Expediente Petro en CNE golpeó al acuerdo nacional y en otros cuatro escenarios

Hay mucho en juego tras la investigación formal que le abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE) este martes al presidente Gustavo Petro y su campaña por haber violado presuntamente el tope de gasto en 2022. Eso lo saben el jefe de Estado, sus ministros, congresistas, que ya pusieron a andar una clara estrategia de defensa. Pero, también lo saben los opositores del Gobierno, quienes buscan sacarle provecho a este episodio para frenar las intenciones electorales del progresismo.

Hay mucho en juego tras la investigación formal que le abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE) este martes al presidente Gustavo Petro y su campaña por haber violado presuntamente el tope de gasto en 2022. Eso lo saben el jefe de Estado, sus ministros, congresistas, que ya pusieron a andar una clara estrategia de defensa. Pero, también lo saben los opositores del Gobierno, quienes buscan sacarle provecho a este episodio para frenar las intenciones electorales del progresismo.

Si en la última semana se sintió que la propuesta del acuerdo nacional del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había madurado, ahora parece que la apertura de la investigación del CNE y la reacción de Petro echaron para atrás el esfuerzo del funcionario, quien incluso ya había compartido las bases de la iniciativa. En los cinco puntos del acuerdo estaban, precisamente, buscar “desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política”, así como “respetar la diferencia y el disenso”.

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Pero lo que se ha evidenciado en las últimas horas es que el mundo político no está dispuesto a marcharle a un acuerdo nacional. Menos cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina y todo lo que le suceda al sector opuesto puede ser usado para ganar votos. Quizá, como lo dijeron algunas figuras políticas, ya es muy tarde para un gran acuerdo nacional, aunque Cristo indique que seguirá insistiendo en él y vea en el caso del CNE una especie de prueba u obstáculo.

Es claro que la oposición se prenderá de la investigación para deslegitimar la llegada de Petro al poder y a su paso, la del progresismo, y con esto, abrirse paso en las urnas en 2026. Ya, por ejemplo, desde el Centro Democrático se le pidió al Congreso de los Estados Unidos que vigile la situación en Colombia. No obstante, no es el único sector que espera sacarle rédito a la movida del ente administrativo, pues por curioso que pueda llegar a parecer, ya empezó a hacerlo el petrismo, que espera que el progresismo tenga una oportunidad más en dos años.

En menos de 24 horas transcurridas, desde que el presidente del CNE, César Lorduy (Cambio Radical), anunció el inicio de la investigación, el Gobierno calificó la acción con un supuesto golpe de Estado y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que se le pidió medidas provisionales para el presidente, quien la noche anterior hizo una repentina alocución para decir lo que para él es una verdad: el tribunal electoral violó el fuero presidencial al investigarlo.

Esto mismo dijeron los ministros y altos funcionarios del Gobierno en una carta conjunta en la que pidieron el total respeto a la Constitución y parecieron dejar de lado la propuesta del acuerdo nacional de Cristo. A su vez señalaron que pueden indagar la campaña, que fue gerenciada por Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol) contra quien también se inició investigación.

En ese mismo período de tiempo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernante de Bolivia, Luis Arce, manifestaron su apoyo a la premisa de su homólogo Petro, quien este miércoles se conectó desde la Casa de Nariño únicamente con medios comunitarios para responder preguntas.

En dicha transmisión aseguró que la violación del tope de gasto no es un delito, pero que aún así, su equipo no lo hizo y serían los investigadores Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) los que estarían cometiendo errores y sumando gastos que no corresponderían a la campaña. Además, cuestionó la legitimidad de Lorduy y la magistrada Maritza Martínez (Partido de la U) y lanzó algunos dardos a las campañas de sus antecesores Iván Duque y Juan Manuel Santos.

“No estamos hablando de que un mafioso financió mi campaña, como sí lo hizo Ñeñe Hernández, tampoco de que un gran contratista entregó dineros que no se registraron, como el señor Odebrecht. Ni me asusto, ni el pueblo tiene que asustarse. Si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder”, enfatizó el mandatario.

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Poner en duda la facultad del CNE y de sus magistrados ante la opinión es de las principales estrategias del presidente para alimentar su mensaje de un supuesto golpe y reactivar sus bases para la “movilización generalizada” que anunció en medio de su alocución. Por lo mismo, se espera un nuevo período de marchas y contramarchas, que a lo mejor se verán en forma en 2025.

De otro lado, se marcó un precedente en la historia reciente, pues ninguna investigación a una campaña en el CNE había llegado hasta este punto. Por ejemplo, la de Duque, que inició por la presunta compra de votos que denunció la condenada por corrupción Aida Merlano y los señalamientos de financiación irregular, fue archivada en 2021. Lo mismo sucedió con la de Santos, cuya candidatura fue señalada de recibir dinero de la firma brasileña Odebrecht.

Si bien ninguno de los casos pasó de la indagación preliminar, en las ponencias sí se mencionaba el nombre de los entonces presidentes, además de los gerentes de campaña. De hecho, el expresidente Juan Manuel Santos asistió a las instalaciones del CNE a rendir versión libre, pero, porque renunció a su fuero presidencial.

Lo cierto es que no hay claridad frente al papel del CNE con un presidente, pues Petro es el primer mandatario al que se le abre investigación. Juristas y expertos están aún estudiando si el fuero protege al jefe de Estado de posibles sanciones administrativas y si el concepto que dio el Consejo de Estado es suficiente para dirimir el conflicto de competencias entre la entidad y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, corporación que investiga al presidente, y a la que él le pidió hacer público su expediente.

Los mismos magistrados del CNE se hacen la misma pregunta, a excepción de los dos investigadores y Alfonso Campo (Partido Conservador). Aunque solo Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) salvaron voto, Lorduy, Martínez, Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Altus Baquero (Partido Liberal) aclararon el suyo, enfatizando que si bien hay suficientes motivos para investigar, tienen sus dudas de que sea a Petro y no solo a la campaña.

Sin duda, este será un caso de importante estudio jurídico y que marcará pauta para las próximas campañas electorales. Además, dejará clara la facultad del Consejo Electoral y su límite. De igual forma, se verá cuál será la ruta que tomará la Comisión de Acusaciones, en la que los tres investigadores del presidente, que son cercanos a la agenda del Gobierno, no parecen avanzar a buen ritmo. Esta es la única instancia que puede iniciar un juicio político contra el jefe de Estado.

Mientras esto se resuelve, Petro intentará revivir la vieja discusión que lo catapultó como líder político: la de si un ente administrativo puede injerir en su mandato, como sucedió cuando era alcalde de Bogotá y fue destituido por la Procuraduría que lideraba Alejandro Ordóñez. Luego de esto logró una sentencia de la CIDH que amparaba sus derechos y ahora espera alcanzar lo propio frente al caso que avanza en el ente electoral.

Esto es solo el comienzo, pues está por verse la puesta en marcha de todas las estrategias del oficialismo, la oposición y los demás sectores políticos que buscan ganarse un espacio en los próximos comicios electorales y transformar el malestar ciudadano, de parte y parte, en votos. Además, esto impactará en la agenda del Congreso, del que depende la aprobación de varias reformas del Gobierno.

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