“Invito a Santos y a Zuluaga a que acepten que se revoque la caducidad”: Luis G. Pérez, magistrado del CNE

Luis Guillermo Pérez es considerado el único magistrado de oposición en el Consejo Nacional Electoral (CNE), un lugar que, de entrada, lo pone en desventaja frente a una mayoría que representa los intereses de los partidos más poderosos en el Congreso. Desde que llegó a la corporación, en septiembre de 2018, dice que ha intentado revisar los expedientes de las investigaciones en contra de las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014, por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht, en las que se declaró la caducidad.

Sin embargo, cuenta que los magistrados que custodian estos expedientes, Doris Méndez y Pedro Felipe Gutiérrez —quienes fueron postulados en el Congreso por el Partido Liberal y el Centro Democrático, respectivamente— no permitieron el acceso a estos documentos y que la Sala Plena del CNE, como tal, negó su revisión por considerar que era cosa juzgada. Por eso interpuso una petición al Consejo de Estado para que se le permitiera conocer los detalles de la parte del proceso que involucra las campañas presidenciales de hace cinco años. De frente, invitó a Santos y a Zuluaga a que acepten la revocatoria de la caducidad para evaluar las posibilidades del caso, pues “quien nada debe, nada teme”.

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¿Cuál es su interés en el caso Odebrecht? ¿Qué se revisaría en ese expediente?

Cuando me posesioné al Consejo Nacional Electoral (CNE), una de mis principales inquietudes era tener acceso a los expedientes de Odebrecht, tanto de la campaña de Óscar Iván Zuluaga como de Juan Manuel Santos. En particular, por ser un tema de una dimensión internacional, que ha afectado gravemente la gobernabilidad democrática en América Latina y, en aras de buscar si, frente a los nuevos elementos que hasta ese momento se conocían, era posible abrir una nueva investigación o, con el consentimiento de las personas beneficiadas de la decisión del CNE de declarar la caducidad de las investigaciones, aceptaran la revocatoria de esos actos administrativos.

Pero no ha podido acceder a esos archivos...

Para mi sorpresa, empecé a tener dificultades. Mis requerimientos, primero, fueron verbales. Después, escritos. Luego me dijeron que eso estaba bajo custodia de dos magistrados del CNE y acudí a ellos. Doris Méndez, magistrada, me dijo que podía consultarlo en su despacho, pero que no me autorizaba a sacar copias. Y Pedro Felipe Gutiérrez me dijo que no me daba acceso porque había piezas reservadas de la Fiscalía y que iba a regresarlas.

¿Y cuál fue su respuesta?

Le dije que no podía mutilar un expediente del CNE, que esas ya no son piezas de la Fiscalía sino que hacen parte de un archivo de la corporación y que tampoco me puede negar ningún acceso aduciendo que son documentos reservados, porque me comprometía a guardar la reserva del sumario. Entre otras cosas, porque él no tiene ninguna autoridad sobre mí, ya que somos colegas y tenemos los mismos derechos y obligaciones constitucionales y legales. No es mi superior para que me diga que, frente a expedientes del órgano colegiado, tiene una potestad personal. Ahí me sugirió que llevara el asunto a plenaria.

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¿Y la sala plena le dijo que no?

En una de las plenarias de diciembre pedí que se incluyera formalmente en el orden del día, pero todos votaron en contra de incorporar el tema. Me vi obligado a presentar un derecho de petición al presidente del CNE, Heriberto Sanabria, manifestando que había irregularidades y que pedía explicaciones. Luego de eso, se planteó en el orden del día, pero se me reprochó el querer revisar expedientes de un archivo que ya había hecho tránsito a cosa juzgada y que sobre las piezas reservadas de la Fiscalía había una cadena de custodia y que había obligación de protegerla. Les contesté que eran expedientes de la corporación y como magistrado tengo el derecho que tienen los magistrado que tienen la custodia y no me podían violar esos derechos. Luego, la oficina jurídica dio una respuesta negándome el acceso a los expedientes.

¿Por eso presentó una petición ante el Consejo de Estado?

Así es, pero se consideró que tenía que pasar por el tribunal de lo contencioso administrativo. Alegué entonces razones de economía procesal y que no era necesario ese paso, siendo un tema de interés nacional que el Consejo de Estado podía resolver.

