observado en el marco de las movilizaciones del paro nacional?

Las respuestas pueden ser variadas, dependiendo la disciplina, pero todas apuntan al efecto que puede tener el mensaje en el ya exaltado clima que tiene el país en estas últimas semanas. Para el profesor de comunicación y analista Mario Morales, no hay que olvidar que toda comunicación tiene un efecto.

“Cuando la comunicación es impulsiva o en caliente la primera motivación es el contagio emocional. Se despiertan emociones básicas y la más preocupante es la ira y la rabia”, comentó el académico, que expresó que este fenómeno se ha hecho más volátil ante la presencia de las redes sociales.

A criterio de Morales, anteriormente existía una mediación a través de los medios de comunicación, que dotaban a mensaje de un contexto y un cierto grado de filtro. Pero ahora, con las redes sociales, esa inmediatez de la comunicación puede causar unos efectos no esperados, que pueden ser acentuados por los pronunciamientos irreflexivos de los generadores de opinión.

“Un funcionario debería saber que una cosa es actuar de inmediato y otra es ceder a la verborrea fácil sin medir los efectos de sus palabras. No es lo mismo recibir esas palabras en un contexto de calma a qué ocurran en momentos de marchas”, señaló el docente de la Universidad Javeriana, que acusó una falta de timing político en el actual panorama nacional.

En esta línea de falta de conciencia de los momentos, Morales cuestionó que los gobernantes se sientan líderes de opinión, “pasa esencialmente en el presidente y en los alcaldes de las tres principales ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), y que estén a la espera de cualquier cosa para decir “algo”. “Si el funcionario reacciona en caliente, como los alcaldes, el efecto será en opinión y en sobre opinión”, cuando realmente, para el docente, lo que se espera es que tomen decisiones y que sus pronunciamientos tengan un valor agregado.

También: Twitter escuchó a sus usuarios y eliminó trino de Uribe por “violación a las reglas”

Este concluyó expresando que gran parte del lío viene por la inmediatez de las redes sociales y la “diarrea verbal” de los funcionarios, que deberían practicar la continencia, más que otros sectores de la sociedad. Para Omar Rincón, investigador del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, el problema no va tanto a la inmediatez de las comunicaciones sino al abandono de la exigencia a los líderes de ser responsables de lo que dicen.

“No hay responsabilidad pública con lo que dicen. No hay legitimidad del discurso”, comentó Rincón. En su concepto, el problema pasa porque no importa la verdad o si quiera la verosimilitud en sus discursos sino ser “performático”, “solo se necesita ser personajes públicos”. En esta categoría estaría enmarcados varios líderes de derechas actuales, tales como el expresidente Álvaro Uribe.

Como parte de este “performance” se estaría llegando a sobrepasar la línea de la promoción del odio y la muerte. No obstante, Rincón también remarcó que la responsabilidad del discurso está en otras variantes como la del presidente Iván Duque: “lleno de lugares comunes y de retórica boba que genera un vacío de liderazgo político. Es un discurso enervante y grave, porque viene del presidente y causa muertes y destrucción por la forma en la que se expresa”. En un sentido parecido estaría Gustavo Petro, que se pronuncia sin medir consecuencias y “se está otorgando cosas que no debe”.

Según Rincón, si dichos líderes “fundamentales” actúan de esa forma, todo mandatario pequeño comienza a hacer los mismo. Este sería el caso del alcalde de Pereira, que “debería ser investigado por esa presunta invitación”. Por último, el académico criticó la acción de los poderosos que dicen algo y no tienen responsabilidad cuando “en las democracias el gobernante tiene responsabilidad pública de lo que dice (…) Con palabras se mata, no solo con acciones”.

Lea: Usuarios le piden a Twitter suspender la cuenta de Uribe.

Desde el ámbito legal también hay una concepción similar a las mencionadas por los dos académicos. Al consultar a Luisa Isaza, abogada e investigadora en temas de libertad de expresión, se exponen visiones sobre el límite que debería tener los funcionarios y personalidades políticas frente a sus pronunciamientos.

Según Isaza, la libertad de expresión contemplada por Colombia y el Sistema Interamericano es bastante amplia y tratar de ponerle límite de índole legal es muy peligroso. No obstante, reconoce que la misma Convención Americana de Derechos Humanos deja constancia de que debe estar prohibido la propaganda a favor de la guerra y los discursos de odio que instigan acciones de violencia en contra de personas. “Es una restricción general para todo tipo de personas”, agregó Isaza.

En este mismo orden de ideas, la abogada e investigadora mencionó que estas restricciones son para todos, pero en caso de ser funcionario o figura pública hay una responsabilidad aún mayor. Esto lo ha dicho tanto la Corte Constitucional en Colombia como el sistema interamericano.

