Instituto Anticorrupción, sin director tras debate sobre nueva sala anticorrupción

La Corte Suprema se opuso al proyecto señalando que modificar la Constitución y la estructura institucional con ese fin pondría "en peligro las reglas de la democracia" y, en lugar de esta propuesta, sugirió mejorar las herramientas para la lucha anticorrupción.

Foto: Pixabai

La propuesta de crear una sala anticorrupción en la Corte Suprema, que funcionaría de forma transitoria para indagar los grandes casos de corrupción y la conexión con los clanes políticos, sigue generando reacciones. Esta vez en una de las entidades que impulsó la propuesta, el Instituto Anticorrupción, que durante seis meses elaboró junto a la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) una serie de documentos en los que planteaban una ambiciosa iniciativa para combatir la corrupción, un flagelo que en el país deja un hueco anual de $50 billones.

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La iniciativa pretendía, entre otras cosas, impulsar una ley estatutaria para reglamentar un proceso de función anticorrupción y, lo que más controversia generó, una modificación a la Constitución para establecer una sala especial en la Corte Suprema de Justicia para juzgar los casos de corrupción, incluyendo los relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

Ese último punto de la iniciativa no le gustó a nadie. La Corte Suprema, la Fiscalía, un sinnúmero de políticos y hasta el Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia y la Secretaría Anticorrupción (que alcanzó a inmiscuirse en la consolidación de la propuesta), se opusieron de forma rotunda a una iniciativa que además habían abanderado el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en su carrera hacia la Casa de Nariño. Eso, de hecho, había sido una de las motivaciones para la estructuración del plan anticorrupción.

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Pero la propuesta se empieza a desmoronar y todo indica que se hundió sin siquiera llegar al Congreso. No solo porque ya no cuenta con el apoyo del Gobierno sino porque desde el Instituto Anticorrupción (IA) le retirarán el apoyo. Así lo anunció la entidad, que aceptó la renuncia de Michel Levien González, ya exdirector del IA.

Esto, luego de una reunión entre la Junta Directiva y la Asamblea del IA, en el que si bien se remarcó la “misión y propósito de eliminar la corrupción”, también se decidió no “continuar impulsando la propuesta de creación de una Sala Transitoria Anticorrupción”.

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En un curioso cambio de decisión, el instituto sugirió que la propuesta tenía vacíos jurídicos y políticos, y mediante la carta en que aceptó a renuncia de Levien señaló que continuará con “su misión y propósito de combatir la corrupción a través de propuestas técnicas de alto nivel, respetuosas del Estado de Derecho y los avances logrados por miles de colombianos comprometidos con derrotar ese flagelo”.

Todo esto, un día después de que Camilo Enciso, quien precedió a Levien en la dirección del IA, calificara como “una mala idea” la propuesta y revelara que ya le había expresado al saliente director de la entidad su desacuerdo. “Genera riesgos graves sobre el Estado de Derecho”, apuntó Enciso mediante su cuenta de Twitter.

Los reparos de Enciso no fueron los únicos. Lo mismo habían planteado juristas como Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y docente universitario, quien dijo que la propuesta era “desconsiderada con el papel de la Corte Suprema” y advirtió que podía quebrantar la autonomía judicial, y alterar de forma peligrosa la toma de decisiones en sala plena.

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También se plantearon objeciones a la propuesta desde la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. El primero en expresar su rechazo fue el fiscal Francisco Barbosa. Desde la Corte Suprema, el fiscal aseguró que “no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana” y pidió respeto por la justicia colombiana y la Corte Suprema de Justicia. “Nadie puede venir aquí porque se le ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción, como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”, añadió.

Por su parte el ministro de Justicia, Néstor Osuna, mediante un hilo de Twitter expresó que “una sala transitoria (enorme pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso”. Además, dijo que mientras se surten los procesos necesarios para hacerlo realidad pasarían, al menos, tres años, y “una propuesta que se aplaza tanto no es útil”.