Iván Cepeda: “Queremos avanzar hacia un acuerdo nacional”

En el reciente Acuerdo de México, Gobierno y ELN informan sobre lo que harán en los próximos encuentros. Y cuando mencionan la voluntad de superar el conflicto, la describen con una frase específica: “[Se] requiere construir un pacto nacional...”. Reiteran, más adelante, la construcción de un “gran Acuerdo Nacional”, término que también usó, esta semana, el presidente Petro. ¿A qué se refieren, exactamente, con esa definición?

En el reciente Acuerdo de México, Gobierno y ELN informan sobre lo que harán en los próximos encuentros. Y cuando mencionan la voluntad de superar el conflicto, la describen con una frase específica: “[Se] requiere construir un pacto nacional...”. Reiteran, más adelante, la construcción de un “gran Acuerdo Nacional”, término que también usó, esta semana, el presidente Petro. ¿A qué se refieren, exactamente, con esa definición?

Uno de los aspectos más valiosos de las conversaciones que hemos tenido, hasta ahora, los delegados del Gobierno y del ELN es nuestra elaboración sobre lo que llamamos una visión de paz compartida. Invitamos a la sociedad colombiana a dialogar sobre esa visión. Las dos delegaciones hemos identificado que una de las mayores dificultades para realizar los cambios sociales que requiere la paz es la ausencia de un gran pacto nacional que tenga la fuerza que se requiere para superar las causas estructurales de la violencia.

¿El “pacto nacional” que ustedes proyectan en qué se parece o diferencia del Frente Nacional, el acuerdo político con que los partidos Liberal y Conservador se repartieron el poder —y la “democracia”— entre 1958 y 1974?

El Frente Nacional fue el pacto que contribuyó a superar una expresión de violencia partidista, pero su naturaleza fue eminentemente excluyente y no democrática; la Constituyente de 1991 (de donde surgió la Constitución vigente) fue un proceso de enorme significación democrática, pero no incluyó a todas las fuerzas sociales y políticas, así como trató, de manera limitada, los problemas y los derechos económicos de la población; el Acuerdo Final de 2016 (gobierno Santos-FARC) buscó potenciar las capacidades institucionales para el desarrollo rural. Esos tres pactos pretendían superar la violencia, pero la exclusión en los dos primeros casos y la fractura en las élites y en la sociedad, en el último, lo impidieron. Tenemos ahora la oportunidad de lograr la concertación nacional. El proceso con el ELN hace parte de esta alternativa histórica.

Como señalé, el presidente aludió, hace un par de días, al “Acuerdo Nacional”. ¿Por qué y cómo las negociaciones con el ELN terminaron enfocándose en este propósito?

La aspiración de un pacto nacional es histórica y se encuentra en los orígenes del M-19 y también en los del propio ELN. En distintos momentos, ambas organizaciones lo han reclamado. En el caso del presidente Petro, este propósito se remonta a las visiones políticas que intercambiaron los dirigentes del M-19 con Álvaro Gómez Hurtado y a la coincidencia que encontraron todos ellos en la necesidad de sellar un acuerdo sobre lo fundamental con toda la sociedad y el establecimiento tradicional.

El “acuerdo sobre lo fundamental” fue la propuesta central de Gómez Hurtado. La familia del dirigente conservador seguramente va a molestarse y a decir que él no tuvo ningún diálogo con sus secuestradores. Es más, hoy, entre los opositores acérrimos de Petro están los Gómez...

Sobre ese particular puedo decir lo siguiente: la relación entre Gómez y los dirigentes del M-19 comenzó durante su secuestro y se fortaleció en el acuerdo que sellaron durante la Asamblea Constituyente del 91. El presidente se refiere, con frecuencia, al hecho de que los contactos que tejieron el M-19 y Gómez Hurtado, en medio de sus grandes diferencias, constituyen un ejemplo de diálogo democrático que es un referente para el jefe de Estado.

Si no hay o no se logra concretar el “Acuerdo Nacional”, ¿no se firmaría el pacto de paz con el ELN?

Es prematuro hacer cualquier clase de predicciones sobre cómo transcurrirán estos diálogos y mucho menos sobre cómo terminarán. Existe la voluntad de avanzar hacia un Acuerdo Nacional, reitero, y debemos hacer lo necesario para que se concrete porque no se trata, simplemente, de un anhelo: es un imperativo para la sociedad colombiana.