Por los lados del tribunal nacional, se ha recordado que los funcionarios tienen una responsabilidad especial que restringe la libertad con la que emiten sus pronunciamientos. Por otro lado, a nivel supranacional, se ha recordado que los funcionarios no deben emitir discursos estigmatizantes dado que “tienen un rol y una audiencia muy grande y sus acciones pueden incitar a la violencia”.

A criterio de Isaza, sin importar si se es funcionario -como Molano o el alcalde de Pereira- o figura pública -como Uribe o Petro-, sus pronunciamientos deben estar mediados por la responsabilidad debido a que, sin importar si hay restricción legal o no, es el deber ser enmarcado en el respeto a la Constitución y en la conciencia de “su rol, su audiencia y el poder de sus palabras”.

Las cifras de muertos durante el paro varían según el ente, oficial o independiente. Las estadísticas más conservadoras hablan de 24 muertos, mientras organizaciones no gubernamentales aseguran que son poco menos de 40. La violencia que se ha vivido en las calles también ha sido trasplantada a las redes sociales, donde los discursos beligerantes pululan desde distintos sectores.

En medio de este tenso clima, la voz de líderes de opinión, políticos y mandatarios han tomado una mayor resonancia. Un bando señala a otro como el responsable de la violencia y la respuesta viene cargada con las mismas acusaciones. Los ejemplos en redes sociales y en los registros de prensa sobreabundan.

Nadie se ha librado de esta confrontación, incluso funcionarios se han metido directamente en esta. Tan solo en la noche de este miércoles, Diego Molano, ministro de Defensa -un funcionario-, usó su cuenta verificada de Twitter para irse lanza en ristre en contra del senador Gustavo Petro -uno de los líderes de oposición- por sus críticas a la Policía.

Puede ver: Los comentarios del ministro Molano en contra de Gustavo Petro

“Un día los mandas a atacar y al otro día los mandas a abrazar. A los policías y soldados se les respeta y admira todos los días”, fue el mensaje de Molano, que a renglón seguido fue respondido por Petro: “Desde que firmé la paz, en 1989, jamás, oiga bien, jamás he insinuado que se ataque a un solo miembro de la Fuerza Pública. Usted, en cambio, permite que se asesinen a civiles desarmados. Es usted el que se pone fuera de la ley”.

Además de estos mensajes, hay otras comunicaciones que han sido señaladas de favorecer o hasta incitar actos de violencia directamente. Es el caso del trino del expresidente Álvaro Uribe que fue retirado por la propia red social por “glorificación de la violencia”. En la comunicación, el líder del Centro Democrático dijo: “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Pero este no es el único trino de Uribe que ha sido cuestionado en medio de las manifestaciones. Hace uno días, el expresidente y exsenador compartió un video de una camioneta con la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y aseguró que se trataba de un símbolo del Eln. Aunque después corrigió, los líderes indígenas consideraron el gesto como un acto de estigmatización del que habrían sido víctimas por parte de la cabeza del partido de Gobierno.

Esta no es la única comunicación señalada de incitar a la violencia. En la noche del miércoles, luego de que desconocidos abalearan a Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño en el viaducto de Pereira, se recordó el llamado del alcalde de la capital de Risaralda para que se hiciera un “frente común” de gremios, seguridad privada y Fuerza Pública para recuperar el orden en la ciudad.

Carlos Maya rechazó los señalamientos, “esa pretensión nunca ha buscado para que los particulares se armen y defiendan sus propios intereses”, y pidió disculpas si llegó a malinterpretarse sus declaraciones. No obstante, para muchos fue muy tarde las aclaraciones y la evidencia era los dos jóvenes que actualmente se encuentran en clínicas de Pereira luchando por su vida.

También: Álvaro Uribe trina contra el CRIC, borra el mensaje y culpa a sus ayudantes

Se podrían agregar más hechos a este listado que deja en el aire un claro cuestionamiento: ¿Hasta dónde va la responsabilidad de los funcionarios y otros actores políticos en las declaraciones y mensajes que emiten? ¿Cuál es el impacto de este discurso en las acciones violentas que se han observado en el marco de las movilizaciones del paro nacional?

Las respuestas pueden ser variadas, dependiendo la disciplina, pero todas apuntan al efecto que puede tener el mensaje en el ya exaltado clima que tiene el país en estas últimas semanas. Para el profesor de comunicación y analista Mario Morales, no hay que olvidar que toda comunicación tiene un efecto.

“Cuando la comunicación es impulsiva o en caliente la primera motivación es el contagio emocional. Se despiertan emociones básicas y la más preocupante es la ira y la rabia”, comentó el académico, que expresó que este fenómeno se ha hecho más volátil ante la presencia de las redes sociales.

