Caso Petro en el Consejo Electoral se frenó por 3.500 expedientes contra candidatos

La contienda electoral frenó las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades con la financiación. Los magistrados que tienen bajo su cargo el expediente se vieron obligados a bajar el ritmo de las pesquisas por cuenta de las más de 3.500 solicitudes de revocatorias de candidaturas que tienen que solucionar en menos de dos semanas.

La contienda electoral frenó las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades con la financiación. Los magistrados que tienen bajo su cargo el expediente se vieron obligados a bajar el ritmo de las pesquisas por cuenta de las más de 3.500 solicitudes de revocatorias de candidaturas que tienen que solucionar en menos de dos semanas.

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Pero ha pasado más de medio año desde que al CNE llegaron denuncias y señalamientos sobre supuestas irregularidades en la campaña presidencial de Petro de 2022 y los magistrados que tienen a cargo el expediente, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), pusieron en el congelador el análisis de las pruebas recaudadas y la búsqueda de los posibles responsables.

Y aunque fuentes del mismo tribunal aseguraron que hay todavía tres años para culminar el caso, la siguiente etapa, que incluso podría ser el cierre en favor del actual mandatario, no se comenzará a andar hasta que no se reconfigure el mapa político regional el próximo 29 de octubre.

Lo que parece ser hoy un rompecabezas por armar inició con una denuncia anónima que llegó el 2 de febrero a un correo electrónico del CNE. Conforme avanzaron los meses, el expediente fue robusteciéndose al punto de que no solo se estudia si durante la campaña presidencial se sobrepasó el tope de gasto permitido ($27.453 millones para la primera vuelta y $12.840 millones para la segunda), sino también si hubo ingreso de dineros ilegales, duda que se generó tras lo dicho por personas cercanas a Petro, como su hijo Nicolás Petro y el exembajador Armando Benedetti.

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En el correo, que fue la génesis del expediente, se pidió investigar la campaña y a dos personas que estuvieron a cargo de los movimientos financieros: Ricardo Roa, quien fue el gerente de campaña y es hoy presidente de Ecopetrol; y Jhonatan Ramírez, quien fue el director jurídico. En este punto, el magistrado Ortiz tomó las riendas de la investigación.

Un mes después, se conoció que la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S. A. S.), salpicada por el caso de una “narcoavioneta” que cayó en Providencia en 2021, fue contratada para prestar servicio de transporte aéreo privado para las campañas presidencial en primera y segunda vuelta, y de Senado de la coalición del Pacto Histórico. Los gastos se evidenciaron en los reportes que subieron los grupos a Cuentas Claras, el aplicativo de la entidad electoral en la que se debe informar todo gasto o ingreso.

EL CNE se encuentra revisando las facturas de Sadi S.A.S., en especial, luego de que varios senadores como Iván Cepeda y María José Pizarro manifestaran que jamás hicieron uso de un avión de esa empresa. Desde algunos sectores, se habla de una presunta distribución de gastos entre los entonces candidatos, pues en los reportes de al menos 15 congresistas se ve la misma cifra: $61 millones.

El actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue el gerente de la campaña a esa corporación, no se ha pronunciado, pese a que este diario lo buscó.

Pero ese no es el único papeleo que estudia el CNE. En mayo, a Nexia Montes y Asociados S.A.S., la empresa auditora de la campaña Petro, se le solicitó una copia de su verificación de gastos para así revisar si fueron reportados los dineros que la campaña giró a más de mil colaboradores de las regiones, quienes ayudaron en el proceso de verificación de los votos en las mesas donde en el preconteo aparecían cero sufragios para Petro.

No obstante, fue en junio cuando la labor que adelanta el CNE se volvió uno de los temas más populares en el debate público, luego de que estallara el escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti, quien en una serie de audios filtrados a la prensa se le oye decirle a la exjefa de gabinete y hoy directora del DPS que tenía cómo demostrar que a la campaña de Petro ingresaron $15.000 millones de manera irregular. Ambos salieron de sus cargos, pero esto quedó en manos del magistrado Prada.

Para ese momento, el nivel de procesos era tal que se conformó una Comisión Especial entre Ortiz y Prada para asumir las actuaciones, entre esas, las cuatro denuncias que remitió la Comisión de Acusaciones de la Cámara, radicadas por el candidato a la Alcaldía de Medellín Federico “Fico” Gutiérrez, los representantes Miguel Polo Polo y Christian Garcés y el abogado Alejandro Pardo.

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A la Registraduría se le solicitó la copia completa del listado de testigos electorales del Pacto Histórico en 2022 y se pidió información sobre la apertura y manejo de cuentas bancarias.

Sarabia y Benedetti fueron citados para el 18 de julio para rendir versión libre, pero el exembajador no se presentó argumentando que se amparaba en su derecho a guardar silencio. Sarabia tampoco dijo mucho, pues explicó que ella solo se encargó de arreglarle la agenda al entonces candidato Petro y que todo lo relacionado con la financiación de la campaña lo manejó el gerente, es decir, Ricardo Roa, a quien se le abrió una investigación preliminar en agosto, quien fue vinculado al caso de Nicolás Petro luego de que él confirmara ante la justicia que a la campaña de su papá sí ingresaron dineros irregulares.

No solo se le abrió investigación, también se le pidió a la DIAN información exógena sobre el entonces gerente. A Roa esto no le sentó muy bien y a través de su abogado le pidió al CNE que se archivara su caso. Según fuentes cercanas, esta solicitud está en consideración.

Esta decisión es trascendental, pues según analizó el magistrado César Lorduy, si los dineros que ingresaron a la campaña Petro violaron los topes, “se comete el delito de violación de límites de gastos en las campañas electorales, que tiene una pena de prisión de 4 a 8 años y el sujeto activo de la conducta es el gerente”. Hasta el último avance de la investigación, la campaña del “cambio” estaba a $300 millones de volarse el tope.

Entre los últimos avances también está la declaración que dio a mediados de agosto Lucy Mogollón, tesorera de campaña de Petro y Daniel Felipe Becerra, quien desarrolló una estrategia digital para el entonces candidato. De igual forma, el CNE visitó las oficinas en Bogotá de Nexia Montes y Asociados S.A.S., pues, al parecer, cuando se les solicitó el informe de auditoría faltaron algunos documentos.

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Precisamente, el informe de auditoría y los movimientos financieros de la cuenta que abrió la campaña Petro son los siguientes puntos a retomar, una vez los magistrados superen el tema electoral que los tiene diariamente en función de resolver solicitudes de revocatoria y analizando las regiones donde se podría estar presentando trashumancia electoral.

Por ahora, el expediente Petro tiene un respiro, pero en dos semanas, los magistrados Ortiz y Prada esperan retomar con fuerza la investigación.

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