El pacto que pretende construir la mesa Gobierno-ELN, para ser realmente “nacional” requeriría la participación total del poder político, incluyendo, desde luego, el uribismo y, obviamente al expresidente Uribe. El exmandatario enfrenta un juicio penal derivado de sus denuncias contra él. ¿Cómo solucionarán usted y su sector el conflicto ético de “pactar” con quien han denunciado por violar, supuestamente, las leyes?

Nadie piensa que este será un proceso fácil. Uno de sus capítulos más exigentes va a ser la asunción de responsabilidades morales, políticas y jurídicas de muchos dirigentes, no solo de uno de ellos ni de una sola de las vertientes. Debemos ver esa dificultad como una oportunidad para encontrar el camino que garantice la verdad, la reparación y la justicia para las víctimas, y que, al mismo tiempo, le brinde la posibilidad a Colombia de construir la reconciliación nacional. El ELN ha expresado su voluntad de hacer parte de ese camino.

Que el ELN esté dispuesto a recorrer el camino de la paz y de la asunción de responsabilidades no significa que todos los sectores sociales y políticos del país estén en la misma tónica. Sobre todo, teniendo en cuenta que Uribe siempre ha sostenido que el Estado y sus Fuerzas Armadas no pueden “ser igualadas” a las guerrillas. ¿No les falta realismo político?

Precisamente en eso consiste el diálogo político: encontrar una salida a los problemas históricos del país cuya solución parece, a primera vista, imposible.

En cuanto al expresidente, siendo que este y su agrupación se oponen a los perdones y reconciliaciones, ¿usted estaría dispuesto a “tragarse el gran sapo” de entenderse con Uribe, y este será capaz de “tragarse” otro animal de esos por el éxito de un proceso de paz en un gobierno como el de Petro?

El peor sapo que nos tragamos todos los días en Colombia es la espiral infinita de violencia o la violencia perpetua que vivimos. Ningún costo es excesivo cuando se trata de inaugurar una era de paz para Colombia.

¿Incluso deponiendo, de su parte, las históricas diferencias entre usted y el expresidente?

Por supuesto.

Siguiendo con un caso similar: en el intento de llegar a un acuerdo con el ELN, la inclusión en la mesa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal —es decir, de la ultraderecha—, es una audacia. ¿Cómo ha funcionado el experimento de sentar al vocero de un extremo ideológico con los representantes más beligerantes del otro extremo?

Nuestra delegación considera que un acierto del presidente Gustavo Petro al integrarla fue el de buscar una gran diversidad: la inclusión del componente de miembros activos y retirados de la fuerza pública; de una cantidad paritaria de mujeres y hombres, y de personas que representan los territorios, los pueblos étnicos, los gremios y las distintas corrientes políticas y religiosas. De este modo, apreciamos, en forma especial, la presencia del doctor Lafaurie como parte de nuestro equipo. La experiencia que tenemos con él ha sido enriquecedora para cada uno de nosotros y para toda la delegación. No solo por el ejercicio democrático de construir, todos los días, posiciones conjuntas, sino porque su presencia es una demostración de que el Acuerdo Nacional es posible.

¿Y cómo ha sido su relación personal con Lafaurie?

Diría que ha sido grata y útil. Ojalá los colombianos pudiéramos vivir en contacto permanente con quienes piensan de una manera tan distinta a la nuestra. Eso me exige, todos los días, ver la realidad desde dos ópticas diferentes: la mía y la de él; intentar comprender por qué él concibe el país como lo hace, cuál es el motivo de sus convicciones, su lógica y su sensibilidad. Y lo que es más importante en este ejercicio, es encontrar las coincidencias y las identidades con las que podemos ir a dialogar con nuestros interlocutores del otro lado de la mesa. Se trata de una construcción permanente de consensos.

En otros temas, la mesa alude a la necesidad de que la política de paz “no sea alterada por un gobierno posterior”. ¿El ELN, y la administración Petro tomaron como referencia lo que sucedió con el acuerdo Santos-FARC y el gobierno Duque, que casi lo destruye?

Sí, con el Acuerdo con las FARC y con el propio ELN: después de años de esfuerzos del gobierno presidido por Juan Manuel Santos, vinieron cuatro de ruptura de estos diálogos en el gobierno Duque con las siguientes consecuencias: el ELN creció en varios municipios y ciudades; uno de los países garantes (Cuba) fue lesionado gravemente por cumplir con sus deberes, y hemos pagado con vidas de muchos colombianos esta incoherencia. Lamentablemente este no es el único ejemplo de lo que produce, en materia de paz, una política de partido o de gobierno. Por eso, hemos establecido en la Ley 2272 de 2022 que la política de paz debe ser y será de Estado. Y ese mismo principio rige la que denominamos Nueva Agenda y el proceso que adelantamos con el ELN.

