Iris Marín se convirtió este viernes en la primera mujer defensora del Pueblo con 170 de 186 votos en la Cámara de Representantes. Las otras dos mujeres ternadas por el presidente Gustavo Petro, Jomary Ortegón y Dora Arias, sacaron 10 y seis votos a su favor, respectivamente. La nueva cabeza de la entidad, quien tomará sus riendas hasta el 31 de agosto de 2028, tuvo siete días hábiles para convencer a los representantes de apostar por ella como reemplazo de Carlos Camargo. Después de una campaña exprés, este jueves ya se sabía que la exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional era la virtual ganadora.
Marín recibió el apoyo del Partido Conservador, con sus 27 curules, las 16 curules de paz, los 15 miembros del Partido de la U, varios liberales, buena parte de la coalición Centro Esperanza y 19 de 29 congresistas del Pacto Histórico. De hecho, en las últimas 72 horas estallaron roces en el interior de esta última colectividad, después de presiones que insistían en votar colectivamente por Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), quien generó resistencia en los partidos de oposición por considerarla una persona que podría perseguirlos.
La abogada fue enfática en que ella no es representante de ninguna colectividad más que de las organizaciones sociales y de mujeres que apoyaron su candidatura. Sin embargo, al ser una vieja conocida del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hay expectativa sobre cómo manejará la burocracia en una entidad que cuenta con cerca de 5.000 cargos y un presupuesto de $1.2 billones.
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La nueva defensora tendrá que velar por los derechos humanos en un contexto marcado por el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Chocó que tiene a casi 50.000 personas confinadas, y por los enfrentamientos violentos que continúan en el sur de ese departamento entre la guerrilla y el Clan del Golfo por el control de las rutas ilegales. Además, hace una semana se supo del secuestro de más de 60 soldados en el Guaviare. Sin embargo, cuando El Espectador le preguntó por estos temas, Marín esquivó el tema y argumentó que esperaría hasta asumir el cargo formalmente el próximo 1 de septiembre para hacer una radiografía de la situación humanitaria en el país.
Esto fue el diálogo que tuvo con este diario.
Defensora, usted dijo ante la plenaria que una votación multipartidista es un gesto de “paz política”. ¿La recuperación de la legitimidad de la Defensoría empieza con la votación de este viernes?
Sí, yo creo que estamos ante un mandato que es histórico, que tuvo una votación multipartidista y que recogió algo que yo desde el principio quise: que todas las fuerzas políticas se pudieran ver representadas en la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que hubiera la suficiente legitimidad para tener un consenso en torno a la defensa de los derechos humanos.
La Defensoría es una entidad que tiene cerca de 5.000 cargos en todo el país. ¿Cómo va a manejar el tema de la burocracia?
Con meritocracia. Yo creo que debo ser leal. Como llegué yo aquí, debo administrar la Defensoría del Pueblo. Tengo un mandato que viene de un origen que no es político-partidista, pero que tiene el respaldo político-partidista para hacer un proceso meritocrático y representativo.
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¿No hubo ningún tipo de acuerdo con nadie para esta votación?
No.
¿Qué sector ideológico o político va a representar?
Dependiendo de la parte de la hoja de vida que miren van a decir que soy de cierto sector político. Yo sé que es difícil interpretar una candidatura independiente. Desde que empecé creo que han estado buscando quién está detrás de mí. Detrás de mí están las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y yo les pido que confíen en la autonomía de las mujeres. Yo asumo esta designación con toda la responsabilidad y la autonomía y no estoy obrando en nombre de nadie, sino de quienes me postularon y me eligieron. Estoy muy honrada de haber trabajado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pero también pertenezco a las organizaciones, pertenezco a todos con quienes he trabajado, sin hacer una política partidista.
Usted recibe retos como el paro armado en el Chocó que tiene a cerca de 50.000 personas confinadas o episodios como el secuestro de soldados en el Guaviare: ¿Ve salidas prontas a crisis como esas que amenazan con acrecentarse?
Yo no quisiera referirme ahorita a temas específicos porque ya en este momento estoy comprometiendo la visión de la Defensoría del Pueblo y quiero hacerlo con mucha responsabilidad. Creo que definitivamente la situación humanitaria del país está delicada. Yo vengo de la Corte Constitucional, donde hacía seguimiento al tema de desplazamiento forzado y confinamiento. El desplazamiento forzado aumentó 38% en los primeros meses de este año con respecto al año anterior. Igualmente, el confinamiento ha venido aumentando en los últimos años y 8 de cada 10 personas afectadas por el confinamiento pertenecen a comunidades étnicas. También hay reclutamiento forzado, hay asesinato de líderes y lideresas sociales, ambientales, comunitarios. Son muchas las infracciones que han venido y las violaciones a derechos humanos que han venido creciendo. Entonces soy muy consciente de esa situación, y creo que es un tema que hay que trabajarlo, por supuesto desde la emergencia de lo que pasa día a día, pero sobre todo desde lo estructural. Entonces por eso quiero, una vez me posesione, hacer un diagnóstico, revisar las alertas tempranas, y hacer un plan más a mediano y largo plazo, que no solo reaccione a situaciones puntuales, sino que pueda dar una sostenibilidad, una mejora a la situación.
¿No hay una priorización en los territorios?
Tengo ideas, pero todavía sería prematuro advertir o decir una priorización. Quiero comprometerme con todos los territorios del país.
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Un punto que se le ha criticado a la Defensoría es el sistema de alertas tempranas. ¿Qué medidas se tomarán para mejorarlo?
Las alertas tempranas son un patrimonio de la Defensoría del Pueblo que se construyó desde el año 2001, que está consolidado, lleva muchos años fortaleciéndose institucionalmente y yo creo que goza de mucho reconocimiento por las organizaciones en general. Creo que la mayor dificultad del sistema es en la atención de las recomendaciones, porque es difícil. No hay articulación institucional, la situación es muy grave, es masiva, etcétera, entonces, básicamente, creo que hay que trabajar en fortalecer el sistema, pero yo no diría que el sistema no funciona, yo diría que hay que mejorarlo.
¿Y cómo se puede mejorar?
Con miras a que se pueda realmente implementar esas recomendaciones. Eso va a implicar una articulación donde la Defensoría del Pueblo emite la recomendación pero no sólo se limita a emitirlas sino que trabaja con el gobierno nacional y con los gobiernos territoriales en aras de poder realmente movilizar los cambios necesarios para disminuir las violaciones a derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
Usted es la primera mujer en llegar al cargo. ¿Con qué aproximación llega a la Defensoría específicamente para los temas de género?
Es una de las prioridades de mi decálogo. Las mujeres somos más del 50% de la población. Esto quiere decir que el tema de mujer y género no puede ser un asunto solo de la defensoría delegada, sino que tiene que ser un tema, en primer lugar de la Defensora del Pueblo, y en segundo lugar de todas las las direcciones nacionales y territoriales, porque se tiene que trabajar estructural y transversalmente. Todos estos problemas de violencia y discriminación, no solo violencia física y psicológica, sino discriminación en los derechos económicos, sociales, en el acceso a la política, en la participación en espacios públicos y privados son una de las crisis de derechos humanos más graves del país. Entonces lo más importante es hacer un plan que sea estructural.
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