¿Considera que todavía queda mucha tela por cortar en el caso Odebrecht respecto a las campañas presidenciales?

No se saben muchas cosas. ¿Qué hacía Iván Duque en São Paulo con Óscar Iván Zuluaga, en febrero de 2014, reunido con Odebrecht? ¿Quién trajo Odebrecht a Colombia? Lo trajo el gobierno de Uribe Vélez, se sentaron con el presidente de la compañía en varias oportunidades y es posible que también hayan financiado la candidatura de Andrés Felipe Arias. Hay verdades que el país tiene que conocer, como cuántos recursos invirtió Odebrecht en las campañas de Juan Manuel Santos. Hoy se habla de que se invirtieron más de US$50 millones en Colombia, reconocidos por ellos mismos, en sobornos, y aquí la Fiscalía está investigando solo US$11 millones. ¿Dónde están los otros US$39 millones? Yo he simpatizado con Santos por el proceso de paz, respaldé su premio Nobel y lo admiré por ser un estratega que quiso sacar a este país de la guerra, pero no puedo tolerar ningún tipo de corrupción.

¿Y cómo ve el tema de las caducidades, que fue lo que concluyó las investigaciones?

Yo no comparto la idea de que aquí operen caducidades cuando se le ha ocultado información a la administración pública y a una institución como el CNE. Si se ha ocultado información de mala fe, si esa mala fe, además, constituye un delito de naturaleza electoral y si ese delito ha afectado la democracia y a la ciudadanía, la caducidad solo puede operar desde el momento en que la administración conoce que se le engañó. Pero no podemos ser dispensadores de impunidad diciendo, a pesar de que nos ocultaron todo, que ya pasaron tres años y no podemos hacer nada. Eso lo debe exigir la ciudadanía, porque el país necesita transparencia. He estado de acuerdo con la caducidad, pero no cuando hay negligencia del propio CNE, cuando, pudiendo actuar, no actuó y no cumplimos con nuestras obligaciones.

¿Cuáles son las posibilidades jurídicas de que se reabra una investigación?

Lo que se debe hacer es establecer una nueva línea jurisprudencial en el CNE. Frente a hechos que atentan gravemente contra la democracia, los derechos de los ciudadanos y de las fuerzas políticas, la caducidad solo puede empezar a contar desde el momento en que se conoce que se le ocultó información a la autoridad electoral.

En el caso hipotético de que se le permita acceder a los archivos y se encuentren elementos nuevos o detalles, ¿qué acciones se podrían tomar para reabrir ese caso?

Invito a Santos y a Zuluaga a que acepten una revocatoria directa de los actos administrativos que los favorecieron, que acepten que se revoque la caducidad y que nosotros revisemos esa decisión, porque la caducidad se establece para sancionar al propio Estado, porque ha sido ineficaz, negligente, o para no perjudicar los derechos de terceros, pero aquí pasó lo contrario. Estamos hablando de que se le ocultó fraudulentamente información al Estado y se engañó a la ciudadanía, se alteró la democracia, posiblemente con millones de dólares que ingresaron a campañas políticas para decidir quién iba a dirigir los destinos del país.

¿Ha habido respuesta de Santos o Zuluaga frente a esa petición? ¿Por cuál canal les ha manifestado esa petición?

Les he dicho a través de los medios de comunicación, para que se den por enterados y hagan alguna manifestación.

El caso Odebrecht tuvo un suceso trágico en Perú con el suicidio del expresidente Alan García. ¿Qué debería significar lo que sucede en ese país, donde hay investigaciones que avanzan en contra de expresidentes?

Es parte de las grandes dificultades que existen. Aquí también ha habido suicidios por hechos de esta gravedad. En Perú avanzan las investigaciones, en Ecuador hay un exvicepresidente preso y otros altos funcionarios. También en Brasil hay investigaciones serias, pero aquí se reduce todo a unos mandos medios. Necesitamos depurar la política colombiana de malas prácticas, y una forma es que la ciudadanía exija transparencia. En el CNE, donde hay votaciones de ocho contra uno, mi única aliada es la ciudadanía, que exige verdad y que no quiere que se repitan estas prácticas de naturaleza criminal.

¿Cómo ve el avance de las investigaciones de la Fiscalía?