Si el gobierno Santos, dándole fuerza constitucional al Acuerdo de Paz con las FARC, no logró blindarlo, ¿qué otro mecanismo lo podría hacer en caso de que se llegue a un pacto exitoso con el ELN?

La solución a ese problema es que, en el año 2026, se conforme un gobierno de convergencia nacional en el cual estén representadas las diversas fuerzas políticas del país y en cuyos programas se refleje la implementación de todos los acuerdo de paz.

Entonces, al final, sí llegaríamos a un Frente Nacional como el del 57....

No. El Frente Nacional fue excluyente, reitero. Y la convergencia nacional debe comprometer e incluir a todos los sectores y fuerzas sociales.

Otro punto llamativo de la agenda que proponen ustedes es el de “revisar el marco normativo y las garantías para la manifestación pública y el tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados [por] la movilización y la protesta social”. ¿Es un objetivo igual al que ya está adelantando el gobierno Petro con la excarcelación de jóvenes manifestantes procesados penalmente?

Así es. Pero, además, ese punto ya estaba formulado en la agenda que pactaron el gobierno del presidente Santos y el ELN, en 2016, que fue repetido casi literalmente en la nueva Agenda. El problema de las libertades públicas y del derecho de los ciudadanos a la movilización social es un viejo asunto de la política y la democracia en Colombia, así que no es sorprendente que se haya iterado en el Acuerdo de México. Con un ingrediente adicional: esta nueva agenda la hemos elaborado después del ciclo de movilizaciones de 2021; esto es, luego del llamado “estallido social” que, como hemos visto, mostró la urgencia de ampliar y reforzar las garantías para las expresiones públicas pacíficas de movilización y protesta.

Usted ha escuchado la dura crítica que propósitos como este han despertado en unos jueces y, específicamente, en el fiscal general, quien, además, se opone a proyectos que, según él, serían inmorales, como el de sometimiento a la justicia y el de humanización de las cárceles. ¿Acuerdo Nacional sin la rama Judicial?

La construcción de este acuerdo se hará contando con el poder Judicial y teniendo en cuenta sus posiciones.

El cese al fuego y de hostilidades de carácter bilateral es crucial para poder avanzar en el acuerdo con el ELN, pero es esquivo, más por parte de la guerrilla que por parte del Estado. ¿Es así?

Sobre este particular, ambas delegaciones llegamos a un acuerdo, en principio. Lo primero es que el cese, al comienzo, de fuegos y más adelante de hostilidades debe ser tratado desde el inicio no como una precondición, sino como parte de la atención que tenemos que dar a la grave situación que se presenta en los territorios. Sin embargo, hemos renunciado a convertir este asunto en un pulso de estrategias de negociación. Para ese fin se tiene como base la experiencia y los protocolos que se utilizaron en el cese de 101 días, en 2017. Y, además, deben tenerse en cuenta las nuevas complejidades que existen, hoy, en esos territorios. Las delegaciones hemos acordado avanzar prioritariamente en este punto bajo el principio de “rigurosidad y celeridad”.

Tímidamente —lo que, a mi juicio, revela la gran dificultad que entraña—, se menciona “la construcción de un acuerdo sobre las armas del ELN...”. ¿Habrá, alguna vez, entrega de las armas de esa guerrilla o, como se ha dicho, el ELN dejará de usarlas pero jamás se las dará al Estado?

Este punto también está prácticamente copiado de la agenda de 2016: se deberá encontrar un modelo mediante el cual se llegue a que el ELN renuncie no solo al uso de las armas sino también a las armas mismas. Para ello existen distintos modelos en el país y el mundo que deberemos examinar. Es claro que no habrá política en armas. Pero también considero que un asunto relevante para derrotar la desconfianza sobre este punto específico es dar garantías para que no se repita la constante de que quienes dejan las armas luego son asesinados sistemáticamente. Y otro asunto que se agregó: también se trata de buscar que el Estado y la sociedad renuncien a la producción, comercialización y uso masivo de armas. Se trata de superar el armamentismo como parte de la construcción de la paz.

A muchos no nos gusta el armamentismo, pero, siendo pragmáticos, ¿cómo se construye la defensa interna y externa de un Estado desarmado? Lo que impera en el mundo, incluyendo el democrático, es que el uso y la tenencia de las armas sea exclusivo del Estado, no que esté indefenso...