A criterio de Morales, anteriormente existía una mediación a través de los medios de comunicación, que dotaban a mensaje de un contexto y un cierto grado de filtro. Pero ahora, con las redes sociales, esa inmediatez de la comunicación puede causar unos efectos no esperados, que pueden ser acentuados por los pronunciamientos irreflexivos de los generadores de opinión.

“Un funcionario debería saber que una cosa es actuar de inmediato y otra es ceder a la verborrea fácil sin medir los efectos de sus palabras. No es lo mismo recibir esas palabras en un contexto de calma a qué ocurran en momentos de marchas”, señaló el docente de la Universidad Javeriana, que acusó una falta de timing político en el actual panorama nacional.

En esta línea de falta de conciencia de los momentos, Morales cuestionó que los gobernantes se sientan líderes de opinión, “pasa esencialmente en el presidente y en los alcaldes de las tres principales ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), y que estén a la espera de cualquier cosa para decir “algo”. “Si el funcionario reacciona en caliente, como los alcaldes, el efecto será en opinión y en sobre opinión”, cuando realmente, para el docente, lo que se espera es que tomen decisiones y que sus pronunciamientos tengan un valor agregado.

También: Twitter escuchó a sus usuarios y eliminó trino de Uribe por “violación a las reglas”

Este concluyó expresando que gran parte del lío viene por la inmediatez de las redes sociales y la “diarrea verbal” de los funcionarios, que deberían practicar la continencia, más que otros sectores de la sociedad. Para Omar Rincón, investigador del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, el problema no va tanto a la inmediatez de las comunicaciones sino al abandono de la exigencia a los líderes de ser responsables de lo que dicen.

“No hay responsabilidad pública con lo que dicen. No hay legitimidad del discurso”, comentó Rincón. En su concepto, el problema pasa porque no importa la verdad o si quiera la verosimilitud en sus discursos sino ser “performático”, “solo se necesita ser personajes públicos”. En esta categoría estaría enmarcados varios líderes de derechas actuales, tales como el expresidente Álvaro Uribe.

Como parte de este “performance” se estaría llegando a sobrepasar la línea de la promoción del odio y la muerte. No obstante, Rincón también remarcó que la responsabilidad del discurso está en otras variantes como la del presidente Iván Duque: “lleno de lugares comunes y de retórica boba que genera un vacío de liderazgo político. Es un discurso enervante y grave, porque viene del presidente y causa muertes y destrucción por la forma en la que se expresa”. En un sentido parecido estaría Gustavo Petro, que se pronuncia sin medir consecuencias y “se está otorgando cosas que no debe”.

Según Rincón, si dichos líderes “fundamentales” actúan de esa forma, todo mandatario pequeño comienza a hacer los mismo. Este sería el caso del alcalde de Pereira, que “debería ser investigado por esa presunta invitación”. Por último, el académico criticó la acción de los poderosos que dicen algo y no tienen responsabilidad cuando “en las democracias el gobernante tiene responsabilidad pública de lo que dice (…) Con palabras se mata, no solo con acciones”.

Lea: Usuarios le piden a Twitter suspender la cuenta de Uribe.

Desde el ámbito legal también hay una concepción similar a las mencionadas por los dos académicos. Al consultar a Luisa Isaza, abogada e investigadora en temas de libertad de expresión, se exponen visiones sobre el límite que debería tener los funcionarios y personalidades políticas frente a sus pronunciamientos.

Según Isaza, la libertad de expresión contemplada por Colombia y el Sistema Interamericano es bastante amplia y tratar de ponerle límite de índole legal es muy peligroso. No obstante, reconoce que la misma Convención Americana de Derechos Humanos deja constancia de que debe estar prohibido la propaganda a favor de la guerra y los discursos de odio que instigan acciones de violencia en contra de personas. “Es una restricción general para todo tipo de personas”, agregó Isaza.

En este mismo orden de ideas, la abogada e investigadora mencionó que estas restricciones son para todos, pero en caso de ser funcionario o figura pública hay una responsabilidad aún mayor. Esto lo ha dicho tanto la Corte Constitucional en Colombia como el sistema interamericano.

Por los lados del tribunal nacional, se ha recordado que los funcionarios tienen una responsabilidad especial que restringe la libertad con la que emiten sus pronunciamientos. Por otro lado, a nivel supranacional, se ha recordado que los funcionarios no deben emitir discursos estigmatizantes dado que “tienen un rol y una audiencia muy grande y sus acciones pueden incitar a la violencia”.

A criterio de Isaza, sin importar si se es funcionario -como Molano o el alcalde de Pereira- o figura pública -como Uribe o Petro-, sus pronunciamientos deben estar mediados por la responsabilidad debido a que, sin importar si hay restricción legal o no, es el deber ser enmarcado en el respeto a la Constitución y en la conciencia de “su rol, su audiencia y el poder de sus palabras”.