Como magistrado me queda muy difícil dar una opinión. Creo que la opinión pública ya se ha formado su propio concepto.

ggomezp@elespectador.com

Luis Guillermo Pérez es considerado el único magistrado de oposición en el Consejo Nacional Electoral (CNE), un lugar que, de entrada, lo pone en desventaja frente a una mayoría que representa los intereses de los partidos más poderosos en el Congreso. Desde que llegó a la corporación, en septiembre de 2018, dice que ha intentado revisar los expedientes de las investigaciones en contra de las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014, por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht, en las que se declaró la caducidad.

Sin embargo, cuenta que los magistrados que custodian estos expedientes, Doris Méndez y Pedro Felipe Gutiérrez —quienes fueron postulados en el Congreso por el Partido Liberal y el Centro Democrático, respectivamente— no permitieron el acceso a estos documentos y que la Sala Plena del CNE, como tal, negó su revisión por considerar que era cosa juzgada. Por eso interpuso una petición al Consejo de Estado para que se le permitiera conocer los detalles de la parte del proceso que involucra las campañas presidenciales de hace cinco años. De frente, invitó a Santos y a Zuluaga a que acepten la revocatoria de la caducidad para evaluar las posibilidades del caso, pues “quien nada debe, nada teme”.

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¿Cuál es su interés en el caso Odebrecht? ¿Qué se revisaría en ese expediente?

Cuando me posesioné al Consejo Nacional Electoral (CNE), una de mis principales inquietudes era tener acceso a los expedientes de Odebrecht, tanto de la campaña de Óscar Iván Zuluaga como de Juan Manuel Santos. En particular, por ser un tema de una dimensión internacional, que ha afectado gravemente la gobernabilidad democrática en América Latina y, en aras de buscar si, frente a los nuevos elementos que hasta ese momento se conocían, era posible abrir una nueva investigación o, con el consentimiento de las personas beneficiadas de la decisión del CNE de declarar la caducidad de las investigaciones, aceptaran la revocatoria de esos actos administrativos.

Pero no ha podido acceder a esos archivos...

Para mi sorpresa, empecé a tener dificultades. Mis requerimientos, primero, fueron verbales. Después, escritos. Luego me dijeron que eso estaba bajo custodia de dos magistrados del CNE y acudí a ellos. Doris Méndez, magistrada, me dijo que podía consultarlo en su despacho, pero que no me autorizaba a sacar copias. Y Pedro Felipe Gutiérrez me dijo que no me daba acceso porque había piezas reservadas de la Fiscalía y que iba a regresarlas.

¿Y cuál fue su respuesta?

Le dije que no podía mutilar un expediente del CNE, que esas ya no son piezas de la Fiscalía sino que hacen parte de un archivo de la corporación y que tampoco me puede negar ningún acceso aduciendo que son documentos reservados, porque me comprometía a guardar la reserva del sumario. Entre otras cosas, porque él no tiene ninguna autoridad sobre mí, ya que somos colegas y tenemos los mismos derechos y obligaciones constitucionales y legales. No es mi superior para que me diga que, frente a expedientes del órgano colegiado, tiene una potestad personal. Ahí me sugirió que llevara el asunto a plenaria.

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¿Y la sala plena le dijo que no?

En una de las plenarias de diciembre pedí que se incluyera formalmente en el orden del día, pero todos votaron en contra de incorporar el tema. Me vi obligado a presentar un derecho de petición al presidente del CNE, Heriberto Sanabria, manifestando que había irregularidades y que pedía explicaciones. Luego de eso, se planteó en el orden del día, pero se me reprochó el querer revisar expedientes de un archivo que ya había hecho tránsito a cosa juzgada y que sobre las piezas reservadas de la Fiscalía había una cadena de custodia y que había obligación de protegerla. Les contesté que eran expedientes de la corporación y como magistrado tengo el derecho que tienen los magistrado que tienen la custodia y no me podían violar esos derechos. Luego, la oficina jurídica dio una respuesta negándome el acceso a los expedientes.

¿Por eso presentó una petición ante el Consejo de Estado?

Así es, pero se consideró que tenía que pasar por el tribunal de lo contencioso administrativo. Alegué entonces razones de economía procesal y que no era necesario ese paso, siendo un tema de interés nacional que el Consejo de Estado podía resolver.

¿Considera que todavía queda mucha tela por cortar en el caso Odebrecht respecto a las campañas presidenciales?