Como defensor de la paz, no concibo un país en donde se acabe la violencia con una simultánea proliferación de armas. El fin de la violencia debe implicar, primero, la disminución y, después, el fin de las armas.

Usted también estuvo en las negociaciones, con sus altibajos, del gobierno Santos con las FARC. Las comparaciones son odiosas, pero en este momento resultan pedagógicas. ¿Qué repetiría y qué evitaría de aquel proceso, en la actual mesa con el ELN?

Participar en los diálogos de La Habana marcó mi forma de ver la política. Todas las lecciones que dejó ese proceso son de inmensa utilidad y siempre las tengo en cuenta en el proceso actual. de diálogos. Considero que son de especial valor el contenido reformista del Acuerdo Final (con las FARC), su aporte en materia del problema rural del narcotráfico y su atención a la situación de las víctimas, además del enfoque territorial y de género; también la meticulosidad con la que se prepararon y lograron los acuerdos. Por supuesto, pienso, con frecuencia, en qué se podría haber hecho mejor: la necesidad de resolver el problema del consenso nacional por la paz, el culto al legalismo, las fallas en la implementación y lo errática que fue la decisión sobre el plebiscito, entre otros asuntos que habrían podido ser menos imperfectos. Pero, ante todo, creo que se debe construir sobre lo construido, y ese proceso es un referente obligado. La paz se construye sin egoísmos ni envidias.

Una gran curiosidad me invade desde el 7 de agosto, cuando el Gobierno con el que usted se identifica asumió el poder: ¿cómo es y cómo ha sentido el hecho de pasar de ser el opositor y crítico de todos los gobernantes a ser parte y defensor de uno?

Ha sido una experiencia novedosa y siento una responsabilidad muy seria. Mi nuevo rol me exige pensar en las soluciones y no solo en las críticas. Y, más allá de la construcción ideal de esas soluciones, convertirlas en hechos políticos. También me exige tener una actitud vigilante hacia las actuaciones del Gobierno en todo momento.

Personalmente, ¿no se siente frustrado por no tener materia para hacer sus debates políticos en el Congreso, esos debates que le dieron la visibilidad nacional que también obtuvo el entonces senador Petro?

No. Me siento muy cómodo con mi nuevo rol. Comenzar a adelantar los cambios por los que luchamos tantos años es tan o más satisfactorio que realizar debates políticos.

“La Mesa Gobierno – ELN no dará un golpe de Estado”

Un punto de la agenda de la Mesa Gobierno – ELN que ha sido muy cuestionado por medios de comunicación y comentaristas es el que propone “examinar... el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional” ¿Eso implicaría una revisión total del sistema y una especie de revolución estructural del Estado?

No es eso. Quienes lanzan esa crítica no han leído el Acuerdo de México o no lo han hecho cuidadosamente. Primero, se dice, ahí, con toda claridad, que ese examen se hará “desde una perspectiva democrática”, es decir, dentro de los parámetros del sistema democrático, sus instituciones y sus procedimientos. La Mesa no dará un golpe de Estado con los acuerdos a los que llegue; segundo, se lee que esas transformaciones se harán “mediante la participación democrática de todos los sectores, sin exclusiones”. Es decir, mediante un Acuerdo Nacional. Si no existe esa voluntad, sencillamente no será posible. Tercero, se informa que esos cambios se harán contra la corrupción imperante pero serán favorables a la democracia, la protección ambiental y la soberanía. Así que no se trata de ejecutar una transformación caótica.

“La solución a la situación jurídica (de los del ELN) será examinada”

Es comprensible que en la mesa de negociación se trate el tema de cómo se resolverá la situación jurídica de los integrantes del ELN, “incluidos los procesados y los condenados”, como se lee en la Agenda ¿Qué espera y a qué aspira la guerrilla en esta materia?

En nuestros diálogos no hemos llegado, aún, a referirnos, a fondo, a ese tipo de asuntos con el ELN. Y, como se sabe, solo se puede hablar de aquellos que son objeto de un tratamiento bilateral. No obstante, el contenido de la Nueva Agenda muestra que la solución de la situación jurídica de los integrantes de la organización será examinada y que, al mismo tiempo, existe una voluntad expresa de revisar los temas de justicia, verdad, reparación, no repetición y no olvido por parte de ambas delegaciones. Se ha dicho, por ejemplo, que la verdad servirá para la “asunción de responsabilidades”; que serán considerados los derechos de todas las víctimas; que el daño que se ha causado a la naturaleza, será abordado en forma específica y que las comunidades de los territorios tendrán la palabra sobre estos asuntos.