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Tras conocerse que un grupo de excombatientes elevó una solicitud al Partido Comunes –antes FARC y que nació del Acuerdo de Paz–, para estudiar una escisión de la colectividad (es decir, una suerte de división para seguir funcionando como movimiento político), este jueves se conoció un pronunciamiento del Gobierno Nacional, a través de Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación, quien aseguró que la interlocución y participación con los reincorporados “no está sujeta a la pertenencia a un partido político”.
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En su declaración, Archila se declaró respetuoso de la autonomía constitucional de los partidos políticos y, frente a la participación de los excombatientes en las distintas instancias de interlocución con el Gobierno, ratificó que dichos espacios no están atados a un movimiento político, “sino que se garantiza a las personas en reincorporación”.
En ese sentido, el funcionario reiteró la prioridad de respetar los derechos fundamentales de las víctimas y, ante la creación de las 16 curules en el Congreso, manifestó que solicitaron a las autoridades electorales velar porque sean garantizadas únicamente para las víctimas.
“Los excombatientes de las Farc, cualquiera que sea el partido político, no podrán acceder a las curules de las víctimas en el Congreso de conformidad con lo establecido en ese acto legislativo”, sostuvo el consejero para la Estabilización y Consolidación.
Apenas este martes, tal como lo ventiló la senadora Victoria Sandino en entrevista con El Espectador, un grupo de excombatientes formalizó su decisión de pedir al Partido Comunes la escisión.
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La Ley 1475 de 2011 da un marco para que los partidos y movimientos políticos implementen en sus estatutos las posibilidades de disolución, liquidación, fusión y escisión. Así las cosas, en una carta enviada al Consejo Nacional de Comunes, los firmantes -entre quienes se cuentan la propia Sandino, Israel Alberto Zúñiga (Benkos Biohó) y Ubaldo Zúñiga (Pablo Atrato)– piden que se convoque a una asamblea general extraordinaria para discutir y aprobar la escisión.
Reivindicando su rol como firmantes del Acuerdo de Paz, los excombatientes recuerdan que desde 2020 han sido objeto de múltiples procesos de investigación y sanción, “redundando en estigmatización interna y externa”. Por esto reclaman por la falta de garantías y la apertura de “sendos procesos disciplinarios” contra dirigentes que mostraron divergencia respecto de las decisiones adoptadas por las directivas de Comunes.
Además, recuerdan que en los estatutos del partido se aprobó el pluralismo y el deber de garantizar la expresión de las diferentes tendencias, en particular las minorías. “El derecho a la reincorporación y sus garantías políticas aplica para todos los firmantes del Acuerdo Final, 13.589 personas, y no solo para quienes son reconocidos como militantes y la oficialidad del partido, que hoy solo cuenta con menos de la mitad de los reincorporados”, agregan en la misiva, alegando que la voz de los firmantes en las diversas instancias del Acuerdo de Paz está hoy “privatizada por la oficialidad del partido”.
Y precisan también que el reconocimiento de la escisión se constituye en “necesaria garantía y salvaguarda de la vida y seguridad personal de los firmantes”, explicando que han sido víctimas de estigmatización y persecución política por sus opiniones críticas.