Investiduras de congresistas fueron demandadas por votación de impuestos saludables

La representante Adriana Carolina Arbeláez, el senador Carlos Abraham Jiménez y el representante Jairo Humberto Cristo Correa (todos de Cambio Radical).

Foto: Archivo Particular

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) radicó tres demandas ante el Consejo de Estado, que todavía no las ha admitido, contra los congresistas Adriana Carolina Arbeláez, Carlos Abraham Jiménez y Jairo Humberto Cristo Correa, todos de Cambio Radical, por una supuesta “vulneración del régimen de conflicto de intereses” en la votación del impuesto saludable en el Legislativo.

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Según el colectivo, los dos representantes y el senador tuvieron que haber declarado que tenían conflicto de intereses por la “financiación de sus campañas por empresas de bebidas endulzadas y ultraprocesados en una discusión que buscaba aplazar el impuesto saludable”. Bajo este argumento, piden la pérdida de investidura de los congresistas.

Los hechos se refieren al pasado 18 de octubre, cuando se votó en el Congreso una proposición que buscaba aplazar la entrada en vigencia de los llamados “impuestos saludables” en medio del debate sobre el Presupuesto General de la Nación. La propuesta fue negada, por lo que desde el 1 de noviembre comenzaron a regir los nuevos precios en alimentos ultraprocesados y con un alto contenido de grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos.

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De acuerdo con el colectivo, estos tres congresistas “decidieron defender los intereses de la industria de bebidas endulzadas y no manifestaron el impedimento que tenían para este debate”. Señalan que sus campañas recibieron al menos $195 millones de Postobón y $162 millones de Bavaria.

Citaron a la sentencia C-302 del 2021 de la Corte Constitucional, que determinó que “los congresistas que han recibido financiación para sus campañas electorales deben declararse impedidos cuando se va a debatir un proyecto de ley que afecte o beneficie a las industrias que les han financiado”.

“Es un deber constitucional de los congresistas legislar para todos y para todas, y para el bien común, legislar para favorecer el derecho a la salud y declararse impedido cuando la norma lo exige. No podemos seguir permitiendo que se pasen por alto las normas y que afecten nuestra democracia”, aseguraron.

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Movidas similares se han visto en el Congreso. En lo relacionado con la reforma a la salud, se presentaron recusaciones contra tres senadores de la Comisión Séptima— Norma Hurtado (Partido de la U), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático)— por haber recibido financiación de empresas relacionadas con la salud y se alegó que tendrían un conflicto de intereses en la votación.

La iniciativa se archivó en esa comisión, pero se espera que reviva con una apelación presentada por senadores del oficialismo, entre ellos, Wilson Arias (Pacto Histórico), que luego denunció a cinco partidos (Centro Democrático, ASI, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador) por dinero que recibieron en campañas de Keralty y el Grupo Bolívar en el 2022. El congresista también anunció que presentaría una demanda de pérdida de investidura contra Alirio Barrera porque “estaba impedido para votar la reforma a la salud y aun así lo hizo”.

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