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El Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, es decir, la norma que les permitiría negociar través de beneficios judiciales con grupos que no poseen carácter político y que se mueven en las economías ilícitas: narcotráfico y minería ilegal.
En la elaboración de la iniciativa participaron el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el senador Iván Cepeda; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda y los congresistas Roy Barreras, Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Ariel Ávila (Alianza Verde). Igualmente, hizo parte clave del proceso el fiscal general Francisco Barbosa, quien desde hace meses dio a conocer sus nueve reparos al proyecto.
Barbosa ha dicho que le preocupa que este proyecto sea “un acuerdo de paz disfrazado de una ley de sometimiento” y que haya cabida a la impunidad, igual que se acojan a los beneficios personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Así las cosas, el fiscal se ha estado reuniendo con varios partidos políticos para expresar sus observaciones e intentar trabar la ley en el Congreso.
“Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma” y “la paz total tiene que ser abierta y democrática” fueron algunas de las duras advertencias del fiscal contra la ley de sometimiento. Ante esas declaraciones, el senador Iván Cepeda dijo en entrevista con Blu Radio que “escucharemos las recomendaciones, pero no con su ánimo de dictador legislativo”.
(Lea: “Las preocupaciones del fiscal Barbosa frente a la ley de sometimiento”)
El Gobierno ha insistido en que no habrá impunidad y el proyecto, revisado por El Espectador, establece penas sustitutivas con dos componentes: uno, de privación de la libertad en establecimiento carcelario (de 6 a 8 años, según el grado de responsabilidad individual) y, otro, un componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo de 4 años, así como las condiciones para que puedan acceder a él y mantenerlo.
Igualmente, en el artículo 16 del proyecto queda claro que no podrán acceder a este proceso los jefes o cabecillas de la estructura armada organizada o quiénes dentro del delito de concierto para delinquir agravado hayan participado en hechos de infracciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
En ese sentido, el senador Cepeda dejó ver su molestia con Barbosa pues asegura que el fiscal no ha leído el proyecto radicado, en el que según dice, fueron incluidas sus observaciones. Por eso, para Cepeda, lo que pasa es que está manifestando nuevos reparos que no había dicho antes.
“Para mi ha sido una sorpresa que el fiscal presentó unas recomendaciones que fueron prácticamente incorporadas en su totalidad y ahora presenta otras. De las nueve recomendaciones que hizo, ocho fueron incluidas, no es cierto que puedan ingresar personas que hayan cometido grandes delitos”, dijo a Blu.
Cepeda se refirió también a la procuradora Margarita Cabello, quien sugirió que con este proyecto se podría cerrar la puerta a la extradición: “Es una especulación de la señora procuradora, que actúa de manera irresponsable. El tema de la extradición no está por ninguna parte en esta norma. Que en cualquier discusión puede aparecer el tema... sí, pero eso no quiere decir que lo vayamos a permitir”, asegura.
Para el senador, “esta ley trata de crear estímulos para lograr el sometimiento. No hay nada sorprendente”. El proyecto, entre varias cosas, busca modificar la ley 1908 de 2018, que en años anteriores había funcionado como ley de sujeción a la justicia. Sin embargo, para Cepeda “había sido un verdadero fracaso porque ni un solo grupo se sometió a esa ley”.
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