No se saben muchas cosas. ¿Qué hacía Iván Duque en São Paulo con Óscar Iván Zuluaga, en febrero de 2014, reunido con Odebrecht? ¿Quién trajo Odebrecht a Colombia? Lo trajo el gobierno de Uribe Vélez, se sentaron con el presidente de la compañía en varias oportunidades y es posible que también hayan financiado la candidatura de Andrés Felipe Arias. Hay verdades que el país tiene que conocer, como cuántos recursos invirtió Odebrecht en las campañas de Juan Manuel Santos. Hoy se habla de que se invirtieron más de US$50 millones en Colombia, reconocidos por ellos mismos, en sobornos, y aquí la Fiscalía está investigando solo US$11 millones. ¿Dónde están los otros US$39 millones? Yo he simpatizado con Santos por el proceso de paz, respaldé su premio Nobel y lo admiré por ser un estratega que quiso sacar a este país de la guerra, pero no puedo tolerar ningún tipo de corrupción.

¿Y cómo ve el tema de las caducidades, que fue lo que concluyó las investigaciones?

Yo no comparto la idea de que aquí operen caducidades cuando se le ha ocultado información a la administración pública y a una institución como el CNE. Si se ha ocultado información de mala fe, si esa mala fe, además, constituye un delito de naturaleza electoral y si ese delito ha afectado la democracia y a la ciudadanía, la caducidad solo puede operar desde el momento en que la administración conoce que se le engañó. Pero no podemos ser dispensadores de impunidad diciendo, a pesar de que nos ocultaron todo, que ya pasaron tres años y no podemos hacer nada. Eso lo debe exigir la ciudadanía, porque el país necesita transparencia. He estado de acuerdo con la caducidad, pero no cuando hay negligencia del propio CNE, cuando, pudiendo actuar, no actuó y no cumplimos con nuestras obligaciones.

¿Cuáles son las posibilidades jurídicas de que se reabra una investigación?

Lo que se debe hacer es establecer una nueva línea jurisprudencial en el CNE. Frente a hechos que atentan gravemente contra la democracia, los derechos de los ciudadanos y de las fuerzas políticas, la caducidad solo puede empezar a contar desde el momento en que se conoce que se le ocultó información a la autoridad electoral.

En el caso hipotético de que se le permita acceder a los archivos y se encuentren elementos nuevos o detalles, ¿qué acciones se podrían tomar para reabrir ese caso?

Invito a Santos y a Zuluaga a que acepten una revocatoria directa de los actos administrativos que los favorecieron, que acepten que se revoque la caducidad y que nosotros revisemos esa decisión, porque la caducidad se establece para sancionar al propio Estado, porque ha sido ineficaz, negligente, o para no perjudicar los derechos de terceros, pero aquí pasó lo contrario. Estamos hablando de que se le ocultó fraudulentamente información al Estado y se engañó a la ciudadanía, se alteró la democracia, posiblemente con millones de dólares que ingresaron a campañas políticas para decidir quién iba a dirigir los destinos del país.

¿Ha habido respuesta de Santos o Zuluaga frente a esa petición? ¿Por cuál canal les ha manifestado esa petición?

Les he dicho a través de los medios de comunicación, para que se den por enterados y hagan alguna manifestación.

El caso Odebrecht tuvo un suceso trágico en Perú con el suicidio del expresidente Alan García. ¿Qué debería significar lo que sucede en ese país, donde hay investigaciones que avanzan en contra de expresidentes?

Es parte de las grandes dificultades que existen. Aquí también ha habido suicidios por hechos de esta gravedad. En Perú avanzan las investigaciones, en Ecuador hay un exvicepresidente preso y otros altos funcionarios. También en Brasil hay investigaciones serias, pero aquí se reduce todo a unos mandos medios. Necesitamos depurar la política colombiana de malas prácticas, y una forma es que la ciudadanía exija transparencia. En el CNE, donde hay votaciones de ocho contra uno, mi única aliada es la ciudadanía, que exige verdad y que no quiere que se repitan estas prácticas de naturaleza criminal.

¿Cómo ve el avance de las investigaciones de la Fiscalía?

Como magistrado me queda muy difícil dar una opinión. Creo que la opinión pública ya se ha formado su propio concepto.

ggomezp@elespectador.com